Decisión de Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de Aragua, de 7 de Abril de 2014
| Fecha de Resolución | 7 de Abril de 2014 |
| Emisor | Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo |
| Ponente | Margarita Garcia |
| Procedimiento | Declinatoria De Competencia |
TRIBUNAL SUPERIOR ESTADAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DEL ESTADO ARAGUA
Años 203° y 154°
PARTE RECURRENTE: Sociedad Mercantil GRABADOS NACIONALES, C,A, domiciliada en la ciudad de Caracas, e inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (hoy capital) y Estado Miranda, en fecha 16 de Junio de 1950, bajo el Nro. 625, tomo 2.
APODERADO(S) JUDICIAL (ES) DEL RECURRENTE: A.C.S.M., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 102.524.
PARTE RECURRIDA: INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO, DIRECCIÓN ESTADAL DE SALUD DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO ARAGUA.
APODERADO (S) JUDICIAL (ES) DE LA PARTE RECURRIDA: Aún no tiene acreditado en autos
Motivo: RECURSO DE NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO
ASUNTO PRINCIPAL: DE01-G-2011-000080
ASUNTO ANTIGUO: 10739
Sentencia Interlocutoria
(DECLINATORIA DE COMPETENCIA)
NARRATIVA:
En fecha 15 de Abril de 2004, se dio por recibido ante el JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO ARAGUA, hoy, JUZGADO SUPERIOR ESTADAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO ARAGUA, el presente asunto presentado por la ciudadana ABOGADA A.C.S.M., inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 102.524 contentivo del RECURSO DE NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO contra el INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO, DIRECCIÓN ESTADAL DE SALUD DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO ARAGUA, acordándose su entrada y registro en los Libros respectivos, quedando signado bajo el numero de causa antiguo Nº 10739, ahora Asunto Principal Nº DE01-G-2011-000080 y se le dio cuenta al Juez, abocándose al conocimiento de la presente causa.
En fecha 26 de Abril de 2011, El Tribunal Superior Contencioso Administrativo admite en cuanto ha lugar en derecho el recurso interpuesto, en esta misma fecha ordeno practicar las correspondientes notificaciones y solicitar bajo oficio el expediente administrativo al ciudadano Presidente del Instituto Nacional de Prevención, salud y Seguridad Laboral.
En fecha 10 de Noviembre de 2011, el Juzgado Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas recibe la comisión proveniente del Juzgado Superior Contencioso Administrativo.
En fecha 11 de Enero de 2012, el Juzgado Superior Contencioso Administrativo recibe la comisión proveniente del Juzgado Cuarto de Municipio del Área Metropolitana de Caracas.
Alega la recurrente que interpone Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad contra el acto de Certificación identificado con Nº 00292-10, de fecha 18 de agosto de 2010 y notificado a nuestro mandante el día 20 de Octubre de 2010, suscrito por la Doctora A.M.J.H., en su condición de medico adscrita a la Dependencia administrativa Estadal, en virtud de la p.A.N.. 1116 de fecha 21-08-2009, emitida por la Presidencia del Instituto Nacional de Prevención, condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores del Estado Aragua.
Refiere la certificación que se objeta mediante el presente recurso que los días 09 y 10 de Marzo de 2010, acudió a la sede de DISERAT la ciudadana B.Á., quien adujo presentar sintomatología de presunta enfermedad de origen ocupacional, que aparentemente se realizo evaluación integral que incluye 5 criterios Higiénico ocupacional, epidemiológico, legal, paraclinico y clínico, en la referida certificación, impugnada mediante el presente recurso, a manera de determinar erróneamente que la lesión se deriva de una supuesta enfermedad ocasionada por las condiciones de trabajo, la misma se fundamenta en una supuesta evaluación la cual incluye todas las evaluaciones medicas y psicológicas, paraclinicas complementarias, y la evaluación del puesto de trabajo, pero que en modo alguno en su contenido se cita el acto administrativo para que así, se pueda determinar la supuesta enfermedad ocupacional es de origen ocupacional o es agravada por las condiciones de trabajo.
Es claro que DISERAT no puede calificar una enfermedad como ocasionada o agravada por las condiciones de trabajo simplemente realizando una evaluación medica y una evaluación general del puesto de trabajo, sin constatar previamente que del estado patológico sea precisamente con ocasión del trabajo o medio en donde la trabajadora labora. Ciertamente DISERAT se encuentra en la obligación de verificar la existencia o no de la enfermedad, y si la misma es ocupacional, lo cual no hizo que el presente caso, pues en el acto administrativo no se expresan de forma detallada los hechos y los fundamentos legales en los cuales se baso el funcionario para calificar la supuesta enfermedad ocupacional.
DE LA COMPETENCIA:
Este Tribunal procede a analizar su competencia para seguir conociendo del presente recurso y al respecto observa:
Establece el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil: “La incompetencia por la materia y por el territorio en los casos previstos en la última parte del articulo 47, se declarará aún de oficio, en cualquier estado e instancia del proceso”
Por ello, vista la norma antes transcrita, los términos en que se configura la presente causa y el objeto que constituye su pretensión, este Tribunal Superior Estadal Contencioso Administrativo considera necesario señalar su ámbito de competencia en cuanto a la materia Laboral.
Nuestra Carta Magna consagra en su artículo 259, la competencia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, estableciendo que la misma recae sobre el M.T. de la República y los demás Tribunales señalados por Ley.
Asimismo, dicha norma hace referencia a la competencia atribuida a los Órganos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa para ejercer sus actuaciones dentro de ese marco regulatorio o limitador de la jurisdicción, denominado competencia.
Así pues, tenemos que la competencia por la materia, se refiere a la función de la especialidad de cada tribunal para conocer determinados asuntos, mientras que la competencia por la cuantía responde al valor en términos pecuniarios del asunto en disputa, lo cual en determinados casos es de utilidad en la oportunidad de canalizar la cantidad de causas, que conocerá un tribunal; y la competencia territorial se determina por la atribución de la facultad otorgada al Órgano Judicial en razón de su ubicación geográfica dentro del país.
La Sala Constitucional de este m.T., en la sentencia N° 955/2010 del 23 de septiembre, caso: B.J.S. vs. Central La Pastora C.A. revisó el criterio que precede y cambió la doctrina en relación con la competencia para el juzgamiento de las demandas, de cualquier naturaleza, que se interpongan contra los actos administrativos que dicten las Inspectorías del Trabajo, con base en las siguientes consideraciones:
(…) si bien es cierto que el referido artículo 259 –del Texto Fundamental- establece una regla general, existen algunas excepciones, como es el caso de la jurisdicción especial agraria, que conoce asuntos que versan sobre aspectos del contencioso administrativo, pero que por la especialidad de la materia y la protección constitucional reconocida a la misma, han sido reservados a los tribunales agrarios (…).
En vista de esta situación, considera oportuno la Sala revisar los criterios de interpretación de esta norma constitucional, que ha venido aplicando de manera pacífica y reiterada en casos como el de autos, a fin de garantizar la efectiva vigencia y respecto de los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
(…)
En este orden de ideas, destaca la regulación constitucional del derecho al trabajo, plasmada en los artículos 87 al 89, Título III: Derechos Sociales, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Al considerarlo un derecho y un hecho social, el Constituyente impone al Estado el deber de protegerlo.
De allí que la Disposición Transitoria Cuarta, en su numeral 4, de nuestra Carta Magna. Estableció el deber para la Asamblea Nacional de aprobar (…)
‘…Una ley orgánica procesal del Trabajo que garantice el funcionamiento de una jurisdicción laboral autónoma y especializada, y la protección del trabajador o trabajadora en los términos previstos en esta Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en las leyes. La ley orgánica procesal del trabajo estará orientada por los principios de gratuidad, celeridad, oralidad, inmediatez, prioridad de la realidad de los hechos, la equidad y rectoría del juez o jueza en el proceso…’ (Negritas y subrayado nuestro).
Esta posición se ve reforzada por la reciente entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (…), la cual tiene por objeto ‘regular la organización, funcionamiento y competencia de los órganos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, salvo lo previsto en las leyes especiales’ (artículo 1).
Las competencias de los órganos integrantes de esta jurisdicción, están consagradas en los artículos 9, 23, 24, 25 y 26 de la referida Ley Orgánica (omissis).
De los artículos anteriormente transcritos, se puede apreciar que el legislador excluyó –de forma expresa- de las competencias asignadas a los órganos que integran la jurisdicción contencioso administrativa, la relativa al conocimiento de ‘las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones administrativas dictadas por la Administración del trabajo en materia de inamovilidad, con ocasión de una relación laboral regulada por la Ley Orgánica del Trabajo’.
Con este criterio, la Sala puede evidenciar que el legislador viene a fortalecer la protección jurídico-constitucional de los trabajadores, a través de normas garantistas de los derechos amparados por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, favoreciendo la tutela judicial efectiva y protegiendo la vigencia y efectividad del trabajo, como derecho y como hecho social que debe ser protegido por el Estado (artículos 87 y 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), en pro del interés general y de la propia vida en el porvenir de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para hacerla descansar en la justicia social y humanitaria.
(…)
De lo anterior se colige que aun cuando las Inspectorías del Trabajo sean órganos administrativos dependientes –aunque desconcentrados- de la Administración Pública Nacional, sus decisiones se producen en el contexto de una relación laboral, regida por la Ley Orgánica del Trabajo, razón por la cual debe atenerse al contenido de la relación, más que a la naturaleza del órgano que la dicta, para determinar que el juez natural en este caso no es el contencioso administrativo, sino el laboral. Una relación jurídica denominada relación de trabajo, expresada y manifestada por la fuerza de trabajo desplegada por los trabajadores, que exige un juez natural y especial, para proteger la propia persona de los trabajadores. En fin, la parte humana y social de la relación.
(…)
Por todo lo anterior, esta Sala Constitucional, actuando como máximo intérprete de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estima que el conocimiento de las acciones intentadas en ocasión de providencias administrativas dictadas por las Inspectorías del Trabajo, debe atribuirse como una excepción a la norma general contenida en el artículo 259 constitucional, a los tribunales del trabajo. Así se declara.
Con fundamento en las consideraciones que se expusieron, y en ejercicio de la facultad de máximo intérprete del Texto Constitucional, esta Sala deja asentado el siguiente criterio, con carácter vinculante para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República:
1) La jurisdicción competente para el conocimiento de las distintas pretensiones que se planteen en relación con los actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo, es la jurisdicción laboral.
2) De los tribunales que conforman esta jurisdicción, el conocimiento de las pretensiones antes especificadas corresponde, en primera instancia, a los Tribunales de Primera Instancia del Trabajo y en segunda instancia, a los Tribunales Superiores del Trabajo. Así se declara. (….)
.
En este orden de ideas, debe traerse a colación la sentencia Nº 27, de fecha 26 de julio de 2011, dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, (caso: AGROPECUARIA CUBACANA C.A. Vs. INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES) (INPSASEL), en la que se señaló lo siguiente:
“…Ahora bien, en el caso bajo estudio, la demanda fue propuesta contra el acto administrativo emanado del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), dictado con ocasión del procedimiento administrativo instruido contra la empresa Agropecuaria Cubacana C.A., que determinó la imposición de una sanción pecuniaria por el accidente laboral sufrido por el ciudadano J.R.C., como consecuencia de la violación de la normativa legal en materia de seguridad y salud en el trabajo, supuesto de hecho previsto en el artículo 129 la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo .
Al respecto, se advierte que el referido dispositivo legal prevé, expresamente, que las acciones derivadas ‘(…) de lo regulado por este artículo conocerán los tribunales de la jurisdicción especial del trabajo, con excepción de las responsabilidades penales a que hubiera lugar (…)’; asimismo, la Disposición Transitoria Séptima eiusdem, establece que ‘(…) son competentes para decidir los recursos contenciosos administrativos contenidos en la presente Ley, los Tribunales Superiores con competencia en materia de trabajo de la Circunscripción Judicial en donde se encuentre el ente que haya dictado el acto administrativo que dio origen al recurso inicial. De estas decisiones se oirá recurso ante la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia (…)’.
Asimismo debe acotarse que la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa no incluyó dentro de los asuntos que deben conocer los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa, las acciones de nulidad contra los actos administrativos emanados del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL) o de los órganos adscritos al mismo, con ocasión de la aplicación de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.
No hay duda pues de que la voluntad del legislador, en absoluta concordancia con las disposiciones constitucionales sobre la protección del hecho social trabajo y el entramado de relaciones jurídicas que del mismo deriva, tal como el régimen de seguridad y salud en el trabajo y las condiciones idóneas para el desempeño del mismo en protección de las condiciones físicas y mentales del trabajador, atribuyen –de forma expresa y exclusiva- a los órganos que integran la jurisdicción laboral, la competencia relativa al conocimiento de las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones administrativas dictadas por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), pues lo relevante para determinar cuál es el juez natural que ha de conocer este tipo de pretensiones no es la naturaleza del órgano del cual emana sino la naturaleza jurídica de la relación.
De igual manera, la Sala Constitucional en sentencia Nº 108/2011 del 25 de febrero, caso: L.T.M. vs. Energy Freight Venezuela S.A. y otro, estableció que:
(…) como se observa esta Sala establece un nuevo criterio respecto a la competencia para conocer de los juicios contra las resoluciones administrativas emanadas de las Inspectorías del Trabajo, siendo en esta oportunidad preciso señalar que todos los conflictos de competencia que surjan con ocasión a dichos juicios, e incluso los que hayan surgido con anterioridad al presente fallo, se resolverán atendiendo el criterio vinculante contenido en la sentencia N° 955/2010, la cual tiene aplicación efectiva desde su publicación el 23 de septiembre de 2010, como ya antes apuntó esta Sala en sentencia N° 43 del 16 de febrero de 2011 (…)
.
Para más abundamiento, en torno a las sentencias que preceden, recientemente la Sala Constitucional en sentencia N° 311/2011 del 18 de marzo, caso: G.C.R.R. vs. Instituto Universitario Politécnico A.J.d.S., señaló:
En este sentido, una vez que se determinó que el laboral es el juez natural, resulta en interés y beneficio de las partes que las causas a las que se ha hecho referencia sean decididas por este con independencia de los criterios atinentes a la competencia que se hayan podido sostener con anterioridad y, por tanto, de la fecha de interposición de las demandas, de modo que esta circunstancia fáctica, que le es ajena, no les impida el acceso al juez que está más calificado para la cabal composición de la controversia; ventaja que se ac entúa en materia de amparo constitucional caracterizada como está por la urgencia, que exige la mayor celeridad posible, celeridad que el juez especializado está en mayor capacidad de ofrecer.
No obstante, en respeto a los principios de estabilidad de los procesos, economía y celeridad procesal que imponen los artículos 26 y 257 constitucionales, aquellas causas en que la competencia ya haya sido asumida o regulada de conformidad con el principio de la perpetuatio fori y el criterio atributivo de competencia que esta Sala recientemente abandonó –como se explicó supra- por o a favor de los tribunales de lo contencioso administrativos, continuarán su curso hasta su culminación. Así se decide. (…)
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Así las cosas, atendiendo la reciente doctrina vinculante emanada de la Sala Constitucional, en la que destaca la importancia de que la jurisdicción laboral conozca de las controversias que se deriven del hecho social trabajo y el entramado de relaciones jurídicas que del mismo derivan, por la relevancia que tiene en el Estado Social de Derecho y de Justicia, así como la propia Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo que establece los criterios atributivos de competencia en esta materia, debe determinarse que los órganos jurisdiccionales competentes para conocer y decidir situaciones como la de autos, son los de la jurisdicción laboral. Así se decide.
Ahora bien, con respecto al presente caso se observa que se recurre contra el acto administrativo contenido en el Certificación Nº 00292-10, de fecha 18 de agosto de 2010, suscrito por la Dra. A.M.J.H., en su condición de Médica adscrita a la Dependencia Administrativa Estadal, en virtud de la P.A.N.. 116 de fecha 21-08-2009 emitida por la Presidencia del Instituto Nacional de Prevención Y MEDIO Ambiente de Trabajo, Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores del Estado Aragua, mediante la cual certifica una supuesta discapacidad parcial permanente a favor de la ciudadana B.Á..
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo del Estado Aragua, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
SU INCOMPETENCIA para conocer del Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad, interpuesto por la Abogada A.C.S.M., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 102.524, actuando en su condición de apoderada judicial de la Sociedad Mercantil GRABADOS NACIONALES C.A ut supra Idem, contra el acto administrativo contenido en el Certificación Nº00292-10, de fecha 18 de agosto de 2010, suscrito por la Dra. A.M.J.H., en su condición de Médica adscrita a la Dependencia Administrativa Estadal, en virtud de la P.A.N.. 116 de fecha 21-08-2009 emitida por la Presidencia del Instituto Nacional de Prevención y Medio Ambiente de Trabajo, Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores del Estado Aragua, mediante la cual certifica una supuesta DISCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE a favor de la ciudadana B.Á..
SE DECLINA LA COMPETENCIA a razón por la materia, en los Juzgados Superiores del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, para que siga con el conocimiento de la presente causa interpuesta por la abogada A.C.S.M., inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 102.524, actuando en su condicion de apoderada judicial de la Sociedad Mercantil GRABADOS NACIONALES C.A, contra el acto administrativo contenido en el Certificación Nº00292-10, de fecha 18 de agosto de 2010, suscrito por la Dra. A.M.J.H.
SE ORDENA la remisión del presente expediente a la Coordinación de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Juzgados Superiores del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, una vez transcurrido el lapso establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil y quede firme la presente decisión.
Publíquese, regístrese, diarícese, y déjese copia certificada.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del JUZGADO SUPERIOR ESTADAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO ARAGUA, a los siete (07) días del mes de Abril del año Dos Mil Catorce (2014). Años: 203° de la Independencia y 154° de la Federación.
LA JUEZA SUPERIOR ESTADAL,
DRA. M.G.S.
LA SECRETARIA.,
ABOG. SLEYDIN REYES
En esta misma fecha, 07 de ABRIL de 2014, siendo las 10:35 a.m, se publicó y registró la anterior decisión.
LA SECRETARIA
ABOG. SLEYDIN REYES
ASUNTO PRINCIPAL: DE01-G-2011-000080
ASUNTO ANTIGUO 10739
MGS/ab.
