Decisión de Tribunal Noveno de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Caracas, de 10 de Abril de 2008

Se inicia el presente procedimiento mediante demanda presentada en fecha 18 de septiembre de 2006, por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, por la ciudadana G.V.P. contra el INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.), siendo admitida mediante auto dictado en fecha 28 de septiembre de 2006, fijándose en consecuencia la oportunidad para la celebración de la audiencia preliminar, previa notificación de la demandada.

Gestionadas las pertinentes notificaciones, el Juzgado Trigésimo Primero de Primera Instancia de Sustanciación Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, dio por recibido el presente expediente en fecha 31 de enero de 2007, a los fines de la celebración de la Audiencia Preliminar. Se deja constancia de la incomparecencia de la parte demandada a dicha audiencia, de la presencia de la parte actora y la presentación del correspondiente escrito de promoción de pruebas, ordenándose la incorporación al expediente, de las mencionadas pruebas.

En fecha 07 de febrero de 2007 la parte demandada presenta el escrito de contestación de la demanda. Remitido el presente expediente a este Tribunal de Juicio, previo sorteo de ley, y admitidas como fueron las pruebas promovidas por la parte actora, se procedió a fijar la audiencia Oral de Juicio en el presente expediente.

En fecha 01 de junio de 2007, oportunidad fijada mediante auto de fecha 14 de marzo de 2007, para la celebración de la Audiencia Oral de Juicio, y previa solicitud de las partes, el Tribunal homologa la suspensión solicitada y fija el día 13 de agosto de 2007, para realizar la Audiencia Oral de Juicio, a los fines de que las partes puedan llegar antes de esa fecha a un acuerdo que ponga fin a la presente controversia.

La audiencia se celebra finalmente el 07 de marzo de 2008, con la presencia de ambas partes. Dicha audiencia se suspendió, dada la necesidad de la presencia de la actora a los fines de obtener su Declaración de Parte, así como la evacuación de otras pruebas. Se ordena su prolongación para el día 04 de abril de 2008.

El 04 de abril de 2008 se dicta el dispositivo del fallo, declarándose: PRIMERO: SIN LUGAR LA PRESCRIPCIÓN opuesta como defensa previa por la demandada y PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda por Cobro de Diferencia de Prestaciones Sociales incoada por la ciudadana G.V.P., contra el INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.). SEGUNDO: Los conceptos y montos que deberá pagar la demandada a la actora serán discriminados en el cuerpo completo del fallo. TERCERO: No hay condenatoria en costas dada la naturaleza del fallo.

2. HECHOS ALEGADOS POR LAS PARTES

   Sostiene la parte accionante en su libelo de demanda: Que laboró por un lapso ininterrumpido de 19 años, 1 mes y 26 días en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, es decir, desde el 16 de septiembre de 1985 y hasta el 12 de noviembre de 2004, desempeñando el cargo de Auxiliar de Enfermería y devengando un salario mensual de Bs. 683.287,05.

   Señala que el 27-10-2004 le fue concedido el derecho a jubilación de conformidad con lo establecido en la cláusula 72 de la Convención Colectiva y le fue notificada el 12 de noviembre de 2004.

   Indica que la jubilación le fue calculada incorrectamente, ya que toman como salario la cantidad de Bs. 443.926,79 cuando realmente correspondía la cantidad de Bs. 683.287,05, y que por esa razón existe un remanente o diferencia de su “sueldo” pendiente, que desde el 12-11-2004 hasta el “30-30-06” es la cantidad de Bs. 4.219.991,12.

   Por otra parte indica que le cancelaron sus prestaciones sociales el 09 de enero de 2006, que tiene un salario integral de Bs. 949.684,99, además dice que las vacaciones, aguinaldos e indemnización por antigüedad viejo régimen, son correctos, y son incorrectos el monto correspondiente a los intereses acumulados, intereses sobre prestaciones, antigüedad nuevo régimen, los días adicionales, le dejan de cancelar los intereses moratorios y le descuentan los salarios desde el 12 de abril hasta el 30 de octubre de 2004, lo que da una diferencia a cobrar de Bs. 46.565.409,03.

   Además alega que introdujo escrito ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y no recibió respuesta alguna.

   Solicita como consecuencia, que el pago de la diferencia del sueldo dejado de cancelar por la jubilación “se le ajuste el mismo a la verdadera realidad”, demanda “el incremento por estos conceptos y los intereses capitalizados causados sobre los mismos”, el pago de los intereses moratorios y la corrección monetaria.

   Por su parte la Representación Judicial de la demandada en la contestación: Alega como punto previo la prescripción de la acción, señala “…que la cancelación de las prestaciones sociales de dicha trabajadora se efectuó en fecha 10-05-2005 en fecha por lo que se presume que la solicitud de diferencia de Prestaciones Sociales fue introducida de manera extemporánea es decir, en fecha 28-07-2006, por ante la Dirección de Beneficios Legales y Contractuales…”.

   Rechaza, niega y contradice que dicha jubilación no fue calculada de acuerdo al último sueldo que devengaba y niega la solicitud “…de cancelación de diferencia de prestaciones sociales solicitada por el demandante en virtud que ha operado la prescripción..”.

3. TÉRMINOS DE LA CONTROVERSIA

   De conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el cual establece que si el demandado no comparece a la audiencia de juicio, se tiene por confeso con relación a los hechos planteados por el accionante, si es procedente en derecho lo peticionado por éste, sin embargo, y en atención a lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica, se tendrán por contradichos los hechos señalados por el actor en su libelo de demanda, cuando se trate de demandas contra entes en los cuales tenga interés la República. Al respecto y en sentencia de fecha 25 de marzo de 2004 dictada por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social, se estableció: “…Cuando el Procurador o Procuradora General de la República, o los abogados (...) no asistan a los actos de contestación de demandas intentadas contra ésta, o de las cuestiones previas que les hayan sido opuestas, las mismas se entiende como contradichas (...) sin perjuicio de la responsabilidad personal del funcionario por los daños causados a los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República.” (Artículo 66 del Decreto con Fuerza de Ley de la Procuraduría General de la Republica). (Resaltados del Tribunal)

   Respecto de lo anterior, señala este Tribunal que el artículo antes mencionado conmina a los funcionarios judiciales (extensible a los Jueces) en acatar sin restricción alguna, a menos que esté tutelada legalmente, los privilegios y prerrogativas de la República siempre que ésta tenga algún interés patrimonial discutido en juicio que pudiera resultar afectado; en este sentido una vez operada la incomparecencia de la demandada a la audiencia oral de juicio se deben tener contradichos los hechos alegados por el accionante en su demanda. Así se Establece.

   Establecido lo anterior, esta Juzgadora considera pertinente señalar que la controversia en el presente juicio, queda circunscrita a determinar el salario base de cálculo de la pensión de jubilación acordada por la demandada a favor de la actora, así como la diferencia de prestaciones sociales reclamadas con base a dicho salario, previa la consideración del alegato de Prescripción formulado por la demandada en el escrito de contestación de la demanda. Así se establece.

   Planteada como quedó la controversia en el presente caso, este Tribunal pasa al análisis de los medios probatorios aportados por las partes a la litis, de conformidad con lo establecido en el artículo 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

4. DE LAS PRUEBAS APORTADAS POR LAS PARTES

   La parte actora en su escrito de promoción.

   Promovió documentales que se encuentran insertas a los folios 44 al 103, ambos inclusive, del presente expediente, las cuales son recibos de pago, de los cuales se observa el monto recibido por la actora por concepto de sueldo mensual, prima por antigüedad, prima por hijos, prima de alimentación, bono nocturno, pago uniformes, días adicionales, refrigerio, bono de transporte y transporte, tales documentales tienen pleno valor probatorio, toda vez que son documentos privados que emanan de la demandada y no fueron impugnadas en la oportunidad procesal correspondiente. Así se establece.

   Promovió documental que marcada “C” se encuentra inserta en el folio 08, la cual es una fotocopia de la Resolución N° DGRHAP-RL-N° 734 de fecha 27-10-2004, donde se le notificó a la actora el otorgamiento del beneficio de jubilación de conformidad con lo establecido en la Cláusula N° 72, Parágrafo Primero de la Convención Colectiva de los Trabajadores suscrita entre el IVSS y FETRASALUD, a la cual se le otorga pleno valor probatorio toda vez que no fue impugnada en la oportunidad procesal correspondiente. Así se establece.

   Promovió documental marcada “D” que se encuentra inserta en el folio 09, correspondiente a planilla de liquidación de prestaciones sociales, donde se observa el detalle de los diferentes conceptos pagados a la actora, y se lee debajo de la firma y cédula de la actora “09-01-2006”, dicha documental tiene pleno valor probatorio, ya que no fue impugnada en la oportunidad procesal correspondiente. Así se establece.

   Promovió documental marcada “F” inserta al folio 108, la cual es un documento privado que emana de la actora y tiene un sello donde se lee “recibido 28-07-2006 I.V.S.S. Correspondencia”, el cual no fue impugnado por la demandada y en consecuencia, tiene pleno valor probatorio. Así se establece.

   Promovió copia de varios contratos colectivos, los cuales por su naturaleza jurídica se asimilan a los actos normativos, razón por la cual no pueden ser considerados como objeto de prueba, sino que se presumen del conocimiento del Juzgador, razón por la cual quien deciden debe aplicarlos de oficio, no siendo procedente su valoración. Así se establece.

   Promovió documental, consistente en cálculos que se encuentran anexos al libelo de la demanda, marcados “E”, los cuales no son valorados por esta juzgadora por cuanto no son un medio de prueba, sino anexos de la demanda, donde muestra los cálculos que sirvieron de fundamento para los montos que se señalan en el libelo de la demanda. Así se establece.

   La demandada no promovió pruebas.

   Declaración de parte.

   De la declaración de parte, se tiene que la actora señaló que prestó servicios para el IVSS hasta el 12 de noviembre de 2004, fecha en que le informaron que había sido jubilada. Con relación a la fecha de cobro de las prestaciones sociales, señala que ella fue al Banco de Venezuela en diciembre de 2005 y observó que tenía un depósito, entonces fue al I.V.S.S. y le señalaron que era el monto correspondiente a sus prestaciones sociales, eso ocurrió el 09-01-2006, como consta en la planilla que firmó. Así se establece.

5. PUNTO PREVIO

   Alegada como fue la prescripción por la demandada, esta juzgadora como punto previo se debe pronunciar sobre la procedencia de la mencionada defensa, en los términos que a continuación se exponen:

   De la revisión de las actas procesales que conforman el presente expediente, así como de los alegatos de las partes, quedó evidenciado que la demandante ingresó a prestar servicios para el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en fecha dieciséis (16) de septiembre de 1985, y que la relación de trabajo culminó por haber sido jubilada el doce (12) de noviembre de 2004, fecha en la que le fue notificada la resolución donde se acordaba su jubilación.

   Se discute la fecha efectiva en que recibió el pago la actora, ya que ella señala que le fue efectivamente notificado que se le había depositado lo correspondiente a su liquidación de prestaciones sociales el nueve (09) de enero de 2006, sin embargo la parte demandada señala en la contestación, que efectivamente el pago se realizó el día diez (10) de mayo de 2005, esta juzgadora observa la fecha que señala el documento denominado “Liquidación de Prestaciones Sociales” que se encuentra inserto al folio 107, es decir el nueve (09) de enero de 2006, fecha que fue ratificada en la declaración de parte por la actora, y al no existir prueba alguna en contrario, se tiene que la fecha efectiva de notificación del pago a la trabajadora fue el nueve (09) de enero de 2006. Así se decide.

   Ahora la Ley Orgánica del Trabajo establece:

   Artículo 61. Todas las acciones provenientes de la relación de trabajo prescribirán al cumplirse un (1) año contado desde la terminación de la prestación de los servicios

   .

   Se tiene entonces que el lapso de prescripción comenzó a transcurrir el día doce (12) de noviembre de 2004, fecha de finalización de la prestación de servicios, a la cual renuncia tácitamente la demandad en fecha nueve (09) de enero de 2006, cuando efectivamente le notifica el pago de sus prestaciones sociales, tal como lo ha establecido la Sala de Casación Social en sentencia N° 0115 de fecha 14-02-2008 (caso: M.C. vs. Instituto Nacional de Cooperación Educativa (I.N.CE. MIRANDA) donde establece:

   …Cuando el patrono realiza una cancelación por prestaciones sociales, ello se traduce en el reconocimiento de un crédito laboral, pues, con ese pago, las prestaciones están siendo reconocidas por el empleador (aún cuando el mismo no goce de conformidad para el trabajador), interrumpiéndose de esa manera el lapso de prescripción de conformidad con el artículo 64, literal d) de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia con los artículos 1967 y 1973 del Código Civil, debiendo computarse nuevamente dicho lapso. Pero si el caso es, que el pago total o parcial tuvo lugar una vez consumado el lapso de prescripción, ello se subsume en uno de los modos de renuncia tácita que hace perder al renunciante el derecho a alegar la prescripción...

   . (Negritas del Tribunal).

   Interrumpida entonces la prescripción el nueve (09) de enero de 2006 comienza a transcurrir nuevamente el lapso de prescripción, el cual se interrumpe en fecha veintiocho (28) de julio de 2006, cuando la actora presenta comunicación a la demandada, a través de la cual reclama diferencias en el pago de sus prestaciones sociales, de la cual se desprende también, constancia de la realización de la reclamación administrativa previa.

   Finalmente, la demanda fue presentada el dieciocho (18) de septiembre de 2006, estando dentro de la oportunidad legal para hacerlo, de conformidad con lo antes expuesto, razón por la cual se declara improcedente la defensa de prescripción alegada por la demandada. Así se decide.

6. CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

   Alega la actora que el salario base tomado para el cálculo de la pensión de jubilación no se corresponde con la realidad, por cuanto debía calcularse con un salario de Bs. 683.287,05 y fue realizada con un salario mensual de Bs. 443.926,79.

   Del recibo de pago que se encuentra en el folio seis (06) anexo a la demanda y que se corresponde al mes de octubre 2004, se observa que correspondía a la actora La cantidad de Bs. 387.463,00 como sueldo mensual, más otros conceptos pagados con ocasión de la relación de trabajo. Al respecto, esta juzgadora considera que la pensión de jubilación debe calcularse con el salario base, es decir, sin incluir los conceptos referentes a prima de antigüedad, prima por hijos, prima alimentación, bono nocturno, días adicionales, refrigerio, bono de transporte y transporte; en tal sentido y toda vez que el salario con base al cual se le otorgó la jubilación a la actora supera el salario base señalado en los recibos de pago, es por lo que se niega la reclamación realizada por la actora, con relación al recálculo de su pensión de jubilación. Así se decide.

   Realiza la actora la reclamación del pago de la diferencia de prestaciones sociales por varios conceptos, y señala que deben calcularse con los salarios que se indican en los recibos de pago, así como que su último salario es de Bs.683.287,05, y como quiera que por virtud de la incomparecencia de la demandada se entienden contradichos los hechos alegados por la actora, dados los privilegios procesales de los que goza la demandada, esta Juzgadora pasa de inmediato a determinar la procedencia en derecho de lo peticionado por la actora y precisar en consecuencia los conceptos que se deben considerar como parte del salario. Así se establece.

   En cuanto a los conceptos denominados bono de transporte, transporte y uniforme no deben incluirse como formando parte del salario, ya que los mismos, son erogaciones necesarias que realiza el empleador para facilitar la labor del trabajador y en ningún caso ingresan efectivamente al patrimonio del trabajador. Así se decide.

   En cuanto a la prima por hijo, la prima de alimentación y el refrigerio, el Tribunal considera conforme a lo establecido en el articulo 133 parágrafo tercero, que los mismos no tienen carácter remunerativo, razón por la cual no se deben considerar como formando parte del salario. Así se decide.

   Por otro lado, entendiendo que el concepto de días adicionales comprende el pago de los Días Feriados de conformidad con la cláusula N° 69 de la Convención Colectiva (1992) que señala: “El Instituto se compromete a pagar doble remuneración a los trabajadores que laboren los domingos y días feriados contemplados en la Ley Orgánica del Trabajo, siempre que el domingo no sea un día ordinario de trabajo y siempre que disfruten del descanso de ley cualquier otro día…” y lo señalado en la Reunión Normativa Laboral del Sector Público: “CLAUSULA 84. DIAS ADICIONALES: Las partes Contratantes del Sector Salud, convienen en cancelar a los funcionarios a su servicio, un día adicional por cada mes de treinta y un (31) días. El mismo será cancelado con el mes respectivo”, se concluye que debe tenerse como formando parte del salario, así también, la prima de antigüedad y lo pagado por bono nocturno, ya que estos conceptos, son periódicos, tienden a incrementar el patrimonio de la trabajadora y en general, otorgan una ventaja económica. Así se decide.

   Así establecido, se tiene que el último salario de la trabajadora es la cantidad de Bs. 669.537,05, conformado por: sueldo mensual, prima de antigüedad, bono nocturno y días adicionales, con lo cual esta juzgadora pasa a analizar de seguidas cada uno de los conceptos reclamados, bajo la siguiente metodología:

Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, este JUZGADO NOVENO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: