La gran deuda

El Gobierno imagina equivocadamente que obstaculizando la entrega de recursos económicos a los estados en manos de gobernadores de oposición debilita de esa manera a sus adversarios. Nada más lejos de la verdad pues, como dicen por allí, pueblo pequeño infierno grande y todo se sabe y se comenta de viva voz. Desde Miraflores se ha ido creando una aparato paralelo que funciona con los recursos económicos que le son asignados a los amigos del Gobierno (las típicas roscas regionales de negocios integradas por militares y civiles) mientras se les niega a las verdaderas autoridades electas por el pueblo los dineros que les corresponden de acuerdo con lo estipulado por la ley de presupuesto y la Constitución. Pero no se trata de simples zarpazos a los dineros públicos sino de una red de corrupción muy bien organizada desde los más altos cargos del poder para ir desviando, cada día más, los recursos que legalmente le corresponden a los estados y alcaldías. De manera que estamos ante delitos que persiguen no sólo apropiarse del dinero de todos los venezolanos para el enriquecimiento personal de unos cuantos, sino de la violación persistente de las reglas que obligan a los funcionarios a no usar indebidamente o dar un destino diferente a las partidas del presupuesto que están señaladas y aprobadas para proyectos, planes y usos específicos. Si por casualidad un gobernador, alcalde o funcionario que no pertenezca al oficialismo destina un dinero a fines distintos a los aprobados en el presupuesto, de inmediato es acusado de malversación e inhabilitado políticamente.

Pero la cosa es peor aún: recientemente y de manera valiente el gobernador de Táchira, César Pérez Vivas, denunció que "la deuda del...

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