Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y Adolescente extensión Puerto Ordaz de Bolivar, de 14 de Diciembre de 2009

Sobre las actuaciones remitidas por el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de este Circuito y Circunscripción Judicial, relacionadas con la Regulación de Competencia solicitada, consta en el expediente las siguientes actas:

• Del folio 1 al folio 4, ambos inclusive, riela escrito contentivo de la demanda de RESOLUCION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO – autenticado en fecha 16/01/09, por ante la Notaría Pública Segunda de Puerto Ordaz, anotado bajo el Nro. 12, Tomo 8 de los Libros de Autenticaciones, que acompaña marcado “A” - intentada en fecha 24/09/09 por la sociedad mercantil GRAN PRIX, C.A., en contra de la sociedad mercantil MULTISERVICIOS PELAEZ PEREZ, C.A., fundamentada en los artículos 1.579, 1.594, 1.599, 1.159, 1.160, 1.167 y 1.601 del Código Civil, en concordancia con las disposiciones de los artículos 36, 47, 286, 585, 588, 599 ordinal 7°, 881 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, así como todas y cada una de la cláusulas contenidas en el contrato de arrendamiento; siendo estimada su cuantía en la cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL BOLIVARES (Bs.F.135.000,00), (Sic…) “cuyo equivalente en unidades tributarias es 2,454,545 UT a valor actual de la Unidad Tributaria de 55 Bolívares Fuertes, conforme a lo establecido en el artículo 38 del Código de Procedimiento Civil.”. Y desde el folio 22 al folio 138, inclusive, constan los recaudos anexos que se acompañan a la demanda descrita ut supra, marcados con las letras “A” a la “F”.

• Corre inserto a los folios 140 y 141, decisión de fecha 05/10/09, mediante la cual el Tribunal Primero del Municipio Caroní del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, a cargo de la abogada A.M.V., en conocimiento de la causa en cuestión, se declara incompetente por la cuantía para conocer de la demanda de (Sic…) Resolución de Contrato de Arrendamiento, incoada por la sociedad mercantil GRAN PRIX, C.A., en contra de la sociedad mercantil MULTISERVICIOS PELAEZ PEREZ, C.A., y en consecuencia declina dicha competencia en el Tribunal Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de este Circuito y Circunscripción Judicial; cuyo conocimiento correspondió al (Sic…) Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de este Circuito y Circunscripción Judicial, a cargo de la abogada E.F.P., tal como consta al folio 143, y su vuelto.

- Es así que el mencionado Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de este Circuito y Circunscripción Judicial, mediante auto de fecha 04/11/09, se declara incompetente por la cuantía para conocer de la presente demanda, rechaza la declinatoria de la competencia que le atribuye el Tribunal Primero del Municipio Caroní del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, a cargo de la abogada A.M.V., mencionando que la suma por la cual es estimada la demanda de autos, se corresponde con el monto de la cuantía establecida para ser conocida por los Juzgados de Municipio de esta Circunscripción Judicial, y procede a ejercer la Regulación de Competencia, como ya se dijo, conforme a lo dispuesto en el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil, y de acuerdo a la Resolución de fecha 02/04/09, publicada en Gaceta Oficial N° 39152, en su Artículo 1, literal a, y articulo 2; ordenando la remisión del presente expediente a esta Alzada.

Argumentos de la decisión

El caso sometido a estudio ante este Tribunal Superior corresponde a una Regulación de Competencia solicitada de oficio mediante decisión de fecha 04/11/09, inserto a los folios 144 al 156, inclusive, por el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, a cargo del abogado E.F.P., toda vez, que mediante decisión de fecha 05 de octubre de 2009, inserto a los folios 140 y 141, el Juzgado Primero del Municipio Caroní del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, a cargo de la abogada A.M.V., le declinó la competencia por la cuantía.

El Tribunal declinante, a cargo de la abogada A.M.V., basa su declinación, señalando que en la demanda interpuesta por la sociedad mercantil GRAN PRIX, C.A., en contra de la sociedad mercantil MULTISERVICIOS PELAEZ PEREZ, C.A., de Resolución de Contrato de Arrendamiento, la parte actora alega que en fecha 16/01/09, suscribió un contrato de arrendamiento por ante la Notaría Pública Segunda de Puerto Ordaz, anotado bajo el Nro. 12, Tomo 8 de los Libros de Autenticaciones de dicha Notaría, sobre un local comercial y una serie de bienes muebles y equipos, cuya ubicación y características, este tribunal da aquí por reproducidas para evitar repeticiones tediosas e inútiles. No obstante la actora procede a demandar el incumplimiento de la obligación de pagar oportunamente el canon de arrendamiento acordado, al no cancelar más de dos mensualidades consecutivas, y no haber obtenido la póliza de seguro que se había comprometido a conseguir en el plazo acordado, así como otros incumplimientos de obligaciones contraías en el contrato, y procede a estimar la demanda en la cantidad de (Sic…) “(Bs.135.000, 00), lo que equivalen a (2.454,545 UT).”. Y en atención al artículo 2 contenido en la Resolución Nro. 2.009-0006, de fecha 18/03/09 emanada del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena, publicada en la Gaceta Oficial Nro. 39.152, de fecha 02/04/09, dictamina que la parte actora excede a las Unidades Tributarias establecidas en los procedimientos breves para los Juzgados de Municipio, y obtiene que la cuantía para la cual es competente el tribunal a su cargo, es de Mil Quinientas Unidades Tributarias (1.500 UT), en juicios breves; en tal sentido se declara incompetente en razón de la cuantía para conocer la presente causa, y declina la competencia al Tribunal de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, a cargo de la abogada E.F.P.; quien a su vez, no acepta la declinatoria de competencia declarada por el señalado Juzgado de Municipio, al señalar que la suma de (Sic…) “CIENTO TREINTA Y CINCO MIL BOLIVARES (Bs.135.000,00), que equivale en Unidades Tributarias es 2,454,545 UT,”, se corresponde con el monto de la cuantía establecida para ser conocida por los Juzgados de Municipio de esta Circunscripción Judicial, y procede a declarar su incompetencia por la cuantía para conocer de la causa en comento y rechaza la declinatoria de competencia proveniente del Juzgado Primero del Municipio Caroní del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, para luego solicitar la Regulación de Competencia por ante este Tribunal Superior, conforme a la Resolución de fecha 02/04/09, publicada en Gaceta Oficial N° 39152, en su Artículo 1, literal a, y articulo 2.

Planteado así el caso sub examine, esta Alzada previo a cualquier otro pronunciamiento pasa a determinar su competencia para conocer del presente asunto, y a tal efecto observa que, de acuerdo a lo dispuesto por el Legislador Patrio en el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil, entre otras cosas señala, que el juez que a su vez se declare incompetente, solicitará de oficio la regulación de la competencia, y el funcionario llamado a resolver tal conflicto es el Juez Superior común a ambos tribunales, o el Tribunal Supremo de Justicia a falta de Juez Superior común en referencia.

En el presente caso, existen dos tribunales en conflicto de no conocer, los cuales son, el Juzgado Primero del Municipio Caroní del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, a cargo de la abogada A.M.V., quien declinó en el Tribunal Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Mercantil y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, correspondiéndole el conocimiento de la causa, al señalado Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de este Circuito y Circunscripción Judicial, a cargo de la abogada E.F.P.; y siendo que el Órgano Superior común a ambos, es este Tribunal de Alzada a quien le corresponde la resolución del presente caso; así las cosas, DEBE ESTE TRIBUNAL ASUMIR LA COMPETENCIA A LOS EFECTOS DE ESTABLECER A QUE TRIBUNAL DEBE CORRESPONDER CONOCER DE LA DEMANDA que por (Sic…) RESOLUCION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, tiene incoado la sociedad mercantil GRAN PRIX, C.A., en contra de la sociedad mercantil MULTISERVICIOS PELAEZ PEREZ, C.A., identificadas ut supra, y ASÍ SE DECIDE.

Una vez asumida la competencia, este Tribunal pasa a determinar cual es el órgano judicial competente para resolver el asunto de fondo, utilizando para ello el criterio expuesto en anteriores oportunidades, para lo cual hace las siguientes consideraciones:

Es reiterada la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia para determinar el valor – CUANTIA DE LA ACCION- a los efectos de constatar el Tribunal competente que ha de conocer la cuestión a debatir, que en el caso sub examine, se refiere a un procedimiento de Resolución de Contrato de Arrendamiento, por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en fecha 16/01/09, mediante contrato celebrado entre las sociedades mercantiles GRAN PRIX, C.A., y MULTISERVICIOS PELAEZ PEREZ, C.A., supra identificadas, por ante la Notaría Pública Segunda de Puerto Ordaz, anotado bajo el Nro. 12, Tomo 8 de los Libros de Autenticaciones de dicha Notaría; que consisten en:

1. Pagar oportunamente el canon de arrendamiento acordado, no cancelar más de dos mensualidades consecutivas, no haber obtenido la póliza de seguro contra robo e incendio y el seguro de responsabilidad civil por daños a terceros; compromiso a conseguir en el plazo de 15 días, a partir de la fecha del contrato; así como el grave deterioro del inmueble y de los bienes arrendados, y el incumplimiento de cancelar los gatos de alumbrado, energía eléctrica, agua y aseo urbano del inmueble arrendado, y no cumplimiento de las ordenanzas municipales que conllevó al cierre del inmueble arrendado;

2. El pago de los cánones de arrendamiento de los meses: Marzo, Abril, Mayo, Julio, Agosto y Septiembre de 2009, que asciende a la suma de SETENTA Y CINCO MIL BOLIVARES (Bs.75.000,00);

3. El pago de los cánones de arrendamiento de los meses de: Octubre, Noviembre y Diciembre de 2009, así como el mes último del contrato (Enero 2.010); que asciende a la suma de SESENTA MIL BOLIVARES (Bs.60.000), con fundamento en la cláusula segunda y décima quinta del contrato de arrendamiento.

Observa además esta Alzada, que la demanda en referencia, la cual encabeza las actuaciones de este expediente, fue estimada por la actora, en la cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL BOLIVARES (Bs.F.135.000,00), e indica que su equivalente en unidades tributarias actuales es de 2,454,545 UT, conforme a lo dispuesto en el artículo 38 del Código de Procedimiento Civil.

Efectivamente ha dicho la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, lo siguiente:

… (OMISSIS)…

El artículo 30 del Código de Procedimiento Civil dispone que el valor de la causa para determinar la competencia, debe establecerse con base en la demanda y de conformidad con las reglas pautadas en los artículos siguientes. En concordancia con esta norma, el artículo 36 ejusdem, prevé que: “En las demandas sobre la validez o continuación de un arrendamiento, el valor se determinará acumulando las pensiones sobre las cuales se litigue y sus accesorios. Si el contrato fuere a tiempo indeterminado, el valor se determinará acumulando las pensiones o cánones de un año”. Tal disposición comprende los supuestos de: a) validez o nulidad y, b) resolución del contrato de arrendamiento. En esta última hipótesis, la cuantía debe determinarse por las pensiones no vencidas hasta la fecha de terminación del contrato de arrendamiento y las vencidas si fuere pedido su pago; y en caso de que dicho contrato sea a tiempo indeterminado, por la suma de las pensiones correspondientes a un (1) año.

Por último, la Sala advierte que el artículo 38 del Código de Procedimiento Civil, impone al actor la carga de estimar la cuantía, sólo si el valor de la cosa no consta, ni se puede establecer su valor de acuerdo a las normas que van desde el artículo 30 al 35 eiusdem, y la demanda es apreciable en dinero. Por argumento en contrario, si el valor de la cosa consta, pues el método para su cálculo está previsto en la ley, no tiene efecto alguno cualquier estimación hecha en el libelo de la demanda.

…OMISSIS

.

(El Nuevo Régimen Inquilinario en Venezuela. Sentencia de fecha 31 de marzo de 2000. Exp. N°99-789- Nro.84. Sala de Casación Civil. Págs. 295-296).

Siguiendo con el marco teórico este Tribunal cita la sentencia pronunciada en el Expediente Nro.2002-000104, en fecha 29 de julio de 2003, emanada de la misma Sala Civil del Tribunal de Justicia que establece lo siguiente:

…OMISSIS…

El Código de Procedimiento Civil, en su Sección I, Capítulo I del Título I, intitulada “De la competencia del Juez por la materia y por el valor de la demanda”, establece las reglas aplicables para determinar el valor de lo litigado, según cada caso.

Así por ejemplo, en el supuesto de que lo demandado sea el pago de una determinada cantidad de dinero, deberá sumarse a ella los intereses vencidos, los gastos hechos en la cobranza y la estimación de los daños y perjuicios causados con anterioridad a la presentación de la demanda (art. 31). Si lo solicitado en el libelo es el pago de una cantidad que fuere parte, pero no saldo de una obligación más cuantiosa, el valor de la demanda lo determinará el de dicha obligación, si ésta fuere discutida (art. 32).

Por su parte, el artículo 33 del referido código dispone que “...cuando una demanda contenga varios puntos, se sumará el valor de todos ellos para determinar el de la causa, si dependen del mismo título...”. Y si lo demandado son prestaciones alimentarias periódicas, la cuantía del asunto se establecerá por el monto de las prestaciones reclamadas; pero si la obligación estuviere discutida, se hará por la suma de dos anualidades, según el artículo 35 eiusdem. Establece esta norma en su segundo párrafo, que “...Cuando se demande el pago de una renta de cualquier denominación que sea, el valor se determinará acumulando las anualidades reclamadas, pero si el título estuviere discutido, el valor se determinará acumulando diez anualidades...”; regla que se aplica también para precisar el de las causas relativas a prestaciones enfitéuticas.

Por otro lado, cuando se trate de demandas sobre validez o continuación de un arrendamiento, la cuantía de la demanda se establecerá acumulando las pensiones sobre las cuales se litigue y sus accesorios, salvo que el contrato fuere por tiempo indeterminado, caso en el cual el valor se establecerá acumulando las pensiones o cánones de un año (art. 36).

Por último, expresa el artículo 37 eiusdem que en los casos de los artículos 35 y 36, o en otros semejantes, si la prestación ha de hacerse en especie, su valor se estimará por los precios corrientes en el mercado.

La cita de las anteriores disposiciones legales evidencian que fue intención del legislador distinguir cada uno de los casos en los cuales la demanda es apreciable en dinero, a fin de establecer las reglas que han de seguirse en cada uno de ellos para determinar su valor, a los efectos de la competencia del tribunal. Sólo en el supuesto de que el valor de la cosa demandada no conste, pero sea apreciable en dinero, deberá el demandante estimarla por mandato del artículo 38 eiusdem, como ocurre por ejemplo con las pretensiones relativas a indemnización de daños y perjuicios, nulidad, cumplimiento y resolución de contratos diferentes al arrendamiento de inmuebles, o en los interdictos posesorios, cuyo carácter patrimonial los hace susceptibles de estimación.

…OMISSIS

.

(CD Desarrollado por la Gerencia de Informática y Telecomunicaciones del Tribunal Supremo de Justicia, contentivo de decisiones emanadas del Tribunal Supremo de Justicia. Año 2003. Segundo Semestre).

Aunado a este marco jurisprudencial, tenemos lo dispuesto en el artículo 1 de la Resolución Nro. 2009-0006 de fecha 18/03/09, emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en donde se lee:

Se modifican a nivel nacional, las competencias de los Juzgados para conocer de los asuntos en material Civil, Mercantil y Tránsito, de la siguiente manera:

a) Los Juzgados de Municipio, categoría C en el escalafón judicial, conocerán en primera instancia de los asuntos contenciosos cuya cuantía no exceda de tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.).

b) Los Juzgados de Primera Instancia, categoría B en el escalafón judicial, conocerán en primera instancia de los asuntos contenciosos cuya cuantía exceda las tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.).

A los efectos de la determinación de la competencia por la cuantía, en todos los asuntos contenciosos cuyo valor sea apreciable en dinero, conste o no el valor de la demanda, los justiciables deberán expresar, además de las sumas en bolívares conforme al Código de Procedimiento Civil y demás leyes que regulen la materia, su equivalente en unidades tributarias (U.T.) al momento de la interposición del asunto

(Http:ww.tsj.gov.ve/información/resoluciones/sp/resoluciónSP_0000897.html.).

Todo lo precedentemente señalado nos lleva a concluir, que la cuantía para accionar ante un Tribunal de Municipio, no debe exceder de tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.), independientemente del tipo de procedimiento a seguir, sea breve u ordinario.

Ahora bien, el artículo 2 de la Resolución Nro. 2009-0006 de fecha 18/03/09, descrita precedentemente, le señala al juzgador el procedimiento a seguir cuando el valor de lo litigado no excede de mil quinientas unidades tributarias (1.500 U.T.), el cual será siempre por el procedimiento breve, independientemente del tipo de acción.

Ahora bien, tenemos que en materia Inquilinaria, Resolución de Contrato de Arrendamiento, Desalojo, entre otros, siempre el procedimiento es breve por expresa disposición del legislador, indistintamente de la cuantía, y puede conocer tanto un Tribunal de Primera Instancia como de Municipio, dependiendo de la cuantía. No obstante, LA DELIMITACIÓN DE LA COMPETENCIA DEL JUICIO BREVE ES SEGÚN LA CUANTÍA. Diferente es el caso de lo dispuesto en el artículo 2 de la referida Resolución, que en cualquier otra materia es aplicable solo para el procedimiento a seguir, independientemente de la materia.

Como ejemplo de lo antes expuesto, tenemos:

En el caso de una demanda por cobro de dinero, hasta mil quinientas unidades tributarias (1.500 U.T.), deberá ser sustanciada y decidida de acuerdo al procedimiento breve, y si es mayor de esa cantidad, pero hasta tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.), el procedimiento a seguir es ordinario. Pero en el caso de las materias que hemos hecho alusión, el procedimiento, como es el caso de Resolución de Contrato de Arrendamiento, Desalojo, entre otros, el procedimiento a seguir siempre es breve, independientemente, que sea menos de mil quinientas unidades tributarias (1.500 U.T.) o mayor de tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.); y es competente por la cuantía tanto un Tribunal de Municipio como un Tribunal de Primera Instancia, como ya fue citado.

Retomando el caso en estudio, se observa lo siguiente y en aplicación del marco teórico citado:

Se demanda por Resolución de Contrato de Arrendamiento, cuya cuantía fue estimada en Ciento treinta y Cinco Mil Bolívares (Bs.135.000, 00), resultante de la sumatoria de los cánones de arrendamiento correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2009, así como el mes último del contrato, que sería el mes de enero de 2010; acorde con lo dispuesto en los artículos citados supra, por tanto, y en estricta aplicación de la Resolución Nro. 2009-0006 de fecha 18/03/09, emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en su artículo 1, LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA CAUSA, LA TIENE ATRIBUIDA EL JUZGADO PRIMERO DEL MUNICIPIO CARONÍ DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR, a cargo de la abogado A.M.V. por ser el procedimiento aplicable, el denominado por el legislador como breve y la cuantía menor de tres mil unidades tributarias como lo señala la resolución supra citada y así se decidirá en la dispositiva de este fallo.

-III-

Dispositiva

En fuerza de las consideraciones anteriores, este Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, de Tránsito, de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara:

COMPETENTE PARA CONOCER EL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, incoado por la sociedad mercantil GRAN PRIX, C.A. en contra de la sociedad mercantil MULTISERVICIOS PELAEZ PEREZ, C.A., identificados ut supra, al JUZGADO PRIMERO DEL MUNICIPIO CARONÍ DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR, a cargo de la abogado A.M.V.; en consecuencia se declara CON LUGAR EL CONFLICTO DE COMPETENCIA planteado en fecha 04 de noviembre de 2009, por el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, a cargo de la abogada E.F.P..

SE LE ORDENA AL TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y AGRARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR, QUE UNA VEZ RECIBA LAS PRESENTES ACTUACIONES, PROCEDA A REMITIR EL EXPEDIENTE PRINCIPAL, AL SEÑALADO TRIBUNAL DE MUNICIPIO AL CUAL LE HA SIDO ATRIBUIDA LA COMPETENCIA, para que continué con el curso del procedimiento de Resolución de Contrato de Arrendamiento, intentado por la sociedad mercantil GRAN PRIX, C.A. en contra de la sociedad mercantil MULTISERVICIOS PELAEZ PEREZ, C.A.

- Todo ello de conformidad a las disposiciones legales y jurisprudenciales citadas y los artículos 12 y 243 del Código de Procedimiento Civil.

- Publíquese, regístrese y remítase esta decisión conjuntamente con las actuaciones que conforman el presente expediente, mediante oficio al Tribunal donde se suscitó el conflicto de la Regulación de Competencia, Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, el cual resultó incompetente para conocer del aludido procedimiento de Resolución de Contrato de Arrendamiento; ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Civil. Déjese copia debidamente certificada de esta decisión. Líbrese oficio.

Dada, firmada y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Civil, Mercantil, de Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en Puerto Ordaz, a los catorce (14) días del mes de Diciembre de de dos mil nueve (2009). Años 199° de la Independencia y 150° de la Federación.

LA JUEZA,

DRA. J.P.B.

LA SECRETARIA,

ABG.LULYA ABREU.

En esta misma fecha siendo la una de la tarde (01:00 p.m.), previa las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior decisión. Se dejó copia de la decisión y se libró el oficio ordenado. Conste.

LA SECRETARIA,

ABG.LULYA ABREU.

JPB*la*ym

Exp.Nro.09-3524.