El gran salto del fiscal militar

Nada le hizo parecer al general en jefe Jorge Luis García Carneiro que debía ser prudente. Pudo guardar silencio y dejar que la noticia se divulgara en un párrafo escueto de la Gaceta Oficial, como sucedía con otras resoluciones del ministerio que encabezaba en esa época: el de la Defensa. Era 10 de julio de 2004 y Eladio Aponte Aponte, coronel de la Guardia Nacional y fiscal general militar, había cumplido tres décadas de servicio. No le correspondía otra cosa que el retiro, pero ya se había tomado la decisión de prorrogar su presencia dentro de la institución castrense. El ministro se encontraba en Los Próceres, en un acto de destrucción de 18.000 armas ilegales, y lo informó a los reporteros en la primera oportunidad que tuvo. Destacó un detalle casi con orgullo: la determinación de mantener a Aponte Aponte dentro de la Fuerza Armada Nacional había sido tomada en persona por el presidente Hugo Chávez. La declaración de García Car neiro fue recibida por la prensa como una señal de respaldo del Palacio de Miraflores. Nada podía ser mejor para Aponte Aponte, quien dentro de su despacho del Fuerte Tiuna ya hacía cálculos de cómo su actuación en la Fiscalía General Militar le daba el piso político para escalar a un cargo al que difícilmente podía llegar sin apoyo del más alto nivel: el de magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. El año 2004 había sido decisivo en la carrera del coronel, cuya apariencia de abuelo vivaracho embutido en uniforme de la Guardia Nacional ya era familiar para la opinión pública. Bajo su mando los fiscales castrenses se convirtieron en los perseguidores judiciales de oficiales activos y retirados y de civiles considerados por el Gobierno como enemigos del proceso revolucionario. Fueron días en los que gente con información privilegiada publicó avisos de prensa en los que prometían recompensas millonarias por la captura de generales con órdenes de aprehensión de las que nadie más tenía noticias. Una acción que hacía recordar más una película del Lejano Oeste que los mandatos de la Constitución y las leyes. Como figura del sistema de justicia castrense había gozado de cierto anonimato que se diluyó para siempre con su actuación en el proceso que llevó a la condena por rebelión de casi un centenar de colombianos Âla mayoría jóvenes campesinos que fueron detenidos en la finca Daktari de El Hatillo el 10 de abril de 2004. Al grupo se le atribuyó participación en un plan para asesinar al jefe del Estado. El...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR