Decisión nº PJ0032009000107 de Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Carabobo (Extensión Puerto Cabello), de 9 de Junio de 2009

Se inicia la presente causa por demanda incoada por los ciudadanos: W.A.G., J.E.G., A.M.M., O.R.P., R.S., A.L., R.A.R., O.L., M.L. y O.M., identificados plenamente en autos, contra las empresas codemandadas, CONSORCIO OTEPI-INELECTRA-SADEVEN-TOYO y PETROLEOS DE VENEZUELA, S.A, con motivo a COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES, SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR y OTROS CONCEPTOS LABORALES.

ARGUMENTOS y DEFENSAS DE LAS PARTES.

Las partes codemandantes mediante su escrito libelar exponen lo siguiente:

1. - W.A.G.:

   Afirma haberse desempeñado como albañil y haber devengado un salario básico mensual de Bs. 698.445,00; y reclama los conceptos y montos siguientes; .-) salarios dejados de percibir: la suma de Bs. 69.122.950,23; .-) participación en los beneficios; Bs. 24.081.748,40 .-) vacaciones, Bs. 13.404.665,57; .-) preaviso; Bs. 2.918.032,80; .-) antigüedad; Bs. 20.798.613,00; finalmente estima el monto de su reclamo en la cantidad de Bs. 130.326.010,00.

2. - J.E.G.:

   Señala haber ejercido el cargo de carpintero, devengando un salario básico mensual de Bs. 698.445,00; y reclama los conceptos y montos siguientes; -) salarios dejados de percibir: la suma de Bs. 69.122.950,23; .-) participación en los beneficios; Bs. 24.081.748,40 .-) vacaciones, Bs. 13.404.665,57; .-) preaviso; Bs. 2.918.032,80; .-) antigüedad; Bs. 20.798.613,00; finalmente estima el monto de su reclamo en la cantidad de Bs. 130.326.010,00.

3. - A.M.M.;

   Desempeñó el cargo de obrero, devengando un salario básico mensual de Bs. 693.759,00; y reclama los conceptos y montos siguientes;.-) salarios dejados de percibir: reclama la suma de Bs. 68.869.906,23; .-) participación en los beneficios; Bs. 23.991.099,60; .-) vacaciones, Bs. 13.344.053,01; .-) preaviso; Bs. 2.908.660,80; .-) antigüedad; Bs. 20.729.622,00; finalmente estima el monto de su reclamo en la cantidad de Bs. 129.843.341,64.

4. - O.R.P.:

   Desempeñaba el cargo de armador de tuberías, devengando un salario básico mensual de Bs. 699.879,90; y reclama los conceptos y montos siguientes;.-) salarios dejados de percibir: la suma de Bs. 69.200.451,03; .-) participación en los beneficios; Bs. 24.109.510,80; .-) vacaciones, Bs. 13.423.164,15; .-) preaviso; Bs. 2.920.903,20; .-) antigüedad; Bs. 20.819.742,00; finalmente estima el monto de su reclamo en la cantidad de Bs.130.473.771,18.

5. - R.S.;

   Desempeño durante la relación de trabajo el cargo de albañil, devengando un salario básico mensual de Bs. 698.445,00; y reclama los conceptos y montos siguientes;.-) salarios dejados de percibir: la suma de Bs. 69.122.950,23; .-) participación en los beneficios; Bs. 24.081.748,40; .-) vacaciones, Bs. 13.404.665,57; .-) preaviso; Bs. 2.918.032,80; .-) antigüedad; Bs. 20.798.613,00; finalmente estima el monto de su reclamo en la cantidad de Bs. 130.326.010,00.

6. -) A.L.:

   Se desempeño como capataz, devengando un salario básico mensual de Bs. 702.000,00; y reclama los conceptos y montos siguientes;.-) salarios dejados de percibir: la suma de Bs. 69.864.503,25; .-) participación en los beneficios; Bs. 25.022.177,80; .-) vacaciones, Bs. 13.703.335,16; .-) preaviso; Bs. 3.028.000,20; .-) antigüedad; Bs. 21.536.667,00; finalmente estima el monto de su reclamo en la cantidad de Bs. 133.154.683,41.

7. -) R.A.R.:

   Sostiene haberse desempeñado como ayudante de fabricador de estructuras metálicas, devengando un salario básico mensual de Bs.693.759,00; y reclama los conceptos y montos siguientes;.-) salarios dejados de percibir: la suma de Bs. 68.869.906,23; .-) participación en los beneficios; reclama la suma de Bs. 23.991.099,60; .-) vacaciones, Bs. 13.344.053,01; .-) preaviso; Bs. 2.908.660,80; .-) antigüedad; Bs. 20.729.622,00; finalmente estima el monto de su reclamo en la cantidad de Bs.129.843.341,64.

8. -) O.L.;

   Ejerció el cargo de armador de cabrias, devengando un salario básico mensual de Bs.697.205,10; y reclama los conceptos y montos siguientes;.-) salarios dejados de percibir: la suma de Bs. 69.055.995,94; .-) participación en los beneficios; Bs. 24.057.762,60; .-) vacaciones, Bs. 13.388.627,58; .-) preaviso; Bs. 2.915.553,00; .-) antigüedad; Bs.20.780.358,00; finalmente estima el monto de su reclamo en la cantidad de Bs. 130.198.297,12.

9. -) M.L.:

   Desempeño el cargo de capataz, devengando un salario básico mensual de Bs. 701.178,00; y reclama los conceptos y montos siguientes;.-) salarios dejados de percibir: la suma de Bs. 69.270.532,23; .-) participación en los beneficios; estima se le adeudan Bs. 24.134.616,40; .-) vacaciones, Bs. 13.440.016,22; .-) preaviso; Bs. 2.923.498,80; .-) antigüedad; Bs. 20.838.849,00; finalmente estima el monto de su reclamo en la cantidad de Bs. 130.607.512,60.

10. -) O.M.;

    Se desempeño como operador de grúas pesadas, devengando un salario básico mensual de Bs701.178,00; y reclama los conceptos y montos siguientes;.-) salarios dejados de percibir: reclama la suma de Bs. 69.270.532,23; .-) participación en los beneficios; Bs. 24.134.616,40; .-) vacaciones, reclama la suma de Bs. 13.440.016,22; .-) preaviso; Bs. 2.923.498,80; .-) antigüedad; Bs. 20.838.849,00; finalmente estima el monto de su reclamo en la cantidad de Bs.130.607.512,65.

    Finalmente se observa que la sumatoria de los montos reclamados por los accionantes asciende al total de MIL CUARENTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA BOLIVARES CON VEINTIUN CENTIMOS, (Bs. 1.045.054.470,21).

    Continúan señalando los accionantes que durante la relación de trabajo se mantuvieron bajo las condiciones siguientes; como empleados exclusivos y dedicados a tiempo completo para el consorcio Otepi-Inelectra-Sadeven-Toyo, cuyas labores siempre fueron desempeñadas en la empresa Pdvsa Centro Refinador El Palito, afirman haber ingresado el día 12-agosto-2002, debiendo finalizar dichas labores el día 05-agosto de 2005, lo cual no ocurrió, no obstante, aclaran que debieron laborar hasta el mes de diciembre del año 2005; en ese sentido exponen los codemandantes que para el mes de diciembre del año 2002, gran parte del sector comercial e industrial del país se conjugaron en un paro nacional de actividades, por lo que varias empresas autoproclamadas en paro solicitaron e interpusieron ante las Inspectorías del Trabajo, pliegos de solicitudes de suspensión de las relaciones laborales con su personal; tal es el caso, que el consorcio Otepi-Inelectra-Sadeven-Toyo, introdujo ante el Inspector del Trabajo del Municipio Puerto Cabello solicitud de suspensión de la relación de trabajo para con sus trabajadores, en fecha 12-diciembre-2002, lo cual hizo de manera unilateral y sin fundamento alguno, para que éste autorizara tal suspensión; la cual fue declarada inadmisible según p.a. de fecha 17-diciembre-2002; señalan que desde que se inicio el mes de diciembre del año 2002, les fue negado el acceso a sus puestos de trabajo a ejercer sus funciones, lo cual generó que de manera arbitraria cesara la relación de trabajo que mantenían entre sí con el Consorcio y en beneficio de la empresa PDVSA; ya que una vez que su patrono se unió al paro nacional se les negó el acceso a sus puestos de trabajo; sostienen los accionantes que las empresas aquí codemandadas para tratar de suplir sus fallas suscriben en fecha 04-abril-2003, un acta convenio, el cual fue suscrito por representantes tanto del consorcio como por una representación de la empresa PDVSA, Centro Refinador El Palito, así como algunos dirigentes sindicales, situación ésta que a la vez desconocen, con fundamento a que los actores alegan que jamás se hicieron representar, ni estuvieron afiliados a éstos sindicatos, reiteran que conforme al acta en comento, los patronos acordaron ellos mismos la terminación de la relación de trabajo, pago éste que representaría solo el pago parcial de los salarios caídos los cuales continúan generándose. En cuanto a la suspensión de la relación de trabajo solicitada por el consorcio, exponen los demandantes que por haber sido declarada inadmisible la misma, el consorcio posteriormente interpuso Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad, con solicitud de amparo cautelar y subsidiariamente solicitud de suspensión de efectos contra p.a. de fecha 17-diciembre-2002, el cual fue declinado a la competencia del Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, en fecha 17-julio-2006; Respecto a la prescripción invocada por las empresas codemandadas, arguye la representación judicial de los accionantes que conforme a la opinión doctrinaria del autor Toyn Villar, en su libro “La prescripción como causa de extinción de las obligaciones en el contrato de trabajo”, esto en cuanto a las acciones que nacen de una ejecutoria bien sea judicial o administrativa siempre que quede definitivamente firme con el carácter de cosa juzgada; no obstante, explanan los codemandantes que no esperan ser reenganchados a sus puestos de trabajo, sino que se les cancelen sus prestaciones sociales conforme a lo estipulado en las cláusulas convencionales nº 3, 5, 7, 8, 9, 15, 16, 20, 31, 65 y 69 del Convenio Colectivo Vigente para los periodos 2003-2005 y 2005-2007 respectivamente; así como los salarios dejados de percibir y los conceptos contractuales a los cuales tienen derecho hasta la fecha tomada como fecha de corte, 30-junio-2007 y la indemnización contenida en el artículo 110 de la Ley Orgánica del Trabajo. En otro orden de ideas, sostienen que entre el consorcio Otepi-Inelectra-Sadeven-Toyo y la empresa Pdvsa, existe solidaridad conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo, en su artículo 55, en relación a que las actividades que realizaban los trabajadores eran inherentes y conexas con las actividades de la empresa; señala que los accionantes prestaron sus servicios en la sede de la empresa contratante Petróleos de Venezuela, S.A, (PDVSA), en el Proyecto Incremento de Carga a Convención (P.I.C.C).

    ALEGATOS DE LAS PARTES CODEMANDADAS:

    DEL CONSORCIO OTEPI-INELECTRA SADEVEN-TOYO:

    La representación de esta codemandada opone como defensa principal de fondo la prescripción de la acción, alegando que de las pruebas promovidas por su parte, se puede observar que la relación de trabajo finalizó el día 24-abril-2003, con el pago de las prestaciones sociales de los trabajadores, argumentando que los codemandantes no ejecutaron acto valido alguno tendente a interrumpir y/o mantener viva su acción, empleando para ello los mecanismos establecidos en el artículo 64 de la Ley Orgánica del Trabajo; señalan que éstos tenían hasta el día 24 de abril de 2004, para interponer cualquier reclamo relacionado con la prestación de sus servicios, siendo lo cierto que fue el día 07-septiembre-2006, cuando acuden ante la Inspectoría del Trabajo a interponer reclamo por concepto de prestaciones sociales, no operando ninguno de los supuestos para la interrupción de la prescripción previstos en la ley laboral; manifiesta la codemandada que en fecha 17 de Diciembre de 2002, la Inspectoría del Trabajo de los Municipios Puerto Cabello y J.J.M.d.E.C., dicta P.A. que declara inadmisible la suspensión de la relación de trabajo, solicitud presentada por el Consorcio Otepi-Inelectra-Sadeven-Toyo, ordenándose el pago de los salarios y demás beneficios laborales dejados de percibir, situación ésta que no representa ni soporta la interrupción de la prescripción de la acción, toda vez que, la prescripción no puede ser interrumpida de oficio por un funcionario publico, aunado al hecho que la reclamación en todo caso la realizó el patrono y no la interpusieron los demandantes. Igualmente se observa que en fecha 31-enero-2003 dicho acto fue recurrido sin que el ejercicio de dicha acción, haya constituido de modo alguno un acto interruptivo de la prescripción, por cuanto se trata de una acción interpuesta por la representación del consorcio; y siendo que la presente demanda se interpuso el día 12-julio-2007, es por lo que sostiene que han transcurrido cuatro (04) años, tiempo éste que supera con creces el lapso establecido en la Ley Orgánica del Trabajo, en tal sentido expone la parte codemandada que los derechos de corte y contenido laboral pretendidos por los demandantes se encuentran prescritos.

    De los hechos que se admiten:

    .-) Admite los salarios diarios invocados por los ciudadanos; W.Á.G., J.E.G., A.M.M., O.R.P., R.S., A.L., R.A.R., M.L. y O.M., fueron trabajadores contratados por el Consorcio mediante contrato por obra determinada, para prestar sus servicios personales en el Proyecto Incremento de Carga de Conversión (PICC), devengando los salarios diarios de Bs. 23.281,50, 23.125,30, 23.329,33, 23.400,00, 23.372,60 respectivamente;

    .-) Igualmente admite que los ciudadanos A.M.M., R.A.R. y O.M., se desempeñaron como obrero, ayudante de fabricador de estructuras metálicas y operador de grúas pesadas en la obra para la cual se contrataron sus servicios.

    .-) Que solicitaron ante la Inspectoria del Trabajo de los Municipios Puerto Cabello y J.J.M., en fecha 12-diciembre-2002, autorización para suspender las relación de trabajo para con sus trabajadores, la cual en fecha 17-diciembre-2002 fue declarada inadmisible;

    .-) La fecha de terminación de la relación de trabajo, el día 24-Abril-2003; según acuerdo preestablecido entre las partes en fecha 04-abril-2003;

    De los hechos que se niegan:

    Se desprende del escrito de contestación que la representación del Consorcio exceptuando los argumentos discriminados en el punto anterior; que fueron negados, rechazados y contradichos de manera categórica todos y cada uno de los alegatos expuestos por los codemandantes; entre los cuales se mencionan los siguientes:

    .-) Que se hayan violado y desconocido los derechos laborales legales, contractuales y constitucionales de los demandantes, como el derecho al trabajo, al salario digno y justo, entre otros;

    .-) Niegan que el acta convenio suscrita en Abril 2004, este viciada de ilegalidad e ilegitimidad, así mismo niegan que los accionantes no hayan estado afiliados a alguno de los sindicatos representados por quienes suscribieron dicha acta;

    .-) Que el consorcio se haya sumado al “Paro Cívico Nacional”; que se le haya negado el acceso a los trabajadores a sus puestos y lugares de trabajo, siendo lo cierto que PDVSA aceptó que muchas empresas como el consorcio suspendieran sus actividades;

    .-) Que la obra haya continuado ejecutándose hasta agosto del año 2005, por cuanto lo cierto fue que ante la imposibilidad del Consorcio de continuar ejecutando la obra PDVSA, S.A, rescindió el contrato en fecha 04-agosto-2003;

    .-) Que el procedimiento interpuesto por su cuenta contra p.a. haya interrumpido la prescripción de la acción de los accionantes;

    .-) Niega y rechaza detalladamente cada uno de los conceptos y montos alegados por los codemandantes y en consecuencia que se les adeude cantidad alguna por concepto de prestaciones sociales, salarios dejados de percibir y demás conceptos contractuales.

    DE LOS ALEGATOS DE LA EMPRESA CODEMANDADA PETROLEOS DE VENEZUELA, S.A:

    Se desprende del escrito de contestación de la demanda consignado en la oportunidad correspondiente por la representación de la empresa codemandada Pdvsa; lo siguiente; Negó, rechazó y contradijo de manera especifica y pormenorizada cada uno de los argumentos expuestos por los codemandantes, entre los cuales señala; -) los cargos y salarios invocados por los litisconsortes, y muy específicamente que el ciudadano A.L. haya sido trabajador adscrito a la nomina mensual menor, así como el resto de los codemandantes hayan pertenecido a la nomina diaria; -) que se les haya negado el acceso a la zona de la empresa PDVSA; .-) los conceptos y montos demandados con fundamento al argumento que en la oportunidad acordada les fueron canceladas las prestaciones sociales correspondientes; se observa igualmente que se negó la conexidad e inherencia alegada, así como la aplicación de la Convención Colectiva Petrolera, esto con el fundamento que no existe conexidad e inherencia entre las partes, conforme a lo que establece el artículo 55 de la Ley Orgánica del Trabajo; niega que exista solidaridad alguna entre ésta y el consorcio codemandado, tal como lo plantean los litisconsortes activos; Niegan el despido injusto y en consecuencia la procedencia de las indemnizaciones por contrato a tiempo determinado; sostiene la representación de la empresa codemandada PDVSA, que se adhiere a la confesión de los accionantes en cuanto al hecho que éstos manifiestan “laborando los mismos en calidad de trabajadores contratados a tiempo determinado en el proyecto Incremento de Carga a Conversión (PICC)…” Finalmente alega la representación de ésta codemandada la prescripción de la acción, con fundamento al siguiente dicho “… desde principios del mes de diciembre de 2002”, fecha en la cual terminó la relación laboral, hasta “25 de julio de 2007”, fecha de notificación de la empresa PDVSA, S. A, han transcurrido mas de los doce meses que prevé el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo.

    COMO PUNTO PREVIO PARA DECIDIR SOBRE LA PRESCRIPCION ALEGADA.

    El Tribunal observa; Que habiéndose suscrito un finiquito entre las partes y cancelados los conceptos que integran las prestaciones sociales de cada uno de los litisconsortes, en fechas que van desde el 11 hasta el día 24 de abril de 2003, y no evidenciándose de los autos ninguna actividad de los trabajadores tendente a constituir en mora a las codemandadas durante ese lapso de un (01) año, conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, y transcurrido con creces como ha sido el lapso de un (01) año contado a partir de las fechas referidas ut supra hasta el momento de interponer la presente acción, (12-julio-2007), lleva forzosamente a quien decide a declarar la prescripción de la acción concreta de la pretensión por diferencias derivadas de los conceptos que integran las prestaciones sociales; Y así se declara; No así, de la acción concreta de la pretensión contenida en la p.a. que ordena el pago de los salarios dejados de percibir por los trabajadores, toda vez que, desde la fecha de la interposición de la presente demanda (12-julio-2007), hasta las fechas de las respectivas notificaciones de las codemandadas (agosto - octubre 2007) no transcurrió el lapso de un (1) año contemplado en el articulo 61 ejusdem. Y así se declara.

    Así las cosas, declarada Con Lugar solo la defensa de fondo de la prescripción de la acción concreta derivada de la pretensión de los conceptos que integran las prestaciones sociales, no se hace necesario pasar a decidir sobre el fondo de la controversia de ésta; tal como lo ha señalado la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia dictada en fecha 16-noviembre-2000, pues el juez solo está obligado a analizar las pruebas relativas a la acción concreta derivada de los salarios dejados de percibir ordenados por P.A. y declarados procedentes por este tribunal. Y así se declara.

    DE LAS PRUEBAS DE LAS PARTES Y SU VALORACION.

    De las pruebas consignadas por las partes relacionadas exclusivamente con la acción concreta de la pretensión derivada de los salarios dejados de percibir;

    PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDANTE

    Consigna las documentales siguientes; De las promovidas junto al escrito libelar;

    .-) Copia simple de P.A. y copia simple de decisión de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo; El tribunal observa que el primero de los documentos se trata de copia de documento publico administrativo, demostrativo de la decisión dictada por el Inspector del Trabajo de los Municipios Puerto Cabello y J.J.M., en fecha 17-diciembre-2002, que declara inadmisible la solicitud de suspensión de la relación de trabajo, interpuesta por el Consorcio Otepi-Inelectra-Sadeven-Toyo, y se ordena la cancelación de los salarios y demás beneficios laborales dejados de percibir; en relación a la copia simple de la decisión ut supra referida, el tribunal observa; Que se trata de declinatoria de competencia de dicha Corte en el Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte; lo cual es demostrativo de la insistencia expresa del consorcio en solicitar la nulidad de la P.A. dictada por la Inspectoría del Trabajo del Municipio Puerto Cabello; igualmente se observa que dichas probanzas no fueron impugnadas en la oportunidad procesal correspondiente por lo que se les extiende pleno valor probatorio conforme a los artículos 10 y 77 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

    Acta-Convenio y comunicación escrita emitida por el Consorcio dirigida a la empresa PDVSA; Quien decide observa que son demostrativas; en primer lugar del acuerdo suscrito por representantes de la empresa beneficiaria PDVSA, Petróleos, S.A; representantes de los sindicatos Fedepetrol y Sinutrapetrol los cuales hacen vida en la sede de la empresa PDVSA, por representantes del consorcio Otepi-Inelectra-Sadeven-Toyo y algunos delegados de los trabajadores, la cual es demostrativa además de la estrecha relación existente entre las empresas codemandadas, aunado al hecho que la suscripción de la misma se realizó en la sede de la empresa beneficiaria Pdvsa Petróleos, S.A, acta convenio ésta que fue convalidada por los litisconsortes activos al recibir pagos realizados por ambas empresas, por conceptos que integran las prestaciones sociales; en segundo lugar demostrativas del acuerdo entre ambas empresas en relación al pago de las prestaciones sociales de los trabajadores, por lo que se les concede todo su valor probatorio conforme a los artículos 10 y 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

    .-) Acta administrativa: El tribunal observa que se trata de acta levantada ante la Inspectoría del Trabajo del Municipio Puerto Cabello, en relación al reclamo colectivo presentado por trabajadores del consorcio, en fecha 07-septiembre-2006;

    Observa el tribunal que el representante judicial de la empresa PDVSA, como punto previo alegó la prescripción de la acción, situación ésta que no produjo efecto interruptivo de la prescripción alegada; igualmente se observa que dicha probanza no fue impugnada en la oportunidad procesal correspondiente por lo que se le extiende pleno valor probatorio conforme a los artículos 10 y 77 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

    De las pruebas promovidas en la oportunidad procesal correspondiente:

    .-) Recibos de pago emitidos por el consorcio y por la empresa PDVSA; El tribunal observa que los primeros tratan de los pagos realizados a favor de los trabajadores M.M., R.S., O.L., demostrativos de los cargos de obrero, albañil y armador de cabrias, respectivamente, así como de las asignaciones y deducciones realizadas por el consorcio, a cuenta de los servicios prestados, de los descuentos realizados por motivo de cuotas sindicales; los segundos tratan de “recibos”, expedidos por la empresa PDVSA a nombre de los litisconsortes activos, por el monto de Bs. 1.000.000,00 (un millón), y recibidos por éstos, en fecha 11-abril-2003, por concepto de “adelanto a cuenta de liquidación de prestaciones sociales por orden y cuenta del consorcio Otepi-Inelectra-Sadeven-Toyo”; Al respecto se observa que éstos son demostrativos del pago hecho por la cantidad y montos referidos, así como también de la relación íntima de ésta con el Consorcio Otepi-Inelectra-Sadeven-Toyo, documentales que deben ser relacionadas con los recibos de orden de atención medica expedidos por la empresa PDVSA, consistentes en la declaración de “apto para egreso”, que adminiculados con los hechos ciertos de no desprenderse de los autos contrato escrito alguno entre ambas empresas para la ejecución de una obra determinada, y que fue en la sede de PDVSA Petróleos S.A (Refinería el Palito), donde se produjeron los hechos que impidieron que los trabajadores realizaran sus labores, lo que lleva forzosamente a quien decide a la conclusión de declarar la solidaridad entre ambas empresas codemandadas; es por lo que este tribunal les confiere pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 10 y 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

    .-) Constancia de trabajo; El tribunal observa que ésta le fue otorgada al ciudadano R.S., la cual resulta demostrativa del cargo que éste desempeñó como “albañil A”, desde el mes de octubre del año 2002 hasta el mes de diciembre 2002, en la cual se señala el salario diario devengado por éste trabajador actor de Bs. 23.281,50; igualmente se evidencia que la misma no fue impugnada en la oportunidad correspondiente en consecuencia, se le extiende pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 10 y 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

    De la prueba de informes:

    Se desprende del escrito de promoción de pruebas que se solicitó se oficiara; Inspectoria del Trabajo del Municipio Puerto y al Juzgado Contencioso Administrativo, Región Centro Norte, a los fines que remitieran a este tribunal de juicio copias certificadas de los expedientes nº 049-2006-RC-00016 y 10.926 respectivamente, observa éste sentenciador que solo consta a los autos resultas emitidas por la Inspectoría del Trabajo de los Municipios Puerto Cabello y J.J.M.d.E.C., se desprende de la misma la excusa manifiesta de la autoridad administrativa en relación de la imposibilidad de remitir respuesta en relación a lo requerido; en consecuencia este tribunal no la valora de conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; y en relación a la probanza dirigida al Juzgado Superior Contencioso, al no constar la resulta correspondiente nada tiene que valorar al respecto este tribunal, conforme a lo establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

    EN RELACIÓN A LAS PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA EMPRESA PDVSA PETRÓLEOS, S.A; El tribunal observa que de las pruebas promovidas consistentes en informes dirigidos a los registros mercantiles 1º y 2º del Área Metropolitana de Caracas y a Notaría Publica, se desprende de los autos que las resultas de dichos informes constan en autos, no obstante, de éstas no se desprenden elementos de convicción que influyan en relación a la procedencia de los salarios dejados de percibir ordenados por la P.A., emanada de la Inspectoría del Trabajo del Municipio Puerto Cabello, el día 17-diciembre-2002, ni tampoco para enervar la pretensión de solidaridad invocada, por el contrario son demostrativas del hecho cierto que ratifica que se trata de una sociedad mercantil susceptible de recibir prestaciones o servicios bajo dependencia y subordinación, por parte de uno o varios trabajadores, siendo además demostrativas de actuaciones tendentes a registrar actas relativas a la constitución de la sociedad mercantil y demás actos de comercio susceptibles de registro, en consecuencia se les conceden valor probatorio, de conformidad con los artículos 10 y 81 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

    DE LAS PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA EMPRESA CODEMANDADA CONSORCIO OTEPI- INELECTRA- SADEVEN- TOYO;

    De las documentales.

    .-) Planillas de liquidación, emitidas por el Consorcio Otepi-Inelectra-Sadeven-Toyo; Se desprende de las documentales en estudio que son demostrativas del pago realizado por el consorcio codemandado y recibido por los trabajadores en fecha 24-abril-2003, por los siguientes conceptos “neto de salario”; “neto liquidación” y “anticipos”; observándose que de dichas liquidaciones no se desprende el pago del concepto correspondiente a los salarios dejados de percibir ordenados por p.a.; Recibos éstos que no fueron impugnados en la oportunidad procesal correspondiente por lo que se les extiende pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 10 y 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

    .-) Planillas de Movimientos Finiquitos; El tribunal observa que se trata de documentales demostrativas de la cancelación de conceptos y montos que comprenden la liquidación por culminación de fase, igualmente se desprenden los salarios considerados para realizar tal cancelación, específicamente el salario diario básico devengado por los codemandantes de Bs. 23.125,30, 23.281,50, 23.329,33, 23.400,00, 23.235,17, 23.372,60, respectivamente; de igual manera el tribunal observa que dichas liquidaciones no contienen el pago del concepto de salarios dejados de percibir ordenados por p.a., por lo que se les extiende pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 10 y 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo;

    .-) Recibos de pago emitidos por el consorcio y por la empresa PDVSA; El tribunal observa que los primeros tratan de los pagos realizados a favor de los trabajadores, los cuales fueron valorados ut supra, al momento de valorar las probanzas aportadas por los codemandantes, en consecuencia, se les confiere el mismo tratamiento probatorio.

    .-) Contratos de servicios entre el consorcio y los trabajadores; Documentales éstas que son demostrativas que en nombre propio y en beneficio de otra empresa se utilizan los servicios de los trabajadores, lo que crea certeza de quien juzga de la intermediación existente entre las empresas codemandadas, por lo que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 10 y 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

    .-) Documentales expedidas por el Sindicato de Obreros Empleados Petroleros y Conexos del Estado Carabobo (SOEPC); el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Petrolera y sus Similares (SINTRAIP), y el Sindicato Nacional Unitario de Trabajadores Petroleros (SINUTRAPETROL); El tribunal observa que éstas son demostrativas de la postulación que se realiza a nombre de los ciudadanos W.Á., J.G., R.S., R.R., O.L., igualmente se desprende que las mismas no fueron impugnadas en la oportunidad correspondiente, en consecuencia, se les otorga pleno valor probatorio conforme a los artículos 10 y 78 de la ley Orgánica Procesal del Trabajo.

    .-) Orden de atención medica; Se observa que éstas son demostrativas de la relación intima y estrecha entre el consorcio y la empresa PDVSA, quien asumió la evaluación preliquidación de los trabajadores accionantes, evaluación que se realiza conforme a las disposiciones contenidas en la convención colectiva petrolera, con ocasión a los exámenes de ingreso y egreso que se deben practicar a los trabajadores de las empresas contratistas de PDVSA, probanza ésta que adminiculada con otras pruebas que corren insertas a los autos llevan a la convicción de este sentenciador, de la solidaridad existente entre ambas empresas codemandadas y de la aplicabilidad de la convención colectiva vigente para el momento de la prestación del servicio, en tal sentido se le concede valor probatorio conforme a los artículos 10 y 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

    FUNDAMENTOS O RAZONES DE JUSTIFICACION DE LA DECISION -.

    De conformidad con los artículos 2, 3, 7, 19, 22, 23, 26, 49,89 91, 92, 94, 132,135, 299 y 257 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela. El tribunal para decidir observa; Que el fin primordial del proceso judicial es garantizar que las decisiones se dicten a los efectos de solventar las controversias entre las partes, que no solo estén fundadas en el Derecho en atención a lo alegado y probado en autos, sino que también deben ser armonizadas en el marco de un debido proceso con el entorno social, a los fines de lograr un justo equilibrio entre los intereses que se debaten en el caso concreto a través de criterios de justicia y razonabilidad que aseguren la tutela efectiva; Toda vez que el trabajo no debe reducirse solo al aspecto económico crematístico , sino que debe tenerse como fuente de dignidad humana , de cohesión y paz social ; así las cosas el Tribunal garantizando una tutela judicial efectiva, con el objeto de lograr los f.d.E., primordialmente en asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo dentro de una equitativa distribución de las riquezas, para decidir sobre la prescripción alegada como punto previo observa lo siguiente: Reconocida como ha sido la relación de trabajo y partiendo del hecho cierto que se suscribió un contrato de trabajo entre las partes en beneficio de un tercero; tomando en cuenta tanto el servicio efectivamente realizado por los accionantes, como las ganancias obtenidas por las codemandadas, y el pago recibido por los trabajadores, entendiendo las aspiraciones, carencias y necesidades de cada una de las partes; no siendo menos cierto, que se crearon unas expectativas a las partes involucradas que por fuerza mayor no pudieron concretar o finalizar lo convenido, y siendo que la justicia se administra en relación con los hechos debidamente probados, y los contenidos, postulados y principios constitucionales cuyos objetivos son entre otros la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución con preeminencia de los derechos humanos, ateniéndose a los valores de justicia, solidaridad, igualdad, corresponsabilidad social con criterios de proporcionalidad, adecuación, necesidad y de razonabilidad practica, teniendo como fin esencial la cristalización de la justicia material y el logro de soluciones que consulten la especificidad de los hechos conforme a la prudencia y a la equidad que rigen para el caso concreto. Así las cosas, quien Juzga utilizando la equidad remedial y atendiendo a las particularidades facticas del caso a resolver, como la situación en la que se encuentran las partes, sobre todo los hechos que le dan al contexto empírico una connotación especial; el sentido del equilibrio en la asignación de cargas y beneficios; la apreciación de los efectos de la decisión en las circunstancias de las partes en el contexto del caso, para evitar de ese modo las consecuencias injustas que se derivaría de la aplicación mecánica de la ley, toda vez que, los valores y principios constitucionales se anteponen a las reglas legales, de allí la prevalencia de la justicia material ante la justicia formal. Así las cosas, quien Juzga teniendo a la Constitución como guía y al ser humano como sentido y razón de sus decisiones, en aras del mejoramiento de su calidad de vida; de la satisfacción de sus necesidades básicas como coto vedado e intangible; del bien común y de la paz social, ponderando los derechos de libertad del empleador con los derechos sociales o prestacionales del trabajador; y garantizando la seguridad jurídica en su sentido mas amplio en el presente caso, teniendo siempre como eje la dignidad humana; Y la garantía que propugna la Ley Orgánica Procesal del Trabajo de proteger a los trabajadores en los términos previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, referidos a la concepción del trabajo como un hecho social, a su goce del p.d.E. y de darle vigencia al carácter tutelar de las leyes sociales a favor de los sectores mas vulnerables.

    Por lo que quien Juzga, fundado en las razones ut supra indicadas llega forzosamente a la siguiente conclusión prudencial: Siendo un hecho cierto y probado durante el proceso que entre los días 11 y 24 de abril de 2003, cada uno de los litisconsortes activos recibieron el pago por concepto de prestaciones sociales suscribiendo para ello los respectivos recibos, los cuales fueron emitidos tanto por el Consorcio como por la empresa codemandada Petróleos de Venezuela S.A, hecho este factico e inequívoco de la relación estrecha y muy particular que unía a éstas empresas, confundiéndose ambas codemandadas en una sola, situación que desvirtúa cualquier contratación autónoma que pudo ser alegada, dando así por terminados los servicios prestados por ellos y recibidos por la entidad mercantil codemandada Consorcio Otepi-Sadeven-Inelectra-Toyo en beneficio de la empresa Petróleos de Venezuela S.A, hecho éste último probado, aunado a la situación que no corre inserto a los autos contrato alguno entre las codemandadas que demuestre que el ejecutante de la obra o del servicio lo realizó con sus propios elementos y que esos trabajos deriven de un contrato de naturaleza distinta del contrato laboral, sino que por el contrario probado como está que la empresa codemandada consorcio Otepi–inelectra–Sadeven-Toyo en nombre propio y en beneficio de la entidad codemandada Petróleos de Venezuela S.A, utilizó los servicios de uno o mas trabajadores, servicios que fueron recibidos por ésta ultima; así las cosas, llega forzosamente este sentenciador a la conclusión de declarar la solidaridad de la empresa beneficiaria (PDVSA), con la empresa contratante de los servicios realizados por los litisconsortes activos (Consorcio Otepi-Inelectra-Sadeven-Toyo), todo conforme a lo establecido en el articulo 54 de la Ley Orgánica del Trabajo, y en atención a los principios protectorios a favor y el de la primacía de la realidad de los hechos ante las apariencias o formas, así como en acatamiento a los artículos constitucionales 89 y 94 y artículo 9 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Y así se declara. Ahora bien, no siendo menos cierto que en fecha 17 de diciembre de 2002, la Inspectoría del Trabajo de los Municipios Puerto Cabello y J.J.M., dictó p.a. que ordena a la parte codemandada Consorcio Otepi-Inelectra-Sadeven-Toyo, el pago de los salarios y demás beneficios laborales dejados de percibir por los trabajadores demandantes, lo cual hace necesario, y así lo considera este tribunal, establecer las siguientes consideraciones: La P.A. es un acto administrativo que impone una obligación de hacer y que acredita a la misma administración la ejecución de dicha providencia, bien sea de oficio o a instancia de parte, es decir, que se trata de un acto de ejecutoriedad y ejecutividad inmediata; en consecuencia, la p.a. a la que se ha hecho referencia ut supra, consagra a los trabajadores un derecho subjetivo al declarar el pago de los salarios dejados de percibir, razón por la cual mientras no pudiera materializarse, mantiene su vigencia, (subrayado y negrillas nuestras), hasta que el trabajador tácita o expresamente renunciare a su ejecución, lo cual puede ocurrir de dos formas; .-) la primera cuando se agotan todos los mecanismos necesarios tendentes a lograr su ejecución en vía administrativa o en su defecto; .-) cuando el trabajador sin agotar tales recursos, decide interponer demanda por ante los órganos jurisdiccionales, momento éste a partir del cual renuncia a la vía administrativa y puede considerarse desde ese momento como una acción autónoma susceptible de ser conocida, tramitada y decidida judicialmente; criterio éste que asume este tribunal con fundamento a decisión dictada en fecha 03-febrero-2009, proferida por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Luís Eduardo Franceschi Gutiérrez. Así las cosas el tribunal para decidir observa: Que el núcleo esencial del derecho a percibir un salario por parte del trabajador no se desconoce, por el hecho de existir la prescripción de la acción laboral concreta, referida a los conceptos contenidos en las prestaciones sociales. La prescripción extintiva es un medio de extinguir la acción referente a una pretensión concreta, pero no así al derecho humano sustancial, fundamental protegido por el artículo 91 de la Constitución, porque el derecho al salario es en sí imprescriptible. No se lesiona al trabajador por el hecho de que la ley fije términos para el ejercicio de la acción laboral, el derecho de los trabajadores se respeta, simplemente se limita el ejercicio de la acción, y se le da un término razonable para ello, el núcleo esencial del derecho al salario no sólo está incólume, sino protegido, ya que la prescripción de corto plazo, en estos eventos, busca mayor prontitud en el ejercicio de la acción, dada la supremacía del derecho fundamental que el Tribunal esta obligado a garantizar de conformidad con los artículos 19, 22 y 25 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, el cual comporta la exigencia de acción y protección oportunas. Así, pues, el legislador no hizo cosa distinta que hacer oportuna la acción; de ahí que, lo que en estricto sentido prescribe es la viabilidad de una acción concreta derivada de la relación laboral, pero nunca el derecho-deber del trabajo y de percibir un salario suficiente y digno. Por lo que para una justa resolución de la controversia, el Tribunal estima que a los fines de computar el lapso de prescripción de la acción concreta derivada de la p.a. que ordena la cancelación de los salarios dejados de percibir, el mismo deberá efectuarse a partir del momento en que los actores desistieron tácitamente a la tarea de lograr la ejecución de la misma por vía administrativa al acudir a la vía jurisdiccional. Y así se declara. Ahora bien declarado como ha sido el momento a partir del cual debe comenzar a transcurrir el lapso de prescripción contemplado en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, se hace necesario verificar el tiempo transcurrido desde la interposición de la demanda hasta la notificación de las codemandadas, verificándose del expediente que la demanda se interpuso en fecha 12-julio-2007 y la última notificación se produjo en octubre del mismo año, no habiendo transcurrido en consecuencia el lapso de un año establecido en el artículo ut supra indicado, por lo que se declara su tempestividad. Y así se decide. Y siendo que no se desprende de los autos la cancelación de dicho concepto, lleva forzosamente a quien decide a declarar la procedencia del monto que será mesurado prudencial y razonablemente especificado de la siguiente manera: Deja establecido este sentenciador que habiendo sido declarada la procedencia del pago de los salarios dejados de percibir, para cuyo calculo se dejan igualmente establecidos los parámetros a considerar, como sigue: desde la fecha de la notificación de la P.A., practicada al consorcio Otepi–Inelectra-Sadeven-Toyo, lo cual ocurrió el día 15-enero-2003, como se extrae en este caso concreto por el hecho notorio judicial, según conocimiento que tiene el tribunal por decisiones anteriores; hasta el día en el cual se produjo el pago que por concepto de prestaciones sociales realizara el consorcio, es decir, el día 24-abril-2003, al salario diario básico devengado por cada uno de los accionantes durante las fechas indicadas, salarios éstos que fueron aportados por las partes y establecidos por este tribunal, lo cual arroja el neto total de Noventa y nueve (99) días continuos; a tal efecto queda establecido lo siguiente:

1. - W.Á.; 99 días al salario diario básico de Bs. 23.281,50; para un resultado total de Bs. 2.304.868,50;

2. - J.E.G.; le corresponde 99 días al salario básico diario de Bs.23.281,50; para un resultado total de Bs. 2.304.868,50;

3. - A.M.M.; 99 días a razón del salario básico diario de Bs. 23.125,30 lo cual arroja el resultado de Bs. 2.289.404,70.

4. - O.R.P.; 99 días a razón del salario básico diario de Bs. 23.329,30 lo cual arroja el resultado de Bs. 2.309.603,60;

5. - R.S.; 99 días a razón del salario básico diario de Bs. 23.281,50 lo cual arroja el resultado de Bs. 2.304.868,50;

6. - A.L.; le corresponde 99 días al salario básico diario de Bs. 23.400,00, para el total a cobrar de Bs. 2.316.600,00;

7. - R.R.; 99 días multiplicados por el salario diario básico establecido de Bs.23.125.30 lo cual arroja el resultado de Bs. 2.289.404,70.

8. - O.L.; 99 días multiplicados por el salario diario básico establecido de Bs. 23.240,16, lo cual arroja el resultado de Bs. 2.300.776,40.

9. - M.L.; 99 días a razón del salario básico diario de Bs. 23.372,60 lo cual arroja el resultado de Bs. 2.313.887,40;

10. - O.M.; 99 días a razón del salario básico diario de Bs. 23.372,60 lo cual arroja el resultado de Bs. 2.313.887,40.

    Se observa que la sumatoria de éstos conceptos arrojan el total de VEINTITRES MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE BOLIVARES EXACTOS (Bs.23.048.167,00), o lo que es igual a VEINTITRES MIL CUARENTA Y OCHO BOLIVARES CON DIECISEIS CENTIMOS (Bs. 23.048,16).

    DISPOSITIVA

    Por todo lo anteriormente expuesto, este Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Juicio tanto del Nuevo Régimen como del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, sede Puerto Cabello. Administrando Justicia en Nombre de la REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y Por Autoridad de la Ley, Declara PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda incoada por los ciudadanos, W.A.G., J.E.G., A.M.M., O.R.P., R.S., A.L., R.A.R., O.L., M.L. y O.M., todos identificados en autos, contra las empresas CONSORCIO OTEPI-INELECTRA–SADEVEN-TOYO y PETROLEOS DE VENEZUELA, S.A, por motivo de COBRO DE DIFERENCIAS DE PRESTACIONES SOCIALES, SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR y OTROS CONCEPTOS CONTRACTUALES, en consecuencia las partes codemandadas deberán cancelar a los litisconsortes activos las sumas antes señaladas correspondientes a cada uno de ellos, mas lo que resulte de la experticia relativa a la corrección monetaria e intereses de mora, que se ordena sea practicada por un experto designado por el juez de ejecución.

    No se condena en costas a las codemandadas por no haber resultado totalmente vencidas.

    Finalmente en relación a la corrección monetaria e intereses de mora el tribunal observa que la presente demanda no se trata de un juicio especial de estabilidad, por lo que el calculo de éstos conceptos comenzaran a computarse desde su exigibilidad, es decir a partir de su declaratoria que lo fue el 17-diciembre-2002 hasta su cumplimiento voluntario. Todo de conformidad con los artículos 91 y 92 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela.

    Publíquese, regístrese y déjese copia,-

    Dada, Firmada y sellada en la sala de despacho del JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO TANTO DEL NUEVO RÉGIMEN COMO DEL RÉGIMEN PROCESAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, SEDE PUERTO CABELLO. En Puerto Cabello, a los nueve (09) días del mes de Junio de dos mil nueve (2.009).

    Abg. A.C.S..

    Juez Cuarto de Primera Instancia de Juicio

    Abg. ANYOHELI BERMUDEZ BURGOS.

    Secretaria.