Decisión nº 558 de Corte de Apelaciones de Monagas, de 26 de Octubre de 2010

Aducen las recurrentes que el Tribunal fundamenta su decisión, de acordar la Medida Privativa de Libertad de sus representados, en la declaración de la víctima ciudadano A.G.S., lo cual a criterio de esta Defensa no reúne los extremos legales del Articulo 25O del Código Orgánico Procesal Penal, en particular el numeral 2°, que exige fundados y convincentes (Pluralidad) de elementos que permitan establecer la presunta participación en el hecho punible, que el Tribunal solo se basa en la declaración de la víctima, sin que esta declaración se apoye en otro elemento probatorio, sin excluir el hecho de que conforme al acta policial de investigación que cursa en el presente asunto, no se encontraron elementos que permitan apoyar la declaración que incrimine a sus defendidos, como la presunta arma de fuego, con la cual enfrentaron a los funcionarios policiales presuntamente, ni las conchas de los proyectiles disparados, así como tampoco se realizaron las pruebas de despistes de rastros de pólvora y por consiguiente la sola declaración de la víctima adicionado a que habían muchas personas en el lugar, según la propia declaración de la víctima y el Acta Policial, por lo que ha debido seguirse un procedimiento para producir la necesaria multiplicidad de pruebas para aumentar la certeza, jurídica para que el Tribunal pudiera decretar la Medida Privativa de Libertad.

Que el Tribunal, no produjo un análisis suficientemente motivado, y que incluso deliberadamente excluye del análisis que llevó a la Medida Privativa de Libertad, elementos tan valiosos como la falta de las armas y de las conchas disparadas y que no se explican como no existen, a los efectos de las pruebas para aumentar la certeza jurídica de presunta responsabilidad de sus defendidos; que el Tribunal a-quo coartó la libertad de sus defendidos sin analizar, ni mediar pruebas, cercenando el derecho a la libertad, y violentando de esta manera el Debido Proceso, en consecuencia, sin motivación alguna decide contra la solicitud de la defensa de la L.P., por considerar que no hay elementos suficientes, para decretar la Privación Judicial Preventiva de nuestros Defendidos.

Por otra parte el Tribunal a-quo ha señalado, que los imputados en mención, pudieran obstaculizar el proceso, pudiendo de alguna manera influir en el comportamiento de los futuros testigos y la misma víctima durante el curso de la investigación, porque resulta razonable, la presunción del peligro de fuga y como consecuencia de ello, la obstrucción de la justicia, lo cual constituye una falacia jurídica para las recurrentes, por cuanto es una afirmación que si bien, no puede probarse que es "falsa", tampoco puede probarse que es "verdadera", es decir admite prueba en contrario, vale decir, que ambas cosas son igualmente ciertas pero al no haber acreditado el Ministerio Público Prueba alguna, que pudieran obstaculizar el proceso, entonces en todo caso el Tribunal debió rechazar la solicitud de la Privativa de L. delM.P. porque no aportó ningún hecho concreto de amenazas de testigos o la víctima.

Que en el presente caso no se encuentran llenos los presupuestos para precalificar a sus representados por el delito de ROBO AGRAVADO EN GRADO DE FRUSTRACIÓN Y DE COMPLICIDAD NECESARIA previsto en los Artículos 46B en relación con el artículo 80 , en su último aparte, 82 y 84, ordinal 3° del Código Penal, dado que el Acta de Investigación Penal señala "que lo habían tratado de despojar de sus pertenencias bajo amenazas de muerte", (folio 62), por lo que deduce que la propia víctima señaló que lo habían tratado de despojar de sus pertenencias, pero que nunca fue materializado y consumado el hecho del despojo, lo cual descarta que el delito sea frustrado, como dijo el Tribunal a-quo, sino que de acuerdo, con la lectura hecha del anterior acta, de que presuntamente sus defendidos desplegaron un comportamiento presuntamente para configurar el delito previsto en artículo 458 del Código Penal, pero que nunca pasó del intento de tratar, según la propia víctima y por consiguiente consideran que la precalificación jurídica del a-quo, no está ajustada a Derecho, por cuanto que a todo evento sin que implique una Confesión de la responsabilidad penal estaría ante una situación de tentativa del delito presuntamente cometido por su defendidos.

Que el a-quo, debió rechazar la Medida Privativa de Libertad solicitada por el Ministerio Público, en razón, a que un simple cálculo matemático de la pena en este caso, concluye que si se trata de un Delito en Grado de Tentativa, como lo señala el artículo 80 del Código Orgánico Procesal Penal, que hay tentativa cuando se hace comienzo, con medios apropiados sin conseguir ningún resultado, lo cual ya por esta parte, implica una DISMINUCIÓN DE LA PENA, hasta la mitad del Delito Principal, que es el ROBO AGRAVADO previsto en el Artículo 458 de Código Orgánico Procesal Penal que tiene una penalidad de 10 años a 17 años y de otra parte, si son cómplices necesarios de conformidad con el Artículo 84 del Código Orgánico Procesal Penal, también señala: "Una Disminución de la Pena hasta mitad y en consecuencia, si en este caso la pena aplicable es la mitad de 10 años, que serían cinco (5) al haber Tentativa de Delito de acuerdo al criterio de las Defensoras Privadas en el presente caso y siendo que el Delito fue presuntamente cometido en Complicidad Necesaria de acuerdo con el Artículo 84 del Código Orgánico Procesal Penal, implica una disminución más de la MITAD DE LA PENA, es decir que a cinco (5) años se le Reduce la Mitad, quedaría en dos (2) años y seis (6) meses", lo cual como mínimo implicaría que el Tribunal hubiese acordado una Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación Judicial Preventiva de Libertad, por cuanto a todo evento la pena aplicable está por debajo de tres (3) años como lo señala en Articulo 253 de Código Orgánico Procesal Penal, que es improcedente Medidas Privativas en Delitos cuyas penas menores de tres (3) años.

PETITORIO:

Que por todos los razonamientos de hecho y de derecho expuestos en su escrito recursivo, la Defensa solicita a los Miembros de la Corte de Apelaciones que han de conocer del presente RECURSO DE APELACIÓN, que se admitan las denuncias interpuestas y sea declarado Con Lugar el Recurso de Apelación, Revocando la Decisión que decretó la Medida Judicial Preventiva de Privación de Libertad, emitida por el Tribunal a-quo, y que se pronuncie en cuanto a la reducción del plazo a la mitad, si se trata de la causa prevista en el Artículo 447 ordinal 4 del Código Orgánico Procesal Penal, o en consecuencia se acuerde la L.P. inmediata a sus defendidos.

Resolución del Recurso:

Del texto integro del recurso de apelación en estudio, pudimos enumerar varios puntos de impugnación, siendo el primero de estos, que la Medida Privativa de Libertad decretada a sus representados, no reúne los extremos exigidos en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, en particular el ordinal 2°, pues el Tribunal basa el fundamento de la decisión solo en la declaración de la víctima A.G.S., sin apoyarse en otro elemento probatorio, aún cuando del acta policial no se observaron elementos que incriminen a sus representados, como lo que respecta al arma de fuego con que presuntamente enfrentaron a los funcionarios, ni las conchas de los proyectiles disparados, no existiendo pruebas de rastros de despistes de pólvora; es decir que solo se llevó el Tribunal por la declaración de la víctima , y que habiendo tantas personas en el lugar como lo afirma la misma víctima, ha debido producirse múltiples pruebas para aumentar certeza jurídica y poder el Tribunal decretar la Medida Privativa de Libertad; esta Corte de Apelaciones, observa que escapa la razón de las recurrentes en este punto de apelación, toda vez que no es cierto que el Tribunal basó el fundamento de su decreto en el solo dicho de la víctima, pues de la revisión del asunto principal y del propio fallo recurrido, se observa la existencia de suficientes elementos de convicción para que en esta etapa del proceso penal (preparatoria), la a-quo emitiera una decisión ajustada a derecho, y en este sentido fue estimado por la a-quo el contenido del acta policial cursante en el asunto principal revisado por esta Alzada, en la cual se dejó constancia del lugar, modo y tiempo en que funcionarios policiales realizaron la aprehensión de los imputados de autos, en virtud de la información aportada por la víctima quién se encontraba en el sector de Las Garzas de esta ciudad, haciendo señas con las manos en busca de ayuda, a la patrulla que se trasladaba por la avenida principal, y quién les comunicó lo sucedido así como la dirección en que a pie se encontraban huyendo los sujetos, por lo que fueron detrás de estos, logrando avistarlos, no obstante los sujetos no se detuvieron ante la voz de alto de los funcionarios, iniciándose una persecución por una zona boscosa desde donde los sujetos presuntamente disparaban a la comisión que los seguía, hasta que pudieron alcanzar a dos de estos, no localizándoles nada relacionado con los hechos de la revisión corporal que se les realizó a pesar de la presunta acción agresiva revelada en la fuga; de otro lado existe la declaración de la única víctima cursante al folio 37 y 38 de la presente incidencia, quién manifiesta como ocurrió el hecho en si del robo, y quién informó a los funcionarios policiales de lo sucedido, cuando trasportaba a dos personas como pasajeros, que lo hicieron llegar hasta el sector de esta ciudad denominado Las Garzas, para junto con un tercero que esperaba en una esquina, amenazarlo con un arma de fuego y exigirle su dinero, logrando la víctima forcejear con uno de estos, y arrancar el carro hasta mas adelante, para salir del vehículo buscando ayuda, mientras el que iba en la parte posterior del vehículo también salía en carrera en busca de los otros dos que quedaron atrás, buscando por un lado ayuda la víctima con la comisión policial avistada en la vía, y por otro lado emprendiendo la huída los sujetos agresores, así mismo estimó la a-quo la inspección del lugar que resulta ser abierto, por ser una calle de circulación con ambos sentidos; y con estos elementos de convicción suficientes al parecer de esta Corte de Apelaciones, y de acuerdo a los criterios sostenidos por nuestro M.T. de la República, en cuanto a que no se exige para esta etapa primigenia del proceso un gran cúmulo de elementos, solo los suficientes como para presumir la existencia de un hecho punible y la participación de los sujetos señalados en los mismos, y es claro que la jueza en su decisión expresó que se encontraban llenos los requisitos de ley previsto en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, es decir pudo de su labor mental de adminiculación de dichos elementos, presumir que existe la comisión de un hecho punible, cuya acción no se encuentra prescrita, y los suficientes elementos como para presumir que los imputados de autos junto con otro sujeto no detenido en el procedimiento, fueron autores o cómplices del delito de Robo Agravado en Grado de Frustración, toda vez que no pudo concretarse la resolución de los agentes activos por causas externas ajenas a su voluntad como fue la reacción de la víctima con su vehículo de arrancar rápidamente del lugar donde lo tenían amenazado, y en virtud de que quién tenía el arma presuntamente junto con otro se encontraban en la parte de afuera del taxi; por lo que si bien es cierto, no se les incautó a los sujetos aprehendidos objeto relacionado con la presunta comisión de los hechos, ni se hizo rastreo de pólvora como señalan las recurrente, es importante señalar que estos han tenido la oportunidad suficiente en el transcurso de la persecución, en especial por ser parte de esta en una zona boscosa, de deshacerse de cualquier elemento que pueda vincularlos de los hechos, y en cuanto a cualquier prueba que estime la defensa debe realizarse en el presente caso, esta se encuentra en facultad de solicitar al Ministerio Público las diligencias que crea necesaria en el esclarecimiento de los hechos, incluyendo la existencia de testigos en el lugar, no obstante para esta primera etapa del proceso con lo hasta ahora recabado considera esta Alzada que resulta suficiente para que los ciudadanos J.L.C.F. y C.J.F.V., sean imputados por el delito de Robo Agravado en Grado de Frustración, como así lo estimó la a-quo, debiendo por lo tanto desestimarse el presente argumento recursivo. Y así se decide.

En lo que respecta al segundo punto de apelación de este recurso, arguye el recurrente que la a-quo no realiza una decisión motivada, cuando excluye circunstancias tan importante como fue lo de arma de fuego y de las conchas disparadas; que además fue coartada la libertad de sus defendidos sin analizar pruebas, no motivó sobre lo solicitado por la defensa de libertad plena, por no existir los suficientes elementos previstos en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, para decretar la Privación Judicial Preventiva de sus representados, en este sentido observamos, que no es cierta la apreciación expuesta por las defensoras, toda vez que como ya se dijo en el punto anterior, la Juez de Primera Instancia motivó suficientemente, para esta etapa del proceso con los elementos existentes, para lo cual no se exige por criterio jurisprudencial del mas Alto Tribunal de la República, acogido por esta Alzada, una motivación exhaustiva, no obstante la decisión llena mas que suficientemente las exigencias legales de motivación, no entendiendo esta Alzada que quiso decir la defensa cuando expresa que la inmotivación se dirige a las armas, cuando pudimos observar del fallo que precisamente se presume sobre la existencias de estas, al precalificarse el delito de Robo Agravado, y aún cuando ciertamente no pudo ser colectada esta, dadas las circunstancias planteadas en el presente asunto que permitieron, como se dijo antes, que los sujetos presuntamente hayan podido deshacerse de la referida arma en la persecución, o se la llevará el tercero de estos no capturado, fue esta con la cual presuntamente manifestaron y amenazaron al taxista víctima al momento del robo, siendo la misma con la que se presume los funcionarios policiales fueron atacados en la persecución de estos, por lo tanto si no se señaló sobre las características o evidencia del arma y cartuchos fue por que al momento de la aprehensión, ya esta no se encontraba con los imputados de autos, no obstante no por ello puede tildarse de inmotivada la decisión recurrida; y en cuanto a que la decisión no expresa nada sobre la solicitud de libertad plena realizada por la defensa en su oportunidad es necesario transcribir parte del fallo, donde la a-quo señaló con respecto a la solicitud planteada por la defensa relativa a que no existían elementos de convicción y por lo tanto solicitaba la libertad plena, la a-quo al final de su decisión le contestó: “…En relación a lo solicitado por la defensa de que le sea otorgado a sus representados la libertad inmediata, este Tribunal lo niega por los mismos motivos por los cuales precedentemente procedió a decretar la medida de privación judicial preventiva de libertad en su contra..”, es decir que si, fue contestado la solicitud realizada por la defensa en la oportunidad de la audiencia de presentación de imputados, la cual por si sola se explica, cuando remite a todo el fundamento de su decisión como motivación y explicación de la improcedencia de la solicitud de libertad plena, fundamentos estos que ya en argumento anteriormente resuelto esta Corte de Apelaciones consideró suficientemente ajustado a las exigencias de ley, y que al existir estos a través de lo que emerge de actas, no podría la a-quo decidir una solicitud en base a una - circunstancia inexistente- como sería el considerar que no existían elementos de convicción, por lo tanto menos podía proceder a una medida de libertad plena como la pretendida por la defensa, siendo por lo tanto necesario desestimar el presente argumento recursivo. Y así se decide.

El tercer punto de apelación va dirigido a la disconformidad de las recurrentes con la Medida Cautelar de Privación de Libertad, impuesta a sus representados bajo el sustento del Peligro de Obstaculización, por la influencia de estos en el comportamiento de los testigos que puedan surgir y de la propia víctima, lo cual es una falacia jurídica para las defensoras por cuanto no puede probarse que ello es cierto o falso, y que admite prueba en contrario, que ha debido el juez rechazar la solicitud de privación de libertad, por no haberse aportado hechos concretos de amenazas a testigos o víctima, por parte del Ministerio Público. Luego de revisar el fundamento expuesto por la a-quo en su decisión para privar de libertad a los imputados de autos, como forma de aseguramiento procesal, observamos que escapa la razón de las recurrentes, toda vez que la Juez Segundo de Control, tuvo basamentos reales para decretar en el asunto principal de esta incidencia recursiva la Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación de Libertad, sustentada en la propia ley, al dar por acreditado los supuesto del artículo 250 y el 251.2 del Código Orgánico Procesal Penal, cuando expresó:

…En tal sentido, considera quien aquí decide que, en el caso en concreto, se encuentran satisfechos los extremos de los tres ordinales del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, al tratarse de un hecho punible, cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita, donde existen suficientes elementos de convicción para presumir la participación o autoría de los imputados arriba mocionados, en el delito precalificado por la vindicta pública, y considerando que el hecho punible precalificado a los referidos ciudadanos son delitos graves, uno de los más ofensivos porque viola los derechos a la libertad, a la propiedad, y la vida, tal como lo establece la sentencia N° 532 de fecha 11/08/05, de la sala de Casación Penal, considerándose por tanto, la presunción de que por la gravedad del mismo, los imputados en mención pudieran obstaculizar el proceso, pudiendo de alguna manera influir en el comportamiento de los futuros testigos y las mismas víctimas, durante el curso de la investigación, por lo que resulta razonable la presunción del peligro de fuga y como consecuencia de ello la obstrucción de la búsqueda de la verdad, de igual manera se toma en consideración el daño social causado, como es el delito de Robo Agravado, siendo su naturaleza un hecho punible grave, se debe tomar en cuenta la pena corporal que pudiera llegar imponerse, ya que este se sanciona con prisión en su límite mínimo de DIEZ AÑOS, lo cual hace evidente el peligro de fuga, de conformidad con el articulo 251 ordinal 2 y parágrafo primero del Código Orgánico Procesal Penal, por tanto, este tribunal estima que lo procedente y ajustado a derecho, es admitir la solicitud hecha por la representación Fiscal y en consecuencia DECRETA MEDIDA PRIVATIVA JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, a los ciudadanos J.L.C.F. Y C.J.F.V., por encontrarlos incursos en el delito de ROBO AGRAVADO EN GRADO DE COMPLICIDAD NECESARIA, FRUSTRADO, previsto y sancionado en el artículo 458, en relación con el articulo 84, Ordinal 3° y 80 ultimo aparte del Código penal Vigente, en perjuicio del ciudadano A.G.S. . Y ASI SE DECIDE….

(subrayado nuestro).

Como se observa del anterior extracto, ciertamente no hubo un señalamiento sobre un acto concreto de la investigación que permita presumir el peligro de fuga o de obstaculización más que el señalamiento del peligro de que estos incidan en los posibles testigo y la víctima, no obstante debemos dejar asentado que si bien es cierto, puede observarse durante el proceso situaciones de hecho que permitan al juez hacer surgir la presunción del peligro de fuga o de obstaculización, no obstante también emerge de la propia ley circunstancias de derecho, que por lo tanto no necesitan de mayores análisis, como es la gravedad de la pena, como en el presente caso donde se precalificó el delito de ROBO AGRAVADO EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, que consideró la a-quo contrae una pena grave, de allí la presunción de que el imputado pueda incumplir con esta, y darse a la fuga, siendo importante aclarar que aún cuando también fue expresado por la a-quo en este fundamento la existencia de la circunstancia del Parágrafo Primero del artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal, no observamos que surja la presunción de peligro de fuga de dicho Parágrafo Primero, resultando erróneo el señalamiento hecho por la a-quo, al considerar acreditado en parágrafo primero del referido artículo de la ley penal adjetiva, no obstante persiste la presunción del peligro de fuga como si estimó la a-quo, conforme al artículo 251.2 ejusdem, por la pena que podría llegarse a imponerse en el presente caso, que si bien es cierto, no excede de diez años, no obstante resulta discrecional del a-quo considerar aplicable la Medida Cautelar de Privación de Libertad en el delito precalificado, lo que estimamos de la interpretación que surge de los artículos 253 y 251 parágrafo primero del Código Orgánico Procesal Penal, relativo el primero, a que si el delito excede de tres años en su pena, procederá la aplicación de una medida cautelar y del parágrafo primero que es referido a la aplicación de la Medida Cautelar Privativa de Libertad, cuando la pena sea igual o exceda de 10 años de prisión, por lo que debe entenderse que para la aplicación de una medida cautelar en delitos con penas entre mas de tres años y menos de diez, como en el caso en estudio, queda a discrecionalidad del juez, de acuerdo a las circunstancias apreciadas, como ocurrió en este caso donde la a-quo consideró ajustado la aplicación de una Medida Cautelar de Privación de Libertad, por el peligro de fuga que surge de la gravedad de la pena, de conformidad con el artículo 251.2 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que se da por satisfecho la exigencia prevista en el ordinal 3° del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, debiendo en consecuencia desecharse todo este argumento. Y así se establece.

El cuarto punto del recurso en estudio, versa en que no se encuentran llenos los presupuestos para precalificarse a sus representados por el delito de ROBO AGRAVADO EN GRADO DE FUSTRACIÓN Y DE COMPLICIDAD NECESARIA previsto en los Artículos 458 en relación con el artículo 80 , en su último aparte, 82 y 84, ordinal 3° del Código Penal, dado que el acta de investigación penal señala "que lo habían tratado de despojar de sus pertenencias bajo amenazas de muerte", por lo que se deduce que la propia víctima señaló que lo habían tratado de despojar de sus pertenencias, pero que nunca fue materializado y consumado el hecho del despojo, lo cual descarta que el delito sea frustrado, pues con la lectura hecha del anterior acta, de que presuntamente nuestros defendidos desplegaron un comportamiento presuntamente para configurar el delito previsto en artículo 458 del Código Penal, pero que nunca pasó del intento de tratar, según la propia víctima, por lo que considera la defensa que la precalificación jurídica del a-quo, no está ajustada a Derecho, por cuanto que a todo evento sin que implique una confesión de la responsabilidad penal estaría ante una situación de tentativa del delito presuntamente cometido por su defendidos; ahora bien estima esta Corte de Apelaciones, que se encuentran las recurrente muy alejadas de la realidad jurídica, y en este sentido cabe aclararse que en el presente caso se encuentran los suficientes elementos de hecho como para que se configure por ahora, la precalificación jurídica del Robo Agravado en Grado de Frustración, con que se imputó y se decretó procedimiento penal, y ello se debe a que, precisamente resultó frustrada la acción de Robo Agravado que pretendían realizar los sujetos a quienes el taxista víctima les ofreció sus servicios, para terminar siendo amenazados con un arma de fuego por parte de uno de estos, quien le manifestaba que se trataba de un robo, no obstante a que los sujetos en conjunto hicieron todo lo necesario para lograr el objetivo criminal, sin embargo una circunstancia no prevista, ajenas a ellos, no permitieron que la resolución criminal iniciada y desarrollada llegara a su fin, es decir se frustró por la acción rápida de la propia víctima al acelerar su vehículo, dejando atrás a la persona que desde fuera del mismo lo amenazaba con el arma de fuego junto con el otro sujeto que se bajo del carro, lo cual obviamente permite presumir que fue frustrada la acción final, impidiendo con ello la consumación del hecho, por lo que cuando la víctima expresa "que lo habían tratado de despojar de sus pertenencias bajo amenazas de muerte", ello no significa que hubo una tentativa de robo como deja ver la recurrente, la cual resulta una figura penal distinta a los hechos aquí, hasta ahora reflejado de actas, siendo por lo tanto adecuado la precalificación de Robo Agravado en Grado de Frustración, como cómplices necesarios debiendo por lo tanto desestimarse el presente argumento recursivo. Y así se decide.

Arguye como quinto punto de apelación el recurrente, que el Tribunal debió rechazar la Medida Privativa de Libertad solicitada por el Ministerio Público, en razón, a que un simple cálculo matemático de la pena en este caso, concluye que si se trata de un Delito en Grado de Tentativa, como lo señala el artículo 80 del Código Orgánico Procesal Penal, que hay tentativa cuando se ha comenzado, con medios apropiados sin conseguir ningún resultado, implica una DISMINUCIÓN DE LA PENA, hasta la mitad del Delito Principal, que es el ROBO AGRAVADO previsto en el Artículo 458 de Código Orgánico Procesal Penal que tiene una penalidad de 10 años a 17 años y de otra parte, si son cómplices necesarios de conformidad con el Artículo 84 del Código Orgánico Procesal Penal, también señala: "Una Disminución de la Pena hasta mitad y en consecuencia, si en este caso la pena aplicable es la mitad de 10 años, que serían cinco (5) al haber Tentativa de Delito de acuerdo al criterio de las Defensoras Privadas en el presente caso y siendo que el Delito fue presuntamente cometido en Complicidad Necesaria de acuerdo con el Artículo 84 del Código Orgánico Procesal Penal, implica una disminución más de la mitad de la pena, es decir que a cinco (5) años se le reduce la mitad, quedaría en dos (2) años y seis (6) meses", lo cual como mínimo implicaría que el Tribunal hubiese acordado una Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación Judicial Preventiva de Libertad, por cuanto a todo evento la pena aplicable está por debajo de tres (3) años como lo señala en Articulo 253 de Código Orgánico Procesal Penal, que es improcedente Medidas Privativas en Delitos cuyas penas menores de tres (3) años.

Luego de analizar esta Instancia Superior el anterior alegato, podemos apreciar que nuevamente escapa la razón de las recurrentes, en esta oportunidad por qué de acuerdo a las circunstancias presentes en las actuaciones que fueron analizadas por la Juez de Control, y que comparte esta Corte, nunca se precalificó por el delito de Robo Agravado en Grado de Tentativa, por lo tanto no tendría sentido sacar un computo de pena a fin de determinar si procedía o no la medida cautelar de privación de libertad en el presente caso, por el tipo penal pretendido por la defensa y no imputado en autos, pues como ya se dijo en la resolución del punto tercero de este recurso, la medida que consideró la a-quo justa en el presente caso de acuerdo a las circunstancias expuestas por ella en el fundamento de la misma y antes referidas por esta Alzada, resultan de conformidad con el artículo 250 y 251.2 del Código Orgánico Procesal Penal, como las idóneas según la jurisdicente para este caso, por lo tanto debemos desestimar por infundado este argumento recursivo. Y así se decide.

En base a lo precedentemente expuesto, se declara SIN LUGAR, el recurso de apelación presentado por las Abg. GRICELDYS CARAMELO BAROW CASTELLIN e IVON M.V.R., Defensora defensores privados de los imputados J.L.C.F. y C.J.F.V., en contra de la decisión de fecha 15 de Mayo de 2010, emitida por el Tribunal Segundo de Control de este Circuito Judicial Penal, en ocasión a la Audiencia de Presentación del Imputado, celebrada en el asunto principal NP01-P-2010-003684, en los términos aquí indicados; en el sentido de que se declara sin lugar los argumentos presentados, no obstante se niega el petitorio en especial lo relativo a que se revoque la medida cautelar de privativa de Libertad, queda ratificada la decisión objetada. Y así se decide.

D E C I S I O N

Por los razonamientos anteriormente expuestos, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara Sin lugar el recurso que nos ocupa, emitiendo el siguiente pronunciamiento:

Declara SIN LUGAR, el Recurso de Apelación interpuesto con fundamento en lo dispuesto en el artículo 447, Ordinal 4° y 5º del Código Orgánico Procesal Penal, por las Abg. GRICELDYS CARAMELO BAROW CASTELLIN e IVON M.V.R., Defensora defensores privados de los imputados J.L.C.F. y C.J.F.V. en contra de la decisión dictada por el Tribunal Segundo, de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, en el asunto principal N° NP01-P-2010-003684, en fecha 15 de Mayo del 2010, se hace nugatorio el petitorio relativo a que se revoque la medida Cautelar de Privación de Libertad y en consecuencia se ratifica la decisión objetada por la recurrente. Y así se decide.

Publíquese, Regístrese, Notifíquese, guárdese copia certificada y remítase la presente incidencia al Tribunal de origen.

La Jueza Superior Presidente,

ABG. D.M. MARCANO GUZMAN

La Jueza Superior La Jueza Superior,

M.Y. ROJAS GRAU ABG. A.D.C. NATERA VALERA

(Ponente)

La Secretaria,

ABG. MARIUIVI PEREZ ABANERO

DMMG/MYRG/ANV/MPA/Jasmín .