Decisión de Juzgado Primera Instancia Civil y Mercantil "El Vigia" de Merida (Extensión El Vigia), de 24 de Abril de 2006

Valor y mérito favorable de las actas procesales.

Este Juzgador observa, que mediante este particular el actor no promueve un medio de prueba específico, razón por la cual, se desestima la misma. ASÍ SE ESTABLECE.-

DOCUMENTALES: ÚNICA: Valor y mérito jurídico del documento de fecha dieciséis (16) de junio de mil novecientos noventa y cuatro (1994), que obra al folio seis (6) y su vuelto de este expediente, cuyo reconocimiento se demanda.

Esta prueba fue valorada anteriormente en esta sentencia.

TESTIMONIALES, de los ciudadanos G.N.V. y J.L.C.M., venezolanos, mayores de edad, cedulados con los Nros. 9.397.940 y 8.041.461, en su orden, domiciliados en la ciudad de El Vigía Estado Mérida.

Este prueba fue admitida según Auto de fecha 15 de octubre de 1998 (f. 226), y se fijó el tercer día de despacho siguiente, para oír a los testigos a las 10:00 y 11:00 de la mañana.

Estos testigos fueron tachados por la Abogado D.C.L. coapoderado judicial de la codemandada ciudadana X.J.H.N., según escrito de fecha 21 de octubre de 1998, “… por las razones de hecho y de derecho esgrimidos en el escrito de formalización de la tacha de falsedad por vía incidental del documento cuyo reconocimiento se demanda en este proceso, los cuales doy aquí por reproducidos, por cuanto los citados ciudadanos firman en calidad de testigos al pie del documento tachado, en consecuencia, lo que se resuelva en definitiva sobre el documento tachado abarcará a los testigos del mismo”

Ahora bien, de la revisión detenida de los escritos de contestación de la demanda y de formalización de la tacha de falsedad a que se refiere la tachante, no se hace mención expresa de la inhabilidad por la cual se tacha a estos testigos, de donde se hace imposible para quien sentencia pronunciarse acerca de su procedencia o no, tanto mas cuanto, de la revisión detenida de las actas procesales, este Juzgador puede constatar que durante el resto del lapso de evacuación de pruebas, la tachante no promovió ni produjo prueba alguna para demostrar cualquier inhabilidad de los testigos en mención.

En consecuencia, los ciudadanos G.N.V. y J.L.C.M., antes identificados, deben considerarse habilitados para declarar en la presente causa. ASÍ SE DECIDE.-

G.N.V., venezolano, mayor de edad, cedulado con el Nro. 9.397.940, domiciliado en la ciudad de El Vigía Estado Mérida. Obra al folio 231 del presente expediente, acta de fecha 21 de octubre de 1998, que contiene la declaración de este testigo quien juramentado legalmente, depuso en los términos siguientes: Que conoce de vista, trato y comunicación a los ciudadanos C.H.M. y N.A.G.G.; que sabe que entre estos ciudadanos hubo negocios, entre ellos el de un galpón por la avenida 16, que a los pocos días el ciudadano C.H.M., le manifestó que quería “destratar” debido a que el galpón tenía una hipoteca con un banco y no lo podía registrar; que luego lo invitó a la Hacienda La Trinidad, en el mes de junio de 1994, y firmó como testigo del señor C.H.M., el documento privado que obra al folio 06 del expediente, donde resolvían el contrato y que reconoce en dicho acto.

Dicho testigo es repreguntado por la Abogado D.C.L. coapoderado judicial de la litisconsorte ciudadana X.J.H.N., en los términos que textualmente se trascriben a continuación:

Diga el testigo, si es amigo íntimo del Ingeniero N.A.G.G.. CONTESTO: Al Ingeniero Grisolía Guillén, lo conozco como dije en anterioridad, pero no somos amigos íntimos, por cuanto he hecho algunos negocios con él. SEGUNDA: Diga el testigo, si usted ha hecho profesión de testifical (sic). CONTESTO: No, yo no soy profesional en eso, he declarado en algunos juicios, que me han llamado pero no soy profesional, ese no es mi trabajo, soy comerciante y ganadero de la zona. TERCERA: Si el testigo no ha hecho profesión de testifical, ni tampoco es amigo íntimo del Ingeniero N.A.G.G., como explica que en el mismo año 1996 también sirvió de testigo en una negociación privada celebrada entre el ciudadano y A.T.V., y testificó promovido por el primero en el juicio que cursa por ante el Juzgado de Primera Instancia del Tránsito, Trabajo y Agrario de esta misma Circunscripción Judicial Expediente signado con el Nro. 1229, con motivo de la Resolución de Contrato que usted presenció como testigo. CONTESTO: Si fui testigo del señor N.G. y el señor A.T., donde ellos tenían una negociación y el Ingeniero N.G., le iba a recibir al señor A.T., un terreno que el señor Alejo también me lo ofreció a mí, que está ubicado en la vía de S.B., a 300 metros del aeropuerto, fuí (sic) personalmente con el señor Alejo y Grisolía a ver el terreno, es ahí donde me involucro y estuve presente cuando se levantó esa acta y la firmamos en la oficina del señor A.T., en la Bomba Iberia, habiendo otros testigos que firmamos el acta, luego descartaron ese negocio y el cuando me llaman a declarar y allí confirmé el contenido de esa acta que se hace mención. CUARTA: Diga el testigo, quienes estuvieron presentes en la oportunidad en que según usted, se firmó el documento que usted reconoce en este acto, donde se resolvió el contrato de compra-venta de el galpón a que hizo referencia. CONTESTÓ: Estuvo presente, el finado C.H., el Ingeniero N.G. y estuvo presente un señor Leonardo, que también firmó ese documento y mi persona G.N.. QUINTA: Diga el testigo, si en ese mismo momento, se redactó el documento que usted acaba de reconocer en su contenido y firma. CONTESTO: Ese documento como tenían ya varios días de negociación, lo tenía o lo redactó no recuerdo bien un doctor R.R. (sic) el cual no lo conozco. SEXTA: Como explica el testigo, que la hoja de papel sellado sobre la cual fue extendida la supuesta resolución de contrato de compra-venta que usted acaba de reconocer en su contenido y firma no había salido a la circulación para esa fecha. (…) CONTESTO: Yo desconozco esos términos, por cuanto no tengo capacidad de saber sobre timbres fiscal y papel sellado desconozco eso, yo firme el documento del cual estamos haciendo mención. No hay más preguntas.

Este Juzgador observa, que este testigo no incurrió en contradicción en sus deposiciones dadas a las repreguntas formuladas por la contraparte, ni de ellas surge elemento alguno que invalide su testimonio, de otra parte el testigo merece confianza para este Juzgador, por su edad, vida, costumbres y profesión.

No obstante, a juicio de quien sentencia esta prueba es insuficiente para demostrar la autenticidad de la firma del ciudadano C.H.M., estampada en el documento cuyo reconocimiento se pretende, por las razones siguientes:

De conformidad con el encabezamiento del artículo 445 eiusdem, “Negada la firma o declarado por los herederos o causahabientes no conocerla, toca a la parte que produjo el instrumento probar su autenticidad. A este efecto, puede promover la prueba de cotejo, y la de testigos, cuando no fuere posible hacer el cotejo…”

Como se observa, la parte que pretende el reconocimiento de un instrumento privado, si aquel contra quien se opone niega su firma o sus herederos declaran no conocerla, debe probar que la misma es auténtica, para lo que puede promover la prueba de cotejo o la de testigos “cuando no fuere posible hacer el cotejo”

Según la doctrina, “El uso del término `puede` tiene un carácter discrecional, es decir, se pueden utilizar toda clase de pruebas tendientes a demostrar la autenticidad del instrumento. Si hay limitación en cuanto a la testimonial, por cuanto ella está supeditada a la coyuntura de que no sea posible hacer el cotejo. Entonces, podrán proponerse, por ejemplo, la inspección judicial, la experticia, la solicitud de exhibición, posiciones juradas, la confesión extrajudicial. Pensamos que si no hay razones que impidan el cotejo debe promoverse, porque en el sentido que está redactada la ley debe interpretarse que el legislador la consideró como la prueba idónea para la verificación de la autenticidad, cuestión que va contracorriente de la doctrina que la ha considerado `no concluyente y peligrosa`. Repetimos que el cotejo no es excluyente con otros medios probatorios, por lo que se pueden proponer otros, salvo la restricción a la prueba de testigos”. (Rivera, R. 2002. Las Pruebas en el Derecho Venezolano, p. 585)

Según la doctrina antes transcrita, la autenticidad de la firma estampada en el documento privado, se puede demostrar no solo a través de la prueba de cotejo, sino por medio de cualquier prueba, incluyendo la prueba de testigos, sólo que esta es admisible en el caso que no sea posible realizar el cotejo.

En este mismo sentido, A.R.R., afirma, “…es evidente que el cotejo realizado mediante expertos, que confrontan la firma del documento desconocido con la estampada por el autor en otro documento que tenga carácter indubitable, es el medio más seguro y que ofrece mayor certeza en la determinación de la autoría del documento, razón por la cual nuestro Código permite otros medios de prueba supletoriamente, cuando no fuere posible hacer el cotejo”. (Rengel Romberg, A. 1997. Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, T. IV, p. 175)

Ahora bien, debe preguntarse ¿cuándo no es posible realizar la prueba de cotejo?

El procesalista patrio Ricardo Henríquez La Roche, sobre este particular afirma:

La prueba de cotejo no es posible efectuarla en dos casos: a) cuando no hay firma el emitente de la escritura, y ha firmado a ruego otra persona en sustitución del mismo. En este caso, el testimonio debe ser convincente respecto al mismo ruego o mandato que supuestamente ha dado el otorgante que no sabía o no podía firmar; de lo contrario, el otorgamiento podría ser imputado de valde a cualquier persona. La Ley de Registro Público posibilita tal forma de otorgamiento en el ordinal 4º del artículo 102, pero ordena que el otorgante deberá designar en el mismo texto de la escritura la persona que firmará por el. b) cuando no es posible obtener la firma indubitada (448 in fine.), necesaria para cotejar o comparar una con la otra, lo cual ocurre si el sujeto de quien supuestamente emana el documento desconocido no puede firmar ni ha podido ser hallado un documento ciertamente firmado por él que sirva para el parangón de signaturas. (Henríquez, R. 1996. Código de Procedimiento Civil, T. III, p. 416)

Sentadas las anteriores premisas doctrinarias, se puede concluir que quien pretende el reconocimiento de un documento privado puede valerse de la prueba de testigos, sólo en el caso que no sea posible realizar el cotejo, ello debido a que el otorgante a quien se le opone no lo firmó y firmó otra persona a ruego –caso previsto por el único aparte del artículo 1.368 del Código Civil-- o cuando no se puede obtener la firma indubitada de la persona a quien se opone el documento para compararla con la estampada en el documento cuyo reconocimiento se demanda, bien sea porque no le es posible escribir y firmar en presencia del juez (ex único aparte del artículo 448 eiusdem), o porque no fue posible hallar el documento indubitado para hacer la comparación con el desconocido.

En el caso sometido a conocimiento de este Tribunal, de la revisión detenida de las actas que conforman el presente expediente, específicamente del escrito de promoción de pruebas del actor-reconvenido, se puede constatar que en el particular cuarto del dicho escrito el demandante señala como documento indubitado para realizar el cotejo, al documento autenticado por ante la Notaría Pública de El Vigía Estado Mérida, en fecha 09 de junio de 1994, con el Nro. 55, Tomo 30, el cual consta agregado a las actas de este mismo expediente en los folios 09 al 12.

Dicho esto, resulta claro que en el presente caso, existía la posibilidad de realizar la prueba de cotejo promovida por el actor para demostrar la autenticidad de la firma de C.H.M., en el documento privado de fecha 16 de junio de 1994, toda vez que, tal como lo señala el mismo promovente, en las actas procesales se encuentra agregado un documento indubitado de los señalados por el artículo 448 del Código de Procedimiento Civil, para llevar a cabo la comparación.

Así las cosas, siendo posible hacer el cotejo, no podía el promovente del mismo valerse de la prueba de testigos para demostrar la autenticidad de la firma de C.H.M., en el documento cuyo reconocimiento demanda, pues como se dijo, de conformidad con el artículo 445 eiusdem, esta prueba sólo es procedente en el supuesto que no sea posible realizar la prueba de cotejo.

De otra parte, este Juzgador observa, que los testigos promovidos por la parte actora-reconvenida, ciudadanos G.N.V. y J.L.C.M., son los mismos que con tal carácter suscriben el documento privado cuyo reconocimiento se demanda.

Sobre el particular el Tribunal considera menester hacer las observaciones siguientes:

De conformidad con el artículo 1.368 del Código Civil, “El instrumento privado debe estar suscrito por el obligado, y, además, debe expresarse en letras la cantidad en el cuerpo del documento, en aquéllos en que una sola de las partes se obligue hacia otra a entregarle una cantidad de dinero u otra cosa apreciable en dinero.

Si el otorgante no supiere o no pudiere firmar, y se tratare de obligaciones para cuya prueba se admiten testigos, el instrumento deberá estar suscrito por persona mayor de edad que firme a ruego de aquél, y, además, por dos testigos”.

Como se observa, según el Código Civil, el documento privado basta que este suscrito por el obligado, y sólo en el supuesto que éste no supiere o no pudiere firmar, debe suscribirlo a ruego de éste una persona mayor de edad y dos testigos.

En el caso del presente reconocimiento de documento privado, según se evidencia del mismo, los otorgantes ciudadanos N.A.G.G. y C.H.M., ambos sabían y podían firmar, por lo tanto, no era necesaria la firma del mismo de un firmante a ruego ni de dos testigos.

No obstante, el documento cuyo reconocimiento se demanda se encuentra suscrito por los testigos analizados ciudadanos G.N.V. y J.L.C.M., de donde surge la interrogante, ¿Puede suplir a la prueba de cotejo de firmas, la declaración de los testigos que junto con los otorgantes suscriben el documento privado desconocido?

En criterio de este Sentenciador, la prueba de cotejo de firmas, solo puede ser suplida por la testimonial en el supuesto que el documento cuyo reconocimiento se demanda hubiere sido firmado a ruego a nombre del otorgante por un tercero y ademas, por dos testigos, pues en este caso, no sería posible realizar el cotejo por no existir la firma dubitada para hacer la comparación con la indubitada.

Ahora bien, si es como en el caso de autos, que según el documento privado desconocido ambos otorgantes, suscribieron el mismo con sus firmas, al desconocer una de las mismas su autenticidad debe probarla quien pretenda hacer valer el documento, con cualquier prueba, excepto con la de testigos que solo será procedente si no puede realizar la prueba de cotejo.

En fuerza de los razonamientos hechos, las testimoniales analizadas carecen de eficacia probatoria para demostrar la autenticidad de la firma del causante C.H.M., por cuanto dicha prueba se encuentra condicionada al supuesto de poder realizar la prueba de cotejo, que en el presente caso, era posible hacerla.

En consecuencia, este Juzgador desestima la prueba analizada por ilegal. ASÍ SE ESTABLECE.-

J.L.C.M., venezolano, mayor de edad, cedulado con el Nro. 8.041.461, domiciliado en la ciudad de El Vigía Estado Mérida. Obra al folio 235 del presente expediente, acta de fecha 21 de octubre de 1998, que contiene la declaración de este testigo quien juramentado legalmente, depuso en los términos siguientes: Que conoce de vista, trato y comunicación a los ciudadanos C.H.M. y N.A.G.G.; que sabe que entre estos ciudadanos hubo negocios, entre ellos el de un galpón por la avenida 15, diagonal al Banco Progreso de El Vigía; que dicho negocio fue “desecho” según un documento privado que obra al folio 06 del expediente en el en el mes de junio de 1994, que el firmó como testigo.

Dicho testigo es repreguntado por la coapoderado judicial de la litisconsorte ciudadana X.J.H.N., en los términos que textualmente se trascriben a continuación:

Explique el testigo como es posible que sea cierto el contenido y firma del documento que se le puso de manifiesto y la firma suya si para la fecha en que según usted, se destracto (sic) la negociación no había salido a la circulación la hoja de papel sellado sobre la cual fue extendido el mismo por cuanto no había sido impresa por la imprenta del Estado Mérida. CONTESTO: No se nada, no entiendo de eso. SEGUNDA: Diga el testigo, en que sitio se reunieron para la firma del documento del cual usted ha reconocido el contenido y su firma, CONTESTO: Eso se hizo en la hacienda del Ingeniero N.G., Hacienda La Trinidad. TERCERO: Diga el testigo, si usted fue citado previamente al sitio señalado por usted para presenciar como testigo la resolución del contrato de compra-venta, o se encontraba presente en ese sitio. CONTESTO: Estaba presente en ese sitio. CUARTA: Como explica el testigo si no había sido citado previamente para presenciar el acto como testigo, sino que simplemente estaba en el sitio, cuando se resolvió la compra-venta fue incluido en el texto del mismo como testigo, si ese documento ya había sido redactado con anterioridad a la fecha en que se otorgó por el Dr. E.R.. CONTESTO: Ya me había dicho el Ingeniero N.G. del negocio de destractar (sic) el negocio, que si yo le podía servir de testigo. No hay más preguntas.

Este Juzgador observa, que este testigo no incurrió en contradicción en sus deposiciones dadas a las repreguntas formuladas por la contraparte, ni de ellas surge elemento alguno que invalide su testimonio, de otra parte el testigo merece confianza para este Juzgador.

No obstante, a juicio de quien sentencia esta prueba es insuficiente para demostrar la autenticidad de la firma del ciudadano C.H.M., estampada en el documento cuyo reconocimiento se pretende, por la mismas razones de hecho y fundamentos de derechos explanados en la valoración del testigo G.N.V., las cuales se aplican mutatis mutandi, a la valoración de este testigo.

En consecuencia, este Juzgador desestima la prueba analizada por ilegal. ASÍ SE ESTABLECE.-

PRUEBA DE COTEJO, a la firma del causante C.H.M., la cual aparece plasmada en el documento de fecha 16 de junio de 1994, cuyo reconocimiento se demanda en este juicio, “…a tal fin señalo como documento indubitado, al instrumento autenticado y que reposa por ante la Notaría Pública de El Vigía Estado Mérida, de fecha nueve (09) de junio de mil novecientos noventa y cuatro (1.994), inserto bajo el Nº. 55, Tomo 30, de los libros llevados por esa Notaría Pública, …”

Esta prueba fue admitida según Auto de fecha 15 de octubre de 1998 (f. 225), y se fijó el segundo día siguiente para el nombramiento de expertos. Obra al folio 227, acta de fecha 20 de octubre de 1998, levantada para tal fin, de la que se evidencia que la parte actora-reconvenida promovente de la prueba designó como experto grafotécnico al Dr. D.G.P.M.. La litisconsorte demandada ciudadana X.J.H.N., designó como experto grafotécnico al ciudadano Abogado D.V.F., quien fue designado por todos los litisconsortes pasivos. El Tribunal nombró a un tercer experto designación que recayó en el Abogado P.J.A., a quien acordó notificar para su juramentación. Obra al folio 239, acta de juramentación de los expertos designados por las partes y se fijó el lapso de treinta (30) días para cumplir con la experticia. Obra al folio 242, acta de fecha 27 de octubre de 1998, de la que se evidencia la comparecencia del experto designado por el Tribunal, quien aceptó el cargo y en el mismo acto prestó el juramento de Ley.

Según diligencias de fechas 10 y 24 de noviembre de 1998 (fs. 249 y 276), suscritas por el experto D.V.F., solicita al Tribunal que mediante Auto, inste a la parte promovente de la prueba de cotejo, para que consigne al Tribunal los honorarios solicitados y acordados, a los fines de iniciar las actividades inherentes a sus cargos.

Este Juzgador, de la revisión exhaustiva de las actas procesales, observa que no fue agregado al expediente el informe pericial que contenga la prueba de cotejo analizada, de donde se puede concluir que aún cuando se iniciaron los actos de evacuación de la prueba tales como: señalamiento y admisión del documento indubitado para realizar el cotejo, nombramiento, juramentación de los expertos y fijación del lapso para la experticia, no se realizaron el resto de los actos como los son: la diligencia según la cual los expertos indiquen el día, la hora y el lugar en que se dará comienzo a las diligencias de la experticia y tampoco consta, como se dijo, el dictamen pericial.

En conclusión, la prueba de cotejo no fue evacuada. ASÍ SE ESTABLECE.-

Mediante escrito de fecha 30 de septiembre de 1998 (f. 216), el apoderado de la parte actora-reconvenida, promovió pruebas señalando que se trataba de las pruebas para la reconvención, siguientes:

Valor y mérito jurídico de las actas procesales.

Como se ha dicho este es un formalismo arraigado en el foro que no produce ningún efecto procesal, y por tanto debe erradicarse.

DOCUMENTALES, ÚNICA: Documento de fecha dieciséis (16) de junio de mil novecientos noventa y cuatro (1994), que obra al folio seis (6) y su vuelto de este expediente, cuyo reconocimiento demanda.

Esta prueba, como se ha dicho, es el instrumento fundamental de la acción, y es justamente su valor probatorio el que depende de las resultas de esta causa, por tanto su valoración se expresará en la parte dispositiva de esta sentencia. ASÍ SE ESTABLECE.-

PRUEBAS DE LA CODEMANDADA-RECONVENTORA X.J.H.N.

Mediante escrito de fecha 30 de septiembre de 1998, esta parte promovió pruebas, las cuales fueron admitidas según Auto de fecha 15 de octubre de 1998, y son las siguientes:

DOCUMENTALES:

1) Documento de compra-venta protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio A.A.d.e.M., en fecha 3 de junio de 1996, con el Nro. 1, Protocolo Primero, Tomo 5.

Este documento fue valorado con anterioridad en el texto de esta sentencia.

2) La hoja de papel sellado del Estado Mérida signada con el serial D-94 Nº 208784 sobre la cual fue extendido el documento privado cuyo reconocimiento se demanda en este proceso.

Este Juzgador observa, que obra al folio 06 del presente expediente contrato privado cuyo reconocimiento se demanda, el cual tiene como soporte físico una hoja de papel que lleva impreso en la parte superior central de su anverso el escudo de armas del Estado Mérida y el timbre fijo establecido por la administración tributaria, distinguido con el Nro. D-94 Nº 208784, constante de treinta (30) líneas horizontales para escritura, numeradas en ambos extremos por el anverso de la hoja, en el cual contiene el contrato privado y las firmas cuyo reconocimiento se demanda.

A juicio de quien sentencia, la prueba analizada en cuanto continente o soporte del contrato cuyo reconocimiento se demanda, de la manera en que fue promovida, nada aporta al objeto de controversia, en consecuencia, se desestima. ASÍ SE STABLECE.-

3) La Inspección judicial evacuada en fecha 30 de marzo de 1998 en tres folios útiles, por el Juzgado Quinto de Parroquia de los Municipios Libertador y S.M.d. la Circunscripción Judicial del Estado Mérida.

Este Juzgador observa, que obra en los folios 197 al 201, copia certificada por la secretaría de este Tribunal, de una inspección judicial preconstituida solicitada en fecha 17 de marzo de 1998, por el Abogado R.G.C., cedulado con el Nro. 3.507.361 e inscrito en el Inpreabogado con el Nro. 10.529, la cual fue evacuada por el Juzgado Quinto de Parroquia de los Municipios Libertador y S.M.d. la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en fecha 31 de marzo de 1998, en la que dejó constancia de los hechos siguientes:

Que se constituyó en las oficinas donde funcionada la Imprenta del Estado Mérida, y revisó el libro de control de ventas de papel sellado del Estado Mérida, distinguido con el Nro. 04, específicamente al folio 054, donde verificó que existe la factura Nro. 4-054 Mérida 19-08-94 expendedor: Colegio de Abogados expendio Nro. 00 (paquetes: 20 Nº de paquetes desde el 018 hasta el 837. Serie D-94 Nº de papel desde 204251 hasta 209250 valor bolívares 100.000,oo; Que el papel sellado distinguido con el serial Nro. D-94 Nº 208784, esta incluido en la serie D-94 Nº de papel desde 204251 hasta 209250, el cual fue vendido el 29 de agosto de 1994, con factura Nº 64-054.

Acerca del valor probatorio de la inspección judicial extra litem la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 20 de octubre de 2004, estableció lo siguiente:

Nuestra doctrina ha expresado en torno a la procedencia de la inspección judicial preconstituida, que la misma es válida solo cuando se pretenda demostrar el estado o las circunstancias de hechos que podrían desaparecer o modificarse con el transcurso del tiempo. Entonces, el solicitante debe demostrar ante el órgano jurisdiccional la urgencia o perjuicio por el retardo que pudiera ocasionar su no evacuación inmediata.

Esta condición de procedencia debe ser alegada y probada ante el juez, para que éste previo análisis de las circunstancias, así lo acuerde.

Una vez cumplidos estos requisitos, la prueba debe considerarse promovida y evacuada válidamente, pues la inspección judicial preconstituida no necesita ser ratificada en el proceso para que surta efectos probatorios, por cuanto hubo inmediación del Juez que aprecia por sus sentidos las circunstancias de una situación de hecho.

Si no se prueba la urgencia ello sí afectaría su legalidad, por cuanto esta prueba preconstituida sólo es posible evacuarla para dejar constancia de las circunstancias o estado de las cosas que puedan desaparecer o modificarse en el transcurso del tiempo. Si no está demostrado en el proceso donde ella sea producida, la prueba no puede ser apreciada (Jurisprudencia Venezolana Ramírez & Garay, T. CCXVI (216). Caso: Inversiones Gha, C. A. contra Licorería del Norte C. A., p. 493 al 499)

Como se observa de la anterior sentencia, la cual acoge plenamente este Juzgador de conformidad con el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, la inspección judicial extra litem se ha de regir por las exigencias del Código Civil (artículos 1.428 al 1.430) y el artículo 938 del Código de Procedimiento Civil.

De conformidad con el artículo 1.429 del Código Civil, para practicar la inspección ocular antes que hubiere juicio se requieren dos circunstancias: que pueda sobrevenir perjuicio por retardo al interesado y que se trate de hacer constar un estado o circunstancia que pueda desaparecer con el transcurso del tiempo.

A juicio de quien sentencia, los asientos existentes en los libros de venta de la Imprenta del Estado Mérida, no podían desaparecer o modificarse en el trascurso del tiempo, por tanto, no estaba demostrado el perjuicio por el retardo en su evacuación, de allí que si la parte promovente quiere valerse de esta prueba en juicio debe promoverla y evacuarla dentro del juicio.

Por estas razones, en virtud que para su evacuación no fueron demostrados los requisitos legales, esta prueba no puede ser apreciada, por no haber sido evacuada validamente. ASÍ SE ESTABLECE.-

INSPECCIÓN JUDICIAL, en los Libros de Venta de la Imprenta del Estado Mérida, ubicada en la calle 20, esquina con Avenida 7, en la ciudad de M.E.M., a fin de dejar constancia de la fecha de expedición de la hoja de papel sellado del Estado Mérida, signada con el serial D-94 Nº 208784.

Esta prueba fue admitida según Auto de fecha 15 de octubre de 1998, sin embargo, en dicho Auto no se comisionó para su evacuación al Juzgado Quinto de Parroquia del Municipio Libertador y S.M.d. la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, y de la revisión exhaustiva de las actas que integran el presente expediente este Juzgador, constata que la misma no fue evacuada por este Juzgado.

En consecuencia, se desestima la prueba analizada. ASÍ SE ESTABLECE.-

Avaluó del inmueble objeto del litigio.

Esta prueba fue admitida según Auto de fecha 15 de octubre de 1998, sin embargo, en dicho Auto no se fijó el acto para el nombramiento de expertos y de la revisión exhaustiva de las actas que integran el presente expediente este Juzgador, constata que dicho avalúo no fue practicado.

En consecuencia, se desestima la prueba analizada. ASÍ SE ESTABLECE.-

Los codemandados M.A., J.E. y J.A.H.Z., en la oportunidad procesal correspondiente, no promovieron pruebas ni por si ni por medio de apoderado.

La defensora ad litem de los codemandados ciudadanos J.D.C.H.J., J.D.C. y W.H.N., C.A.H.A., F.A.H.F., I.C.H.A., en su oportunidad procesal correspondiente no promovió pruebas.

Los codemandados ciudadanos ZOLEIDA DEL CARMEN, J.N., MARISELA y W.E.H.N., en la oportunidad procesal correspondiente, no promovieron pruebas ni por si ni por medio de apoderado.

V

Analizado el material probatorio cursante de autos este Juzgador puede concluir que el actor-reconvenido no logró demostrar la autenticidad del instrumento privado suscrito por los ciudadanos N.A.G.G. y C.H.M., en la ciudad de El Vigía, el día 16 de junio de 1994.

Del análisis exhaustivo del acervo probatorio cursante de autos, específicamente de las pruebas promovidas por el apoderado judicial del actor-reconvenido, el Tribunal logró determinar que las mismas fueron insuficientes para que prosperara la presente acción.

En efecto, aun cuando el actor promovió la prueba de cotejo de firmas, fundamental en este tipo de procedimientos, no impulsó su evacuación lo cual era su deber, pues al haber declarado los herederos del causante C.H.M., que no conocían la firma estampada en el documento cuyo reconocimiento se demanda, pesaba sobre su cabeza la carga de la prueba de la autenticidad del instrumento.

Asimismo, la otra prueba promovida por el actor-reconvenido, como lo es la testimonial, no era procedente en el presente juicio, debido a que, por las razones expuestas al analizar la prueba, existía la posibilidad de realizar el cotejo, toda vez que la testimonial solo es admisible para demostrar la autenticidad de un instrumento en el supuesto de no ser posible realizar el cotejo.

En consecuencia, debe declarase sin lugar la acción de reconocimiento de firma por vía principal planteada por el ciudadano N.A.G.G., tal como se hará en la parte dispositiva de esta sentencia. ASÍ SE DECIDE.-

En cuanto a la RECONVENCIÓN planteada por la codemandada ciudadana X.J.H.N., del análisis del material probatorio cursante de autos, el Tribunal puede concluir que no logró demostrar los requisitos de procedibilidad de la acción de cumplimiento de contrato.

De las pruebas promovidas por la parte codemandada-reconventora, se observa la existencia de un contrato bilateral autenticado en la Notaria Pública de El Vigía el día 09 de junio de 1994, bajo el Nro. 55, tomo 30, posteriormente registrado por ante la Oficina de Registro Subalterno del Municipio A.A.d.E.M., en fecha 03 de junio de 1996, con el Nro. 01 del Protocolo Primero, Tomo Quinto Segundo Trimestre, según el cual el ciudadano N.A.G.G., vende de manera pura y simple, al ciudadano C.H.M., unos inmuebles consistentes en un local y unos galpones, y se obliga a hacer entrega de los mismos dentro del plazo de dos meses desde la firma del mismo.

No obstante, de la revisión de las actas procesales, el Tribunal puede constatar que la reconventora no logró demostrar el incumplimiento por parte del actor reconvenido, de su obligación de entregar el inmueble vendido en el plazo de dos meses siguientes a la firma de la venta totalmente desocupado, pues toda su actividad probatoria desplegada en la presente causa se centró en demostrar la causal de tacha de documento privado que invocó, y no promovió prueba alguna que llevara a la convicción de este Juzgador, que el accionante-reconvenido ciudadano N.A.G.G., no hubiere cumplido con su obligación contractual de hacer entrega del bien vendido totalmente desocupado.

Así las cosas, al no haberse demostrado en juicio uno de los requisitos de procedencia de la acción de cumplimiento de contrato, como lo es el incumplimiento del mismo, no puede prosperar la acción y consecuencialmente, la pretensión accesoria de daños y perjuicios derivados de tal incumplimiento no demostrado.

De otra parte, en criterio de quien aquí sentencia la codemandada reconventora carecía de cualidad procesal para intentar por si sola la reconvención toda vez que, integra junto con el resto de los coherederos del causante C.H.M., un litisconsorcio necesario, que les obligaba a reconvenir conjuntamente, o en nombre de sus coherederos, de conformidad con el artículo 168 del Código de Procedimiento Civil, condición que no invocó en su reconvención.

Por las razones antes expuestas, en la dispositiva de esta sentencia de declarará sin lugar la reconvención planteada en esta causa. ASÍ SE DECIDE.-

VI

Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, con sede en la ciudad de El Vigía, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la acción de reconocimiento de documento privado, incoada por el Abogado G.A.F.H., cedulado en el Nro. 9.391.765 e inscrito en el Inpreabogado con el Nro. 41.826, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano N.A.G.G., venezolano, mayor de edad, divorciado, cedulado con el Nro. 4.485.184, domiciliado en la ciudad de El Vigía Municipio A.A.d.E.M., contra los herederos del causante ciudadano C.H.M., ciudadanos ZOLEIDA DEL CARMEN, J.D.C., J.N., MARISELA, X.J., WILMER, W.E.H.N. y M.D.R.H.N. (fallecida); J.E. Y M.Á.H.Z.; C.A. e I.C.H.A.; F.A.H.F. y J.D.C.H.J..

De conformidad con el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, se condena al pago de las costas al accionante ciudadano N.A.G.G., antes identificado.

Se declara SIN LUGAR la RECONVENCIÓN propuesta por la Abogado D.C.L., cedulada con el Nro. 3.929.732 e inscrita en el Inpreabogado con el Nro. 10.469, en su condición de apoderada judicial de la ciudadana X.J.H.N., antes identificada, por ejecución de contrato y daños y perjuicios, contra el ciudadano N.A.G.G., antes identificado.

De conformidad con el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, se condena al pago de las costas a la codemandada ciudadana X.J.H.N., antes identificada.

Notifíquese a las partes, a la parte accionante, en su domicilio procesal constituido en la calle 3, Edificio San Antonio, piso 1, apartamento 1, de la ciudad de El Vigía Municipio A.A.d.E.M., y a la parte codemandada la litisconsorte ciudadana X.J.H.N., en su domicilio procesal ubicado en la calle 3 con avenida 14, Edificio Renny segunda planta, local 3 de la ciudad de El Vigía Municipio A.A.d.E.M.. Al resto de los codemandados los litisconsortes ciudadanos ZOLEIDA DEL CARMEN, J.N., MARISELA y W.E.H.N.; M.A., J.E. y J.A.H.Z.; J.D.C. y W.H.N., C.A., I.C.H.A., J.D.C.H.J. y F.A.H.F. debe practicarse en la dirección de la sede de este Tribunal, mediante la fijación de la boleta de notificación en la cartelera de esta oficina judicial, durante el lapso de tres (03) días de despacho, en virtud que dichos litisconsortes no constituyeron domicilio procesal en juicio, de conformidad con la parte in fine el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil. Líbrese boleta.

PUBLÍQUESE, CÓPIESE Y REGÍSTRESE.

DADO, FIRMADO Y SELLADO EN LA SALA DE DESPACHO DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, en El Vigía, a los veinticuatro días del mes de abril del año dos mil seis. AÑOS: 196 de la Independencia y 147 de la Federación.

EL JUEZ PROVISORIO,

ABG. J.C.N.G.

LA SECRETARIA,

ABG. N.C. BONILLA VARGAS.

En la misma fecha se publicó la anterior sentencia previo el pregón de Ley, siendo las 9:00 de la mañana.

Sria.