Decisión nº 1552 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 12 de Noviembre de 2010
| Fecha de Resolución | 12 de Noviembre de 2010 |
| Emisor | Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario |
| Ponente | Javier Sanchez Aullon |
| Procedimiento | Recurso Contencioso Tributario |
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, 12 de noviembre de 2010
200º y 151º
ASUNTO: AF41-U-2000-000169.- SENTENCIA Nº 1552.-
ASUNTO ANTIGUO: 1451.-
Vistos
con informes de la Representación del Fisco Nacional.
En horas de despacho del día 3 de febrero de 2000, los ciudadanos M.A.O.C.. y M.A.O.U., titulares de la cédula de identidad Nos. 2.454.220 y 12.058.862 e inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nos. 14.742 y 70.470, respectivamente, actuando en su carácter de Apoderados Judiciales de la contribuyente “GRUPO BREOGAN, C.A.”, Sociedad Mercantil inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción del Distrito Federal (hoy Distrito Capital) y Estado Miranda, en fecha 14 de mayo de 1999, bajo el Nº 76, Tomo 93-A-PRO, interpusieron formal recurso contencioso tributario, contra la Resolución N° APLG/AAJ/1145-99, de fecha 13 de diciembre de 1999, emanada de la Gerencia Aduana Principal de la Guaira del antiguo Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria, actualmente Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), mediante la cual se sanciona a la contribuyente con fundamento en los Actos Administrativos contenidos en el Acta de Reconocimiento S/N y en la Resolución de Multa S/N, ambos de fecha 08 de diciembre de 1999, emanados de la División de Operaciones de la referida Gerencia, como consecuencia de la omisión por parte de la recurrente de la cantidad de Bs. 1.704.290,28 (Bs.F. 1.704,29), por concepto de impuesto al consumo suntuario y ventas al mayor, atribuyéndole la consecuencia jurídica contenida en el artículo 97 del Código Orgánico Tributario de 1994, aplicable ratione temporis, imponiéndole multa por el monto de Bs. 1.789.504,00 equivalentes al 105% del monto del tributo omitido, reexpresados en la cantidad de Bs.F. 1.789,50 en virtud de la reconversión monetaria que entró en vigencia el 1 de enero de 2008, según el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Reconversión Monetaria Nº 5229, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.638 del 6 de marzo de 2007.
Por auto de fecha 14 de febrero de 2000, se le dio entrada a dicho recurso, ordenándose formar expediente bajo el Nº 1433, y librar boletas de notificación dirigidas a los ciudadanos Contralor General de la República, Procurador General de la República, Gerente de la Aduana Principal de La Guaira del SENIAT, así como al Gerente Jurídico Tributario hoy Gerente General de Servicios Jurídicos del SENIAT. Asimismo se solicitó el envío a este Órgano Jurisdiccional del expediente administrativo formado con base al acto administrativo impugnado.
Por auto de fecha 28 de febrero de 2000, se corrigió la nomenclatura llevada por este Tribunal por haberse procesado un error involuntario y asignarle la misma numeración a dos expedientes; asignándosele así a la presente causa el Nº 1451, actual Asunto Nº AF41-U-2000-000190.
Posteriormente en fecha 09 de marzo 2000 se libraron las referidas boletas de notificación, y a los fines de solicitar el envío a este Órgano Jurisdiccional del respectivo expediente administrativo, fueron librados los Oficios Nº 108/2000 y 109/2000.
Estando las partes a derecho según consta en autos en los folios cuarenta (40) al cuarenta y tres (43) ambos inclusive, en fecha 04 de julio de 2000, se admitió dicho recurso, mediante Sentencia Interlocutoria Nº 105, ordenándose su tramitación y sustanciación correspondiente.
El 25 de octubre de 2000 se abrió la causa a pruebas, mediante Sentencia Interlocutoria Nº 159, previa notificación a las partes en virtud de la paralización ocurrida en la presente causa.
En 07 de marzo de 2001, vencido el lapso probatorio, sin que ninguna de la partes haya hecho uso de ese derecho, el Tribunal fijó el décimo quinto (15°) día de despacho siguiente, para que tuviese lugar el acto de informes.
En fecha 28 de marzo de 2001, siendo la oportunidad procesal correspondiente para la presentación de informes, compareció únicamente la ciudadana A.S.R., titular de la cédula de identidad Nro. 6.441.670 e inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nro. 26.507, actuando en su carácter de representante del Fisco Nacional, quien consignó el correspondiente escrito de informes constante de veintidós (22) folios útiles. Asimismo, mediante auto de esa misma fecha, el Tribunal dijo “VISTOS” y entró en la oportunidad procesal de dictar sentencia.
En fecha 10 de abril de 2001, el ciudadano M.A.O.U., antes identificado, en su carácter de apoderado judicial de la contribuyente, presentó conclusiones escritas en observación al informe presentado por la Representación Fiscal en nueve (09) folios útiles.
El 01 de agosto de 2001, el Tribunal prorrogó por treinta (30) días la oportunidad para dictar el fallo correspondiente.
No hubo más actuaciones por parte de la representación judicial del recurrente.
En fecha 08 de noviembre de 2010, quien suscribe la presente decisión en su carácter de Juez Provisorio de este Tribunal, debidamente designado mediante Oficio Nº CJ-09-0100 de fecha 06 de febrero de 2009, emanado de la Presidencia de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia y Juramentado el día 04 de marzo de 2009, por la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, se abocó al conocimiento de la presente causa; y asimismo, comparte el criterio reiterado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del 23 de octubre de 2002 (caso: Módulos Habitacionales, C.A.) donde se indicó:
"... el avocamiento (sic) de un nuevo Juez sea ordinario, accidental o especial, al conocimiento de una causa ya iniciada, debe ser notificado a las partes, aunque no lo diga la ley expresamente, para permitirle a éstas, en presencia de alguna de las causales taxativamente establecidas, ejercer la recusación oportuna, y de proceder ésta, con la designación del nuevo juzgador, garantizar a las partes su derecho a ser oídas por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido de acuerdo a la ley, derecho éste comprendido en el concepto más amplio de derecho de defensa, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso. Siendo ello así, la falta de notificación a las partes del avocamiento (sic) de un nuevo Juez al conocimiento de una causa en curso, podría constituir una violación de la garantía constitucional del derecho de defensa; no obstante, considera esta Sala que, para configurarse tal violación, es necesario que, efectivamente, el nuevo Juez se encuentre incurso en alguno de los supuestos contenidos en alguna de las causales de recusación taxativamente establecidas, porque, de no ser así, el recurso ejercido resultaría inútil y la situación procesal permanecería siendo la misma”. (Destacado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia).
-I-
ÚNICO
De una revisión detallada de los autos que conforman el expediente de la causa in examine, puede este Juzgador evidenciar que desde la fecha en la cual se dijo “Vistos”, la representación judicial del contribuyente “GRUPO BREOGAN, C.A.” no ha instado el proceso, siendo su última actuación procesal cuando en fecha 10 de abril de 2001, su apoderado judicial presentó extemporáneamente conclusiones escritas en observación al informe presentado por la Representación Fiscal. A partir de allí, no ha ocurrido nuevamente a dar impulso a la causa, por lo cual resulta oportuno analizar de seguidas, si se ha producido la pérdida sobrevenida del interés por parte del recurrente y, consecuencialmente, el decaimiento de la acción incoada.
En cuanto al interés procesal, el maestro i.P.C., en su obra “Instituciones de Derecho Procesal Civil” (Volumen I, La Acción, p. 269, Ediciones Jurídicas E.A., Buenos Aires, 1973) señala: “El interés procesal en obrar y contradecir surge precisamente cuando se verifica en concreto aquella circunstancia que hace considerar que la satisfacción del interés sustancial tutelado por el derecho, no puede ser ya conseguido sin recurrir a la autoridad judicial: o sea, cuando se verifica en concreto la circunstancia que hace indispensable poner en práctica la garantía jurisdiccional.”.
En virtud de lo anterior, debe este Tribunal señalar el criterio jurisprudencial expuesto por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la Sentencia Nº 416 (caso: Ciudadanía Activa), publicada en fecha 28 de abril de 2009, el cual ratificó el criterio planteado por dicha Sala mediante el fallo Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (caso: DHL Fletes Aéreos, C.A.), expresando lo siguiente:
… (Omissis).
El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión.
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: ‘MT1 (Arv) C.J. Moncada’).
El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: ‘Fran Valero González y M.P.M. de Valero’).
En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia.
(Omissis)…
(Resaltado del Tribunal).
Del criterio jurisprudencial antes transcrito se colige, que la pérdida sobrevenida del interés debe ser declarada cuando la inactividad procesal se produce antes de la admisión o después de que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la perención de la instancia, supone que la paralización se verifique luego de la admisión y hasta la oportunidad en que se diga “VISTOS” y comience el lapso para dictar la sentencia de mérito.
A mayor abundamiento, cabe destacar lo puntualizado en el fallo Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (caso: “DHL Fletes Aéreos, C.A.”), en el que se señaló lo siguiente:
(...) En tal sentido, tomando en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, la Sala consideró que la inactividad que denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiración en que se le sentencie, surgía en dos oportunidades procesales:
a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.
b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido
. (Destacado de este Juzgado Superior).
Ahora bien, este Despacho comparte y está en sintonía con el criterio precedentemente expuesto, y evidencia que en el presente caso se está claramente en presencia de la segunda de las situaciones expuestas por la Sala Constitucional, toda vez que se dijo “VISTOS” en fecha 28 de marzo de 2001; y la última actuación de la parte recurrente se produjo el 10 de abril de 2001, cuando su apoderado judicial presentó extemporáneamente conclusiones escritas en observación al informe presentado por la Representación Fiscal.
Siendo ello así, y ante la ausencia de manifestación asidua de que se decida la presente causa, este Tribunal al considerar que resulta inútil y gravoso continuar con un juicio en el que no existe interesado, tal y como lo ha establecido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en las citadas Sentencias, estima pertinente declarar extinguida la acción por pérdida sobrevenida de interés procesal. (Ver decisión de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia N° 740, del 19 de junio de 2008). Así se declara.-
-II-
DECISIÓN
Con fundamento en los razonamientos antes señalados, este Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara EXTINGUIDA LA ACCIÓN por pérdida sobrevenida del interés procesal, del recurso contencioso tributario interpuesto por la contribuyente “GRUPO BREOGAN, C.A.”, contra la Resolución N° APLG/AAJ/1145-99, de fecha 13 de diciembre de 1999, emanada de la Gerencia Aduana Principal de la Guaira del SENIAT, mediante la cual se sanciona a la contribuyente con fundamento en los Actos Administrativos contenidos en el Acta de Reconocimiento S/N y en la Resolución de Multa S/N, ambos de fecha 08 de diciembre de 1999, emanados de la División de Operaciones de la referida Gerencia, como consecuencia de la omisión por parte de la recurrente de la cantidad de Bs.F. 1.704,29, por concepto de impuesto al consumo suntuario y ventas al mayor, atribuyéndole la consecuencia jurídica contenida en el artículo 97 del Código Orgánico Tributario de 1994, aplicable ratione temporis, imponiéndole multa por el monto de Bs.F. 1.789,50 equivalentes al 105% del monto del tributo omitido.
Publíquese, regístrese y notifíquese a los efectos procesales previstos en el artículo 277 del Código Orgánico Tributario.
Se imprimen dos ejemplares a un mismo tenor, el primero a los fines de la publicación de la sentencia, el segundo para que repose en original en el respectivo copiador.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario, en Caracas, a los doce (12) días del mes de noviembre de dos mil diez (2010). Años 200° de la Independencia y 151° de la Federación.-
El Juez Provisorio,
Abg. J.S.A..- El Secretario Titular,
Abg. F.J.E.G..-
La anterior sentencia se publicó en su fecha, siendo las diez y veintiséis minutos de la mañana (10:16 a.m.).-----------------El Secretario Titular,
Abg. F.J.E.G..-
ASUNTO: AF41-U-2000-000169.-
ASUNTO ANTIGUO: 1451.-
JSA/msmg.-
