Decisión nº DP11-L-2008-001414 de Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de Aragua, de 2 de Diciembre de 2009
| Fecha de Resolución | 2 de Diciembre de 2009 |
| Emisor | Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo |
| Ponente | MarÃa Elerida Ruiz |
| Procedimiento | Prestaciones Sociales E Indemnizaciones |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
TRIBUNAL TERCERO DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA COORDINACIÓN LABORAL DEL ESTADO ARAGUA
Maracay, dos de diciembre de dos mil nueve
199º y 150º
ASUNTO: DP11-L-2008-001414
PARTE ACTORA: ciudadanos M.C.D.M., E.G.M.C., G.A.M.C. y L.F.M.C., titular de la cédula de identidad No.V.1.972.996, V-7.211.391, V-9.857.343 y V-7.179.254
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: R.C., inscrito en el INPREABOGADO bajo el No.17.505.
PARTE DEMANDADA: A.M.C. (HACIENDA MACAPO), FUNDACION E.M. y GRUPO MENDOZA
APODERADAS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: B.C., inscrita en el INPREABOGADO bajo el No.8.120 por la empresa A.M.C. y L.L., inscritas en el INPREABOGADO bajo el No.47.046 por la FUNDACION E.M..
MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES y ACCIDENTE DE TRABAJO.
ANTECEDENTES PROCESALES.
Se inicia el presente proceso en fecha nueve de octubre de 2008, mediante acción interpuesta por el abogado R.C., inscrito en el INPREABOGADO bajo el No.17.505, actuando en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos M.C.D.M., E.G.M.C., G.A.M.C. y L.F.M.C., titular de la cédula de identidad No.V.1.972.996, V-7.211.391, V-9.857.343 y V-7.179.254, en contra de la empresa A.M.C. (HACIENDA MACAPO), FUNDACION E.M. y GRUPO MENDOZA, por concepto de COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES y ACCIDENTE DE TRABAJO; siendo admitida en fecha 16 de Octubre 2008 y libradas las notificaciones pertinentes, cumplida como fue por la unidad de actos de comunicación adscrita a esta Coordinación Laboral, fue certificada por el secretario de este Tribunal en fecha ocho de junio de 2009.
Celebrándose la audiencia preliminar inicial en fecha 25 de junio 2009 prolongándose la misma en fechas 23 de julio 2009, 24 de septiembre 2009, 29 de octubre 2009, en dicho acto el abogado R.C., actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte actora ciudadanos M.C.D.M., E.G.M.C., G.A.M.C. y L.F.M.C., titular de la cédula de identidad No.V.1.972.996, V-7.211.391, V-9.857.343 y V-7.179.254, respectivamente, manifestó a viva voz y así fue plasmado en dicha acta lo siguiente: ” liberar la solidaridad demandada en el libelo respecto a la Fundación Mendoza, toda vez que asumida la responsabilidad del saldo demandado corresponderá el mismo su cancelación en su totalidad a la empresa A.M.. Esta juzgadora, oída la exposición de la parte actora acuerda lo peticionado, continuando el presente asunto solamente con la empresa A.M. como parte demandada”.
Este Tribunal Tercero de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua de acuerdo a la exposición antes explanada, pasa a pronunciarse sobre el desistimiento y al efecto observa:
Es importante destacar, que a los derechos de estirpe laboral se les ha rodeado de un manto protector aún más impermeable del que disfrutan los derechos derivados de otras relaciones jurídicas. Y ello en razón de la siempre presupuesta minusvalía, indefensión, subordinación, debilidad o presunción de incapacidad en que se ha tenido a la fuerza de trabajo respecto a los que gerencian los demás factores de producción. De ello deja constancia el autor a.R.V., cuando, en referencia a los casos considerados por los ordenamientos jurídicos en general como situaciones de eminente orden público, afirma: “la sociedad política ante un sector social cuya debilidad económica puede ser fuente de injusticia conmutativa, y frente a este riesgo de que se vean privados de estos suyos que están a nivel de la subsistencia personal y familiar, reacciona y establece la irrenunciabilidad de esos derechos;” (Interpretación Jurídica, Rubinzal – Culzoni Editores, Buenos Aires, Argentina, 1999, pág. 200).
Sin embargo, la especial tuición deparada a los derechos reconocidos a los trabajadores en que consiste la prohibición de renunciabilidad de los derechos laborales fundamentales o mínimos, especialmente en el caso de ser objeto de debate en sede judicial, sea que la relación jurídica haya terminado y los efectos de la misma estén contradichos. En cuanto al desistimiento de la demanda, por cuanto “produce los mismos efectos de la cosa juzgada que la sentencia ejecutoria, esto es, impide todo proceso futuro sobre la pretensión abandonada” -y de la cual se ha dicho que lleva implícita la renuncia al derecho (Rengel-Romberg: Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Tomo II, pág. 355), la decisión de 11 de marzo de 1993 (en contra de la opinión del Magistrado Loreto), sólo autoriza el desistimiento del procedimiento y excluye el de la pretensión, en los términos siguientes:
Ahora bien, en cuanto al desistimiento, como acto de autocomposición procesal en la materia que se examina, la Sala estima que nada obsta para que el trabajador pueda desistir en un proceso laboral, siempre y cuando tal acto revista todos los requisitos necesarios para tenerse como válido, y además no implique una renuncia a la acción que ostenta el trabajador como actor, pues esto implicaría que éste último no pudiese eventualmente reclamar sus derechos laborales a posteriori, lo que indudablemente sí atenta al principio de irrenunciabilidad de derechos laborales que benefician y protegen a todo trabajador.
En efecto, puede el trabajador desistir del proceso mediante el cual reclama derechos que éste pretende, pero lo que ciertamente resulta inadmisible es que el trabajador desista de su acción y al mismo tiempo de su pretensión, pues ello se constituye en una renuncia evidente a sus derechos, y por tanto equivale a ignorar la protección especialísima que se comenta, y la cual se destina a resguardar los derechos del trabajador, frente a los actos del patrono; de admitirse lo anterior, sería desmejorar al trabajador en cuanto a sus derechos adquiridos se refiere, lo cual no es el espíritu y razón que sobre esta materia tuvo el legislador
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Así mismo por aplicación analógica del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, esta sentenciadora cita artículos del Código de Procedimiento Civil, los cuales establece:
Art. 263: “En cualquier estado y grado de la causa puede el demandante desistir de la demanda y el demandado a convenir en ella. El Juez dará por consumado el acto, y se procederá como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, sin necesidad del consentimiento de la parte contraria.
El acto por el cual desiste el demandante o conviene el demandado en la demanda, es irrevocable aún antes de la homologación del Tribunal.
Art. 264: “Para desistir de la demanda y convenir en ella, se necesita tener capacidad para disponer del objeto sobre que verse la controversia y que se trate sobre materias en las cuales no estén prohibidas las transacciones”
En este estado, considera quien decide que se ha cumplido en forma indubitable la inderogabilidad de ese minimum de requisitos que se han formulado como principio rector para el acto dispositivo de desistimiento, y que nuestra legislación lo ha consagrado en los Artículos 263 y 264 del Código de Procedimiento Civil, transcritos en precedencia, corolario del más amplio principio de inderogabilidad por los particulares de las normas de orden público consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el Artículo 89, Numeral 2. Todo de conformidad a lo contemplado en el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
En el presente asunto, la parte actora demanda un litis consorcio pasivo, y oída la exposición de la parte accionante, queda excluida una de las codemandadas continuando el procedimiento con la empresa A.M. como parte demandada, donde la apoderada judicial de la parte codemandada la Fundación Mendoza manifiesta su aceptación del desistimiento que con respecto a su representada hiciere el apoderado judicial de la parte actora en la anterior audiencia y en consecuencia recibió las pruebas promovidas por su representada. En este orden de ideas y cumplidos como han sido en este caso, los extremos legales antes analizados, este Tribunal de Instancia considera procedente en derecho homologar el desistimiento del procedimiento, realizado por el abogado R.C., actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte actora ciudadanos M.C.D.M., E.G.M.C., G.A.M.C. y L.F.M.C. en consecuencia le imparte el carácter de cosa juzgada. ASI SE DECIDE.
