Decisión de Juzgado Segundo de los Municipios Libertador y Santos Marquina de Merida, de 9 de Julio de 2007
| Fecha de Resolución | 9 de Julio de 2007 |
| Emisor | Juzgado Segundo de los Municipios Libertador y Santos Marquina |
| Ponente | Roraima Mendez de Maggiorani |
| Procedimiento | Desalojo Y Entrega De Inmueble Por Falta De Pago |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SEGUNDO DE LOS MUNICIPIOS
LIBERTADOR Y S.M.D.L.
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL ESTADO MÉRIDA
197º y 148º
EXP. Nº 6.041
CAPÍTULO I
PARTE NARRATIVA DE LA SENTENCIA
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS
Parte Demandante: C.G.C.D., venezolano, titular de la cédula de identidad Nº V-2.755.991, mayor de edad y hábil.
Domicilio: Calle 25, entre avenidas 03 y 04, Edificio Don Carlos, Apartamento 4-B, Municipio Libertador del Estado Mérida.
Apoderado de la parte Demandante: Abgs. J.P.Q.M., D.D.E.Q.S., K.J.I.C. y M.L.M.M., venezolanos, titulares de las cédulas de identidad Nºs. V-2.458.780, V-14.401.852, V-13.098.550 y V-14.806.258, inscritos en el I.P.S.A. bajo los Nºs. 8.345, 92.895, 92.891 y 96.999, respectivamente, mayores de edad y jurídicamente hábiles.
Domicilio Procesal: Calle 25, entre avenidas 03 y 04, Edificio Don Carlos, Apartamento 4-B, Municipio Libertador del Estado Mérida.
Parte Demandada: J.O.S.P., venezolano, titular de la cédula de identidad Nº V-5.205.076, mayor de edad y hábil.
Domicilio: Local comercial distinguido con el Nº 24-48, integrante del Minicentro “Icha”, ubicado en la Avenida 03 (Independencia), Municipio Libertador del Estado Mérida.
Motivo de la causa: Desalojo de Inmueble por falta de pago de cánones de arrendamiento.
CAPITULO II
Se inicia el presente procedimiento mediante formal libelo de demanda incoada por los abogados J.P.Q.M. y D.D.E.Q.S., actuando con el carácter de co-apoderados judiciales del ciudadano C.G.C.D., contra el ciudadano J.O.S.P., identificados en autos, por Desalojo de Inmueble por falta de pago de cánones de arrendamiento. Dicha demanda fue admitida en fecha 16 de mayo de 2.007, emplazándose al demandado para que compareciera al segundo día de Despacho siguiente, a dar contestación a la demanda.
Riela al folio 11, diligencia estampada por el Alguacil Titular de este Juzgado, mediante la cual expuso que el día 08 de junio de 2.007, practicó la citación del ciudadano J.O.S.P..
Abierta la causa a pruebas la parte actora en el juicio promovió las que consideró procedentes y llegada la oportunidad de dictar sentencia este Tribunal, lo hace en los siguientes términos.
CAPITULO III
DE LOS TÉRMINOS DE LA CONTROVERSIA
En el libelo de la demanda la parte actora alega que su mandante es propietario de un inmueble local comercial distinguido con el Nº 24-48, integrante del Minicentro “Icha”, ubicado en la Avenida 03 (Independencia), Municipio Libertador del Estado Mérida, el cual fue objeto de un contrato de arrendamiento, teniendo como partes a su poderdante y al ciudadano J.O.S.P., quienes suscribieron un contrato de arrendamiento por vía privada, en fecha 30 de abril de 2004, señalando como fecha de vencimiento el 31 de mayo de 2.005, habiéndose prorrogado el mismo y convirtiéndose en un contrato a tiempo indeterminado.
Que el arrendatario ha incumplido la obligación principal como lo es la de pagar los cánones de arrendamiento y no ha cumplido con la obligación desde el mes de noviembre de 2006 hasta el mes de abril 2007, es decir, que adeuda a su mandante seis (06) mensualidades o el canon de arrendamiento correspondiente a los meses señalados.
Que el canon de arrendamiento convenido fue la cantidad de Bs. 420.000,00 mensuales y que en tal sentido, adeuda el arrendatario la cantidad de Bs. 2.520.000,00.
Que su mandante y por parte ellos, se han realizado múltiples gestiones frente al arrendatario, para conseguir el pago de las mensualidades arrendaticias insolutas y tales diligencias han sido infructuosas.
Que en razón a lo expuesto es que proceden a demandar al arrendatario, para que desocupe el inmueble arrendado por falta de pago y convenga o a ello sea compelido por este Tribunal a:
Desalojar y entregar dicho inmueble.
Pagar la cantidad de Bs. 2.520.000,00, por concepto de seis (06) meses de cánones de arrendamiento causados y no pagados.
Pagar por concepto de daños y perjuicios que se causen por no entregar y desocupar el inmueble objeto del arrendamiento, considerando el tiempo que transcurra y calculados estos daños en forma equivalente al monto de los cánones que corran hasta su definitiva desocupación y entrega.
A pagar las costas y costos que se generen por este juicio.
Estimaron la demanda en la cantidad de Bs. 2.520.000,00.
Fundamentó la acción en el artículo 34, literal “a” de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.
La parte demandada, ciudadano S.P.J.O., en la oportunidad de dar contestación a la demanda no lo hizo, ni por si ni por medio de su Apoderado Judicial y llegada la oportunidad legal para promover pruebas, solo la parte actora hizo uso de tal derecho.
Por las razones que anteceden este Tribunal pasa a analizar si la parte demandada incurrió en confesión ficta.
En este sentido, cabe resaltar que el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, establece:
Si el demandado no diere contestación a la demanda dentro de los plazos indicados en este Código se le tendrá por confeso en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante, si nada probare que le favorezca. En este caso, vencido el lapso de promoción de pruebas sin que el demandado hubiese promovido alguna, el Tribunal procederá a sentenciar la causa, sin más dilación (ommisis).
La citada norma sustantiva antes citada, contiene lo que es la confesión ficta, en el sentido de que si el demandado no comparece a la contestación de la demanda, se le tendrá por confeso; es decir, que opera una presunción de confesión que recae sobre los hechos narrados en la demanda, pero no sobre el derecho o las consecuencias jurídicas que conforme a la Ley admiten prueba en contrario, por ello es una presunción Iuris Tantum.
En este sentido, la extinta Corte Suprema de Justicia en sentencia dictada por la Sala de Casación Civil, de fecha 15 de enero de 1.992, expediente Nº 89-0276, entre otras cosas, estableció:
Para que se haga procedente la presunción legal de la confesión ficta, se requieren tres requisitos, a saber: a) Que el demandado no diere contestación a la demanda; b) Que la pretensión del actor no sea contraria a derecho; y c) Que el demandado no probare nada que le favorezca durante el proceso. (negritas del Tribunal).
…ommisis…
siempre que la petición del demandante no sea contraria a derecho”, lo que significa es que la acción propuesta no esté prohibida por la Ley, sino al contrario, amparada por ella…
Para determinar si la petición es contraria a derecho; esto es, que la petición de sentencia condenatoria o declarativa formulada por el actor en su demanda, no esté prohibida por la Ley, sino por el contrario, amparada por ella; debemos indicar lo siguiente: no ser contraria a derecho debe entenderse como no estar prohibida por la Ley.
Con respecto a la incursión: “si nada probare que le favorezca”, existen opiniones diversas en la Jurisprudencia y doctrina nacional. Es así que el autor patrio FEO, al comentar el Artículo 285 del Código de Procedimiento Civil de 1.897, según el cual faltando el demandado al emplazamiento, “se le tendrá por confeso en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante, sí en el término probatorio, nada probare que le favorezca...”, concluye que el demandado confeso tiene plena libertad de probar lo que le favorezca. Igualmente sostiene el citado autor que los términos de la Ley son generales y no la autoriza para entrar en distinciones cuando ella misma no lo hace. Agrega que la Ley establece solo una presunción que ha de ceder siempre a la verdad, o en otros términos una Confesión Ficta, que según los principios admite prueba en contrario. Desde que esa Confesión Ficta produce sus efectos, mientras no haya probado lo contrario, no puede decirse ni que la contumacia queda impune, ni que el contumaz sea de mejor condición que quien no lo fue. Lleva en el juicio la carga de esa prueba contraria. Concluye FEO, que sería monstruoso que entre nosotros, la sola declaratoria de inasistencia y de Confesión Ficta, sostuviera de hecho y al efecto de sentencia definitiva.
A las consideraciones anteriores el autor RENGEL ROMBERG, comentarista del Código de Procedimiento Civil de 1.986, se adhiere y agrega lo siguiente: 1°) La facultad que la Ley le concede al confeso, de probar algo que le favorezca, es un beneficio legal otorgado al demandado en atención a la gravedad de la situación procesal en que se encuentra, afectado por una presunción Iuris Tantum de confesión de los hechos de la demanda. Es de principio que los beneficios han de interpretarse no en forma restrictiva sino amplia, por lo cual, la carga de desvirtuar la presunción de confesión mediante la prueba de algo que le favorezca, debe entenderse en sentido amplio y no restringido; 2°) La concesión del beneficio al declarado confeso, permitiéndole probar lo que le favorezca, es una excepción a la regla general que gobierna el régimen de la excepción que puede plantear ordinariamente el demandado que comparece al acto de contestación de la demanda a ejercitar su derecho a la defensa.
Sostener que el demandado confeso no puede probar, en virtud del beneficio excepcional que le concede la Ley, aquello que estaría obligado a alegar expresamente en la contestación, que según la Ley General, si hubiese comparecido a ella, es un contrasentido que anula la forma excepcional, dada precisamente por el caso de la no comparecencia a la contestación; 3°) A favor de la libertad de prueba que tiene el confeso, militan las soluciones adoptadas en ésta materia los diversos países, entre ellos la española que como se ha visto, permite al rebelde comparecer a juicio y hacerse parte en cualquier estado del pleito aún después del término probatorio en Primera Instancia o en Segunda y pedir que los actos sean recibidos a prueba, si las cuestiones que se discuten en el proceso fueren de hecho (Tomo III, Págs. 139-140. Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano).
El maestro BORJAS, al comentar el Código de 1916 en cuanto a que el confeso puede probar las circunstancias que le impidieron comparecer, ejemplo: el caso fortuito y la fuerza mayor y cualquiera otra circunstancia que le favorezca, pero no con la libertad que proclama FEO, sino dentro de la libertad que permiten los principios que rigen la materia; y por consiguiente – dice BORJAS- que no podrá ser admitida la prueba de ninguna excepción de hecho extraña a la contraprueba de la confesión; es decir, de ninguna de las excepciones que deben ser opuestas, expresa y necesariamente en el acto e contestar al fondo de la demanda. Dice BORJAS, que si ello se permitiera la Ley consagraría el absurdo de ser privilegiada la condición jurídica del reo contumaz a quien se pretende pensar.
Concluye el citado autor, en que si se demanda el pago de una suma dada en préstamo, y el demandado ha quedado confeso no podrá probar el pago ni que la demanda está prescrita, ni que procede la compensación, ni que el contrato es nulo, porque tales excepciones han debido oponerse en el acto de contestación de la demanda y no lo hizo por contumaz. Nuestro M.T. en Sentencia de fecha 20-04-90, manteniendo la posición del maestro BORJAS de que el demandado que incurre en Confesión Ficta; ya sea porque no presentó su escrito de contestación o no asistió al acto de posiciones juradas, solo puede hacer la contraprueba de lo alegado por el actor en su libelo, pues obviamente los hechos admitidos en las posiciones estampadas deben versar sobre lo alegado en la demanda, pero no podría demostrar el confeso un hecho extraño a la prueba de confesión, es decir, ninguna de las excepciones deber ser opuestas expresa y necesariamente en la contestación de la demanda. Si ello se permitiese, como lo ha indicado la Sala, se consagraría el absurdo de hacer privilegiada la condición jurídica al reo contumaz.
Por tanto, a tenor de lo dispuesto en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, en el sentido de que los jueces de instancia deben procurar acoger la doctrina de casación establecida en casos análogos, para defender la integridad de la legislación y la uniformidad de la Jurisprudencia, este Tribunal acoge la doctrina de nuestro M.T. y los de instancia en el sentido anteriormente analizado; es decir, que en el caso de autos han operado los tres presupuestos de la CONFESIÓN FICTA. Y así se declara.
CAPITULO IV
DE LAS PRUEBAS Y SU VALORACIÓN
La parte demandante promovió las siguientes pruebas:
1º) Mérito y valor jurídico del contenido de los autos y actas que corren agregadas al expediente en cuanto favorecieran a su representado.
2º) Mérito y valor jurídico del documento contrato de arrendamiento agregado al expediente en el folio 07.
3º) La confesión del demandado al no dar contestación a la demanda.
Análisis de las pruebas promovidas:
1º) En cuanto a la prueba contenida en el numeral primero, esta sentenciadora ya hizo pronunciamiento mediante auto de fecha 29 de junio de 2007 el cual riela a los folios 15 al 19 de este expediente. Así queda establecido.
2º) Con respecto al documento contrato de arrendamiento agregado al expediente en el folio 07, en copia fotostática; esta sentenciadora le da el valor probatorio que le confiere el primer aparte del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, al no ser impugnado por la parte demandada en su oportunidad legal. Y así queda establecido.
3º) Con respecto a la confesión del demandado, este Tribunal ya hizo pronunciamiento up-supra . Y así se decide.
DECISIÓN
Por lo anteriormente expuesto, tomando en consideración que la parte demandada incurrió en confesión ficta, este JUZGADO SEGUNDO DE LOS MUNICIPIOS LIBERTADOR Y S.M.D.L. CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA CON LUGAR la demanda intentada por los abogados J.P.Q.M. y D.D.E.Q.S., actuando con el carácter de co-apoderados judiciales del ciudadano C.G.C.D., antes identificados, contra el ciudadano J.O.S.P., igualmente identificado, por Desalojo de Inmueble por falta de pago de cánones de arrendamiento. Y por efecto de tal declaratoria, este Tribunal ordena:
El desalojo y entrega del inmueble, consistente en un local comercial, distinguido con el Nº 24-48, integrante del Minicentro “Icha”, ubicado en la Avenida 03 (Independencia), Municipio Libertador del Estado Mérida, y por consecuencia la extinción de la relación arrendaticia.
Se ordena el pago de la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL BOLÍVARES (Bs. 2.520.000,00), correspondiente a los cánones de arrendamiento vencidos y no cancelados de los meses de NOVIEMBRE – 2006 hasta ABRIL – 2007 (06 meses), a razón de Bs. 420.000,00, cada mes.
Se ordena el pago de los daños y perjuicios, como compensación por el uso del inmueble, equivalente al canon mensual de arrendamiento, a partir del mes de MAYO – 2007, hasta la entrega definitiva del inmueble, habiendo quedado definitivamente firme el presente fallo, lo cual se verificará mediante una experticia complementaria en estado de ejecución de la sentencia.
Se condena en costas a la parte demandada por haber resultada totalmente vencida, conforme lo establece el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada para el archivo del Tribunal.
DADA, FIRMADA Y SELLADA EN LA SALA DEL JUZGADO SEGUNDO DE LOS MUNICIPIOS LIBERTADOR Y S.M.D.L. CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA. Mérida, a los nueve días del mes de julio de dos mil siete. Años 197° de la Independencia y 148° de la Federación.
La Juez Titular,
Abg. Roraima S. M.d.M.
El Secretario,
Abg. J.A.M.
En la misma fecha se publica la anterior sentencia, siendo las 3:20 p.m. Se dejó copia certificada de la sentencia en el archivo del Tribunal.
El Secretario,
Abg. J.A.M.
RSMdeM/JAM/gc.-
