Sentencia nº 1091 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 14 de Agosto de 2015
| Fecha de Resolución | 14 de Agosto de 2015 |
| Emisor | Sala Constitucional |
| Ponente | Gladys María Gutiérrez Alvarado |
Magistrada Ponente: G.M.G.A.
Consta en autos que, el 8 de diciembre de 2014, el ciudadano YEIXON E.N.M., titular de la cédula de identidad n.° 17.258.237, mediante la supuesta representación del abogado defensor G.F.M.A., con inscripción en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n.o 147.350, “…recurr[e] ante esta Garantista Sala Constitucional, con el fin de que la misma evalué (sic) los parámetros donde el privado de libertad e Imputado, fue procesado, sin cumplirse con una serie de principios y condiciones, para que en consecuencia, esa Sala restituya todas y cada unos (sic) de los elementos en función de que al imputado se le pueda demostrar o no, justamente, su participación en el asunto relacionado al Delito de Homicidio Intencional Simple”.
Luego de la recepción del expediente, se dio cuenta en Sala por auto del 11 de diciembre de 2014 y se designó ponente a la Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.
El 11 de febrero de 2015, fue designada la Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia y el 12 de febrero de 2015 tuvo lugar la reconstitución de esta Sala Constitucional, la cual quedó integrada de la siguiente manera: Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, Presidenta; Magistrado Arcadio Delgado Rosales, Vicepresidente; y los Magistrados F.A.C.L., Luisa Estella Morales Lamuño, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán y Juan José Mendoza Jover.
ÚNICO
El 8 de diciembre de 2014, el abogado G.F.M.A., quien dice actuar como defensor privado del ciudadano Yeixon E.N.M., presentó escrito de tutela constitucional “…donde invito a esta respetable y honorable Sala analice, con el fin de que las garantías Humanas, Constitucionales, y legales del ciudadano privado de libertad sean restituidas YEIXON E.N.M., identificado ut-supra, imputado por el delito de Homicidio Intencional Simple; el ciudadano privado de libertad fue sujeto a un proceso donde los elementos y las condiciones, necesarias y obligatorias para que se le fuera privado de libertad no fueron las idóneas ni pertinentes, fue desprovisto de justicia, equidad y derecho”.
El 2 de marzo de 2015, la Sala dictó decisión n.° 108, mediante la cual ordenó corregir la demanda de amparo, en el sentido de que indicara cuál es el supuesto agraviante, cuáles son los hechos y la subsunción de éstos en los derechos constitucionales que considera vulnerados y motivan la interposición del amparo, así como relatar cualquier otra información complementaria relacionada con la situación jurídica infringida.
El 19 de mayo de 2015, el ciudadano E.N.P.G., Alguacil de la Sala Constitucional, suscribió diligencia en la cual dejó constancia de que se trasladó a la dirección que suministró el abogado G.F.M.A., y en la misma le informaron que dicho ciudadano no reside allí, que se había mudado a la ciudad de Maturín, Estado Monagas, razón por la cual no pudo practicarse su notificación.
Ahora bien, para la decisión la Sala observa:
La última actuación de la parte demandante en amparo fue el 8 de diciembre de 2014 y consistió en la presentación del escrito donde invocó la tutela constitucional, y desde esa oportunidad hasta la presente fecha, ha transcurrido, más de seis (6) meses sin actuación alguna de la parte actora.
Esa conducta pasiva del accionante, quien afirmó la necesidad de la tutela urgente y preferente del amparo constitucional, fue calificada por esta Sala como abandono del trámite, en sentencia n.° 982, del 6 de junio de 2001, (caso J.V.A.C.), en los siguientes términos:
...la pérdida del interés puede sobrevenir en el curso del proceso. Es lo que ocurre cuando el actor desiste de su pretensión, caso en el cual se otorga autoridad de cosa juzgada al desistimiento y se declara la extinción del proceso. También puede ocurrir que decaiga únicamente el interés en el procedimiento que se halla en curso, caso en el cual ocurre el desistimiento del procedimiento a que se refiere el artículo 266 del Código de Procedimiento Civil.
Finalmente, puede ocurrir que el interés decaiga por la inacción prolongada del actor o de ambas partes, caso en el cual se extingue la instancia iniciada en protección de determinada pretensión. El Código de Procedimiento Civil señala expresamente los supuestos que configuran la inacción prolongada y que dan lugar a la perención de la instancia. En el caso específico de la inacción prolongada del actor, señala el incumplimiento de ciertas obligaciones procesales como causa de la perención. En la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales no consta una regulación semejante, pero en ella se prevé la figura del abandono del trámite, que expresa también el decaimiento del interés del actor, lo cual se deduce del paralelismo entre ese supuesto en la Ley especial y los supuestos de extinción de la instancia, a causa del incumplimiento de las obligaciones del actor, previstas en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. El abandono del trámite expresa una conducta indebida del actor en el proceso, puesto que revela una actitud negligente que procura la prolongación indefinida de la controversia.
(...)
En criterio de la Sala, el abandono del trámite a que se refiere el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales puede asumirse –entre otros supuestos, como la falta de comparecencia a la audiencia constitucional- una vez transcurrido un lapso de seis meses posteriores a la paralización de la causa por falta de interés procesal de la parte actora. Ello es producto del reconocimiento, a partir de signos inequívocos –el abandono, precisamente- de que dicha parte ha renunciado, al menos respecto a esa causa y a este medio procesal, a la tutela judicial efectiva y al derecho a una pronta decisión que le confiere la Constitución; por otra parte, y desde otro punto de vista, el principio de la tutela judicial efectiva no ampara la desidia o la inactividad procesal de las partes (Resaltado añadido).
Tal conclusión deriva de la propia naturaleza del amparo como medio judicial reservado para la tutela inmediata de los derechos y garantías constitucionales cuando las vías ordinarias no resultan idóneas, tal como se desprende de la letra del artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que estatuye para el amparo –al unísono, cabe destacar, con varios tratados internacionales en materia de derechos humanos- un procedimiento breve, gratuito y no sujeto a formalidad en el que la autoridad judicial competente tiene potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella y en la que todo tiempo es hábil y el tribunal debe tramitarlo con preferencia a cualquier otro asunto. Así ha sido declarado por la jurisprudencia patria pacíficamente, aún antes de la promulgación de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
En efecto, si el legislador ha estimado que, como consecuencia de ese carácter de urgencia que distingue al amparo, la tolerancia de una situación que se entiende lesiva de derechos fundamentales, por más de seis meses, entraña el consentimiento de la misma y, por tanto, la pérdida del derecho a obtener protección acelerada y preferente por esa vía, resulta lógico deducir que soportar, una vez iniciado el proceso, una paralización de la causa sin impulsarla por un espacio de tiempo semejante, equivale al abandono del trámite que había sido iniciado con el fin de hacer cesar aquélla situación lesiva o amenazadora de derechos fundamentales. Por tanto, resultaría incongruente con la aludida naturaleza entender que el legislador hubiere previsto un lapso de caducidad de seis meses para la interposición de la demanda y, al propio tiempo, permitiese que se tolerase pasivamente la prolongación en el tiempo de la causa, sin la obtención de un pronunciamiento, por un lapso mayor a aquél (Resaltado añadido).
(...)
De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que la inactividad por seis (6) meses de la parte actora en el p.d.a., en la etapa de admisión o, una vez acordada ésta, en la práctica de las notificaciones a que hubiere lugar o en la de la fijación de la oportunidad para la celebración de la audiencia oral, por falta de impulso del accionante, ocasiona el abandono del trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y, con ello, la extinción de la instancia. Así se declara.
En virtud de las consideraciones precedentes, y por cuanto este caso no causa afectación alguna al orden público y las buenas costumbres, esta Sala por economía y celeridad procesal declara el abandono del trámite, por la parte actora, correspondiente a esta demanda de amparo, de conformidad con el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y, en consecuencia, la terminación del procedimiento. Así se decide.
De acuerdo con el único aparte del artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se impone a la demandante una multa de Cinco Bolívares (Bs. 5,00), pagaderos, a favor del T.N., en cualquier institución financiera receptora de fondos públicos. La sancionada deberá acreditar el pago mediante la consignación del comprobante correspondiente ante esta Sala. Se aplica la multa en su límite máximo por cuanto la Sala estima de suma gravedad el entorpecimiento de sus labores con la presentación de demandas que posteriormente son abandonadas, lo cual la obliga al desvío de su atención de asuntos que sí requieren de urgente tutela constitucional. Así igualmente se decide.
DECISIÓN
Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara:
-
Primero: TERMINADO EL PROCEDIMIENTO por abandono del trámite, correspondiente a la demanda de amparo que interpuso el abogado G.F.M.A. en la supuesta representación del ciudadano YEIXON E.N.M..
-
Segundo: Se IMPONE a la parte actora una multa por la cantidad de cinco bolívares (Bs. 5,00), pagaderos a favor de la Tesorería Nacional en las oficinas bancarias receptoras de fondos nacionales. Los sancionados deberán acreditar el pago mediante la consignación en autos del comprobante correspondiente, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación.
Publíquese, regístrese y archívese el expediente.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 14 días del mes de agosto de dos mil quince (2015). Años: 205º de la Independencia y 156º de la Federación.
La Presidenta,
G.M.G.A.
Ponente
El Vicepresidente,
A.D.J.D.R.
Los Magistrados,
F.A.C.L.
…/
…/
L.E.M.L.
M.T.D.P.
C.Z.D.M.
J.J.M.J.
El Secreta…/
…rio,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
GMGA.
Expediente n.° 14-1294
