Decisión nº PJ0022012000410 de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 26 de Octubre de 2012
| Fecha de Resolución | 26 de Octubre de 2012 |
| Emisor | Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control |
| Ponente | Arnaldo José Osorio |
| Procedimiento | Decaimiento De La Medida De Privación Judicial De |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Penal de Control de Punto Fijo
Punto Fijo, 26 de Octubre de 2012
202º y 153º
ASUNTO PRINCIPAL : IP11-P-2010-004596
ASUNTO : IP11-P-2010-004596
AUTO ACORDANDO DECAIMIENTO DE MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL DE LIBERTAD E IMPOSICIÓN DE MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD
En la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial de Punto Fijo en la fecha de hoy 18 de octubre de 2012 siendo las 1:17 PM, Se recibe de la Abg. M.B.d.C., Defensora Privada del ciudadano Gervis A.T.B., Escrito constante de 01 folios útiles, contentivo ratifica solicitud de Decaimiento de Medida a su defendido.
En el día de hoy, 17 de agosto de 2010, siendo las 12:05 minutos del Mediodía, oportunidad fijada, previo lapso de espera para la total comparecencia de las partes, por este JUZGADO SEGUNDO DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO FALCÓN, EXTENSIÓN PUNTO FIJO, para llevarse a efecto Audiencia Oral de Presentación de Detenido en el presente asunto. Se constituyó el Tribunal Segundo de Control a cargo del Juez, Abg. DILEXI G.R. y la Secretaria de Sala Abg. R.C., en la Sala N° 4, ubicada en la sede del Circuito Judicial del Estado Falcón, Extensión Punto Fijo, seguidamente la Secretaria procedió a verificar la presencia de las partes, encontrándose presentes la ABG. D.G., Fiscal 6° (Auxiliar) del Ministerio Publico, los Imputados, Ciudadanos A.R.G., A.A.P. y GERVIS A.T.B., el Defensor Privado, Abg. J.G.V., y el defensor Público Segundo, ABG. O.G. Y LAS VICTIMAS, C.M. y NAISMAR LUGO. Acto seguido la ciudadana Jueza procedió a indicar a las partes que por cuanto se evidencia que el ciudadano A.R.G., venezolano, natural de Punto Fijo, nacido en fecha 29/6/95, de 15 años de edad, manifestó no saber su numero de la Cédula de Identidad, de estado civil soltero, profesión u oficio obrero, residenciado bajada de las piedras, calle bogota, casa sin numero, de color blanco, al lado de la bodega, Punto Fijo, es menor de edad, este Tribunal se declara incompetente y en consecuencia declina la competencia en los Tribunal de Municipio de esta misma jurisdicción de conformidad con el Artículo 67 del Código Orgánico Procesal Penal. En consecuencia, líbrese el correspondiente Oficio. Se seguidas procedió a otorgarle la palabra al Fiscal del Ministerio Público, quien de forma sucinta expuso los hechos que dieron origen para que el Ministerio Público colocara a disposición del Tribunal a los Ciudadanos R.A.A.P. y GERVIS A.T.B., y modifico su escrito, indicando que en virtud del resultado del Reconocimiento en Rueda de Individuos, e imputándole al ciudadano GERVIS A.T.B., la presunta comisión del delito de robo agravado en grado de complicidad y agavillamiento y para el ciudadano R.A.A.P., la presunta comisión del delito de robo agravado y agavillamiento, por lo que solicito la Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad, de conformidad con lo establecido en los ordinales 3º y 9º del Artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, referido a la presentación periódica y la prohibición de acercarse a las victimas, igualmente solicita se decrete la flagrancia y se prosiga la investigación por el Procedimiento Ordinario, igualmente solicito se decline la competencia con respecto al ciudadano A.R.G., de conformidad con el Artículo 67 del Código Orgánico Procesal Penal. Es todo”. Seguidamente el ciudadano Juez le explico al Ciudadano imputado que esta era una oportunidad para que expusiera lo que creyera pertinente, sin embargo no está obligados a hacerlo, tal y como lo consagra el Artículo 49 en su ordinal 5° de la Constitución Nacional, igualmente les explico los derechos que tienen como imputado y se le preguntó si deseaba declarar, manifestando el mismo que no deseaban declarar, por lo cual se paso al estrado para que aporten sus datos personales, manifestando ser y llamarse de la siguiente manera: R.A.A.P., venezolano, natural de Punto Fijo, nacido en fecha 04/05/1992, de 18 años de edad, titular de la Cédula de Identidad No. 25.556.735, de estado civil soltero, profesión u oficio estudiante, residenciado en la Bajada las Piedras, calle La Bogota, Casa S/n negro al lado del Abasto, Punto Fijo, y GERVIS A.T.B., venezolano, natural de Punto Fijo, nacido en fecha 17/8/84, de 26 años de edad, titular de la Cédula de Identidad No. 17.310.131, de estado civil soltero, profesión u oficio Taxista, residenciado caja de agua, calle guaicaipuro, casa 25, de color verde, Punto Fijo,
Ahora bien; realizado el análisis anterior a los fines de determinar este Tribunal las razones de porque en la presente causa hasta la presente fecha no se haya realizado el juicio oral y público, a pesar que han transcurrido mas de dos (2) Años, desde la fecha de reclusión del acusado de autos, es necesario en primer lugar, señalar que prevé el único aparte del artículo 26 del texto Constitucional, “…El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa, y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.”, por su parte establece el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, “Proporcionalidad. No se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando esta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable. En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito ni exceder del plazo de dos años, si se tratare de varios delitos se tomara en cuenta la pena mínima del delito mas grave. Excepcionalmente y cuando existan causas graves que así lo justifiquen para el mantenimiento de las medidas de coerción personal que se encuentren próximas a su vencimiento, el ministerio publico o el Querellante podrán solicitar al tribunal que este conociendo de la causa, una prorroga que no podrá exceder de la pena mínima prevista para el delito imputado y cuando fueren varios los delitos impuestos se tomara en cuenta la pena mínima prevista para el delito mas grave. Igual prorroga se podrá solicitar cuando dicho vencimiento se deba a dilaciones indebidas atribuibles al imputado, acusados o sus defensores. Estas circunstancias deberán ser debidamente motivadas por el Fiscal o el Querellante. En este Supuesto si la causa se encuentra en la Corte de Apelaciones, se recibirá la solicitud y se remitirá de inmediato con los recaudos necesarios al Juzgado de Primera Instancia que conoce o conoció de la causa, el tribunal que este conociendo de la causa deberá convocar al imputado o acusado y a las partes a una audiencia oral a los fines de decidir, debiendo tener en cuenta, a objeto de establecer el tiempo de prorroga, el principio de proporcionalidad”, es decir, prevé el principio de proporcionalidad en relación al transcurso de los dos años desde que le fuera impuesta medida a un procesado.
Por su parte, ha ilustrado el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, con Ponencia del Dr. A.G.G., de fecha 06 de febrero de 2003, sentencia Nº 114, lo siguiente:
“…Esta disposición normativa, establece el principio de proporcionalidad de la medida de coerción personal, el cual igualmente estaba previsto en el artículo 253 del reformado Código Orgánico Procesal Penal, en los mismos términos, excepto en el supuesto de la prórroga legal.
Ahora bien, cabe destacar que esta Sala señaló, respecto al contenido del entonces artículo 253 del Código Orgánico Procesal Penal, en la sentencia del 12 de septiembre de 2001 (caso: R.A.C. y otros), lo siguiente:
“La privación de la libertad por orden judicial, cesa cuando la autoridad judicial ordena la excarcelación (artículo 44.5 constitucional) la cual tendrá lugar por las causas previstas en las leyes.
Entre estas causas, y a nivel legal, se encuentran las del artículo 253 del Código Orgánico Procesal Penal, que en su último aparte reza con relación a los medios de coerción personal, de los cuales algunos obran como la excepción al principio de juzgamiento en libertad, establecido en el artículo 44 constitucional y 252 del Código Orgánico Procesal Penal, que en ningún caso podrán sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años.
Se trata de una norma precisa, que no previene cumplimiento de requisitos de otra clase, distintos a los señalados, para poner fin a las medidas de coerción personal decretadas.
Etimológicamente, por medidas de coerción personal, debe entenderse no sólo la privación de libertad personal, sino cualquier tipo de sujeción a que es sometida cualquier persona, por lo que incluso las medidas cautelares sustitutivas, son de esa clase.
En consecuencia, cuando la medida (cualquiera que sea) sobrepasa el término del artículo 253 del Código Orgánico Procesal Penal, ella decae automáticamente sin que dicho Código prevea para que se decrete la libertad, la aplicación de medida sustitutiva alguna, por lo que el cese de la coerción –en principio obra automáticamente, y la orden de excarcelación, si de ella se trata, se hace imperativa, bajo pena de convertir la detención continuada en una privación ilegítima de la libertad, y en una violación del artículo 44 constitucional.
En el mismo sentido, ilustra la Sala Penal con Ponencia de la Magistrado DEYANIRA NIEVES BASTIDAS de fecha 25 de marzo del año 2008, expediente Nº AVO-07-367, de la cual se desprende lo siguiente:
Y en relación con el levantamiento de las medidas, en jurisprudencia de la Sala Constitucional, se declaró: “…esta Sala hace notar que algunos de los diferimientos ocurridos dentro del proceso penal seguido al ciudadano G.A.T., R.A.A.P., referidos a la celebración del acto de depuración de escabinos, que no han permitido a su vez la realización del juicio oral y público y que fueron precisados supra, se deben al actuar de la defensa técnica de dicho accionante, por lo que se colige que parte de la dilación presentada dentro del proceso que ha llevado a superar el lapso de dos años, es producto de la conducta desplegada por el abogado del acusado, por lo que en atención a lo señalado en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, referido al decaimiento de la medida de coerción personal al sobrepasar el lapso de dos años, no puede favorecer al ciudadano D.W.N.G., y así se declara…”. Sentencia Nº 114 del 6 de febrero de 2003). (Resaltado de la Sala).
Reiterando que “…En relación con lo estipulado en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, esta Sala Constitucional en reiterada jurisprudencia (vid. Casos: R.A.C., del 24 de enero de 2001 e I.A.U., del 15 de septiembre de 2004) ha señalado que la medida de coerción personal que es decretada contra un imputado o acusado decae, previo análisis de las causas de la dilación procesal, cuando han transcurrido más de dos años de su vigencia, contados a partir del momento en que fue dictada, siempre y cuando, no se haya proveído la prórroga establecida en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, dado que, en ese caso, deberá esperarse que culmine la misma para que pueda existir dicho decaimiento. No procederá el decaimiento de la medida, aunque hayan transcurrido los dos años, en aquellos casos en los cuales dicho lapso haya transcurrido por causas imputables al procesado, o cuando la libertad del imputado se convierte en una infracción del artículo 55 de la Constitución vigente, todo lo cual debe ser debidamente examinado por el juez de juicio.
Asimismo, se ha señalado que esa pérdida de la vigencia se traduce en la libertad del imputado o acusado y debe ser proveída, de oficio, por el tribunal que esté conociendo de la causa. Ahora bien, si la libertad no es decretada, entonces el afectado, o su defensa, deben solicitar simplemente la libertad, atendiendo al contenido del artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal. No debe entenderse esta solicitud como una revisión de la medida de coerción personal, según lo establecido en el artículo 264 eiusdem, por cuanto esta última disposición normativa sólo se aplica en aquellos casos en los cuales las razones por las cuales fue dictada la medida han variado, lo cual es distinto a la prolongación en el tiempo de la misma (ver, en ese sentido, la sentencia Nº 3060, del 4 de noviembre de 2002, caso: D.J.B.).
Ahora bien, si la libertad es negada por el tribunal que conoce de la causa –como sucedió en el presente caso- ello permite que la parte afectada pueda interponer el recurso de apelación establecido en el numeral 5 del artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal, dado que esa negativa le produce un gravamen y, además, no se trata de una decisión inimpugnable, como ocurre cuando se niega la revisión de la medida de coerción personal.
Ese medio judicial ordinario –la apelación-, debe ser agotado antes de intentar el amparo, ya que, en caso contrario, la acción deviene inadmisible conforme a lo señalado en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales…
. (Sentencia N° 1315 del 22 de junio de 2005). (Subrayado de la Sala).
Y el artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dispone que: “Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes”.
En relación al señalado artículo y el levantamiento de la medida privativa de libertad, la Sala Constitucional expresó: “…declarar automáticamente la libertad sin restricción una vez que el lapso de dos años anteriormente citado se haya vencido, atentaría contra la propia ratio de las medidas cautelares, toda vez que éstas constituyen un medio para asegurar los f.d.p., que son lograr la búsqueda de la verdad y la aplicación de la ley penal sustantiva al caso concreto, siendo dichas medidas un mecanismo para neutralizar los peligros que puedan obstaculizar la consecución de tales fines.
De igual forma, tal proceder, acarrearía consecuencias político-criminales sumamente negativas, toda vez que conllevaría a la impunidad; pudiendo implicar a su vez un alto costo individual, especialmente con relación al peligro que ello pueda implicar para la víctima del delito (tomando en cuenta que el artículo 30 de la propia Constitución establece el deber del Estado de brindarle protección) y para la parte acusadora, así como también un alto costo social.
En tal sentido, y siguiendo al maestro a.J.M.M., debe indicarse que la jerarquía constitucional de la seguridad común (consagrado en el artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela) que se aspira a proteger a través del proceso como instrumento de la función penal del Estado, es de igual rango que la libertad individual del hombre a quien se le imputa haber conculcado aquélla. Este último es autor de un delito, aquélla es su víctima. Así, en el proceso penal, en forma permanente, están presentes en estas dos garantías, debiendo atender la Ley a ambas, y por ello el equilibrio entre ellas debe ser consultado y regulado paso a paso. Ninguna debe estar por encima de la otra, sino sólo en la medida indispensable, excepcional, adecuada a la finalidad del proceso penal, y con la exigencia ineludible de que se cause el menor daño posible (MORAS MOM, Jorge. Manual de Derecho Procesal Penal. Quinta edición actualizada. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, 1999, p. 286). De lo anterior se desprende una consecuencia lógica, y es que ante estos casos el Juez debe llevar a cabo una ponderación de intereses…”. (Sentencia Nº 1212 del 14 de junio de 2005). (Subrayado de la Sala).
En el presente caso, la Sala considera que parte de las dilaciones ocurridas en el proceso penal llevado contra el ciudadano imputado DIXOMBER R.D.S. y que ha llevado a superar el lapso de dos años de detención del mismo, es producto de la conducta desplegada por la defensa del acusado, razón por la cual la medida de coerción personal no puede decaer en beneficio del ciudadano acusado a quien el representante fiscal le atribuyó el delito de HOMICIDIO INTENCIONAL en el que perdieran la vida dos personas.
En efecto, advierte la Sala que ciertamente al ciudadano acusado DIXOMBER R.D.S., fue detenido el 29 de enero de 2005, y el 30 del mismo mes y año, le fue decretada medida de privación judicial de libertad, lo cual hasta la presente fecha evidencia que se encuentra detenido hace dos (2) años y once (11) meses de privación de libertad.
Así mismo, constató que hubo varios diferimientos para la celebración de la Audiencia Preliminar, imputables a todas las partes en el proceso, y que efectivamente existe una paralización del juicio seguido al ciudadano acusado por falta de constitución del Tribunal:
En el día 16 de agosto de 2010, se fija la audiencia de presentación de imputados.
El día 17 de agosto de 2010, se efectúa rueda de reconocimiento de individuos.
El día 24 de agosto de 2010, se acuerda la medida de privación judicial de libertad.
El día 23 de Noviembre de 2010, la fiscalia consigna el escrito de acusación, y se fija la audiencia preliminar para el día 17 de diciembre de 2010: a las 1130am.
El día 17 de diciembre de 2010, por cuanto estaba fijada la audiencia, la cual no se dio los traslados para de los imputados, se fija nuevamente para el 21 de enero de 2011.
El día 24 de enero de 2011, por cuanto estaba fijada la audiencia, la cual no se dio el traslados para los imputados, se fija nuevamente par el 7 de febrero de 2011: a las 10:00am.
El día 14 de marzo de 2011, se recibe escrito acusatorio consignado por la fiscalia, y se fija la audiencia 5 de abril de 2011.
El día 5 de abril de 2011, no se dio la audiencia por incomparecencia de las victimas, se fijo nuevamente para el 25 de abril de 2011 a las 10: AM.
El día 25 de abril de 2011, no se dio la audiencia por encontrarse la juez de reposo, se fijo nuevamente para el día 31 de mayo de 2011, a las 11:00am.
El día 31 de mayo de 2011, fecha fijada para la audiencia, no se dio por no haberse librado las boletas de notificación, se fijo nuevamente para el 28 de junio de 2011, a las 11:30am.
El día 28 de junio de 2011, no se dio la audiencia por no haber traslados, se fijo nuevamente para el día 25 de agosto de 2011 a las 10:a.m. se fija nuevamente para el 13 de octubre de 2011 a las 2:30 PM.
El día 13 de octubre de 2011, no se dio la audiencia por no haber traslados, se fijo nuevamente para el día 2 de noviembre de 2011.
El día 2 de noviembre de 2011, no se dio la audiencia por encontrarse el tribunal abarrotados por múltiples fijaciones anteriores, se reprograma para el día 9 de diciembre de 2011 a las 10:30am.
El día 9 de diciembre de 2011, no se dio la audiencia por encontrarse el tribunal abarrotados por múltiples fijaciones anteriores, se reprograma para el 19 de enero de 2012, a las 11:00am.
El 19 de enero de 2012, no se dio por incomparecencia de los imputados por no haber traslados. Se fija nuevamente para el día 2 de febrero de 2012 a las 11:30am.
El día 2 de febrero de 2012, no se dio por incomparecencia de los imputados por no haber traslados, Se fija nuevamente para el día 16 de febrero de 2012 a las 11:00am.
El día 16 de abril de 2012, se aboca al conocimiento del presente asunto un juez temporal, el cual fija la audiencia para el día 14 de mayo de 2012, a las 10:30 a.m.
El día 14 de mayo de 2012, no se dio la audiencia por no haber traslados de los imputados y se fijo nuevamente para el día 12 de junio de 2012 a las 11:00am.
El día 12 de junio de 2012, no se dio la audiencia porque el tribunal no estaba signado en la causa IP11P2012003237, se difiere para el día 29 de junio de 2012 a las 11:30am.
El día 3 de julio de 2012, es remitido el asunto a su juez natural el cual se aboca al conocimiento.
El día 18 de junio de 2012, se aboca el juez y se fija la audiencia para el día 15 de agosto de 2012 a las 10:30am.
El día 15 de agosto de 2012, no se dio la audiencia por no haberse librado la boleta a las victimas y se fijo nuevamente para el día 22 de agosto de 2012 a las 11:00am.
El día 22 de agosto de 2012, no se dio la audiencia por incomparecencia de las partes, se fija nuevamente para el día 3 de octubre de 2012 a las 11:30 AM.
El día 3 de octubre de 2012, no se dio la audiencia por incomparecencia de los imputados por traslados y se fijo nuevamente para el día 5 de noviembre de 2012 a las 11:30am.
De las decisiones supra citadas, estima este Tribunal indicar que en el presente caso la solicitud de la Defensa se fundamenta en el tiempo que ha permanecido su representado en reclusión, tiempo éste superior a los dos años, con respecto al principio de proporcionalidad, como en el presente caso, motivo por cual el tribunal, estima realizar el pronunciamiento del presente fallo en relación a la solicitud de decaimiento de la medida de privación judicial de libertad y, a tal respecto se observa que la mayoría de los diferimientos en las diversas audiencia fijadas, han sido por la falta de traslado del imputado desde el sitio donde cumple la medida de restricción de libertad, lo que ha conllevado indudablemente a varios diferimientos y, siendo que el acusado de autos G.A.T.B., R.A.A.P., se encuentran privado de su libertad por un lapso superior de dos (2) años, para mantener la detención del mencionado ciudadano, y, si bien es cierto el Juez debe ponderar los intereses de las partes, en el presente caso y en el caso del imputado de autos, no existe hasta la presente fecha sentencia definitivamente firme, siendo mas grave aun.
De manera que se evidencia que en el presente caso, se excede del lapso previsto por el Legislador para el decaimiento de la medida de coerción personal, toda vez que el ciudadano G.A.T.B., R.A.A.P., fueron privado de su libertad en fecha 17 de Agosto de 2010, habiendo transcurrido hasta la fecha dos (2) Años dos (2) Mes y dos (2) días, lapso en el cual se ha mantenido privado de su libertad, sin que se haya realizado el Juicio Oral y Publico.
Ahora bien, sobre lo antes expuesto este Tribunal estima procedente la solicitud de la Defensa pero es necesario garantizar las resultas del proceso con fundamento en el principio de Igualdad de las partes y, como quiera que en la mayoría de los casos los diferimientos se deben a la falta de traslado del acusado, el transcurso del tiempo que ha superado los dos (2) años del proceso desde que el mismo se encuentra privado de la libertad, motivo por el cual se considera procedente acordar con lugar la solicitud de la defensa. Y así se decide.-
Así las cosas, visto que en el presente asunto seguido contra el ciudadano G.A.T.B., R.A.A.P. ,se ha excedido en el lapso de dos años privado judicialmente de la libertad, sin que exista hasta la fecha sentencia definitivamente firme en su contra, conforme a la facultad que le otorga el ordenamiento jurídico al Juez para resolver sobre tal circunstancia, de oficio o a petición de parte interesada, y siendo que los diferimientos de la audiencia oral y pública no se deben tácticas dilatorias del acusado de autos, ni de su Defensa Técnica, lo procedente y ajustado a derecho es decretar el decaimiento de la medida de privación judicial preventiva de libertad impuesta al ciudadano GERVIS A.T.B., R.A.A.P., actualmente privado de libertad, con fundamento en el principio de proporcionalidad contemplado en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal y la Jurisprudencia Venezolana, en el sentido de haber transcurrido más de dos (2) años previstos en dicha norma, sin que exista una sentencia definitivamente firme, estimando este jurisdicente que a los fines de garantizar las resultas del proceso y evitar que la justicia quede irrealizable, con fundamento al artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, ultima ratio a la que debe ceñirse la función jurisdiccional, se considera conveniente, procedente y ajustado a derecho, imponerle al acusado la medida cautelar sustitutiva prevista en el artículo 256 ordinal 3º eiusdem, consistente en la presentación cada treinta (30) días ante la oficina del Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal, debido a que los motivos que dieron lugar a la imposición de la medida de coerción personal de privación de libertad, los cuales son, un hecho punible merecedor de sanción penal, cuya acción no se encuentra prescrita, fundados elementos de convicción para presumir que los acusados han sido lo autores o participes de su comisión, lo cual dimana de la investigación preliminar llevada por la Fiscalía Sexta del Ministerio Público, y una presunción razonable concerniente al peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad, por cuanto pueda influir a los testigos, víctimas, o expertos para que informen falsamente o se comporte de manera desleal o reticente, o inducir a otros a realizar eso comportamientos, la cual así se presume en virtud de las circunstancias del caso en concreto y de la pena que podría llegar a imponerse ante el evento de quedar comprobada en el debate la culpabilidad del sindicado de autos. Y así se decide.-
Como consecuencia de la imposición de esta medida y a los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 260 del Código Orgánico Procesal Penal, se ordena la notificación del imputado, a los fines que acuda a la sala de Audiencias de este Tribunal, a fin de imponerlo de la decisión dictada y tomarle declaración respecto de la obligación que asume ante este Tribunal de dar cumplimiento al régimen de presentación impuesto, y, de suministrar a este despacho judicial su dirección y domicilio donde puedan practicarse sus citaciones y notificaciones. Asimismo, se le deberá imponer de las circunstancias legales previstas en el artículo 262 del Código Orgánico Procesal Penal como causales de revocatoria de las medidas cautelares sustitutivas de libertad. Y así se decide.-
DISPOSITIVA
En consecuencia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, este Tribunal Segundo de Primera Instancia Penal en función de Juicio de la Circunscripción Judicial Penal del estado Falcón, Este tribunal en vista del análisis de las actas que reposan en las (7) piezas de este asunto, y realizado el recorrido procesal, se puede determinar los diferimientos de las audiencias preliminares, siendo fijadas esta ultima para el día 25 de octubre de 2012, a las 11:30am, dichas audiencias consta en las actas los motivos. Este jugador se pronuncia en virtud de que el juez que me preside del Tribunal Primero de Control le impuso una medida consistente en arresto domiciliario, pero este juzgador una vez revisando el tiempo, modo y lugar como ocurrieron los hechos, la defensa de este ciudadano a solicitando en reiteradas oportunidades revisión de medidas consistentes en una menos gravosas que sea una cautelar, en harás de que el ciudadano tiene su familia, tiene responsabilidades inherentes a su hogar, este Juzgador considera apegado al derecho y a la jurisprudencia que sustenta esta medida otorgarle la medida cautelar de presentación Decreta: PRIMERO: Con lugar la solicitud interpuesta por sus abogados. SEGUNDO: SE DECRETA el decaimiento de la medida de privación judicial preventiva de libertad que pesa sobre el acusado GERVIS A.T.B., venezolano, natural de Punto Fijo, nacido en fecha 17/8/84, de 26 años de edad, titular de la Cédula de Identidad No. 17.310.131, de estado civil soltero, profesión u oficio Taxista, residenciado caja de agua, calle guaicaipuro, casa 25, de color verde, Punto Fijo y R.A.A.P., venezolano, natural de Punto Fijo, nacido en fecha 04/05/1992, de 18 años de edad, titular de la Cédula de Identidad No. 25.556.735, de estado civil soltero, profesión u oficio estudiante, residenciado en la Bajada las Piedras, calle La Bogota, Casa S/n negro al lado del Abasto, Punto Fijo; la Privación Judicial Preventiva de la Libertad, de conformidad con lo establecido en los Artículo 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión del delito de robo agravado en grado de complicidad y agavillamiento, con fundamento en el principio de proporcionalidad contemplado en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal y la Jurisprudencia Penal Venezolana, en el sentido de haber transcurrido más de dos (2) años previstos en dicha norma. TERCERO: A los fines de garantizar la finalidad del proceso, se le impone la medida cautelar sustitutiva de libertad prevista en el artículo 256 ordinal 3º, consistentes en la presentación cada (15) días ante la oficina del Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal extensión Punto Fijo. A LOS CIUDADANOS GERVIS A.T.B., R.A.A.P.: CUARTO: Se ordena librar oficio a la oficina de Alguacilazgo a los fines que sea incluido en el registro de presentaciones llevado por el Tribunal Segundo de Control de este Circuito Judicial. En consecuencia, líbrese el correspondiente A LA COMUNIDAD PENINTENCIARIA. Y ASI SE DECIDE.
EL JUEZ SEGUNDO DE CONTROL
ABG A.O.P.
LA SECRETARIA
ABG. GLORIANA MORENO
