Decisión nº 116 de Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de Zulia, de 4 de Junio de 2013
| Fecha de Resolución | 4 de Junio de 2013 |
| Emisor | Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo |
| Ponente | Gloria Urdaneta |
| Procedimiento | Cobro De Bolívares |
JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
Con sede en Maracaibo.
Expediente Nº 13972
Mediante escrito presentado en fecha 08 de abril de 2013, por el abogado R.G.D.R., inscrito en el Institutos de Previsión Social del Abogado bajo el No. 29.020, actuando con el carácter de abogado sustituto de la Procuradora del Estado Zulia; solicita “…MEDIDA DE EMBARGO PREVENTIVO SOBRE BIENES MUEBLES PROPIEDAD O QUE SE ENCUENTREN EN POSESIÓN DE LA DE LA EMPRESA DEMANDADA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92, 93 del Decreto, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, concatenados con los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil…”.
Siendo la oportunidad, pasa este Juzgado a pronunciarse acerca de la solicitud de medida cautelar, para lo cual observa previamente:
I
DE LA PRETENSIÓN CAUTELAR:
Alegó el abogado sustituto de la Procuradora del Estado Zulia, que “…existe la presunción de buen derecho que se reclama con base en los siguientes instrumentos: 1.- En primer término Contrato N° INZUVI-048-2007, para la ejecución de la obra CONSTRUCCIÓN DE CASETA Y TANQUE ELEVADO CAPACIDAD 150.000 LTS DE LA URBANIZACIÓN J.P. II, PARROQUIA S.B., MUNICIPIO CÓLON DEL ESTADO ZULIA; 2.- Acuerdo Resolutorio de fecha 23 de noviembre de 2009, mediante el cual la empresa demandada se compromete a cancelar la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TREINTA Y SIETE BOLÍVARES CON 71/100 (Bs. 153.037,71), por concepto de anticipo recibido y no amortizado tal y como lo reflejan los soportes acompañan el libelo de manera INMEDIATA. 3.- El recibo por concepto de Anticipo debidamente suscrito por el representante de la empresa, de fecha 11 de febrero de 2008 y 4.- La Fianza de Anticipo otorgada por ante la Notaría Pública Primera de San Cristóbal, Estado Táchira, de fecha 23 de enero de 2008 que garantizan el reembolso del anticipo entregado y no amortizado y cada una de las obligaciones asumidas por CONSTRUCCIONES E INVERSIONES A.R. C.A., con ocasión al contrato de ejecución de obra, así como el reintegro del Anticipo no amortizado”.
Señaló, en cuanto al periculum in mora que “…la contratista adeuda los conceptos señalados en el presente escrito, tal y como se evidencia de los soportes que conforman el libelo comprometiendo el patrimônio público estadal, lo que implica en caso de insolvência, pueda quedar ilusória(sic) la ejecución del fallo que a bien corresponda proferir este juzgado a favor de los derechos e intereses del Estado Zulia …”.
Solicitó “…Medida de Embargo Provisional sobre bienes muebles propiedad o que estén en posesión de la parte demandada, Sociedad Mercantil CONSTRUCCIONES E INVERSIONES A.R. C.A., o sobre cualquier crédito o acreencia de dinero que pudiera(sic) tener las empresas demandadas hasta cubrir la cantidad de TRESCIENTOS SEIS MIL SETENTA Y CINCO BOLÍVARES CON 42/100 (Bs. 306.075,42), el cual conforma el doble de la demanda, más la suma equivalente al treinta por cuento (30%) por concepto de costas procesales que genere el presente juicio”.
II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR:
A los fines de proveer sobre la medida preventiva de embargo solicitada por el abogado sustituto de la Procuradora del Estado Zulia, se observa:
Se destaca que en reiteradas oportunidades la Sala Político Administrativa ha establecido que la garantía de la tutela judicial efectiva (Artículo 26 de la Constitución) no se agota con el libre acceso a los órganos de administración de justicia, ni con la posibilidad de obtener un pronunciamiento expedito o de hacer efectiva la ejecución de un fallo, sino también con la protección anticipada de los intereses y derechos en juego, cuando estos se encuentren apegados a la legalidad. Es por ello que nuestro ordenamiento jurídico coloca a disposición de los justiciables un conjunto de medidas de naturaleza preventiva, previstas para procurar la protección anticipada de quien acude a juicio alegando ser titular de una posición o situación jurídico-subjetiva, susceptible de ser protegida, de forma tal que el transcurso del tiempo no obre contra quien tiene la razón.
Al respecto los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por remisión expresa del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, disponen lo siguiente:
Artículo 585. Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama.
.
Artículo 588. En conformidad con el Artículo 585 de este Código, el Tribunal puede decretar, en cualquier estado y grado de la causa, las siguientes medidas:
1º El embargo de bienes muebles; (…)
.
En este sentido, es criterio del M.T. que el poder cautelar debe ejercerse con sujeción estricta a las disposiciones legales que lo confieren, por lo que la providencia cautelar solo se concede cuando existan en autos medios de prueba que constituyan presunción grave de la existencia del riesgo manifiesto de quedar ilusoria la ejecución del fallo, así como del derecho reclamado; y, en el caso de las medidas innominadas, se requiere además la existencia del temor fundado de que una de las partes pudiera causarle lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra, a lo cual hay que agregar, conforme a lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la adecuada ponderación de los “intereses públicos generales y colectivos concretizados y ciertas gravedades en juego”.
De manera que deben examinarse en cada caso los requisitos exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, esto es, la presunción grave del derecho que se reclama (fumus boni iuris) y el peligro grave de que resulte ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora).
Con referencia al primero de los requisitos (fumus boni iuris), su confirmación consiste en la existencia de apariencia de buen derecho, pues cuando se acuerda la tutela cautelar no puede prejuzgarse sobre el fondo del asunto planteado. Puede comprenderse entonces como un cálculo preventivo o juicio de probabilidad y verosimilitud sobre la pretensión del demandante; correspondiéndole al Juez analizar los recaudos o elementos presentados junto con el libelo de la demanda, a los fines de indagar sobre la existencia del derecho que se reclama.
En cuanto al segundo de los requisitos mencionados (periculum in mora), ha sido reiterado pacíficamente por la doctrina y la jurisprudencia, que su verificación no se limita a la mera hipótesis o suposición, sino a la presunción grave del temor al daño por violación o desconocimiento del derecho si este existiese, bien por la tardanza de la tramitación del juicio, bien por los hechos del demandado durante ese tiempo tendentes a burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada.
En el presente caso se observa que la medida preventiva ha sido solicitada a favor de la Entidad Federal Estado Zulia; por lo que a tenor de lo establecido en el artículo 92 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República publicado en la Gaceta Oficial N° 5892 del 31 de julio de 2008, en concordancia con el artículo 36 de la Reforma Parcial de la Ley de Descentralización y Delimitación de Transferencias de Competencia del Poder Público y el artículo 98 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; no se requiere la comprobación concurrente de los requisitos fumus boni iuris y periculum in mora.
Prevé la mencionada norma lo siguiente:
Artículo 92. Cuando la Procuraduría General de la República solicite medidas preventivas o ejecutivas, el Juez para decretarlas, deberá examinar si existe un peligro grave de que resulte ilusoria la ejecución del fallo, o si del examen del caso, emerge una presunción de buen derecho a favor de la pretensión, bastando para que sea procedente la medida, la existencia de cualquiera de los dos requisitos mencionados.
Podrán suspenderse las medidas decretadas cuando hubiere caución o garantía suficiente para responder a la República de los daños y perjuicios que se le causaren, aceptada por el Procurador o Procuradora General de la República o quien actúe en su nombre, en resguardo de los bienes, derechos e intereses patrimoniales de la República.
En efecto, tal disposición conlleva a precisar que en el caso analizado no se requiere la comprobación concurrente de los requisitos fumus boni iuris y periculum in mora, sino que el otorgamiento de la medida procederá con la constatación en autos de cualquiera de ellos (Ver, sentencias de la Sala Político Administrativa Nos. 05970 y 06453 de fechas 19 de octubre y 1° de diciembre de 2005, respectivamente).
Expuesto lo anterior, corresponde a este Juzgado verificar la existencia de -cuando menos- uno de los dos requisitos, para lo cual pasa a estudiar lo que en principio se evidencia de las actas procesales:
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Que en fecha 07 de noviembre de 2007 el Instituto de Vivienda y Hábitat del Estado Zulia (INZUVI)suscribió contrato con la sociedad mercantil CONSTRUCCIONES E INVERSIONES A.R, C.A., No. INZUVI-048-2007 para la ejecución de la obra “CONSTRUCCION DE CASETA Y TANQUE ELEVADO CAPACIDAD 150.000 LTS DE LA URBANIZACIÓN J.P. II, PARROQUIA S.B., MUNICIPIO COLON DEL ESTADO ZULIA” por un monto de “TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS BOLIVARES CON VEINTIDOS CENTIMOS (Bs. 333.6222.216,22). (Ver, folio trece (13) de la pieza principal)
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Que en fecha 11 de febrero de 2008, la sociedad mercantil CONSTRUCCIONES E INVERSIONES A.R, C.A. recibió “…del INSTITUTO DE VIVIENDA Y HABITAT DEL ESTADO ZULIA (INZUVI) LA CANTIDAD DE BOLIVARES FUERTE CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TREINTA Y SIETE CON SETENTA Y UN CENTIMOS (Bs. F. 153.037,71) POR CONCEPTO DE 50% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE CASETA DE TANQUE ELEVADO DE CAPACIDAD 150000 LITROS DE LA URBANIZACION J.P. II, PARROQUIA S.B., MUNICIPIO COLON DEL ESTADO ZULIA, SEGÚN CONTRATO No. INZUVI-048-2007 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2007”. (Ver, folio catorce (14) de la pieza principal)
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Que por acta de resolución de contrato de fecha 23 de noviembre de 2009 el Instituto de Vivienda y Hábitat del Estado Zulia (INZUVI) y la sociedad mercantil CONSTRUCCIONES E INVERSIONES A.R, C.A. acordaron “RESOLVER, (…) el Contrato de Obra No. INZUVI-048-2007, suscrito entre INSTITUTO DE VIVIENDA Y HÁBITAT DEL ESTADO ZULIA (INZUVI) y la empresa “CONSTRUCCIONES E INVERSIONES A.R, C.A.”, en fecha 07 de Noviembre de 2007 (…)”. Asimismo, se acordó que la referida sociedad mercantil “…reintegrará (…) la cantidad de SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO BOLIVARES CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS (Bs.F 76.518,86)…”. (Ver, folio diecinueve (19) de la pieza principal)
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Que no consta que la empresa demanda haya reintegrado los monto de las cantidades no amortizadas que les fueron entregadas en calidad de anticipo.
De las aludidas documentales se desprende en esta fase cautelar, la presunción de la existencia de la responsabilidad de la empresa CONSTRUCCIONES E INVERSIONES A.R, C.A. con ocasión del contrato a que aluden las presentes actuaciones, todo lo cual se traduce en la posibilidad de que las pretensiones del Estado Zulia tengan el suficiente sustento fáctico y jurídico para ser satisfechas en la decisión definitiva que recaiga en el presente proceso, salvo que en el curso del mismo la parte demandada se libere de la aludida responsabilidad.
En tal virtud, habiéndose demostrado la presencia de uno de los elementos requeridos para decretar la medida solicitada (fumus boni iuris), este Juzgado -con vista en las consideraciones expuestas y basada en lo establecido en los artículos 92 del Decreto N° 5892 con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 36 de la Reforma Parcial de la Ley de Descentralización y Delimitación de Transferencias de Competencia del Poder Público en concordancia con el artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, y a lo previsto en el ordinal 1° del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil- declara procedente la medida preventiva de embargo sobre bienes propiedad de la sociedad mercantil CONSTRUCCIONES E INVERSIONES A.R, C.A., conforme a la precisión matemática siguiente:
El doble de la cantidad demandada, es decir, el doble de ciento cincuenta y tres mil treinta y siete bolívares con setenta y un céntimos (Bs. 153.037,71), a saber trescientos seis mil setenta y cinco bolívares con cuarenta y dos céntimos (Bs. 300.075,42), y de una suma igual al treinta por ciento (30%) de dicho monto por concepto de costas procesales, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 274, 286 y 527 del Código de Procedimiento Civil, lo cual asciende a noventa y un mil ochocientos veintidós bolívares con sesenta y dos céntimos (Bs. 91.822,62), lo cual arroja un total trescientos noventa y siete mil ochocientos noventa y ocho bolívares con cuatro céntimos (Bs. 397.898,04).
Así, la medida preventiva de embargo sobre bienes muebles propiedad de la sociedad mercantil CONSTRUCCIONES E INVERSIONES A.R, C.A., se acuerda hasta por la cantidad de trescientos noventa y siete mil ochocientos noventa y ocho bolívares con cuatro céntimos (Bs. 397.898,04).
Vista la declaratoria anterior, SE ORDENA comisionar al correspondiente Juzgado Ejecutor de Medida a fin de que practique el embargo decretado.
Por último, SE ORDENA notificar a la ciudadana Procuradora del Estado Zulia, a tenor de lo dispuesto en el artículo 86 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en concordancia con al artículo 36 de la Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Descentralización y Delimitación de Transferencias de Competencia del Poder Público; remitiéndole copia certificada esta sentencia.
III
DISPOSITIVO:
Por los fundamentos expuestos, este JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara:
PROCEDENTE la medida cautelar de embargo preventivo solicitada por el abogado sustituto de la Procuradora del Estado Zulia y, en consecuencia, SE DECRETA EMBARGO PREVENTIVO sobre bienes muebles de la sociedad mercantil CONSTRUCCIONES E INVERSIONES A.R, C.A., por la cantidad de trescientos noventa y siete mil ochocientos noventa y ocho bolívares con cuatro céntimos (Bs. 397.898,04).
SE ORDENA COMISIONAR al correspondiente Juzgado Ejecutor de Medida a fin de que practique el embargo decretado, remitiéndole a tales efectos copia certificada de la presente decisión.
SE ORDENA NOTIFICAR a la ciudadana Procuradora del Estado Zulia, remitiéndole a tales efectos copia certificada de la presente decisión.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE. Déjese copia certificada por Secretaría del presente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y a los fines legales previstos en los ordinales 3° y 9° del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Maracaibo, a los cuatro (04) días del mes de junio de dos mil trece (2013). Años 203° de la Independencia y 154° de la Federación.
LA JUEZA,
DRA. G.U.D.M..
LA SECRETARIA,
ABOG. D.P.S..
En la misma fecha y siendo las once y cuarenta y un minutos de la mañana (11:41 a.m.) se publicó el anterior fallo con el Nº 116.
LA SECRETARIA,
ABOG. D.P.S..
Exp. 13972
