Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 30 de Abril de 2008

Conforme a lo anterior, pasa este sentenciador a pronunciarse con respecto al alegato de falta de motivación realizado por la actora en sus informes presentados en esta alzada, con fundamento en lo que textualmente se transcribe:

Así mismo la referida sentencia dictada por el Juzgado Aquo sólo se limitó a decir que el inmueble no está en el acervo de la comunidad conyugal, adoleciendo de una falta de motivación total, sin verificar ni explanar motivos de hecho o de derecho que sustente tal decisión, sino de una forma precipitada y audaz dicta sentencia absurda desde el punto de vista ( folios: 90 al 97 inclusive), declarando parcialmente con lugar la demanda intentada sólo por lo que respecta al 50% de las prestaciones sociales del demandado y que sobre el inmueble no tiene nada que decidir. Y así da como probado y cierto el documento consignado de la supuesta venta de un tercero a la inquilina del inmueble, sustentado dicha decisión en un supuesto inexistente, no promovido ni evacuado en autos. (Sic)

.

En ese sentido, cabe destacar que los vicios por los cuales puede ser atacado un fallo de nulidad, se encuentran taxativamente previstos en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, que es del tenor siguiente:

Toda sentencia debe contener:

1º La indicación del Tribunal que la pronuncia.

2º La indicación de las partes y de sus apoderados.

3º Una síntesis clara, precisa y lacónica de los términos en que ha quedado planteada la controversia, sin transcribir en ella los actos del proceso que constan enjutos.

4º Los motivos de hecho y de de derecho de la decisión.

5º Decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda absolverse de la instancia.

6º La determinación de la cosa u objeto sobre que recaiga la decisión.

. (Resaltado del Tribunal).

Al respecto, ha determinado la doctrina que la obligación de expresar los motivos de hecho y de derecho que deben fundamentar una decisión judicial a tenor de lo expuesto en el ordinal 4º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, cumple dos propósitos esenciales: uno político y otro procesal. El primero, consiste en permitir a las partes y a la comunidad entender las razones de la decisión de manera tal que la sentencia pueda cumplirse, no sólo por el peso de la autoridad de la cual emana, sino también para que convenza con la fuerza de la razón. El objetivo procesal determinante consiste en controlar la legalidad.

Igualmente, se ha establecido que en virtud del principio de la unidad del fallo, los motivos pueden estar contenidos en cualquier parte del mismo; incluso puede suceder que el juez se percate de que un determinado punto del fallo ha quedado sin sustento y realice esta labor al final, en el dispositivo, sin que por ello su decisión quede nula. (La Casación Civil, A.A.B.- L.A.M.A., 2000).

Por su parte, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, tal y como anteriormente se dijera, ha establecido la forma como se configura el vicio de inmotivación, indicando que:

...La motivación, debe estar constituida por las razones de hecho y de derecho que dan los jueces como fundamento del dispositivo. Las primeras están formadas por el establecimiento de los hechos con ajustamiento a las pruebas que lo demuestran; y las segundas, por la aplicación a éstas de los preceptos legales y los principios doctrinarios atinentes.

La inmotivación, por el contrario, es el vicio que provoca la omisión de uno de los requisitos esenciales de la sentencia que impone el artículo 243 ordinal 4º del Código de Procedimiento Civil, cuando ordena que todo fallo debe contener los motivos de hecho y de derecho de la decisión.

Igualmente, ha establecido la doctrina pacífica y reiterada de la Sala, que la inmotivación consiste en la falta absoluta de fundamentos, mientras que los motivos exiguos o escasos o la motivación errada no configura el vicio de falta de motivación, sino un error de derecho que debe ser denunciado al amparo del ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil...

(Sala de Casación Civil, sentencia Nº 695 de fecha 27 de julio de 2004).

Establecido lo anterior, corresponde a este Juzgador analizar la sentencia recurrida con el fin de poder determinar si efectivamente se produjo o no tal vicio alegado por la recurrente. En este sentido, se evidencia del contenido de la sentencia recurrida específicamente al folio 95 del expediente, que el operador de justicia analizó el punto relativo al inmueble indicando “…No obstante, en relación al bien inmueble del cual se solicita su partición, el mismo quedó excluido del acervo de la comunidad conyugal, toda vez que el ciudadano J.A.Á.F., consignó documento en copia certificada con el cual acreditó que la dueña del referido inmueble es la ciudadana Norbelis M.q.B., por venta que le hiciera la ciudadana R.M.C.E. y en razón de esa circunstancia el inmueble identificado ut-retro no puede ser partido. Así se decide…” .

Lo antes expuesto, determina que en dicha sentencia sí se hizo un análisis con respecto al inmueble de marras, que si bien lo fue en forma escasa, ello no determina la falta absoluta de motivación, por ello, esta alzada concluye que la sentencia recurrida si se encuentra motivada, por lo que se desecha la denuncia de falta motivación alegada por la parte actora, y así se decide.

Despejado lo anterior, pasa este sentenciador antes de emitir pronunciamiento con respecto al punto deferido en apelación, a realizar el análisis de los medios probaticos aportados al proceso:

La parte actora con el libelo de la demanda aportó lo siguiente:

• Marcado con la letra “B”, sentencia de divorcio firme y ejecutoriada en fecha 13 de agosto de 2003, dictada por la Corte Superior del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de esta Circunscripción Judicial en fecha 09 de junio de 2003, mediante la cual quedó disuelto el vínculo matrimonial. A este medio probatorio se le otorga el valor que dimana del artículo 1.357 del Código Civil; no obstante, que trata de un hecho que fue admitido por el accionado no siendo objeto de prueba, y así se declara.

• Marcado con la letra “C”, copia del documento de compra-venta mediante el cual el General de Brigada (EJ.) R.J.R.H. en su carácter de Presidente de la Junta Administrativa del Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas vendió al teniente (EJ.) J.A.A.F., parte demandada en el presente juicio, el inmueble ut supra identificado, mediante documento primero autenticado en la Notaría Pública Primera de Caracas en fecha 23 de junio de 1993, anotado bajo el Nº 24, Tomo 91 y luego registrado en la Oficina Subalterna de Registro del Distrito B.d.E.A., el 04 de febrero de 1994, bajo el Nº 31, folios 81 al 85, Protocolo Primero. Esta prueba se aprecia por constituir un documento público que no fue impugnado ni objeto de tacha por la parte a quien fue opuesto y hace plena fe entre las partes como respecto de terceros de la verdad de las declaraciones formuladas por los otorgantes acerca de la realización del negocio jurídico a que el instrumento se contrae, por lo cual se valora a los fines de la decisión de conformidad con lo previsto en los artículos 1.357 y 1.360 del Código Civil, evidenciándose del mismo que el inmueble fue adquirido dentro de la comunidad conyugal que se inició el 22 de diciembre de 1989 y culminó en el año 2003, y así se declara.

En el lapso probatorio promovió los siguientes medios probatorios:

• Ratificó e hizo valer los documentos fundamentales acompañados con el libelo de la demanda, a fin de demostrar la existencia del inmueble tantas veces aludido y que el mismo pertenece a la comunidad conyugal, objeto de partición, que corre del folio 40 al 45, por haber sido adquirido durante la unión matrimonial, que sobre el mismo existía una hipoteca de primer grado a favor del Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas, obligación que –a su decir-, asumió el demandado. Dicha expresión per se no constituye un medio de prueba, por lo que mal podría ser objeto de oposición y de admisión expresa, por cuanto el Juez tiene la obligación de analizar y apreciar todas las pruebas aportadas legalmente a los autos de conformidad con lo previsto en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, que consagra los principios de adquisición procesal y de exhaustividad, y así se declara.

• Informes al Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas, Departamento de Bienestar Social y a la Comandancia General del Ejército Departamento de Personal, a los fines de constatar que el demandado presta sus servicios en dicho componente militar y con el fin de demostrar que le corresponde a la actora el cincuenta por ciento (50%) de las prestaciones sociales por los servicios prestados por el demandado en dicha institución. Dicho medio probatorio al no haber sido oportunamente evacuado no amerita análisis al respecto, amén de ser un hecho admitido por las partes en juicio, y así se declara.

La parte demandada luego de vencido el lapso de evacuación de prueba, conforme se desprende del cómputo de los días de despacho que riela a los folios 84 y 85 del expediente, promovió lo siguiente:

• Copia certificada de documento de compra-venta mediante el cual la ciudadana R.M.C.E. dió en venta a la ciudadana NORBELIS M.Q.B., un inmueble propiedad de la primera de las nombradas, el cual se encuentra constituido por una parcela de terreno y la casa sobre ella construida distinguida con el Nº “C-39”, ubicada en la Urbanización Vista Linda, dentro del Sector Vista Hermosa, Parroquia El Carmen, Jurisdicción del Municipio B.d.E.A., según documento protocolizado en la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio B.d.E.A., en fecha 08 de abril de 2003, bajo el Nº 6, folios 36 al 43, Tomo 2, Protocolo Primero, Segundo Trimestre. Este medio probatorio por cuanto no fue tachado e impugnado por la parte actora, a pesar de haber sido aportado a los autos luego de vencido el lapso de evacuación de pruebas, por tratarse de un documento público se aprecia a los efectos de la decisión de conformidad con lo previsto en los artículos 1.357 y1.384 del Código Civil en concordancia con el artículo 435 del Código de Procedimiento Civil, y demuestra que se trata del mismo bien inmueble identificado en el libelo de la demanda como objeto de partición, adquirido para la comunidad conyugal en fecha 04 de febrero de 1994, y así se declara.

Para decidir se observa:

El punto controvertido objeto de resolución judicial, esta constituido básicamente en determinar si el inmueble constituido por una parcela de terreno y la casa sobre ella construida, ubicada en la Urbanización Vista Linda, situada dentro del perímetro de la Urbanización Vista Hermosa, Jurisdicción del Municipio El Carmen, Distrito B.d.E.A., identificada con el número y letra “C-39”, sobre el cual se había constituido una hipoteca de primer grado a favor del Instituto de Previsión Social de la Fuerzas Armadas, por haber sido adquirido dentro de la comunidad conyugal la cual se demanda en partición, por cuanto el accionado en su escrito de contestación negó, rechazó y contradijo la existencia de algún bien inmueble que tuviera que partir con la demandante, menos que corresponda a la comunidad conyugal, alegando que el único activo de la comunidad eran las prestaciones sociales que le correspondían por la relación laboral que mantenía con la Fuerza Armada, y para demostrar tal aserto mediante escrito fechado 09 de mayo de 2006, consignó escrito de alegatos ratificando el contenido de la contestación de la demanda y acompañó copia certificada de un documento de compra-venta mediante el cual la ciudadana R.M.C.E. dió en venta a la ciudadana NORBELIS M.Q.B., un inmueble propiedad de la primera de las nombradas, el cual se encuentra constituido por una parcela de terreno y la casa sobre ella construida distinguida con el Nº C-39, ubicada en la Urbanización Vista Linda, dentro del Sector Vista Hermosa, Parroquia El Carmen, Jurisdicción del Municipio B.d.E.A., según documento protocolizado en la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio B.d.E.A., en fecha 08 de abril de 2003, bajo el Nº 6, folios 36 al 43, Tomo 2, Protocolo Primero, Segundo Trimestre, el cual ya fue objeto de valoración precedentemente.

Con respecto a este documento la demandante alegó que durante dicha unión matrimonial se adquirió el inmueble y dio su consentimiento para que se constituyera una hipoteca de primer grado sobre el mismo constituido por una parcela de terreno y la casa sobre ella construida distinguida con el Nº C-39, ubicada en la Urbanización Vista Linda, según se desprende de documento protocolizado en la Oficina Subalterna de Registro del Distrito B.d.E.A., en fecha 04 de febrero de 1994, bajo el Nº 31, folio 31-A. Que si se hizo la referida venta, la misma fue efectuada sin su autorización, lo que implica una transacción unilateral quien siempre fue su inquilina, por lo que mal puede el accionado alegar que vendió el mismo, que por demás vulnera los derechos que tiene sobre el cincuenta por ciento (50%) que le corresponden de pleno derecho y más cuando la presunta venta se realizó en el decurso contencioso del divorcio, lo que determina la mala fe del accionado y con fines dolosos con el objeto de mermar el patrimonio de la comunidad conyugal, aunado a ello, sin consignar el demandado documento alguno donde se evidencie la venta que este hiciera a la ciudadana R.M.E., sino que se limitó a traer a los autos un documento de venta en el que ésta vende dicho inmueble a su inquilina NORBELYS M.Q.B..

Ahora bien, en el sub iudice las partes convinieron en haber contraído matrimonio el 22 de diciembre de 1989 y se constata en los autos que conforman el presente expediente copia del documento de compra-venta mediante el cual el Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas vendió al demandado el inmueble objeto de la controversia, constituido por una parcela de terreno y la casa sobre ella construida ubicada en la Urbanización Vista Linda, la cual se encuentra situada dentro del perímetro de la Urbanización Vista Hermosa en Jurisdicción del Municipio El Carmen, Distrito B.d.E.A., distinguida con el Nº C-39, con un área de terreno aproximada de DOSCIENTOS NOVENTA METROS CUADRADOS CON DOS DECIMETROS CUADRADOS (290,02 mts2), con los siguientes linderos: NORTE: En doce metros con siete centímetros (12,07 mts.) con la parcela C-128; SUR: En dos tramos, uno recto de trece metros con cincuenta y seis centímetros (13,56 mts.) con la Calle Los Magos 1, y uno curvo de tres metros con dos centímetros (3,02 mts.) con la Calle Los Mangos 1; ESTE: En dos tramos, uno recto de once metros con treinta y un centímetro (11,31 mts.) con la Segunda Transversal, y uno recto de ocho metros con setenta centímetros (8,70 mts.) con la Segunda Transversal; y OESTE: En veinte metros con noventa centímetros (20,90 mts.) con la parcela C-40, según se desprende de documento protocolizado en la Oficina Subalterna de Registro del Distrito B.d.E.A., el 04 de febrero de 1994, bajo el Nº 31, folios 81 al 85, Protocolo Primero, desprendiéndose del mismo el consentimiento de la actora en los términos siguientes: “ Y yo, HADDY M.C.G.D.A., …en mi condición de legítima cónyuge del TENIENTE (EJ.) J.A.A.F., antes identificado, declaro: Que doy mi consentimiento para que se constituya el gravamen antes identificado.”. Asimismo, consta que dicho vínculo matrimonial quedó disuelto mediante sentencia proferida por la Corte Superior del Tribunal de Protección de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 09 de junio de 2003 y ejecutoriado el 13 de agosto de 2003, lo que hace evidente que el inmueble de marras fue adquirido durante la relación matrimonial, en consecuencia para la comunidad conyugal, por lo que mal puede negar el accionado que no puede ser objeto de partición, alegando que el mismo fue objeto de venta, constando en autos el documento consignado en fecha 09 de mayo de 2006 (f. 74 al 77), que prueba que el inmueble objeto de venta por ese documento tiene los mismos datos de identificación y linderos que el inmueble cuya partición se demanda, sin que haya probado el accionado que la demandante tuvo conocimiento de tal negociación o que haya percibido cantidad alguna por los derechos que le correspondían en el mismo por efecto de la comunidad conyugal, teniendo en consecuencia la parte actora derecho a partición sobre el valor de dicho bien, conforme a lo previsto en el artículo 777 del Código de Procedimiento Civil y la normativa que rige la materia regulada en nuestro Código Civil de la forma siguiente:

“Artículo 148: “...Entre marido y mujer, si no hubiere convención en contrario, son comunes, de por mitad, las ganancias o beneficios que se obtengan durante el matrimonio...” .

Artículo 149. ...Esta comunidad de los bienes gananciales comienza precisamente el día de la celebración del matrimonio; cualquiera estipulación contraria será nula...

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Artículo 156.-...Son bienes de la comunidad:

2º.-Los obtenidos por la industria, profesión, oficio, sueldo o trabajo de alguno de los cónyuges...

Artículo 165.-...Son de cargo de la comunidad:

1º.- Todas las deudas y obligaciones contraídas por cualquiera de los cónyuges en los casos en que pueda obligar a la comunidad.

2°. Los réditos caídos y los intereses vencidos durante el matrimonio, a que estuviere afectados, así los bienes propios de los cónyuges como los comunes.

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Artículo 173.- La comunidad de los bienes en el matrimonio se extingue por el hecho de disolverse éste o cuando se le declare nulo…

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Asimismo, en materia de partición nuestro M.T. en sentencia Nº 00736 de la Sala de Casación Civil de fecha 27 de junio de 2004, con ponencia del Magistrado Dr. T.Á.L., dejó sentado lo siguiente:

(…) En el juicio por partición de comunidad conyugal que sigue la ciudadana (…) según jurisprudencia de la Sala, de fecha 3 de agosto de 1998, en el juicio de C.C.L.L. contra M.A.C.A.: “…Siendo el procedimiento de partición tal (sic) especial, se requiere hacer un análisis detenido de las normas rectoras del juicio de partición (…) En el juicio de partición se pueden presentar dos situaciones diferentes, a saber:

1) Que en el acto de contestación no se haga oposición, a los términos en que se planteó la partición en la demanda. En otras palabras, al no efectuarse oposición y la demanda estuviere apoyada en instrumento fehaciente, el juez debe emplazar a las partes para el nombramiento del partidor.

2) Si en el acto de contestación se realiza la oposición, esto quiere decir, que los interesados discuten, impugnan los términos de la partición, el procedimiento se sustanciará por el procedimiento ordinario, en cuaderno separado, sin impedir la división de aquellos bienes cuyo dominio no se discute, o se contradice, es decir al haber discusión sobre el carácter o cuota de los interesados el procedimiento se sustanciará y decidirá por los trámites del juicio ordinario y resuelto el juicio que embarace la partición se emplazará a las partes para el nombramiento del partidor (Art.780 del C.P.C). (omissis).

Al no hacerse oposición no hay controversia, no hay impugnación sobre el carácter o cuota de los interesados…

En la segunda situación que contempla el juicio de partición, es decir, si los interesados realizan oposición, o contradicen los términos de la partición, el proceso se sustanciará y decidirá por los trámites del juicio ordinario hasta que se dicte la sentencia que embarace, como consagra el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil, y en este estado se emplaza a las partes para el nombramiento del partidor...

. (Subrayado de esta Alzada).

Como se evidencia de la jurisprudencia anteriormente transcrita, el procedimiento de partición consta de dos etapas claramente diferenciadas, según la conducta procesal adoptada por la parte demandada, es decir, si ésta no contradice o no se opone a la partición, o lo hace en forma extemporánea, el juez, al no haber discusión respecto a los términos de ésta debe emplazar a las partes al acto procesal subsiguiente el cual es su emplazamiento a los fines del nombramiento del partidor. La otra hipótesis que establece la ley procesal es la relativa a la oposición o contradicción a los términos de la partición que pudiere formular la parte demandada en la oportunidad de la contestación a la demanda sobre el carácter o cuota de los interesados, caso en el cual debe iniciarse la tramitación del procedimiento ordinario tal como lo preceptúa el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil:

Artículo 780: “ La contradicción relativa al dominio común respecto de algunos de los bienes se sustanciará y decidirá por los trámites del procedimiento ordinario en cuaderno separado, sin impedir la división de los demás bienes cuyo condominio no sea contradicho y a este último efecto se emplazará a las partes para el nombramiento del partidor.

Si hubiere discusión sobre el carácter o cuota de los interesados, se sustanciará y decidirá por los trámites del procedimiento ordinario y resuelto el juicio que embarace la partición se emplazará a las partes para el nombramiento del partidor.

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En este sentido, cabe reseñar que en la sentencia recurrida el juez de cognición a pesar de haber sustanciado las pruebas promovidas por la parte actora y otorgarle valor a la prueba documental consignada por el demandado hasta llegar a la sentencia dictada el 13 de diciembre de 2006, consideró que en el caso sub examine, no obstante que el accionado contradijo los términos de la partición rechazando y negando de manera expresa la demanda, especialmente la existencia del bien inmueble objeto de partición, no se había formulado oposición en los términos previstos en el artículo 778 eiusdem, lo cual se contradice con las actas del expediente, a pesar de que no se procedió en la forma como ordena el artículo 780 íbidem dado que el a quo ha debido sustanciar la contradicción relativa al inmueble de autos en cuaderno separado, resultando inoficiosa cualquier reposición en virtud de la aplicación del principio finalista al haberse aplicado en el presente caso los parámetros del juicio ordinario en virtud de la contradicción formulada, por lo que se insta al tribunal de primer grado de conocimiento que, en los casos como el de autos, cumpla con la disposición contenida en el artículo 780 eiusdem, esto es, que de existir discusión de los bienes a partir, ordene la apertura de un cuaderno separado, en el cual se sustanciará y decidirá lo relativo a la contradicción por el procedimiento ordinario. Así se declara.

En conclusión, se pudo determinar en el sub iudice que el demandado no aportó prueba alguna en el decurso probatorio que demostrara el hecho extintivo, impeditivo o modificativo de la obligación impetrada, especialmente en cuanto a que la actora tuvo conocimiento de la venta realizada o que recibió participación o pago de los derechos que ahora demanda en partición, es decir, que no dió cumplimiento a lo previsto en el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, que dispone:

… Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación…

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En ese sentido, el autor patrio Ricardo Henríquez La Roche, en sus “Comentarios al Código de Procedimiento Civil”, señala: “…Nuestro Código acoge la antigua m.r. “incumbit probatio qui dicit, no qui negat,” al prescribir que cada parte debe probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Pero esa formula es de todo punto de vista inconveniente. Según enseña mejor doctrina, la negación o afirmación puede ser simple modalidad de redacción. La circunstancia de afirmar o negar un hecho no altera la mayor o menor posibilidad de su prueba; un hecho negativo concreto puede probarse, en tanto una afirmación indefinida …no puede probarse. La doctrina más exacta sobre la carga de la prueba es esta: Corresponde la carga de probar un hecho a la parte cuya petición (pretensión o excepción) lo tiene como presupuesto necesario, de acuerdo con la norma jurídica aplicable; o, expresada de otra manera, a cada parte le corresponde la carga de probar los hechos que sirven de presupuesto a la norma que consagra el efecto jurídico perseguido por ella, cualquiera que sea su posición procesal … Esta regla es tan cabal y amplia que obvia todo distingo entre prueba de obligaciones (Art. 1.354 CC) y prueba de hechos en general, cuyas normas ha juntado el legislador en este nuevo artículo 506…”.

Asimismo, la Sala de Casación Civil de nuestro M.T. en sentencia de fecha 30 de mayo de 2006, expediente Nº 2002-000729, con ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez, dejó establecido lo siguiente:

“… En relación con la regla de la carga de la prueba, establecida en el artículo 1354 del Código Civil, se consagra allí un principio sustancial en materia de onus probandi, según el cual, quien fundamente su demanda o su excepción en la afirmación o negación de un hecho, está obligado a suministrar la prueba de la existencia o no existencia del hecho. Con lo cual, cuando el demandado alega hechos nuevos en la excepción, tocará a él la prueba correspondiente.

De tal manera que, desde el punto de vista procedimental, el legislador ha acogido de manera expresa, el aforismo “reus in excipiendo fit actor” referido al principio general según el cual: “corresponde al actor la carga de la prueba de los hechos que invoca en su favor y corresponde al demandado la prueba de los hechos que invoca en su defensa”.

En este orden de ideas, la Sala, en sentencia No. 389 de fecha 30 de noviembre de 2000, al interpretar el sentido y alcance de la regla de distribución de la carga de la prueba, estableció:

…Al respecto, esta Sala observa que el artículo en comento se limita a regular la distribución de la carga de la prueba, esto es, determina a quién corresponde suministrar la prueba de los hechos en que se fundamente la acción o la excepción, de allí que incumbe al actor probar los hechos constitutivos, es decir, aquellos que crean o generan un derecho a su favor y se traslada la carga de la prueba al demandado con relación a los hechos extintivos, modificativos e impeditivos ya que éste puede encontrarse en el caso de afirmar hechos que vienen a modificar los del actor, a extinguir sus efectos jurídicos o a ser un impedimento cuando menos dilatorio para las exigencias de los efectos...

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Congruente con todo lo expuesto, resulta forzoso declarar ha lugar el medio recursivo ejercido por la demandante quedando modificada la decisión proferida por el a quo en fecha 13 de diciembre de 2006, al tener la parte actora derecho a partición en lo que respecta al cincuenta por ciento (50%) de los derechos de propiedad sobre el bien inmueble o al valor que a sus derechos determine el partidor, previa deducción de pasivos, identificado en el libelo de la demanda como adquirido durante el vínculo matrimonial, todo conforme a lo previsto en el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil, y así se declarará en forma expresa, positiva y precisa en la parte in fine del presente fallo. Y ASÍ EXPRESAMENTE SE DECIDE.

IV

DISPOSITIVO DEL

CON LUGAR el recurso ordinario de apelación interpuesto en fecha 21 de febrero de 2007, por la abogada A.d.A. actuando en su carácter de apoderada judicial de la parte actora ciudadana HADDY M.C.G., contra la decisión proferida en fecha 13 de diciembre de 2006, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, la cual queda modificada en los términos expuestos en el cuerpo del presente fallo.

PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda por partición y liquidación de bienes incoada por la ciudadana HADDY M.C.G. en contra del

ciudadano J.A.A.F., ambos antes identificados, en lo que respecta al cincuenta por ciento (50%) del acervo de la comunidad conyugal constituido por las prestaciones sociales del demandado por el desempeño de sus funciones en la Fuerza Armada Nacional generadas en el período comprendido desde el 22 de diciembre de 1989, fecha de celebración del matrimonio, hasta la fecha de ejecución de la sentencia de divorcio 13 de agosto de 2003, y al cincuenta por ciento (50%) de los derechos de propiedad que pertenecían a la actora con respecto al bien inmueble constituido por una parcela de terreno y la casa sobre ella construida, distinguida con el Nº C-39, ubicada en la Urbanización Vista Linda, situada dentro del perímetro de la Urbanización Vista Hermosa en Jurisdicción del Municipio El Carmen, Distrito B.d.E.A..

Se ordena la partición y liquidación de la comunidad de bienes ya referida existente entre las partes, para lo cual el a quo deberá emplazar a las partes para que comparezcan a las once de la mañana (11:00 a.m.) del décimo (10mo.) día de despacho siguiente de la práctica de la última notificación que de las partes se haga, a los fines de que procedan al nombramiento de partidor conforme al procedimiento previsto en el artículo 778 del Código de Procediendo Civil.

Dada la naturaleza de lo decidido, no hay especial condenatoria en costas.

Por cuanto el presente fallo se dicta fuera de la oportunidad legal prevista para ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 233 y 251 del Código de Procedimiento Civil, se ordena notificar a las partes.

Expídase por Secretaría copia certificada del presente fallo, a los fines de su archivo en el copiador de sentencias definitivas que lleva este Juzgado, tal y como lo dispone el artículo 248 íbidem.

PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Años 198° de la Independencia y 149° de la Federación. En la ciudad de Caracas, a los treinta (30) días del mes de abril de dos mil ocho (2008).

EL JUEZ,

A.M.J.

LA SECRETARIA,

Abg. M.C.F.

En esta misma data, siendo las tres y veinticinco minutos de la tarde (3:25 p.m.), se publicó, registró y agregó al presente expediente la anterior sentencia, constante de dieciséis (16) folios útiles.

LA SECRETARIA,

Abg. M.C.F.

Expediente Nº 07- 9939

AMJ/MCF/ag