Decisión nº 20-2013 de Juzgado de los Municipios Justo Briceño, Tulio Febres Cordero y Julio Cesar Salas de Merida, de 12 de Abril de 2013

Promueve Documento contentivo del Contrato de Comodato “2003-2008” Renovable constante de tres folios útiles en su original y fotostatos a los fines de demostrar la existencia del contrato de Comodato entre su persona y la ciudadana M.d.V.G.d.T.. Observa esta juzgadora que dicho documento no fue impugnado ni desconocido en su oportunidad legal, ya que no obstante, la parte actora estando esta causa en estado de sentencia, interpone diligencia que obra a los folios 96 y su vuelto y 97, donde manifiesta que impugna el contrato de comodato, aunado de que es un contrato privado y solo surte efecto entre las partes. Al respecto cabe dejar sentado que tal desconocimiento ha sido interpuesto fuera de todo orden procesal, siendo que el referido contrato fue traído a las actas procesales en la etapa probatoria y la parte actora, lo ataca en escrito que obra a los folios 96 y su vuelto y 97, el cual interpuso en estado de sentencia, a través del desconocimiento por lo que se desestima el referido escrito en todas y cada una de sus partes por extemporáneo; y, siendo que el mismo quedo validamente ratificado al folio noventa (90) por su otorgante de conformidad al artículo 441 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, se le otorga pleno valor probatorio a los hechos que del mencionado contrato de comodato se derivan. Entre ellos, el hecho de que en fecha quince (15) de Agosto de 2003, la ciudadana: M.d.V.G.d.T., obrando en nombre y representación del ciudadano: I.H.C. Y PARASQUEOVOULA CALFALLANI DE HALKITIS, quien a su vez representa a la ciudadana: A.H.C., celebró contrato de comodato con el ciudadano: Christos Tsopanas, sobre un inmueble propiedad de A.H.C., consistente en un local comercial ubicado en la planta baja, frente a la carretera panamericana Almacén Super Oferta, al lado de Almacén Sur del Lago y frente al Almacén Nuevo Mundo, de la población de Caja Seca, Parroquia R.G.d.M.S.d.E.Z., por un tiempo de duración de cinco (5) años, desde el 15 de Agosto de 2003 al 15 de Agosto de 2008, prorrogable por períodos iguales siempre que ambas partes, por escrito, manifiesten la no continuidad del mismo con seis meses de anticipación a su vencimiento, en el convenio de que dicha ausencia de participación produce una renovación en los mismos términos regulatorios. Así se decide. SEGUNDA: Promueve documento poder “sin limitación alguna en la administración y gestión” conferido por I.H.C. y PARASQUEOVOULA CALFALLANI DE HALKITIS a la ciudadana M.d.V.G.d.T., debidamente notariado por ante la Notaría Pública de Caja Seca, Municipio Sucre del Estado Zulia, bajo el Nº “25”, tomo “17” de fecha 02-07-2001”. Observa esta juzgadora que el referido poder ha sido desconocido por la parte actora al folio 96, 97 y su vuelto, como ya se señaló antes, el cual fue interpuesto en estado de sentencia, por lo que se desestima el referido escrito en todas y cada una de sus partes por extemporáneo. En consecuencia, se le otorga pleno valor probatorio de conformidad al artículo 1.359 y 1.360 del Código Civil Venezolano, a los hechos que del mencionado poder se deriven. Que en fecha dos (02) de Julio de 2001, los ciudadanos: I.H.C. Y PARASKEOVOULA CALFALLANI DE HALKITIS, confieren poder especial de administración, pero amplio y suficiente en cuanto a derecho se requiera a la ciudadana: M.D.V.G.D.T., para que en sus nombres representen sin limitación la administración y gestión de sus bienes muebles e inmuebles. Así se decide. TERCERA: Promueve Documento contentivo del Contrato de Arrendamiento “2001- 2003”, notariado ante la Notaria Pública de Caja Seca Municipio Sucre Estado Zulia anotado bajo el Nº “27”, TOMO “17”, de fecha “02-07-2001”, constante de cinco folios útiles en su original. El cual no fue impugnado ni tachado por lo que se le otorga pleno valor probatorio de conformidad al artículo 1.359 y 1.360 del Código Civil Venezolano, del cual se deriva que entre: A.H.D.A., representada en ese acto por el ciudadano: IONNIS HALKITIS CABSOULACI, según instrumento poder otorgado ante la Notaria de Doña E.L. en el Pireo, quedando anotado en la escritura notarial Nº.14.312, bajo el Nº.41.248 de la República de Grecia, posteriormente registrado en la Oficina Subalterna de Registro Público del Distrito Sucre de la Circunscripción judicial del Estado Zulia, en Bobures, de fecha 23-06-1.993, quedando registrado bajo el Nº.06, Tomo; I, del Protocolo tercero, segundo trimestre; y, el ciudadano: CHRISTOS TSOPANAS, se celebró contrato de arrendamiento sobre un local comercial, signado con el Nº.A-1, ubicado este frente a la carretera panamericana, y al lado de Almacenes Sur del Lago, C.A, en la población de Caja Seca, Parroquia R.G.d.M.S.d.E.Z., por un tiempo de duración de dos (2) años, contados a partir del 01 de Julio de 2001 al 01 de Julio de 2003, entendiéndose prorrogado por periodos iguales siempre y cuando cualquiera de las partes no diere aviso o no notificare a la otra de su voluntad de no prorrogar el presente contrato, con no menos de sesenta (60) días de anticipación a la fecha de vencimiento del primer lapso o de cualquiera de sus prorrogas. ( …) Por un canon de arrendamiento mensual de Seiscientos Treinta Dólares ($.630,oo), pagados en moneda nacional. CUARTA: Promueve Documento contentivo del Poder conferido por la poderdante actora A.H.C. en su persona, constante de cuatro folios útiles y su fotostatos para que constando su efecto videndi le sea devuelto su original, signado con el Nº 13.887”, suscrito “En el Pireo en la República Helénica a los siete días de Julio del año dos mil diez debidamente traducido y apostillado por acuerdo de la Corte Internacional de la Halla con fecha “16 de junio 2012”. Observa esta juzgadora que dicho documento no fue impugnado ni desconocido en su oportunidad legal, ya que no obstante, la parte actora estando esta causa en estado de sentencia, interpone diligencia que obra a los folios 96 y su vuelto y 97, donde manifiesta que impugna el referido poder. Al respecto cabe dejar sentado que tal desconocimiento ha sido interpuesto fuera de todo orden procesal, ya que ha de considerarse extemporáneo por lo que el escrito que obra a los folios 96 y su vuelto y 97 se interpuso en el estado de sentencia, por lo que se desestima el referido escrito en todas y cada una de sus partes. En consecuencia se le otorga pleno valor probatorio de conformidad a los artículos 1.359 y 1.360 del Código Civil Venezolano; de cuyo poder se desprende que la ciudadana: A.H.D.A., en fecha siete (07) de Junio de 2.010, confirió poder especial intransferible al ciudadano: CRHISTO TSOPANAS, ante la Notaría del Pirineo, con facultad de vender, ceder, traspasar y entregar al Poder Popular para la Alimentación de la República Bolivariana de Venezuela, un inmueble ubicado en la avenida panamericana, frente al Centro Comercial Nuevo Mundo, Caja Seca Estado Zulia, las características son: Un edificio compuesto en la planta baja por un establecimiento comercial, y en el primer piso por un apartamento y ocho oficinas, inscrito legalmente en el Registro de Bobures del Municipio Sucre del Estado Zulia, República Bolivariana de Venezuela, pudiendo firmar el contrato de venta, cobrar el precio que será acordado por la venta, así como también administrar, tramitar y concluir todas las formalidades y documentos requeridos (…). Observa esta juzgadora que el actor impugnó el referido poder, para lo cual valgan aquí las mismas consideraciones que ha venido haciéndose en la presente valoración de las pruebas, en referencia al escrito interpuesto por la actora al folio 96 y su vuelto y 97, del cual ya se declaro su extemporaneidad. Así se decide. Promueve Testimoniales. Promueve las declaraciones de las ciudadanas: M.N.L.P. y C.J.V.M.. Al folio 91, obra auto de este Tribunal donde se decretó desierto el acto fijado para que la ciudadana: M.N.L.P., motivo por el cual no habiéndose producido declaración alguna, no hay nada que valorar. Al folio 92 y 93, riela declaración de la ciudadana: C.J.V., de dicha declaración se extraen los dichos más relevantes entre ellos las siguientes peguntas: “Cuarta; Diga la testigo, ¿si tiene conocimiento o no que dicha persona, esto es Christos Tsopanas se desempeñó o no como arrendatario en el local donde funciona actualmente el Almacén La Gran Oferta?. Contestó; Si tengo conocimiento de que él estaba arrendado, que estaba alquilado en ese local. Quinta: Diga la testigo ¿si tiene o no conocimiento que en fecha cinco de abril de 2.003 llegó a enterarse que el ciudadano: Cristos Tsopanas participara la no disposición a continuar como arrendatario del local donde hoy funciona el Almacén La Gran Oferta?. Contestó: Casualidad que ese día cinco de abril del 2.003 fui a comprar una mercancía que iba a bautizar un niño ese día, por casualidad yo llegué cuando iba entrando no me percaté de que estaban lampaceando y me resbalé, para no caer así me arreguindé de un paral y toda la ropa se cayó al suelo, entonces como no me pasó nada empezamos a reírnos todos los que estábamos ahí, en eso salió el señor Christo y le dijo a la cajera que si había puesto el aviso, como yo escuché yo le pregunté que para que era el aviso, yo le dije que si iban a cerrar el local, y él me dijo que no, que no quería seguir como arrendatario, y que le participaran a la señora Ana y al señor Juan de esa decisión”. Dicha declaración se valora de conformidad al artículo 508 del Código de Procedimiento Civil. De la referida declaración se puede inferir que el ciudadano: Christos, para la fecha 05 de Abril de 2.003, estaba arrendado en el local comercial, y, que no tenía intención de continuar con el arrendamiento de lo cual iba a hacer participación a la señora Ana y al señor Juan. Así se decide.

COMO PUNTOS PREVIOS:

Debe esta sentenciadora en primer lugar pronunciarse sobre algunos puntos previos, en primer lugar sobre la Perención de la Instancia invocada por la parte demandada, y que la misma puede ser revisable de oficio por el Juez en cualquier estado y grado de la causa; lo cual pasa hacerlo en los siguientes términos: La inactividad procesal de las partes durante la fase de conocimiento del proceso en la que pueden impulsarlo, produce la perención de la instancia o extinción de la misma, toda vez que los interesados dentro de los lapsos procesales y actos preestablecidos, no cumplen con sus deberes, quedando la causa sin actividad. Tal inactividad, además de presumir que las partes no tienen interés para que se administre justicia, conlleva a presumir que existe un decaimiento de la acción. La anterior situación puede ocurrir por no producirse la citación de la parte accionada, caso en que impide la apertura del contradictorio. A tal efecto, el legislador procesal venezolano, creó una figura denominada “Perención”, la cual está establecida en el Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, tendiente a castigar la conducta omisiva antes referida, y que es verificable de Derecho y no es renunciable por las partes, y aún puede declararse de oficio por el Tribunal, pues opera en el momento mismo en que ha transcurrido el término prescrito por la Ley. Por otra parte, el Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en su primer aparte establece: “También se extingue la Instancia: 1°) “Cuando transcurrido treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado”. Ahora bien, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Jurisprudencia del 06 de Julio de 2004, fijó las cargas que debe cumplir el actor a partir de la admisión de la demanda o de la reforma que haga al libelo y fija al efecto el siguiente criterio: “…Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el Artículo 12 ejusdem, y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los treinta (30) días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del Alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación…”. Así las cosas, entra el Tribunal con carácter previo a describir los actos procesales a través de los cuales se logró la citación de la parte accionada para integrar el contradictorio, a saber: Admitida la demanda por auto de fecha 17 de Diciembre de 2.012, donde se acordó librar recaudos de citación se exhorto al Tribunal de Bobures del Municipio Sucre del Estado Zulia, para la practica de la citación del demandado por estar domiciliado en dicho Municipio, consta en acta al folio cincuenta y tres (53) que en fecha 19 de Diciembre de 2.012, fue recibida la comisión por el Tribunal comisionado. Al folio Cincuenta y Cuatro (54) obra manifestación del Alguacil Titular del Juzgado Comisionado dejando constancia en fecha 16 de Enero de 2.013, de haber practicado la citación del demandado; en esa misma fecha 16-01-2.013, al folio 56 riela auto del Tribunal comisionado donde acuerda devolver la comisión por haberse cumplido. Al folio Cincuenta (50) consta actuación de este Tribunal donde expone, que fueron recibidas en fecha Veintiocho (28) de Enero de 2.013, las actuaciones relacionadas con el expediente Nº.2012-03 (contentivas de la citación del demandado); asimismo, consta en la parte inferior del folio 57 de los autos, contentivo de oficio dirigido a este Juzgado por el Juzgado Comisionado, donde remite la boleta de citación del ciudadano: CHRISTOS TSOPANAS, en cuyo oficio se puede observar sello húmedo de recibido por la secretaria de este Juzgado en fecha 28 de Enero de 2.013. Al folio 51, riela actuación de este Tribunal de fecha 28 de Febrero de 2.013, donde se agregan las actuaciones. Ahora bien, del itinerario para la practica de la citación del demandado, puede observar esta juzgadora que entre el acto de admisión de la demanda que fue el 17 de Diciembre de 2.012, a la fecha (16 de Enero de 2013) en que efectivamente el Alguacil del Juzgado comisionado practicó la citación del demandado, no transcurrieron más de Treinta días; de cualquiera de las formas computados ya sea por días continuos o por días de despacho, que a su propósito quien aquí juzga considera que los mismos deben ser tomados por días de despachos de conformidad a Sentencia de fecha 01 de febrero de 2001, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado ANTONIO GARCÍA GARCÍA (caso: J.P.B. y otros), en ejercicio del control concentrado de la constitución declaró la nulidad parcial de la frase contenida en el texto de la norma para el cómputo de los lapsos procesales prevista en el artículo 197 del Código de Procedimiento Civil, siguiente: “... los lapsos de pruebas, en los cuales no se computarán...”. Por consecuencia, debido a dicha nulidad parcial, el texto de dicha norma quedó redactado en los términos siguientes: Artículo 197.- “Los términos o lapsos procesales se computarán por días calendarios consecutivos excepto los sábados, los domingos, el Jueves y el viernes santo, los declarados días de fiesta por la Ley de Fiestas Nacionales, los declarados no laborables por otras leyes, ni aquellos en los cuales el Tribunal disponga no despachar”. La referida sentencia fue objeto de una aclaratoria, en fecha 09 de marzo de 2001, en la que la Sala Constitucional determinó el alcance de la norma parcialmente anulada dentro del sistema normativo que integra, y se concluyó que: “… cuando esta Sala anuló parcialmente la norma in comento lo hizo atendiendo al derecho a la defensa y al debido proceso, pero -se insiste- sin desconocer la existencia del derecho a la celeridad procesal consagrado en el citado artículo 26 de la Constitución, motivo por el cual, entendiendo al Código de Procedimiento Civil como un conjunto sistemático de normas, donde los términos o lapsos pautados para realizar las actuaciones procesales se crearon en principio para ser computados por días calendarios continuos, la formalidad de que el término o lapso procesal para la realización de un determinado acto sea computado atendiendo a que el tribunal despache, debe ser entendido para aquellos casos en que efectivamente se vea inmiscuido de forma directa el derecho a la defensa de las partes. De forma que, será la naturaleza de las actuaciones procesales las que distinguirán si el cómputo del término o lapso se realizará por días calendario continuos sin atender a las excepciones previstas en el artículo in comento, o, si por el contrario, deberán hacerse únicamente en función de que el tribunal despache. En virtud, de que esta Sala considera que el ejercicio oportuno de los derecho adjetivos que les asiste a las partes en un proceso -oportunidad que sólo puede verificarse si el tribunal despacha- forma parte de la esfera esencial del derecho a la defensa y al debido proceso. Por lo cual, si la naturaleza del acto procesal implica, que para que se cumpla cabalmente el derecho a la defensa y al debido proceso, éste deba ser realizado exclusivamente cuando el tribunal despache, en virtud de que sólo así las partes pueden tener acceso al expediente o al juez para ejercer oportunamente -entiéndase de forma eficaz- su derecho a la defensa, indudablemente que los términos o lapsos procesales para la realización de tales actos se computarán en función de aquellos días en que el tribunal acuerde despachar.” (Jurisprudencia Venezolana Ramírez & Garay, T. CLXXIV (174) Caso: S. Araque en aclaratoria, pp. 363 a 371). Sentadas las anteriores premisas, considera esta Juzgadora, que el lapso para que opere la perención de la instancia establecido por el ordinal 1ro. del artículo 267 eiusdem, debe computarse por días calendarios consecutivos en los cuales el Tribunal disponga despachar, ello debido a que la naturaleza de la institución de la perención en tal supuesto es una sanción legal impuesta al actor negligente y, por tanto, al ser una sanción es de interpretación restrictiva según el criterio pacíficamente establecido por la jurisprudencia patria (Véase sentencia de la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia de fecha 02 de agosto de 1989), de allí que su interpretación extensiva significaría la violación del principio pro actione y, por consecuencia, de la garantía de la tutela judicial efectiva. En reciente sentencia de fecha 01 de junio de 2011, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrado ISBELIA P.V. (caso: M.R. contra herederos desconocidos de F.P.S.L.) acerca de la naturaleza de la perención de la instancia, estableció: “… esta Sala ha sostenido en reiteradas ocasiones, que la misma se traduce en una sanción que produce el declive del juicio como consecuencia de la inactividad de las partes, quienes durante el transcurso de un tiempo previsto en la ley, no impulsan el proceso ocasionando su extinción…”. Asimismo, el lapso de treinta días previsto por el ordinal 1ro. del artículo 267 ídem, está directamente vinculado con el ejercicio del derecho de defensa y al debido proceso de la parte actora, toda vez que, la carga procesal tendente a lograr la citación del demandado para la contestación de la demanda, implica dejar constancia de tales actuaciones, mediante escrito o diligencia presentadas ante el Secretario del Tribunal, a los fines de que sean agregadas al expediente de la causa; y tal consignación y recibo de los escritos o diligencias de las partes, según lo dispuesto en los artículos 187, 191 y 192 ibidem, necesariamente deben efectuarse en el local sede del Tribunal, en días y horas de despacho. Por las razones antes expuestas, a juicio de esta Juzgadora, el lapso previsto en el ordinal 1ro. del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, debe computarse por días calendario consecutivos en los cuales el Tribunal disponga despachar. Visto así, cabe establecer en el caso de autos, que desde la fecha a que se admitió la demanda (17-12-2.012) a la fecha en que se practicó la citación por el Juzgado comisionado (16 de Enero de 2.013), no transcurrieron más de treinta días; o también, podría pensarse que dicho lapso debería contarse desde la admisión de la demanda a la fecha en que se recibió el despacho de comisión (28 de Enero de 2.013); tomado así tampoco transcurrieron los treinta días, ya que los tribunales no laboraron desde el 22 de Diciembre de 2.012, inclusive hasta el 06 de Enero de 2.013, por el receso decembrino. Y, si se toma desde la fecha de la admisión de la demanda (17 de Diciembre de 2.012) a la fecha de cuando este Tribunal Comitente agregó a los autos el despacho de la comisión de la citación (28 de Febrero de 2.013), que es como lo explana el demandado en su escrito del folio 68 al 71 de autos, estaríamos en efecto, colocando en los hombros de la parte actora, la responsabilidad de que el tribunal sea diligente y cumpla con los actos de trámite necesarios propios de sus funciones, por lo cual es totalmente improcedente sancionar a la parte demandante como consecuencia de una omisión del Tribunal, pues ello atentaría contra los pilares fundamentales del bebido proceso, como es la garantía constitucional del derecho a la defensa y de petición; y así, lo ha dejado sentado el Tribunal Supremo de Justicia en reiteradas jurisprudencias entre ellas la sala de casación Civil en Sentencia de fecha 30 de Enero de 2.007, Caso: Milaine C.V.O. contra: Unidad de Construcción y Equipos (CAUCE), y, la Sala Constitucional en sentencia Nº.816, de fecha 06 de Junio de 2.011. Caso: L.T.L.d.L.. En consecuencia, ha de tenerse en el caso que nos ocupa que la citación del demandado de autos se produjo dentro de los treinta (30) días después de admitida la demanda, es por lo que considera esta juzgadora improcede declarar la perención de la Instancia, formulada por el demandado: CHRISTOS TSOPANAS, por los motivos antes expuestos. En segundo lugar debería esta juzgadora pronunciarse como punto previo sobre la ilegitimidad del apoderado de la parte actora invocada por la contraparte. Al respecto observa esta juzgadora, que al folio 66 y su vuelto, la parte demandada ataca la ilegitimidad del apoderado de la actora, cuestionando el poder apud-acta que riela al folio 49, que le confirió el mandante a la parte actora, pero no obstante la parte demandada opone tal defensa en la oportunidad de la etapa probatoria, ya que no produjo contestación de la demanda, siendo que según nuestro ordenamiento jurídico debió invocarla como cuestión previa o como excepción perentoria de conformidad al artículo 436 del Código de Procedimiento Civil y en concordancia con el artículo 35 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios; ya que según este último es en la contestación de la demanda que el demandado deberá oponer juntamente todas las cuestiones previas previstas en el Código de Procedimiento Civil, y las defensas de fondo para que sean decididas en sentencia definitiva. Ahora bien, no habiendo sido dicho alegato interpuesto en la oportunidad procesal señalada por el artículo 35 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, es por lo que se declara improcedente tal alegato interpuesto por el demandado: CHRISTOS TSOPANAS. Todo de conformidad a sentencia de la Sala de Casación Civil, Tribunal Supremo de Justicia, sentencia Nº.500, de fecha 10 de Mayo de 2.005, Caso: Aristóbulo Isturiz Ameida, Contra: Menfri L.P.; y sentencia de la Sala de Casación Civil Nº.118, de fecha 23 de Abril de 2.010, Caso: J.E.C.P.. Contra: A.S.C. de Romero y Otros.

MOTIVACIÓN DEL

Es de considerar que la presente causa trata sobre Resolución de Contrato de Arrendamiento. Como ya se dejó explanado en la narrativa de los hechos del presente fallo, la parte actora alega que celebró contrato de arrendamiento por tiempo determinado de cinco (5) años y Once (11) meses, y que se prorrogó sucesivamente, y que en la actualidad el arrendatario tiene veinticuatro (24) mensualidades vencidas adeudándole la cantidad de Ciento Ocho Mil Bolívares (Bs.108.000), que comprenden las mensualidades de Noviembre, Diciembre año 2010, Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre año 2011, Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre año 2012, así como los meses que se pudieran generar el tiempo que dure la presente demanda. Y, la parte demandada a pesar de que no produjo contestación alguna de la demanda, sin que pueda operar la confesión ficta, ya que durante la etapa probatoria produjo pruebas, donde aduce en los señalamientos del objeto de las pruebas, que sí había celebrado contrato de arrendamiento en el año 2001 que duró hasta el año 2.003, con la ciudadana A.H.C., pero que en la actualidad existe es una relación de comodato, y que nada adeuda por canon de arrendamientos. Ahora bien, del análisis de las actas procesales se evidencia que la ciudadana: A.H. sostuvo una relación arrendaticia por tiempo determinado con el ciudadano: CHRISTOS TSOPANAS, según documento autenticado ante la Notaría Pública de Caja Seca, de fecha 12 de Enero de 1.995, anotado bajo el Nº. 94, Tomo 01 de los respectivos lapsos, cuya relación arrendaticia iba a partir del 01 de Enero de 1.995 al 01 de Enero de 2.000, el cual podía ser prorrogable por períodos iguales, cuyo documento no fue impugnado ni desconocido, lo cual permite fijar el hecho de la existencia de una relación arrendaticia entre las partes para el periodo señalado. Asimismo, consta en autos del folio 80 al 82, contrato de arrendamiento celebrado entre la ciudadana: A.H.D.A. y el ciudadano: CHRISTOS TSOPANAS, por tiempo de duración de dos (2) años, contados a partir del Primero (01) de Julio de 2.001 al Primero (01) de Julio de 2.003, pudiendo ser prorrogable por períodos iguales siempre y cuando cualquiera de las partes no diera aviso o no notificare a la otra de su voluntad de no prorrogarlo, con no menos de 60 días de anticipación, y el monto del canon de arrendamiento era por la cantidad Seiscientos Treinta Dólares ($ 630), pagaderos en moneda nacional. Documento este que se le otorgó pleno valor probatorio, y del que se deriva que para la fecha del 01 de Julio de 2.001 al 01 de Julio de 2.003, la ciudadana: A.H.D.A. sostuvo una relación arrendaticia con el ciudadano: CHRISTOS TSOPANAS. Ahora bien, observa esta Juzgadora que en principio queda demostrado que desde el año 1.995 al 01 de Julio de 2.003, las partes de autos sostuvieron una relación arrendaticia sobre un local comercial signado con el Nº. A-1, ubicado frente a la carretera panamericana y al lado de Almacenes Sur del Lago C.A, en la población de Caja Seca, Parroquia R.G.d.M.S.d.E.Z., y cuyo monto de canon de arrendamiento era de $630 dólares pagaderos en moneda nacional. Quedando demostrado en autos que para las fechas ya señaladas a las partes las unió una relación arrendaticia que era por tiempo determinado, tal como lo invoca la parte actora en su libelo y así lo asume la parte demandada hasta el 01 de Julio de 2.003. Ahora bien, restaría a.¿.c.s. mantuvo esa relación arrendaticia?, con tal propósito observa esta juzgadora que del folio 72 al 74 del presente expediente riela documento privado contentivo de contrato de comodato suscrito entre la ciudadana: A.H.C. representada por M.d.V.G.d.T., con el ciudadano: CHRISTOS STONOPAS, documento este que fue ratificado en juicio por la otorgante de conformidad al artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, el cual no fue impugnado ni desconocido dentro de la oportunidad legal; y, al cual se le otorga pleno valor probatorio de conformidad al artículo 1.363 del Código de Civil Venezolano, del que se desprende que la ciudadana: A.H.C., a través de sus representantes IONNIS HALKITIS CABSOULACI, PARASQUEOVOULA CALFALLANI DE HALKITIS Y M.D.V.G.D.S., representación esta que quedó demostrada en auto, dio en comodato un local, ubicado en la planta baja, frente a la carretera panamericana en la población de Caja Seca, Parroquia R.G.d.M.S.d.E.Z., por una duración de cinco años, contados a partir del 15 de Agosto de 2.003 al 15 de Agosto de 2.008, prorrogables por períodos iguales siempre que ambas partes, por escrito manifestasen la no continuidad del mismo con seis meses de anticipación a su vencimientos, con el convenio de que la no participación produce una renovación en los mismos términos regulatorios salvo lo relacionado a la fecha. De dicho documento contentivo de contrato de comodato, se desprende el dicho invocado por el demandado cuando expresa en su argumentación probatoria que celebró contrato de comodato con la ciudadana: A.H.C., hecho este comprobado con el referido contrato de comodato, lo cual lleva a inferir que la relación arrendaticia existente entre las partes efectivamente tubo lugar hasta antes del 15 de Agosto de 2003, tal y como puede desprenderse del referido contrato de comodato así como de la declaración efectuada por la ciudadana C.J.V.M., que riela al folio 92 y 93, donde se desprende la intención del ciudadano: Christos Tsopanas, para la fecha del 05 de Abril de 2003, de poner fin a la relación arrendaticia que sostenía con la ciudadana A.H., por lo que ha de tenerse que a partir del 15 de Agosto de 2.003, empezó a regir entre las partes el contrato de comodato. En consecuencia, de los autos se desprende que el local en referencia su propietaria A.H.C. lo dio en comodato al ciudadano: CHRISTOS TSOPNAS, por un lapso de tiempo de cinco años que iba desde el 15 de Agosto de 2003 al 15 de Agosto de 2.008, pudiendo ser prorrogable por períodos iguales; y, siendo que no consta en autos prueba alguna que demuestre que vencido el lapso convenido en el contrato de comodato de fecha 15 de Agosto de 2003, que las partes hubieran querido regirse por una figura distinta a la del comodato tal como sería la de arrendamiento, es como ha de tenerse que el referido comodato se renovó por el mismo tiempo convenido en fecha 15 de Agosto de 2.003. Es allí donde, en presencia de una relación de comodato, no prosperaría una acción de Resolución de Contrato de Arrendamiento y el pago de unos supuestos canon de arrendamiento de 24 mensualidades insolventes tal como lo invoca el demandante, cuando el actor no demuestra en autos que efectivamente a partir del año 2.003 hasta la presente fecha se mantiene la relación arrendaticia, la cual había tenido su inicio el 12 de Enero de 1.995, para lo cual pudo haber traído cualquier otro medio de prueba que desvirtuara la relación de comodato invocada por el demandado y probada por este a través del contrato de comodato insertó del folio 72 al 74, o que en su defecto demostrara que la relación arrendaticia que los unió con anterioridad permanecía vigente. En atención a los razonamientos precedentemente expuesto, es forzoso para esta juzgadora declarar sin lugar la presente demanda por Resolución de Contrato de Arrendamiento, intentada por la ciudadana: A.H.C., venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de identidad N°.4.828.960, representada por G.A.H., venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº.17.093.439, domiciliado en la jurisdicción del Estado Trujillo, en contra del ciudadano: CHRISTOS TSOPANAS, de nacionalidad griega, mayor de edad, titular de la Cédula de identidad Nº.E-82.021.102, domiciliado en el Municipio T.F.C.d.E.M.. Hay condenatoria en costas según el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil. Se omite notificar a las partes de la presente decisión por haberse dictado la misma dentro del lapso de diferimiento de conformidad al artículo 251 del Código de Procedimiento.

DISPOSITIVA.

Por los fundamentos antes expuestos, este TRIBUNAL DE LOS MUNICIPIOS J.B., T.F.C. Y J.C. SALAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MERIDA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA: