Decisión nº 109 de Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo. Extensión Puerto Ordaz de Bolivar (Extensión Puerto Ordaz), de 28 de Julio de 2008
| Fecha de Resolución | 28 de Julio de 2008 |
| Emisor | Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo. Extensión Puerto Ordaz |
| Ponente | Daisy Lunar Carrion |
| Procedimiento | Derecho Jubilacion |
Por cuanto la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 30 Enero de 2008 acordó designar a la ciudadana D.L.C., como Juez Temporal del Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz, y en virtud de haber sido juramentada por la Rectoría de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar en fecha 25 de febrero de 2008, es por lo que, ME ABOCO al conocimiento de la causa signada con el Número FP11-L-2006-000268.
Ahora bien, vistas las actas que conforman este expediente, este Tribunal observa lo siguiente:
Por escrito libelar de fecha once (11) de julio del año 2006, los abogados en ejercicio J.D.J. DIAZ Y A.H., inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 49.544 y 98.891, actuando en su condición de co-apoderados judicial de los ciudadanos: H.C., C.F., E.V.D.F., MAXIMO CHIROQUE Y E.G., venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédulas de identidad Nros. 8.523.368, 3438.349, 12.128.706, 81.608.441 y 2.905.091, demanda formalmente a la empresa C.V.G. ALUMINIO DEL CARONI, S.A. (CVG ALCASA), solicitando que esa empresa cumpla con la obligación que tiene de realizar el ajuste y la homologación de la pensión con ocasión a la jubilación de sus poderdantes, cumpliendo con el pago de la misma, así como también. con los correspondientes intereses de mora e indexación, de conformidad con la Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o empleados de la administración Pública Nacional de los Estados y de los Municipios.
Sin embargo, en fecha veinticuatro (24) de febrero de 2006, la representación judicial de los demandantes presenta escrito de transacción, que riela en los folios del 25 al 31, mediante el cual el ciudadano H.C., titular de la cédula de identidad Nº 8.523.368 pone fin al procedimiento que incoara contra la empresa supra identificada y solicita al Tribunal le imparta su homologación.
Ahora bien, siguiendo el recorrido de las actuaciones mas importante ocurridas en el expediente, se observa que en fecha diecisiete (17) de marzo de 2006, nuevamente la representación judicial de los demandantes presenta escrito de transacción, inserto en los folios del 38 al 45, mediante el cual el ciudadano C.F., titular de la cédula de identidad Nº 3.438.349 pone fin al procedimiento que incoara contra la empresa supra identificada y solicita al Tribunal le imparta su homologación.
No obstante, esta demanda fue admitida mediante auto de fecha 14/08/06, ordenándose la notificación de la parte demandada y a la Procuraduría General de la República, a los efectos que tuviera lugar la celebración de la audiencia preliminar entre las partes.
Asimismo, producto de la revisión a las actas procesales del expediente, se evidencia que el Tribunal procede a impartir la homologación a las transacciones antes señaladas en fecha 18/09/06, cuyas actuaciones se encuentran insertas en los folios del 59 al 62, dando de este modo por terminado el procedimiento para los ciudadanos H.C. y C.F., continuando la causa para los otros actores del proceso.
En tal sentido, se practica la notificación a la demandada de autos en fecha 30/11/006, dejando constancia de esta actuación la Secretaria Judalys Martínez en fecha 06/12/06, actuación esta que se encuentra inserta en el folio 75 del expediente, no obstante, se requería de la notificación a la Procuraduría General de la República, para que comenzaran a correr los lapso de comparecencia a la Audiencia Preliminar, lo cual hasta la presente fecha no se ha realizado, y no se evidencia en el expediente actuación alguna de la demandante que propenda a impulsar este acto procesal.
Pues bien, realizado de esta manera el recuento de las actuaciones más importantes que sucedieron en este procedimiento, el Tribunal hace las siguientes observaciones:
La perención de la instancia, figura jurídica contenida en el artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, ha sido considerada por la doctrina y jurisprudencia patria como un medio de terminación del proceso bajo la presunción de abandono o pérdida de interés en el juicio, fundamentado en la falta de impulso procesal por parte de los sujetos de la relación procesal, al no instar diligentemente el procedimiento, manteniéndolo paralizado por el tiempo determinado en la Ley.
Así el indicado artículo 201 de la Ley Adjetiva laboral, establece que:
Artículo 201. Toda instancia se extingue de pleno derecho por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. Igualmente, en todas aquellas causas en donde haya transcurrido más de un (1) año después de vista la causa, sin que hubiere actividad alguna por las partes o el Juez, este último deberá declarar la perención.
(Negrilla de este Tribunal)
En interpretación a la citada norma, ha señalado la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia (vid. Sentencias Nº 825 del 28/07/2005 y Nº 1184 del 12/07/2006), que la misma consagra dos (2) supuestos en que opera la extinción de la instancia, a saber: 1) cuando antes de comenzar el lapso para sentenciar, las partes no realizan ningún acto de procedimiento durante un año; y 2) cuando después de vista la causa, es decir, encontrándose el proceso en etapa de sentencia, no hay actividad de parte o del juez, durante el mismo período de un año; supuestos que se diferencian en virtud del sujeto cuya actuación en el proceso impide que opere la perención, al darle el impulso necesario para su continuación.
También ha dicho la Sala en interpretación de la norma señalada, que antes de comenzar el lapso para sentenciar, el impulso procesal requerido deben darlo los litigantes, pues es una carga de ellos el mantener con vida jurídica el proceso a través de conductas que denoten su interés en que se resuelva la controversia en los lapsos procesales establecidos; toda vez que el abandono del juicio por los sujetos procesales lleva a concluir que éstos, al no realizar ningún acto capaz de impedir que transcurra el lapso fatal, manifiestan tácitamente su intención de no continuar con el litigio.
De la misma manera, ha sostenido la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, que el lapso de perención previsto en el citado artículo 201, ejusdem, se inicia el día siguiente de aquél en que se realiza el último acto de procedimiento de las partes o del juez, dependiendo del caso, entendiéndose como un acto de procedimiento, aquel que propende al desarrollo del juicio, es decir, que demuestra la voluntad de activar el proceso hacia su finalidad lógica, con el fallo del tribunal que resuelva el conflicto u otro medio de terminación del proceso.
Cabe mencionar también, que la perención de la instancia, tal como dispone el artículo 202, ibidem, opera de pleno derecho y puede ser declarada de oficio por el Tribunal correspondiente.
Aplicando los criterios antes mencionados al caso que nos ocupa, este Tribunal observa que pese a que en fecha seis (06) de noviembre de 2006, la abogada JUDALYS MARTINEZ, Secretaria adscrita al Circuito Judicial del Trabajo de Puerto Ordaz, Estado Bolívar, dejó constancia de las actuaciones realizadas por el ciudadano Alguacil respecto a la notificación de la parte demandada, si duda alguna, esta actuación constituye, a juicio de la suscrita, un acto de procedimiento que impulsa el proceso, pero se requiere a demás, de la notificación a la Procuraduría General de la República, para que puedan comenzar a correr los lapso a los efectos de la celebración de la Audiencia Preliminar, de lo cual no se evidencia actuación alguna por parte de la demandante tendente a impulsar esta notificación.
Así las cosas, puede constatarse de las actas procesales que conforman este expediente, que desde esa fecha, esto es, 08/11/06, exclusive, hasta la presente, ha transcurrido mas de un (1) año, sin que se hubiere realizado en el expediente dentro de dicho lapso algún acto de procedimiento capaz de impulsar el proceso, hacia su finalización lógica con la sentencia de mérito.
En este orden de ideas, el procesalita Ricardo Henríquez La Roche, en su obra “Instituciones de Derecho Procesal (2005, pág.357), señala lo siguiente:
(…) Para que se interrumpa la inactividad capaz de producir al año la perención, es menester un acto procesal, o acto de procedimiento inserido en el iter legal, que propenda al desarrollo del juicio;…omissis… No son actos de esa índole, según la doctrina de CHIOVENDA, los que no tienen influencia alguna inmediata en la relación procesal, aunque puedan estar dirigidos a su fin…, vgr., petición de copias certificadas, otorgamiento de poder apud acta, solicitud del beneficio de justicia gratuita (…)
. (Negrillas del Juzgado)
En consideración a todo lo antes expuesto, concluye quien suscribe que en el caso bajo estudio operó indefectiblemente la perención de la instancia, en virtud del transcurso del tiempo previsto en el artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, sin que se hubiere realizado en el proceso algún acto capaz de impulsarlo hacía su culminación, es más, lo que se evidencia es un abandono del proceso por parte del demandante, quien desde la fecha de interposición de las transacciones (24/02/06 y 17/03/06), no ha realizado ninguna actuación que propenda al desarrollo del juicio hacia su fin; por lo que, no queda otra alternativa a este Juzgado que declarar LA PERENCION DE LA INSTANCIA en el presente causa. ASI SE DECIDE.
Por las motivaciones anteriormente expuestas, este Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara:
LA PERENCION DE LA INSTANCIA en el juicio por JUBILACIÓN, incoado por los ciudadanos H.C., C.F., E.V.D.F., MAXIMO CHIROQUE Y E.G., en contra de la empresa C.V.G. ALUMINIO DEL CARONI, S.A. (ALCASA); y en consecuencia queda EXTINGUIDO el proceso. Sin embargo, ello no obsta para que los demandantes para quienes quedaba activo el proceso vuelvan a proponer su demanda, una vez transcurrido el lapso establecido en el artículo 204 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
La presenta decisión tiene como base los artículos 2, 19, 49, 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 2, 4, 6, 11, 64, 66, 165, 177, 201,202 y 203 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Notifíquese a las partes de la presente decisión. Líbrense boletas.
Dada, firmada y sellada en la sala de Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz, a los veintiocho (28) días del mes de J.d.D.M. ocho (2008), años 198° de la Independencia y 149° de la Federación.
LA JUEZ,
ABG. D.L.C.
LA SECRETARIA DE SALA,
ABG. C.G.
PUBLICADA EN EL DÍA DE SU FECHA, PREVIO ANUNCIO DE LEY A LAS TRES DE LA TARDE (3:00 PM).-
LA SECRETARIA DE SALA,
