Decisión nº KE01-X-2007-000141 de Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo de Lara, de 13 de Agosto de 2007
| Fecha de Resolución | 13 de Agosto de 2007 |
| Emisor | Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo |
| Ponente | Freddy Josue Duque Ramirez |
| Procedimiento | Medida Cautelar (Amparo) |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo de la Región Centro Occidental
Barquisimeto, trece de agosto de dos mil siete
197º y 148º
ASUNTO: KE01-X-2007-000141
Parte demandante: PROCURADURÍA DEL ESTADO LARA.
Abogada de la parte demandante: R.C.H., actuando con el carácter de Procuradora General del Estado Lara, y en representación de la Procuraduría las Abogadas M.C.N. SINGER Y G.S. MOLINA, venezolanas titulares de las Cédulas de Identidad Números 15.940.111, 5.260.049 y 14.750.152 e inscritas en el Inpreabogado bajo los números 116.325, 126.028 y 90.489 respectivamente.
Parte demandada: INVERSIONES COLPA, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en fecha 06 de octubre de 1.989, bajo el N° 71, Tomo 1-A.
Representantes de la Parte demandada: HELEN COLMENARES Y A.C., venezolanos mayores de edad, titulares de la cédulas de identidad Nros V-3913.183 y V-5.435.66 respectivamente.
Motivo: Sentencia interlocutoria de medida cautelar de Embargo
I
De los hechos
En fecha 27 de Julio del 2007, fue recibida y el 08 de Agosto del 2007 admitida la demanda interpuesta por el Ejecutivo Regional del Estado Lara a través de la Ciudadana R.C.H., actuando con el carácter de Procuradora General del Estado Lara, en el cual se solicita el Cumplimiento del Contrato de Obra contra la sociedad de Mercantil INVERSIONES COLPA, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en fecha 06 de octubre de 1.989, bajo el N° 71, Tomo 1-A, solicitando que se decrete Medida de Embargo Preventivo sobre bienes que sean propiedad del demandado INVERSIONES COLPA, C.A. conforme a los artículos 89 y 90 del Decreto con Fuerza de Ley de la Procuraduría General de la República, por considerar la existencia del Fomus bonis iuris y el periculum in mora.
II
Consideraciones para decidir
Planteado lo anterior, una vez revisadas las actas procesales que conforman el presente expediente y estando dentro de la oportunidad procesal para hacerlo, este juzgador procede a pronunciarse sobre la referida medida en los siguientes términos:
P.C. , en su obra, establece que la ley no contiene una regulación general de las providencias cautelares, las cuales se hayan diseminadas en los diversos Códigos, como providencias conservatorias o interinas o como una categoría sistemática bajo el perfil de una acción asegurativa o cautelar, dirigida a la emanación de una de estas providencias o bien bajo el perfil de un proceso cautelar, a través del cual se construye una de estas providencias , o bien bajo el perfil de la providencia en sí misma que se distingue por sus propios caracteres de todas las otras providencias jurisdiccionales .
De los tres puntos de vista anteriores, Calamandrei sostiene el tercero, por cuanto en su opinión, no debe existir medida cautelar sin la existencia en forma autónoma de un juicio del cual, las cautelares son homogéneas pero no idénticas al petitorio de fondo, superando así la problemática que se genera al existir identidad entre el proceso cautelar y el proceso de cognición o de ejecución.
Sin embargo, como bien observa A.R., y profundiza Carnelutti, el criterio para distinguir las providencias de cognición de las de ejecución, es diverso del que sirve para diferenciar las providencias cautelares de cualquier otro tipo de providencias.
En este sentido, se considera que la providencia cautelar es provisoria, es decir, que la duración de sus efectos, está limitada en el tiempo, esto sin entrar a distinguir la provisoriedad de la temporalidad. Así, teniendo en mente este fenómeno, Calamandrei estableció igualmente que esa provisoriedad es un contrapeso y una atenuación de la sumariedad del proceso de formación de toda providencia cautelar y es así como se habla de un juicio de probabilidad y no de certeza, naciendo toda providencia cautelar de la existencia de un peligro de daño jurídico derivado del retardo de la resolución jurisdiccional definitiva (periculum in mora).
Este periculum in mora, constituye el fundamento básico de toda medida cautelar, pues no solo previene el peligro genérico del daño jurídico sino que además puede prevenir el ulterior daño marginal que, modernamente, se ha denominado periculum in damni, de manera tal, que la resolución de providencias cautelares nace “ de la relación que se establece entre dos términos: la necesidad de que la providencia, para ser prácticamente eficaz, se dicte sin retardo, y la falta de aptitud del proceso ordinario para crear sin retardo, una providencia definitiva”.
Es aquí donde señala Calamandrei, que estas consideraciones “…permiten alcanzar lo que en mi concepto, es la nota verdaderamente típica de las providencias cautelares: las cuales nunca constituyen un fin por sí mismas, sino que están ineludiblemente preordenadas a la emanación de una ulterior providencia definitiva, el resultado práctico de la cual, aseguran preventivamente. Nacen por así decirlo, al servicio de una providencia definitiva, con el oficio de preparar el terreno y de aprontar los medios mas aptos para su éxito”.
Para Calamandrei, es la relación de instrumentalidad la que genera diversos tipos de medidas cautelares, estableciendo que el primer grupo está constituido por aquellas “…providencias instructorias anticipadas, con las cuales, en vista de un posible futuro proceso de cognición, se trata de fijar y de conservar ciertas resultancias probatorias, positivas o negativas que podrán ser utilizadas después, en aquel proceso, en el momento oportuno”.
En un segundo grupo, se pueden clasificar aquellas que “…sirven para facilitar el resultado práctico de una futura ejecución forzada, impidiendo la dispersión de los bienes que puedan ser objeto de la misma”, mientras que en un tercer grupo se ubican aquellas que “deciden interinamente en espera de que a través del proceso ordinario, se perfeccione la decisión definitiva controvertida en juicio, que en el supuesto de perdurar hasta dicho momento, podría derivar a una de las partes daños irreparables” o de difícil reparación por la definitiva (periculum in damni).
Igualmente, para el maestro Calamandrei, el cuarto grupo está constituido por aquellas medidas que se agrupan en el instituto de la “ejecución provisoria”, entendiendo que no toda ejecución provisoria deriva de una providencia jurisdiccional, existiendo casos en que la ley, en consideración a la naturaleza de ciertas relaciones, establece que todas las sentencias pronunciadas sean provisoriamente ejecutivas, cual sucede en nuestro medio con la sentencia de amparo o la sentencia interdictal.
Ahora bien, siendo claro que las medidas cautelares son otorgadas por el juez sobre la base de un juicio probabilístico y no de certeza mediante el análisis de los requisitos exigidos para su decreto, es menester señalar que en materia contencioso administrativa estos requisitos son, en primer término, el fumus bonis juris, es decir, la apariencia del buen derecho que debe derivar de la narrativa libelar y de las pruebas aportadas, las cuales deben ser apreciadas por el tribunal no mediante un juicio de certeza sino de probabilidad, en segundo lugar, el periculum in mora que procede en la forma antes señalada, en tercer término, el periculum in damni, que consiste en que el daño sea irreparable o de difícil reparación por la definitiva, y finalmente, la ponderación de los intereses particulares y los colectivos, porque de privar estos últimos, no podrá decretarse ninguna medida cautelar a favor de un particular.
Al respecto, J.A.M.B. ha sostenido lo siguiente:
i) En virtud del derecho a la tutela judicial efectiva, el juez contencioso-administrativo se halla "...habilitado para emitir todo tipo de medida cautelar...";
ii) Dicho en otras palabras, con base en un juicio de mera probabilidad o verosimilitud, el juez contencioso -administrativo "...puede decretar todo tipo de mandamientos...". A la (clásica) medida de suspensión se suman, pues, las "...medidas (cautelares) positivas e incluso anticipativas..." que resulten necesarias para brindar tutela provisional frente a la acción o inacción administrativa que dio lugar a la proposición de la demanda contencioso-administrativa; y,
iii) En síntesis, "...el Juez, por el hecho de tener la potestad de ejecutar o hacer ejecutar lo juzgado, ostenta un poder cautelar general que le permite tomar cualquier medida cautelar que resulte necesaria para la eficaz ejecución de lo juzgado". Para adoptar esas medidas y, por vía de consecuencia, "...garantizar el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva...", "...el único criterio que debe ser siempre valorado por el juez contencioso... es la concurrencia del fumus bonis iuris y el periculum in mora".
En igual sentido, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 00416, dictada en el expediente Nº 2003-0782, en fecha 04 de mayo de 2004, con ponencia del Magistrado Levis Ignacio Zerpa, estableció lo siguiente:
Las medidas cautelares, en general, se caracterizan porque tienden a prevenir algún riesgo o daño que una determinada situación pueda causar.
Para que las medidas cautelares sean decretadas por el órgano jurisdiccional debe verificarse, en forma concurrente, que la medida sea necesaria porque resulte presumible que la pretensión procesal principal será favorable (fumus boni iuris); y que, además, tenga por finalidad evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación, o bien para impedir que el fallo quede ilusorio (periculum in mora).
Además de estas importantes características de prevención de las medidas cautelares, encontramos otras como la homogeneidad y la instrumentalidad.
La homogeneidad se refiere, a que si bien es cierto que la pretensión cautelar tiende a asegurar la futura ejecución de la sentencia, dicha pretensión cautelar no debe ser idéntica a la pretensión principal, ya que de evidenciarse la identificación con el derecho sustantivo reclamado, se incurriría en la ejecución adelantada de la sentencia de mérito y así la medida en vez de ser cautelar o preventiva sería una medida ejecutiva.
La instrumentalidad se refiere a que esa medida, la cual se dicta con ocasión a un proceso o juicio principal, está destinada a asegurar un resultado; por lo que sólo debe dictarse cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo o para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la definitiva, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.
En este orden de ideas, Devis Echandía nos explica que “... el proceso cautelar no tiene como fin declarar un hecho o una responsabilidad, ni la de constitución de una relación jurídica, ni de ejecutar un mandato y satisfacer el derecho que se tiene sin ser discutido, ni de dirimir un litigio, sino de prevenir los daños que el litigio pueda acarrear o puedan derivarse de una situación anormal” (Compendio de Derecho Procesal, Teoría General del Proceso, Tomo I, pág. 145 y ss.)
Efectuadas las consideraciones doctrinarias y jurisprudenciales anteriores, este juzgador observa que en el encabezamiento del escrito libelar, el recurrente solicita Medida de Embargo Preventivo contra los bienes que sean propiedad del demandado “INVERSIONES COLPA, C.A.”, de conformidad con el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, conjuntamente con los artículo 90 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, ahora bien de acuerdo con la Ley Orgánica de la Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencia del Poder Público en su artículo 33 establece; que los Estados tendrán las mismas prerrogativas fiscales y procesales de que goza la República, y dado que el artículo 90 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, señala que solo basta con que el ente público cumpla con alguno de los requisitos necesarios para que pueda establecerse la procedencia de la cautelar solicitada, así mismo este Tribunal observa que en el caso de auto se evidencia la presencia del Fomus boni iuris; que viene dado por la presunción del buen derecho, que emerge del incumplimiento de contrato referente a la obra de: “AMPLIACIÓN Y MEJORAS DE LA CASA DE LA CULTURA, SANARE PARROQUIA PIO TAMAYO MUNICIPIO ANDRÉS ELOY BLANCO” por parte de la empresa “INVERSIONES COLPA, C.A.”, y conforme a lo sostenido por la doctrina supra analizada, es por lo que este Juzgador debe declarar como en efecto lo hace, con lugar la medida cautelar de embargo solicitada por el ciudadana R.C.H., sobre los bienes que sean propiedad del demandado “INVERSIONES COLPA, C.A.”, por la cantidad de BOLÍVARES TRECE MILLONES CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS ONCE CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (Bs. 13.130.911,89), que es el doble de la cantidad demandada, más el 15% de costas, de conformidad con el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.
III
Decisión
En virtud de las consideraciones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental con sede en Barquisimeto, Administrando Justicia, actuando en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley declara CON LUGAR la medida cautelar de embargo sobre los bienes muebles que se encuentre en posesión y que sean propiedad de la empresa “INVERSIONES COLPA, C.A.”, por la cantidad de BOLÍVARES TRECE MILLONES CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS ONCE CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (Bs. 13.130.911,89), que es el doble de la cantidad demandada, más el 15% de costas, de conformidad con el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, por lo que si la medida recae en dinero efectivo el embargo solamente alcanzará la cantidad de BOLÍVARES SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (Bs. 7.421.819,76), que es el monto de la obligación demandada más el 15% por concepto de costas.
Se le advierte al Juzgado de la medida de embargo de bienes muebles no puede ni debe recaer sobre aquellos bienes que estén afecto al servicio público dado que lo solicitado por la ciudadana R.C.H., actuando con el carácter de Procuradora General del Estado Lara, en el juicio incoado por dicho Ente Público, es el Cumplimiento de Contrato. Para la practica de lo ordenado se comisiona suficientemente al Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Iribarren, Crespo y Urdaneta, a los fines de que se traslade a la sede ubicada en la calle 27 entre 17 y 18 Edificio Lex Piso 2 Ofic-2-1 de la Ciudad de Barquisimeto Estado Lara y cumpla con lo ordenado en la presente decisión.
A tal fin se ordena remitir anexo al despacho del Juez comisionado, copia certificada del libelo de la demanda, del auto de admisión de fecha 07/08/2007, y de la presente decisión.
Publíquese, regístrese y déjese copia conforme lo establece el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dictada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, en Barquisimeto a los Diez (13) días del mes de Agosto del año dos mil siete (2007). Años: 197º de la Independencia y 148º de la Federación.
El Juez,
Dr. F.D.R.
La secretaria,
Abog. S.F.C.
Seguidamente se libro comisión al Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Iribarren, Crespo y Urdaneta a los fines que se ejecute lo que se ordeno en el auto. Anexo se le remite copias certificada del libelo de la demanda, del auto de Admisión y de la presente decisión.
La secretaria,
Abog. S.F.C.
