Decisión de Juzgado Superior del Trabajo de Lara, de 3 de Septiembre de 2004
| Fecha de Resolución | 3 de Septiembre de 2004 |
| Emisor | Juzgado Superior del Trabajo |
| Ponente | Alejandro David Yabrudy Fernández |
| Procedimiento | Calificación De Despido |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Superior de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara
Barquisimeto, 03 de septiembre del 2004
194° y 145
ASUNTO: KP02-R-2004-0001005
PARTES EN JUICIO:
DEMANDANTE: HENDER YXAVIER PEÑA DIAZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 14.512.009, de este domicilio.
APODERADO JUDICIAL DEL DEMANDANTE: C.P., abogado en ejercicio, inscrito en el I.P.S.A. bajo el Nº 54.478, de este domicilio.
DEMANDADO: P.J., venezolano, mayor de edad, de este domicilio.
APODERADO JUDICIAL DEL DEMANDANDADO:, venezolano, mayor de edad, abogado en ejercicio inscrito en el I.P.S.A bajo el N° 51.039 y de este domicilio.
MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES
SENTENCIA: DEFINITIVA.
ASUNTO Nº KP02-R-2004-000983
I
BREVE NARRACIÓN DE LOS HECHOS
Se inicia el presente procedimiento por solicitud de calificación de despido interpuesta por el ciudadano HENDER YXAVIER PEÑA DIAZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 14.512.009, de este domicilio, en contra del ciudadano P.J., venezolano, mayor de edad, de este domicilio.
Alega la accionante que comenzó a laborar para el demandado en fecha 20 de diciembre de 1994, con el cargo de obrero, devengando un salario diario de cuatrocientos dieciséis Bolívares con sesenta y seis céntimos (Bs. 416,66) hasta el 19 de mayo de 1995, fecha en la que fue despido del referido cargo y en razón de ello solicita se le califique su despido y se ordene el reenganche y el pago el salario de los caídos.
El 08 de enero de 1997, el Juzgado de la Parroquia A.F.A.d. la Circunscripción Judicial del Estado Lara. Bobare. Profiere sentencia declarando la perención de la instancia.
El 07 de marzo de 1997, el apoderado del demandante apela de la referida sentencia, en virtud de ello, el Juzgado A-Quo oyó la apelación interpuesta en ambos efectos y ordenó la remisión de la causa a esta Superioridad.
Una vez recibido el asunto por esta Alzada, se le dio entrada y se fijó oportunidad para la celebración de la audiencia oral, la cual tuvo lugar en fecha 02 de septiembre de 2004, tal como se evidencia de los folios 50 y 51 de la presente causa, en la cual se declaro sin lugar el Recurso de Apelación y en consecuencia confirmada la sentencia recurrida.
II
DE LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA
El artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, derecho común en materia procesal, estatuye que el Juez es el director del proceso y debe impulsarlo de oficio hasta su conclusión. Sin embargo, según reconoce la misma norma, la causa puede quedar paralizada, sin actividad, de forma tal que hace cesar la permanencia a derecho de las partes.
Tal inactividad, en el marco de un proceso, permite presumir que las partes han perdido interés en que se protejan sus derechos fundamentales por esta vía, lo que produce un decaimiento del interés procesal en que se administre justicia.
Bajo esta perspectiva, el interés procesal se concibe como la posición del actor frente a la jurisdicción para obtener de ella la satisfacción de su necesidad de tutela, considerando que este interés subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso.
La falta inicial de esta “necesidad de tutela” (interés procesal) impide el juicio sobre el mérito de la pretensión del actor y por ello se sanciona con la declaratoria de perención prevista en el Código de Procedimiento Civil, fundamentada en determinadas causales, varias de las cuales recogen supuestos de falta de interés procesal.
Ahora bien, la pérdida del interés puede sobrevenir en el curso del proceso, lo que ocurre cuando el actor desiste de su pretensión, caso en el cual se otorga autoridad de cosa juzgada al desistimiento y se declara la extinción del procedimiento, aun cuando también puede ocurrir que decaiga únicamente el interés en el procedimiento que esté en curso, en cuyo caso ocurre el desistimiento del procedimiento a que se refiere el artículo 266 del Código de Procedimiento Civil.
Finalmente, puede ocurrir que el interés decaiga por la inacción prolongada del actor o de ambas partes, en cuyo supuesto se extingue la instancia iniciada en protección de determinada pretensión, conforme lo establece el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.
En efecto, el Código de Procedimiento Civil señala expresamente los supuestos que configuran la inacción prolongada y que dan lugar a la perención de la instancia, la cual, en opinión del Dr. M.C.:
…es un instituto que debe su existencia al proceso, mas precisamente al proceso civil, …Un proceso normal concluye con la sentencia o sea la declaración de la voluntad de la ley hecha por el órgano jurisdiccional y en virtud de la cual se cumple uno de los f.d.E.: el de proteger el orden jurídico. Por excepción, la relación procesal termina por composición, renuncia o perención.
(Castelán, M. “Perención-Caducidad. Doctrina Legislación y Jurisprudencia”, p.9)
Ahora bien, es importante destacar los efectos procesales de la perención de la instancia, para lo cual resulta conveniente traer a colación el criterio de la Sala de Casación Social, sostenido en sentencia de fecha 09 de marzo de 2000, en donde se estableció lo siguiente:
Podemos agregar que cuando las partes no actúan procesalmente y desatienden la posibilidad de impulsar la causa incoada, se produce una falta de gestión que puede ocasionar la perención de la instancia, pero ello no significa la clausura de la pretensión, pues en definitiva la instancia es una sucesión de etapas en el juicio
.
De igual forma, la Sala Social ha ratificado el criterio acogido en materia de perención en reiteradas oportunidades, verbigracia, en fallo del 01 de junio de 2001, en los términos que seguidamente se exponen:
Está consciente la Sala que hay tribunales sobrecargados de expedientes por decidir, provenientes de la desidia en la estructuración del poder judicial, y por ello resultaría contrario al Estado de Derecho y de Justicia que en dichos tribunales se aplicara estrictamente la doctrina expuesta en este fallo, por lo que la Sala considera que cuando los términos de prescripción de los derechos ventilados sean de un año o menos, vencido un año de inactividad en estado de sentencia, sin impulso del actor, si en el año siguiente al de la prescripción no hay impulso de su parte, se tendrá tal desidia procesal como muestra inequívoca que los accionantes perdieron el interés procesal en dicha causa, y así se declara.
.
Así pues, efectuadas las consideraciones anteriores, es menester profundizar en la aplicación de esta institución procesal dentro del ámbito laboral. En este sentido, se tiene que el artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo pauta que toda instancia se extingue de pleno derecho por el transcurso de un (01) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes.
Sin embargo, con la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica Procesal del Trabajo, muchos doctrinarios han discutido acerca de si el precitado artículo puede ser aplicado a toda instancia, esto es, a cualquier juicio laboral en curso antes o después de la vigencia de dicho instrumento legal, concluyendo en su mayoría que esta figura procesal solo puede operar en los juicios pendientes antes de la implementación de la ley adjetiva laboral, razonamiento sostenido por el maestro Henríquez La Roche, quien aduce lo siguiente:
De acuerdo con la interpretación a rubrica de esta regla en comento, sólo procede esta perención de la instancia respecto a los juicios seguidos con arreglo a la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos del Trabajo derogada, ya que el Capítulo II donde se encuentra incluido este artículo se denomina régimen procesal transitorio. La transitoriedad de este régimen determina un ámbito de aplicación restrictivo del presente artículo 201, circunscrito a los juicios pendientes para la fecha de vigencia de la nueva ley.
Pero téngase en cuenta que aquí el legislador, implícitamente declara la posibilidad de que un p.l. caduque por inactividad de las partes, con arreglo a la norma pertinente del Código de Procedimiento Civil arriba copiada, aplicada por analogía de acuerdo a la regla supletoria del artículo 11, segundo precepto, de esta ley. La relación sustancial del trabajo no cambia en su naturaleza ni respecto a las normas sustantivas aplicables, por ser oral y no escrito el procedimiento por el cual discurre el proceso
. (Henríquez La Roche, R. “EL Nuevo Proceso Laboral”, p.570)
Así pues, en el caso de autos, esta Alzada observa que si bien es cierto que la declaratoria de perención dictada por el extinto Juzgado de la Parroquia A.F.A.d. la Circunscripción Judicial del Estado Lara antecedida de una orden de suspensión emitida por el mismo tribunal, esta pudiera resultar contraria a derecho.
Sin embargo la parte actora al momento de ejercer el recurso de apelación en fecha 07 de marzo de 1997(F. 20), debió ser diligente ante el juzgado de la alzada, por cuanto no se dio por notificado del avocamiento de la Juez itinerante Dra. Milexa Linarez Trejo, en fecha 14 de diciembre de 2000, quien ordenó notificar a las partes en dicha fecha, no existiendo diligencia alguna de la parte actora, lo que causó una inactividad prolongada por mas de doce meses entre el 14 de diciembre de 2000 al 10 de febrero de 2004, cuando se avoca un nuevo juez de juicio y ordena la notificación de las partes.
En merito de todas las consideraciones anteriores y de conformidad con el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en su artículo 201, resulta forzoso para esta Superioridad, declarar la PERENCIÓN de la Instancia.
III
D E C I S I O N
En virtud de las consideraciones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior del Trabajo de la Coordinación Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACION interpuesto en fecha 07 de marzo de 1997, por el abogado WITERMUNDO HENDER PEÑA, en contra de la sentencia proferida por el extinto Juzgado de la Parroquia A.F.A.d. la Circunscripción judicial del Estado Lara, de fecha 08 de enero de 1997; por cuanto de un análisis de las actas que conforman el expediente, esta Superioridad observa una inactividad prolongada por mas de 12 meses, por parte del actor, desde la fecha en que este ejerció el recurso de apelación, hasta la fecha del avocamiento del nuevo Juez.
No hay condenatoria en costas debido a la naturaza del fallo.
Queda así CONFIRMADA la sentencia recurrida.
Expídase copia certificada de la presente sentencia para ser agregada al libro respectivo, conforme a lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese y bájese oportunamente el expediente al Tribunal de la causa.
Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior del Trabajo de la Coordinación Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en Barquisimeto, al tercer (03) día del mes de septiembre del año dos mil cuatro.
Años: 194º de la Independencia y 145º de la Federación.
El Juez Titular, La Secretaria,
Dr. A.Y.F.A.. Rosalux Galíndez
En igual fecha y siendo las 09:00 a.m. se publicó y agregó el presente fallo a las actas del expediente, de lo cual se deja constancia de conformidad con lo consagrado en el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
La Secretaria,
Abog. Rosalux Galíndez
