Decisión de Juzgado Primero De Primera Instancia En Lo Civil Y Mercantil de Aragua, de 12 de Diciembre de 2006
| Fecha de Resolución | 12 de Diciembre de 2006 |
| Emisor | Juzgado Primero De Primera Instancia En Lo Civil Y Mercantil |
| Ponente | Pedro III Pérez Cabrice |
| Procedimiento | Separacion De Cuerpos (Conversión De Divorcio) |
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA
Maracay, 12 de Diciembre de 2.006
196° y 147°
SOLICITANTES: HERCAR J.N.L. e I.D.V.M.N..
ABOGADO(S) APODERADO(S) O ASISTENTE(S): M.R., Inpreabogado N° 71.613.-
MOTIVO: Conversión de Separación de Cuerpos en Divorcio.
TIPO DE SENTENCIA: Civil Persona o Familia (Con o Sin Lugar).
EXPEDIENTE N°: 34.042
Se inician las presentes actuaciones por solicitud de Separación de Cuerpos, efectuada en fecha 27 de Junio de 2.000, por los ciudadanos HERCAR J.N.L. e I.D.V.M.N., venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad N° V-12.571.464 y V-14.958.293, respectivamente, ambos de este domicilio, asistidos por la Abogado M.R., Inpreabogado N° 71.613. (Folios 01 al 03)
En fecha 19 de Julio de 1.998, este Tribunal decretó la Separación de Cuerpos en los mismos términos y condiciones expuestos por los cónyuges en el escrito de la solicitud. (Folio 06)
En fecha 04 de Febrero de 2.003, los ciudadanos HERCAR J.N.L. e I.D.V.M.N., ya identificados, estando asistidos por la Abogado M.R., también identificada, solicitaron al suscrito, se avocara al conocimiento de la presente causa. (Folio 07)
En fecha 21 de Febrero de 2.003, el suscrito se abocó al conocimiento de la presente causa, e igualmente, en nombre y representación de este Tribunal, ordenó notificar mediante Boleta a la Fiscal Décimo Segundo del Ministerio Público del Estado Aragua, a los fines de que compareciera por ante este Tribunal y expusiera lo que considerara conveniente con respecto a la presente solicitud. (Folio 08)
En fecha 24 de Marzo de 2.003, el Secretario de este Tribunal, dejó constancia de que se libró la Boleta de Notificación respectiva. (Folios 09 y 10)
En fecha 04 de Abril de 2.003, el Alguacil de este Tribunal dejó constancia de haber entregado la Boleta de Notificación a la Fiscal Décimo Segundo del Ministerio Público del Estado Aragua. (Folios 11 y 12)
En fecha 23 de Noviembre de 2.005, el ciudadano HERCAR J.N.L., ya identificado, estando asistido por el Abogado R.R., Inpreabogado N° 83.589, fuese decretada la Conversión de Separación de Cuerpos en Divorcio, por cuanto transcurrió mas de un año, sin que hubiese reconciliación entre ellos. (Folio 13)
En fecha 01 de Diciembre de 2.005, el suscrito se abocó nuevamente al conocimiento de la presente causa, igualmente, en nombre y representación de este Tribunal, ordenó citar a la ciudadana I.D.V.M.N., ya identificada, a los fines de que compareciera por ante este Tribunal, a exponer lo que considerara conveniente con respecto a la presente solicitud. (Folios 14 y 15)
En fecha 17 de Febrero de 2.006, el alguacil de este Tribunal dejó constancia de no haber entregado la Boleta de Citación a la mencionada ciudadana, por cuanto no le fueron suministrados los medios necesarios para su traslado a la dirección donde se encontraba ésta. (Folios 16 al 18)
En fecha 08 de Noviembre de 2.006, el ciudadano HERCAR J.N.L., ya identificado, estando asistido por la Abogado O.Z., Inpreabogado N° 74.270, suministró la dirección correspondiente, a los fines de que el alguacil de este Tribunal practicara la notificación respectiva. (Folio 19)
En fecha 21 de Noviembre de 2.006, la ciudadana I.D.V.M.N., ya identificada, se dio por notificada sobre la presente solicitud. (Folio 20)
MOTIVA:
Siendo la oportunidad de dictar sentencia en la presente causa, este Tribunal lo hace bajo las siguientes consideraciones:
-
DE LA INCOMPETENCIA SOBREVENIDA:
Como quiera que las presentes actuaciones se iniciaron en fecha 27 de Junio de 2.000; la admisión y decreto de la separación de cuerpos fueron efectuadas en fecha 19 de Julio de 2.000; que a partir de la fecha 21 de Noviembre de 2.006, la solicitud entró en estado de “sentencia”, se hace necesario hacer algunas consideraciones sobre la competencia para conocer del presente asunto por la materia, habida consideración de que ambos cónyuges manifiestan haber procreado un hijo, de nombre: J.E.R., nacido el día 05 de Noviembre de 1.997, menor de edad para la fecha de presentación de la solicitud, y actualmente, tiene Nueve (09) años de edad.
Tal y como se expresó en la Sentencia de fecha 04 de marzo de 2004, dictada por este Tribunal en el Expediente N° 36.359, no es extraño a este tribunal que a raíz de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (de fecha 01 de abril de 2000), se ha planteado una problemática en relación a la competencia para conocer, sustanciar y decidir solicitudes o pretensiones en las cuales directa o indirectamente pudieran afectarse intereses superiores de menores, siendo o no parte en los respectivos procedimientos.
Parte de la doctrina y del “producto social” inherente a la gran cantidad de solicitudes y pretensiones enmarcadas en los referidos supuestos de hecho llevaron a efectuar una interpretación armónica y hermenéutica de las normas atributivas de competencia en las cuales se hace mención que en la resolución de las causas de materia civil que afecten directamente a los niños y adolescentes comporta un fuero de atracción.
Esa parte de la doctrina, ha mencionado que en los asuntos de jurisdicción voluntaria o contenciosa en los cuales los solicitantes o partes sean mayores de edad y existan involucrados indirectamente niños y adolescentes, cuya solicitud o pretensión tengan como marco de referencia ser de naturaleza civil sustantiva y adjetivamente regulada por el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil, como es el caso de marras vb.: solicitud de separación de cuerpos y conversión de ésta en divorcio conforme al primer aparte del artículo 185 del Código Civil; la competencia para conocer de dicho asunto –han dicho- corresponde a los Tribunales Civiles Ordinarios por fuerza de la atracción de naturaleza civil que los convierten en órganos especializados en dicha materia, de manera excluyente, más aún si el menor no es producto de la concepción o procreado por ambos cónyuges.
Ahora bien, lo anterior no obsta para que los órganos especializados civiles competentes para conocer de solicitudes contenciosas o separaciones de cuerpos, en los cuales aparezca la existencia de niños o adolescentes, no pueda, deba o este obligado a tutelar exhaustivamente los intereses superiores de dichos menores, en aplicación de los principios, derechos y garantías constitucionales y legales a ellos impuestos y atribuidos, desarrollados en lo que la doctrina denomina “control difuso de los intereses superiores de menores”.
Alguna parte de la doctrina ha considerado que el Juez Civil Ordinario, en tales supuestos no encuentra a su disposición los mecanismos de que se encuentren dotados los otros órganos de protección previstos en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, para llevar a cabo dicha función, lo cual consideran es incorrecto en su planteamiento y por otro lado desconoce la naturaleza misma de los procedimientos y forma de hacer cumplir las órdenes jurisdiccionales.
En ese sentido, en casos como el presente, regulados adjetivalmente por el artículo 185 del Código Civil en su primer aparte, la doctrina y jurisprudencia han descrito su naturaleza como no contenciosa o voluntaria y deben los cónyuges entre otras cosas manifestar voluntaria y asertivamente no haberse producido reconciliación alguna entre ellos una vez transcurrido más de un (1) año después de haberse decretado la separación de cuerpos.
Que ante las disposiciones señaladas en al artículo antes citado, es menester que los cónyuges con hijos menores, manifiesten cual de ellos ha ejercido la guarda durante el tiempo que han permanecido separados de hecho, así como la forma como se viene ejecutando el régimen de visitas y la prestación de la obligación alimentaría, ergo, sobre la patria potestad misma; todo lo cual debe ser tomado en cuenta por el juez al dictar la sentencia tutelando los intereses superiores de los menores existentes, caso de inobservancia o insuficiencia por parte de los cónyuges y en uso de las facultades tuitivas difusas.
En similar sentido se ha pronunciado la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencias de fechas 17 de mayo de 2.001 y 13 de marzo de 2.002.
Ante dichas posiciones doctrinarias y jurisprudenciales, ya el profesor P.L. (Introducción a la LOPNA, UCAB, Caracas, 2001, Pág 123) había expresado que: “...De hecho, en la ley que se analiza, en no pocos casos, se puede prever que ante la ocurrencia de determinadas situaciones dignas de tutela, no será fácil establecer la asignación de competencia entre tribunales que recíprocamente se disputen atribución cognoscitiva de un especial asunto en el que estén implicados, al mismo tiempo, intereses de menores con intereses de mayores...”
Específicamente con relación a las solicitudes y demandas de divorcios, separaciones de cuerpos, nulidades de matrimonios en los cuales se hayan procreados o existan hijos niños o adolescentes y en general toda la materia de “familia”, la doctrina y jurisprudencia mayoritaria en un principio se ha inclinado con base a la disposición contenida en el artículo 177, Parágrafo Primero, literal “i” en el sentido de establecer un fuero atrayente especializado para el conocimiento de los Tribunales de Protección de los Niños y Adolescentes, en Funciones o Sala de Juicio.
Así se señala que la exposición de motivos de la Ley especial Orgánica de Protección del Niño y del Adolescentes se menciona como RATIO LEGIS una consideración de que un “...puntal del nuevo sistema es la c.d.T.d.P. del Niño y del Adolescente, órgano jurisdiccional especializado para conocer directamente de todos los asuntos de la vida civil de niños y adolescentes en materia de familia y patrimoniales;...” con lo cual la competencia tanto material como funcional conferida a los juzgados de protección –se entiende- viene a configurar una competencia especial dentro de la civil ordinaria jurisdiccional.
Siendo ello así, cuando exista necesidad jurisdiccional de protección de derechos y garantías afectados o con tal invocación, directamente a los tutelados (menores y adolescentes) efectivamente corresponderá el conocimiento de dicho asunto a los Tribunales de Protección a tenor de lo dispuesto al artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente en virtud del fuero de atracción personal inherente. Lo anterior fue magistralmente expuesto por P.L. (Obj. Cit., Pág. 125), así: “...En conclusión, ...la competencia de los tribunales de protección del niño y del adolescente está basada en el concepto de fuero subjetivo atrayente, por lo que, a más de la enumeración prevista en el artículo 177 de la ley, referida a materias de familia, patrimonial (mercantil y civil), laboral, constitucional y contencioso administrativo, todas de carácter minoril, la razón atributiva de competencia es la presencia de un interés digno de tutela jurisdiccional, identificado en cabeza de un niño o de un adolescente...”
Ahora bien, la determinación de esa necesidad de tutela de los intereses superiores de menores debe determinarse caso por caso, ya que, pueden existir solicitudes o demandas de divorcio en los cuales existan hijos de los cónyuges menores de edad, pero no de ambos, casos en los cuales no habría –en principio- ese fuero atrayente “minoril”. Por otro lado, de acuerdo a las circunstancias ese fuero atrayente puede presentarse en el curso de un procedimiento en oportunidades posteriores a la demanda o solicitud, o a su admisión, cuando por ejemplo se presenta como tercero o se plantea en una reforma de la demanda, caso en los cuales el juez debe ponderar caso por caso, cuando existe esa necesidad de protección.
Así en el presente caso, se hace necesario hacer un somero análisis de los que la doctrina ha denominado “Perpetuatio Jurisdictionem”, por el tiempo y la forma en que se toma conocimiento de la existencia de un menor de edad interesado indirectamente en este procedimiento.
Así, conforme al Artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, establece:
La jurisdicción y la competencia se determinan conforme a la situación de hecho existente para el momento de la presentación de la demanda, y no tienen efecto respecto de ellas los cambios posteriores de dicha situación, salvo que la ley disponga otra cosa.
Sobre este artículo el autor patrio, R.H.L.R. (Código de Procedimiento Civil, Tomo I, Pág. 28), ha expresado, que:
...Este principio debe ser entendido con las advertencias siguientes: a) No atañe a las mutaciones de derecho devinientes de una nueva ley que califique diferente la relación sustancial controvertida; la jurisdicción y competencia se determinan por la situación de hecho existente al momento de la demanda, mas no necesariamente por lo que se afirme en la demanda, ya que esto sólo es un supuesto... c) la incompetencia sobrevenida en razón de las defensas que ejerce el demandado (Art. 50) constituye una excepción al principio que consagra este artículo. Otra excepción está contenida en el segundo párrafo del artículo 41, que autoriza al demandado para hacer prevalecer mediante caución, el tribunal de su domicilio por sobre el forum rei sitae.
>Es doctrina pacífica que el momento determinante de la competencia es el de la demanda. Esto significa que se tiene en cuenta el estado de hecho existente en aquel momento y que se refiere, obviamente, a los elementos subjetivos y objetivos que nuestro Código Procesal señala bajo el rubro de Fuero Competente, como materia, valor de la demanda y continencia de la causa. De manera que las modificaciones sucesivas comprendidas, carecen de relevancia en la medida en que la Ley no lo diga expresamente, o no se cause daño a una de las partes>> (cfr CSJ, Auto 27-3-85, Ramírez & Garay, XC N° 258)...
Ahora bien, este Tribunal observa que por cuanto ambos cónyuges en su solicitud presentada antes de la vigencia de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, MANIFESTARON en forma expresa, la existencia de un MENOR DE EDAD, que la solicitud fue admitida y tramitada por este Tribunal, y si se hallare en estado de sentencia no estaría planteada ninguna posibilidad de consideración de incompetencia por la materia ni fuero atrayente hacia Juzgados de Protección del Niño y del Adolescente (por ser inexistente para dicha época), pero que a partir del día 21 de Noviembre de 2.006, fecha en la cual transcurrieron los lapsos necesarios, entró el Expediente en estado de sentencia para pronunciarse sobre la solicitud de Conversión de Separación de Cuerpos en Divorcio, es evidente que a partir de dicha fecha si se produjo una incompetencia sobrevenida en favor de un Juzgado de Protección del Niño y del Adolescente del Estado Aragua, por estar vigente la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, a partir del 01 de abril de 2000. Y así se declara y decide.
Por lo anterior este Tribunal considera que lo procedente es declarar su incompetencia para decidir el presente asunto y así se declarará enseguida. Y así se declara y decide.
DISPOSITIVA:
Por los razonamientos antes expuestos este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, SE DECLARA INCOMPETENTE POR LA MATERIA, y en consecuencia, SE DECLINA LA COMPETENCIA a favor de un Juzgado de Protección del Niño y del Adolescente del Estado Aragua.
Líbrese oficio al Juzgado Distribuidor de Protección del Niño y del Adolescente del Estado Aragua, remitiéndole las presentes actuaciones una vez quede firme la presente decisión.
Notifíquese a los solicitantes de conformidad con lo establecido en los artículos 233 y 251 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese y regístrese.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Tribunal. En Maracay, a los doce días del mes de Diciembre de dos mil seis (12-12-06). Años 196º de la Independencia y 147º de la Federación.-
EL JUEZ,
Dr. P.I.P.
EL SECRETARIO,
Abg. L.V.
En esta misma fecha, siendo las 11:30 a.m., se publicó y registró la anterior decisión.- EL SECRETARIO,
Abg. L.V.
Exp. Nº 34.042
PIIIP/lv/pc
Estación 07
