Decisión de Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 6 de Mayo de 2009

Analizado el escrito recursorio presentado por la representación judicial de la parte actora, abogado A.A.P., debe destacarse que el aparte décimo del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, dispone que:

En la demanda se indicará con toda precisión el acto impugnado, las disposiciones constitucionales o legales cuya violación se denuncie y las razones de hecho y de derecho en que se funde la acción. Si la nulidad se concreta a determinados artículos, a ellos se hará mención expresa en la solicitud, indicándose respecto de cada uno la motivación pertinente, o si se refiere a un acto administrativo, se indicarán los aspectos formales del mismo; a la misma se acompañará un ejemplar o copia del acto impugnado, el instrumento que acredite el carácter con que actúe, si no lo hace en nombre propio, y cualesquiera otros documentos que considere necesarios para hacer valer sus derechos

Vale decir entonces, que por disposición expresa de la Ley el escrito contentivo de un recurso de nulidad contra un acto administrativo de efecto particular, como el del caso de especie, debe señalar taxativamente cuáles son los presuntos vicios en que incurrió el acto impugnado y los argumentos de hecho en que se basa cada infracción, pues la declaratoria de nulidad no puede surgir de simples presunciones fácticas, sino que debe estar fundamentada en las razones de hecho y de derecho pertinentes, no pudiendo el Juez suplir los alegatos del recurrente, como así lo ha reiterado nuestro M.T., en Sala Político Administrativa, en diferentes fallos.

En efecto, ha dicho la Sala:

…“para la admisión de una acción de esta naturaleza es menester que se señalen cuáles son los presuntos vicios en que incurrió el acto impugnado, con fundamento en el ordenamiento jurídico vigente, pues la declaratoria de nulidad no puede surgir de simples presunciones fácticas, sino que debe estar fundamentada en las razones de derecho pertinentes, no pudiendo el Juez suplir los alegatos del recurrente. Así, la ilegalidad debe determinarse a través de la relación que debe existir entre el acto impugnado y el vicio del cual este adolezca...".

(Sent. Nos. 00657 y 00001, de fechas 17.04.2001 y 27.01.2004, respectivamente)

Siguiendo este contexto jurisprudencial se observa del libelo, que el apoderado actor, en una extensa y enrevesada redacción, hace un sin numero de objeciones e impugnaciones que van desde la presentación de la solicitud de calificación de faltas hasta la emisión de la p.a. recurrida, sin orden lógico secuencial que permita a este Juzgador conocer a qué vicio se refiere o qué norma legal o constitucional pudo haber sido infringida por el órgano recurrido. Igualmente hace una vasta crítica sobre la valoración que la Inspectora del Trabajo dio a las pruebas promovidas y evacuadas por las partes, para posteriormente en el Capítulo II del libelo, establecer como fundamentos de Derecho, lo siguiente:

(sic.)…“El acto administrativo cuya nulidad solicitamos, violenta de manera flagrante principios fundamentales. Establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los artículos 26, 49, 87, 89, numeral 1, Y 141; artículos 12, 478, 508, 509, 510 del Código de Procedimiento Civil, los artículos 59, de la Ley Orgánica del Trabajo, el artículo 19 numeral “4” de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos así como la Jurisprudencia patria reiterada y pacifica de nuestro mas alto Tribunal vinculante por la materia…”

Sin embargo, en manera alguna determina o motiva en forma precisa, en qué o de qué forma violó la Inspectoría del Trabajo las señaladas disposiciones constitucionales y legales. Tampoco especifica cuál es…“la Jurisprudencia patria reiterada y pacifica de nuestro más alto Tribunal vinculante por la materia…” que pudo haber infringido dicho ente.

Igualmente, al referirse en el aparte titulado “De los vicios que afectan la P.A.” en el mismo Capítulo II, acota:

(sic.)…“Aun cuando parezca sobre abundante debemos cumplir con el deber de señalar e invocar aún otros defectos que también consideramos vicios que afectan la mencionada P.A..

La doctrina ha planteado la existencia de ciertos vicios que afectan la causa de los actos administrativos, los cuales como lo apunta M.M. se verifican ‘cuando los hechos o el derecho que se invoquen como antecedentes para la emisión del acto existieren, pero aparejen o contengan un defecto, ‘un vicio’ en ‘suma’ consistiendo ese defecto en una errónea interpretación de los hechos existentes o del Derecho’ (Tratado de Derecho Administrativo, Tomo II Abeledo – 1966)

Bajo esta premisa, se tiende a identificar tres (3) categorías básicas en el vicio de falso supuesto que afecta la causa de los actos administrativos, a saber a) la ausencia total y absoluta de hechos, la cual se configura cuando los hechos en que la Administración funda su apreciación no existen o no han sido probados; b) La errónea apreciación de los hechos, los cuales si bien son ciertos, no son apreciados debidamente al momento de ser aplicados en la norma jurídica correspondiente; y c) Tergiversación en la interpretación de los hechos, el cual se contigua cuando el autor del auto manipula los hechos en forma intencional.

Pues bien, en nuestro caso claramente se observa en la P.A. que nos ocupa, que la sentencia erró en la apreciación y calificación de los hechos y en consecuencia tal acto administrativo está viciado de falso supuesto…”

Ahora bien, el falso supuesto es un vicio que se refiere indistintamente al error de hecho o al error de derecho de la Administración y se configura cuando la decisión se hace descansar sobre falsos hechos o errónea fundamentación jurídica, cuando existe una contradicción entre lo decidido por el órgano administrativo y las pruebas que reposan en el expediente, bien porque se le atribuyan a un documento o acta menciones que no existen, o porque la Administración da por ciertos hechos que no comprueba, partiendo de la sola apreciación del funcionario.

Para que se dé el falso supuesto como vicio en la causa de los actos administrativos, es necesario demostrar que de no haberse incurrido en él, la decisión hubiera sido otra distinta, pues sólo la inexistencia de los motivos relevantes que dan lugar al acto, conducen a la existencia del falso supuesto. Por ello, esta denuncia requiere que se determine con precisión en qué parte del acto impugnado se encuentra el expresado vicio, y en tal sentido, conforme a la precedente transcripción, el recurrente tampoco explica en qué forma incurrió el acto impugnado en el vicio de falso supuesto, pues solamente indica, de manera genérica, que…“erró en la apreciación y calificación de los hechos”.

De lo expuesto se deduce claramente que el accionante planteó inmotivadamente sus denuncias de falso supuesto y de normas constitucionales y legales, sin que le esté permitido al Tribunal subsanar tales deficiencias para luego resolverlas, pues ello va más allá de la función jurisdiccional que le corresponde a este administrador de justicia. De hacerlo, se convertiría en juez y parte en el proceso.

En consecuencia, se desestiman las aludidas denuncias. Así se declara.

El Tribunal observa:

Este Juzgador, asumiendo funciones pedagógicas en obsequio de la justicia, estima menester aclarar en atención al contenido del libelo, que aún cuando el acto objeto de impugnación es de los denominados “actos cuasijurisdiccionales”, por haber sido dictado en un procedimiento administrativo donde la Administración cumple una función equivalente a la del juez para resolver la controversia entre dos partes, no por ello debe entenderse que los órganos jurisdiccionales contencioso administrativos constituyen superiores jerárquicos de las Inspectorías del Trabajo, por cuya razón deban dirigirse a este Despacho mediante escritos similares a los informes para sentencia.

No sólo es una carga para el abogado del accionante precisar con claridad la especificidad de sus denuncias, sino que también debe construir en su escrito recursorio un cuerpo sistemático de argumentaciones, que esté constituido en cuanto a su construcción lógico-jurídica, por un esquema lo suficientemente coherente para delimitar los motivos o causales de nulidad, todo ello en cumplimiento de los deberes profesionales que impone el artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículo 15, in fine, de la Ley de Abogados y 15 del Código de Ética Profesional del Abogado, en procura del triunfo de la justicia. Así se declara.

A pesar de la anterior declaratoria el Tribunal, atendiendo al criterio jurisprudencial, que establece que…“de acuerdo a los lineamientos dispuestos en los artículos 26 y 257 de nuestra Carta Magna, según los cuales la obtención de la justicia debe prevalecer sobre los formalismos no esenciales, dicha imperfección no debe constituirse en un impedimento para que se analice el sustrato de la controversia aquí tratada, más cuando, de los propios señalamientos esbozados, surge la clara disconformidad con el acto impugnado” (vid. Sent 06/06/06, Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo), debe en consecuencia, conocer los alegatos del libelo, para lo cual, en aras de evitar contradicciones entre lo que quiso decir el libelista y lo que entiende este Despacho, se procederá a transcribir textualmente su contenido, y en tal sentido observa:

En el Capítulo II, titulado “De la solicitud de calificación de faltas y del acta de contestación”, Sección Primera, aduce el recurrente lo siguiente:

(sic.)…“En la parte introductoria de la P.A., respecto a la solicitud de calificación de faltas, la Ciudadana Inspectora, después de señalar el clásico ‘…Vistos…’ y de identificar a los representantes de la actora, se limitó a señalar que estos en su escrito habían expresado lo siguiente:

…omissis…

Ahora bien, en cuanto a dicha solicitud hay múltiples observaciones. En primer término tenemos que la misma fue consignada con una copia de un supuesto poder otorgado por la actora y aun cuando dice que se ha presentado copia del original a Efectum Videndi, no existe nada en el expediente que permita establecer que tal efecto haya podido hacerse efectivo por funcionario idóneo al efecto. En consecuencia la solicitud no fue legal e idóneamente consignada…”

Además, en el Capítulo II, Sección Primera, “De la valoración de las pruebas de la actora”, concretamente en el folio 7 del libelo, cuestiona que la Inspectora del Trabajo haya dado valor probatorio a la Inspección Judicial, pues fue acompañada en copia simple adjunta a la solicitud.

Para decidir, el Tribunal observa:

La frase “ad efectum videndi” conforma una expresión latina que significa “a efecto de que se le tenga a la vista” y su consecuencia en el foro jurídico es que el funcionario tuvo a su vista el original de aquella copia que se consigna en un determinado acto.

En el caso sub iudice se aprecia de los folios 1 al 3 de la primera pieza del expediente administrativo que, efectivamente los abogados C.E. CATO C., M.L. DE SARRATUD y M.A.C. M., consignaron el escrito de solicitud de calificación de faltas, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil “ONDULADOS DE VENEZUELA, C.A.”, según instrumento poder que dijeron acompañar…“ad efectum videndi y cuya copia anexo marcada ‘A’…”. Posteriormente, por auto del 21 de julio de 2005, la Inspectora del Trabajo (e) en el Distrito Capital – Municipio Libertador, admitió la solicitud cuanto ha lugar en derecho, vale decir que de acuerdo a los principios de honestidad y buena fe que –entre otros- rigen la actividad administrativa, por imperativo del artículo 12 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 17 de octubre de 2001, (G.O. Nº 37.305), vigente para la fecha de admisión y sustanciación del procedimiento administrativo, debe tenerse como cierto que efectivamente le fue presentado al funcionario el original del instrumento poder y que éste lo constató con la copia que se agregó al expediente, pues no puede pretender el recurrente la prueba del hecho negativo de no haberse puesto a la vista del funcionario el instrumento original.

Observa igualmente el Tribunal en el escrito de solicitud de calificación de falta en comento, que la Inspección Judicial fue consignada en copia simple marcada “D”, a reserva de consignar el original “en la debida oportunidad legal”; y se aprecia del escrito de promoción de pruebas presentado por los apoderados de la solicitante, cursante a los folios 88 al 95 de la primera pieza del expediente administrativo, que promovieron las actuaciones originales de la cuestionada inspección, dentro de las cuales se encuentra copia certificada del instrumento poder, según se desprende de los folios 96 al 142 de la primera pieza, lo que demuestra, por una parte, que a la fecha de presentación de la solicitud de calificación de faltas, los abogados presentantes tenían la cualidad de apoderados que se atribuyeron; y por la otra, la autenticidad del reconocimiento judicial.

Por consiguiente, no aprecia este Juzgador motivo alguno que, respecto de los hechos que se a.c.a.l. anulación de la p.a. impugnada. Así se declara.

Advierte el Tribunal, en la Sección Segunda del Capítulo II del libelo, que el apoderado actor, luego de una larga exposición sobre el contenido textual del acta que contiene el acto de contestación a la solicitud, acota lo siguiente:

…“además de nuestra exposición en el acta levantada en el acto de contestación, en el escrito que consignamos al efecto se hicieron valer la inadmisibilidad de la solicitud de calificación de despido y la caducidad de dicha acción.

Como se puede ver de la cita, en dicho acto de contestación se realizaron todas las impugnaciones y desconocimiento de rigor a la validez de dicho acto, el cual, bajo ninguna circunstancia fue convalidado por la accionada, porque y además, en tal oportunidad, la representación de la actora no fue reconocida por la accionada por que pretendía acreditar dicha representación con una fotocopía simple de un poder y, constreñidos por la actuación de la Inspectoría, la accionada actuó a todo evento”

Ahora bien, el hecho de que se impugne la representación que se atribuye la persona que se presente al proceso como apoderado actor, en manera alguna lo descalifica de facto, toda vez que debe aguardarse la sentencia que así lo determine.

Se debe precisar asimismo, que el procedimiento a que se contrae el artículo 453 de la Ley Orgánica del Trabajo no admite incidencias previas, por lo que todos los alegatos y defensas de las partes deben ser resueltos en la providencia que decida la controversia. De allí, que no es por voluntad de la Inspectora que la persona que interviene con un mandato impugnado, pueda actuar o no en el proceso. Así se declara.

Sostiene asimismo el apoderado del recurrente en el libelo, que:

(sic.)…“En segundo lugar tenemos, otro detalle de suma importancia; es que en el escrito de solicitud de calificación de despido, que en su oportunidad será traído a los autos formando parte del expediente administrativo que solicite el Tribunal a la mencionada Inspectoría del Trabajo, los solicitantes exponen: ‘…Se deja constancia que el día 14 de junio de 2005 se intentó introducir el presente escrito por ante la Inspectoría del Trabajo de la Región Capital, sin que fuera posible, debido a que tanto este día como el siguiente, 15 de julio de 2005, por razones que competen a esa Inspectoría, fueron declarados como de “NO DESPACHO”, tal como figuraba en carteles pegados a las puertas de TODAS las oficinas, por lo que todos los intentos para que fuera aceptado el presente escrito o en todo caso, para que me fuera otorgada una constancia de mi presencia ante esa instancia, fueron totalmente inútiles, ya que según se alegó, no podían estamparle fecha ni número pues ‘no eran días laborables’ para atender al público, según instrucciones recibidas. Al respecto se explicó la situación en el despacho de la Inspectora Jefe, en el de admisión de solicitudes, en la oficina de los Procuradores del Trabajo, siendo atendidos pero no admitidas las explicaciones ni solicitudes…’

Pues bien, lo alegado en la solicitud y que hemos citado, es falso de toda falsedad, toda vez que:

- Un organismo administrativo estatal, como lo es una Inspectoría del Trabajo, sujeta como está al calendario oficial de su ministerio de adscripción, no tiene DESPACHO’, como si lo tienen las autoridades jurisdiccionales del país, y en el supuesto que no trabajara en día hábil, tendría que ser en razón de motivos extraordinarios por caso fortuito o fuerza mayor ostensiblemente determinada, o porque su coordinación lo hubiese decidido, lo cual, la práctica lo ha indicado tendría que ser notificado a los usuarios en general con adecuada anticipación.

- Por otra parte, tenemos que esa alusión en la solicitud de marras ‘…que el día 14 de junio de 2005 se intentó introducir el presente escrito por ante la Inspectoría del Trabajo de la Región Capital…’ no es posible en el contenido de un escrito elaborado el 14 de junio de 2005, como si lo es en uno elaborado con posterioridad a dicha fecha. Todo esto se traduce en que, la tantas veces mencionada solicitud, fue elaborada y consignada extemporáneamente.

Es importante el contenido de la cita anterior por cuanto, en toda la parte narrativa de la Providencia que nos ocupa, no se señaló nada respecto a este alegato contenido en dicha solicitud de calificación de faltas, ni tampoco se señaló nada respecto a que la accionada en el procedimiento administrativo alegó, además de la inadmisibilidad de la solicitud, la caducidad de la acción intentada por la actora. Es en una parte de la P.A. que nos ocupa, nominada como “Punto Previo” (página 11) donde se hace referencia al alegado de caducidad proferido por la accionada”

Para decidir, observa el Tribunal:

Muy al contrario de lo que sostiene el apoderado del recurrente, aparece claramente decidido en la p.a. impugnada el alegato antes transcrito en lo concerniente a la caducidad concatenada a la inactividad de ese Despacho durante los días 14 y 15 de julio de 2005.

En efecto, dice el acto recurrido, concretamente a los folios 263 y 264 de la segunda pieza del expediente administrativo:

PUNTO PREVIO:

DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN ALEGADA POR LA ACCIONADA

La accionada de autos, en su escrito de contestación alegó la caducidad de la acción solicitando la desestimación de la misma, siendo ratificado tal pedimento en el escrito de promoción de pruebas. Por consiguiente, es menester de este Juzgador administrativo, señalar que en efecto los días 14 y 15 de julio de 2005, no hubo Despacho en la Inspectoría del Trabajo del Distrito Capital Municipio Libertador, según consta en los libros respectivos los cuales reposan en el Servicio de Fuero Sindical y demás Salas al servicio de esta Inspectoría, por lo que. Ninguno de los dos días fueron considerados como hábiles para la consignación de ningún tipo de solicitudes, diligencias y demás actuaciones de las partes o usuarios en general.

De este modo, el literal “b” del artículo 66 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo señala lo siguiente:

…omissis…

Del artículo parcialmente transcrito y del cómputo de los días hábiles, se desprende que en efecto siendo que el 14 y 15 de julio de 2005 fueron días jueves y viernes respectivamente y tomando en consideración que los días sábado y domingo tampoco fueron días hábiles de despacho, es por lo que el día hábil siguiente fue el lunes 18 de julio de 2005. Tenemos pues, que mal puede la solicitud de calificación de falta considerarse como extemporánea y haber operado la caducidad. Por lo que a criterio de este Despacho y acogiéndose al dispositivo legal supra transcrito es por lo que se establece que la solicitud de calificación de faltas fue presentada oportunamente y por ende no operó la caducidad de la acción. Y así se establece

Lo que evidentemente determina que el alegato del escrito recursorio, relacionado con la caducidad de la acción carece de vocación de prosperidad.

Por lo que respecta al segundo punto, relativo a la fecha de elaboración de la solicitud de falta, no aparece prueba en autos de tan enredado alegato; y tampoco puede pretenderse, como se ha señalado en análisis precedentes, que la accionante en el procedimiento de calificación de faltas o la Administración, demuestren el hecho negativo de no haberse elaborado el escrito en la fecha dicha por el recurrente.

Lo que si es cierto es que poco importa la fecha de elaboración de un escrito, a los efectos de anular un acto administrativo, como si lo es la de su consignación; y en el presente caso, la p.a. recurrida en la precedente transcripción determinó la admisibilidad de la solicitud al desechar la caducidad alegada y ratificar que no tuvo atención a los usuarios ni al público en general, los días 14 y 15 de julio de 2005. Así se declara.

En lo concerniente a la valoración de las pruebas promovidas y evacuadas por las partes en el procedimiento administrativo, según se relata en el Capitulo II, secciones Primera y Segunda del libelo (folios 7 al 10 del expediente judicial), se observa:

Respecto a la impugnación de la inspección judicial, por haber sido consignada en contravención al artículo 434 del Código de Procedimiento Civil, advierte el Tribunal que la señalada norma no tiene aplicación en el procedimiento de calificación de faltas, pues la remisión que hace el artículo 453 de la Ley Orgánica del Trabajo a las normas de dicho texto legal adjetivo, lo es solo en cuanto a los medios de pruebas, siendo de aclarar que estado vigente la Ley Orgánica Procesal del Trabajo a la fecha en que se inició el procedimiento administrativo a que se contrae el presente proceso, es ésta Ley Procesal la que tiene aplicación preferente sobre el señalado texto legal adjetivo civil, por imperativo de su artículo 70.

Por otra parte, el comentado artículo 453 laboral, solo exige un escrito que determine el nombre y domicilio del solicitante y el carácter con el cual se presenta; el nombre y el cargo o función del trabajador a quien se pretende despedir, trasladar o desmejorar, y las causas que se invoquen para ello.

En cuanto al argumento relativo a que por habérsele restado valor probatorio al video (sic.)…“cuyo contenido era concomitante con la inspección porque, supuestamente, narraba el contenido de la misma”, perdía totalmente valor probatorio la inspección en análisis, observa el Tribunal que la p.a. recurrida, como fundamento de su desestimación, concretamente al folio 266 de la segunda pieza del expediente administrativo, sostiene que…“buena parte del video contiene tomas oscuras, borrosas o incluso sin sonido alguno, aunado a que la mayor parte del mismo capta imágenes del piso”, es decir, no fue desestimado porque su texto modifique el resultado de la inspección o sea incongruente con ésta, o por cualquier otra circunstancia que desnaturalice el resultado de la prueba, sino por fallas que impiden ver su contenido, lo que indudablemente permitía a la Inspectora del Trabajo valorar la Inspección según su libertad de apreciación probatoria con fundamento en las reglas de la sana crítica, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Con relación al ciudadano R.A.M.H., promovido como testigo por la solicitante, y sobre el que aduce el recurrente, que manifestó en su declaración ser su enemigo, lo que –en su criterio- lo ajusta a la inhabilidad relativa que establece el artículo 478 del Código de Procedimiento Civil, por lo que su dicho no podía ser tomado como válido ni como fundamento para declarar con lugar la solicitud de calificación de falta, el Tribunal para decidir, observa:

La capacidad del testigo para declarar se distingue entre lo hábil y lo inhábil, que deviene según exista o no un motivo especial que le reste calidad moral o verosimilitud a sus dichos. Los impedimentos para testificar son delineados por la doctrina en absolutos o relativos, siendo los primeros, no susceptibles de allanamiento a instancia de parte, por lo que el Juez se encuentra impedido por Ley de recibirlas, siempre que exista plena prueba de tal circunstancia; pero, en relación a los relativos, es permisible la percepción del testimonio.

El régimen procesal civil, por la naturaleza misma de los asuntos que le corresponde dilucidar, es más rígido en cuanto a las condiciones para ser testigos, según se aprecia de sus artículos 477, 478, 479 y 480, a diferencia del proceso penal y de niños y adolescentes. No obstante, frente al proceso laboral, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo deja de lado todas las causales de inhabilidad relativa que contempla el texto legal adjetivo civil y en cuanto a las absolutas solo acoge en su artículo 98 las que prevé el artículo 477 del aquel texto civil, que dispone que no podrán ser testigos en juicio el menor de doce años, quienes se hallen en interdicción por causa de demencia, y quienes hagan profesión de testificar en juicio.

En consecuencia, el proceso civil, además de las causales de inhabilidad absoluta antes dicha, también determina en los artículos 478, 479 y 480 del Código de Procedimiento Civil, que no podrán testificar el magistrado en la causa en que esté conociendo; el abogado o apoderado por la parte a quien represente; el vendedor, en causa de evicción sobre la cosa vendida; los socios en asuntos que pertenezcan a la compañía; el heredero presunto, el donatario, el que tenga interés, aunque sea indirecto, en las resultas de un pleito y el amigo íntimo, en favor de aquellos con quienes les comprenda estas relaciones; el enemigo no puede testificar contra su enemigo. De igual forma, nadie puede ser testigo en contra ni en favor de sus ascendientes o descendientes o de su cónyuge; ni el sirviente doméstico respecto de quien lo tenga su servicio. Tampoco pueden ser testigos los parientes consanguíneos o afines, en favor de las partes que los presenten; los primeros hasta el cuarto grado, y los demás hasta el segundo grado, ambos inclusive, con excepción de aquellos casos en que se trate de probar parentesco o edad.

Sentado lo anterior, advierte el Tribunal que en el caso de la inhabilidad para declarar por causa de enemistad, el Juzgador debe ser muy cauteloso en tal calificación, pues no toda animosidad, ni cualquier incidente o desacuerdo entre el testigo y el impugnante, puede ser suficiente para inhabilitar su testimonio. Tampoco basta con la sola afirmación de la parte en sostener que el testigo es su enemigo.

La enemistad debe derivar de hechos que, razonablemente apreciados, hagan sospechable la imparcialidad del testigo por albergar sentimientos que impiden una sana relación personal con el impugnante, bien porque en su declaración revele o exteriorice un estado de ánimo que lo ponga de manifiesto, o bien, porque mediante elementos probatorios aportados al proceso, acrediten en forma inobjetable tal enemistad. En este contexto, tratándose el caso de autos de un procedimiento sustanciado con ocasión a faltas que se le imputan al hoy recurrente, derivadas de hechos ocurridos dentro de la empresa donde laboraba, lógico es que los trabajadores de ésta concurran al proceso en calidad de testigos a los fines de demostrar o enervar tales hechos, según sea el caso, por lo que resulta injusto desestimar el dicho, tanto más cuando el testigo en ningún momento manifestó ser enemigo del accionante. Además, si bien se aprecia de los hechos declarados que el deponente recibió insultos y hostigamientos por parte del hoy recurrente, por cuya razón lo denunció por ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, también es cierto, que tales hechos tienen su génesis en el conflicto que posteriormente dio lugar a dicho procedimiento administrativo de calificación de faltas, por lo cual, no encuentra el Tribunal que la Inspectora del Trabajo hubiere violado el artículo 478 del Código de Procedimiento Civil, por falta de aplicación, tanto más cuando el hoy recurrente, aún cuando se encontraba en el acto de declaración que cuestiona, en ningún momento procuró enervar los dichos del testigo ni le inquirió ningún tipo de pregunta tendente a demostrar el grado de enemistad que pudiese existir entre el testificante y su persona. Así se declara.

En relación a la prueba de Informes requerida al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), advierte el Tribunal que las impugnaciones que al respecto indicó el recurrente en su escrito recursorio carecen de relevancia, toda vez que la Inspectoría del Trabajo no la tomó en cuenta para declarar con lugar las causales de faltas contempladas por los literales “b” y “c” del artículo 102 de la Ley Orgánica del Trabajo. Así se establece.

En cuanto a la prueba de informes requerida a la empresa TRANSCOMBAN, apreciada por la Inspectoría del Trabajo para declarar la procedencia de la falta a que se contrae el literal “b” del antes mencionado artículo 102 eiusdem, se observa que el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil al igual que el artículo 81 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, determina que la prueba en cuestión, tiene por objeto dejar constancia de hechos litigiosos que aparezcan o consten en documentos, libros, archivos u otros papeles que se hallen en oficinas publicas, bancos, asociaciones gremiales, sociedades civiles o mercantiles e instituciones similares, aunque éstas no sean parte en el juicio, vale decir, no se le inquiere que den un juicio de valor o una apreciación subjetiva de determinados hechos, sino la remisión de los instrumentos o copias en que consten los hechos requeridos; y adiciona el señalado artículo 81 eiusdem, que las…“entidades mencionadas no podrán rehusarse a la entrega de los informes o copias requeridas invocando causa de reserva debiendo suministrar la información requerida en el término indicado. La negativa a dar respuesta sobre la información se entenderá como desacato al Tribunal y el mismo estará sujeto a las sanciones previstas en esta Ley”.

En este contexto se advierte del escrito de promoción de pruebas de la solicitante de la calificación de faltas, inserto a los folios 88 al 95 de la primera pieza del expediente administrativo, que la prueba en comento, fue promovida de la siguiente forma:

CAPITULO TERCERO De la Prueba de Informes De conformidad con lo previsto en el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil y 81 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, promuevo la prueba de informes y en consecuencia solicito a esta Inspectoría lo siguiente:

…(omissis)…

2) Se oficie a la empresa de seguridad Transcomban, C.A., a los fines de que informe a esta Inspectoría acerca del siguiente particular:

a) Si presta servicios de vigilancia y custodia a favor de la empresa ONDULADOS DE VENEZUELA, C.A., en su sede ubicada en la Final de la calle Brasil con Avenid S.B., galpón ONDULEN, Catia, Caracas.

b) Si consta en su archivos o registros la existencia del libro de novedades relativo a la referida empresa y las novedades reportadas los días 10 de junio y 15 de julio de 2005. En caso afirmativo remitir copia de las referidas novedades

Y en tal sentido, según se aprecia de los folios 180 al 183 de la primera pieza del expediente administrativo, la empresa requerida remitió comunicación, en la que transcribe la información que consta en sus libros de novedades y anexó copias de los reportes que se indican en dicha novedad.

En consecuencia, no encuentra el Tribunal que la empresa hubiere remitido una comunicación manifestando su apreciación subjetiva en relación a los hechos que le fueron requeridos, ni evidencia tampoco el expediente administrativo, que el hoy recurrente hubiere impugnado la documentación o transcripción de la novedad que aquella remitió a la Inspectoría del Trabajo, ni siquiera como fundamento del presente recurso de nulidad, lo que hace improcedente la impugnación en análisis, toda vez que el Tribunal estima regularmente evacuada la prueba. Así se declara.

En lo relativo a la prueba de informes promovida por recurrente en el procedimiento administrativo, cuya desestimación por parte de la Inspectora del Trabajo impugna por ante este Despacho, estima el Tribunal que carece de relevancia en este proceso, toda vez que si hubo algún error en la indicación del nombre del Secretario General del Sindicato Gráfico en nada altera el dispositivo de la p.a..

Con respecto a los alegatos del escrito recursorio, en relación a la promoción en el procedimiento administrativo de veintitrés (23) testigos por parte del hoy recurrente, el Tribunal considera que tales alegatos carecen de vocación de prosperidad, pues se evidencia del expediente administrativo que el promovente no presentó sus testigos en la oportunidad que le indicó la Inspectoría del Trabajo, cuestión esta que tampoco modifica el dispositivo de la p.a. recurrida. Así se declara.

En virtud de los análisis precedentes, fuerza es concluir que el presente recurso de nulidad debe ser declarado sin lugar, por lo que este Tribunal comparte la opinión de la Vindicta Pública. Así se decide.

- III -

D E C I S I Ó N

Por las motivaciones que anteceden, este Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de anulación interpuesto por el ciudadano H.T.E. contra la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL DISTRITO CAPITAL - MUNICIPIO LIBERTADOR, identificados en autos, y, en consecuencia CONFIRMA EN TODAS SUS PARTES la p.a. Nº 977-06 dictada el ocho (08) de marzo de 2006, por ese ente administrativo laboral.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE.

Devuélvase en su oportunidad el expediente administrativo del caso al organismo administrativo recurrido.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, en la ciudad de Caracas, a los Seis (06) días del mes de mayo de dos mil nueve (2009). Años 199° de la Independencia y 150° de la Federación.

JUEZ PROVISORIO

MSc. E.J. MOYA MILLÁN

ABOGADO

LA SECRETARIA,

M.G.J.

En esta misma fecha se publicó y registro la anterior sentencia, siendo las 10AM.

LA SECRETARIA,

EMM/Exp. 5459