Decisión de Tribunal de Primera Instancia Marítimo de Caracas, de 9 de Junio de 2011

niego, rechazo y contradigo, que mi representada la sociedad EL S.D.A., C.A., haya causado demora, maltrato al pasajero C.U., así como la cancelación del vuelo (daños morales) por la tardanza e irresponsabilidad de la transportista. GLOBAL AIR-AEROLINEAS DAMOHJ de C.V, en el vuelo Caracas-Curazao, en fecha 30 de noviembre de 2007.

niego, rechazo y contradigo, que mi representada la sociedad EL S.D.A., C.A., haya causado daños al pasajero y haya incumplido con las Condiciones Generales del Transporte, en el retorno Curazao-Caracas, en fecha 02 de diciembre de 2007.

niego, rechazo y contradigo, que mi representada la sociedad EL S.D.A., C.A., haya suscrito contrato de transporte aéreo con el pasajero C.U..

CUANRTO: niego, rechazo y contradigo, que mi representada la sociedad EL S.D.A., C.A., haya suscrito contrato de arrendamiento con GLOBAL AIR-AEROLINEAS DAMOHJ DE CV

niego, rechazo y contradigo, que mi representada la sociedad EL S.D.A., C.A., que exista unidad económica o sociedad con la empresa GLOBAL AIR AEROLINEAS DAMOHJ DE CV”.

En fecha cinco (5) de noviembre de 2010, el abogado en ejercicio N.V.D.C.R., venezolano, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 39.192, actuando como Defensor Judicial de la sociedad mercantil GLOBAL AIR AEROLINEAS DAMOHJ DE C.V, presentó contestación de la demanda, alegando lo siguiente:

(…)

Procedí en fecha 21 de Octubre de 2010, a enviarle un telegrama por medio de IPOSTEL, a GLOBAL AIR AEROLINIAS (sic) DAMOHJ DE C.V, o a su representante legal M.R., quien es español, y titular del Pasaporte 649664, tal y como consta de copia anexa al presente escrito, así como trate de ubicarlos por Internet tal y como consta de copias anexas, para participarles que he sido designado defensor Ad-Lited (sic) de esta causa, a los fines de que me brindaran mejor información sobre sus defensas y pruebas, o designaran un apoderado, pero no ha sido posible su ubicación o que me contactaran.

En este orden de ideas, es que en resguardo de su derecho a la defensa como empresa GLOBAL AIR AEROLINIAS DAMOHJ DE C.V, en esta causa, es que procedo en este acto a NEGAR, RECHAZAR Y CONTRADECIR LA DEMANDA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, por no ser ciertos los hechos que en la demanda se esgrimen e infundados el derecho que sustentan.

No es cierto que mi representada GLOBAL AIR AEROLINIAS (sic) DAMOHJ DE C.V haya o tenga responsabilidad en los presuntos daños morales, que presuntamente le causo como consecuencia del vuelo aéreo desde Maiquetía a Curazao en fecha 30 de Noviembre de 2007 y retorno de Curazao a Maiquetía en fecha 02 de Diciembre de 2007 al Ciudadano C.U..

GLOBAL AIR AEROLINIAS (sic) DAMOHJ DE C.V no es operadora de aerolínea, no posee aviones, por lo que mal puede ser solidaria de otra aerolínea

.

IV

DE LAS PRUEBAS

Con el libelo de demanda, la ciudadana Hennacy Hidalgo consignó lo siguiente:

1. - Original de Pase de abordaje de la empresa Global Air, correspondiente al vuelo 3004, así como la tarjeta de salida de la empresa Global Air, marcado “B1”.

2. - Copia simple de factura emitida por Corporación Salta, marcado “C”.

3. - Copia simple de Acta de Asamblea Extraordinaria de la empresa EL S.D.A., C.A., marcado “D”.

4. - Copia simple de documento Poder de la empresa Aerolíneas DAMOJH, S.A. DE C.V., marcado “E”.

5. - Copia certificada del contrato de arrendamiento de avión, suscrito entre MEIGAS AVIATION SERVICES, LTD y EL S.D.A., quedando registrado bajo el Nº 25, Tomo I, Tercer Trimestre de 2007, del Libro de Convenios, Contratos y Alianzas entre Explotadores Aéreos, marcado “F”.

6. - Copia simple de tarjeta de presentación del ciudadano J.Q., Gerente General de Aerolíneas Damojh S.A. DE C.V., marcado “G”.

7. - Copias simples de misivas dirigidas al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), por parte de las empresas GLOBAL AIR y EL S.D.A., C.A., marcados “H”, “I” y “J”.

8. - Copia certificada de documento que evidencia la cancelación de la matrícula YV206T, asignada a la aeronave marca boeing, modelo 737-205, serial de casco Nº 21184, matricula YV206T, propiedad de la firma mercantil MEIGAS AVIATION SERVICES, LTD, marcado “K”.

9. - Copia simple de la solicitud de cancelación por exportación, dirigida al Registrador Aeronáutico Nacional, marcado “L”.

10. - Copia simple de actas suscritas por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, marcados “M”.

11. - Copia simple de acta suscrita por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, marcado “N”.

12. - Nota de Prensa, marcado “P”.

Asimismo, la parte actora en su escrito de reforma del libelo de demanda, consignó:

A- Copia simple de carta expedida por Corporación Salta a la empresa Global Air, referente a los reclamos por maltrato al pasajero, cancelación de vuelo y retraso, marcado “1”.

B.- Copia simple de P.A. Nº PRE-CJU-018-09, proveniente del instituto Nacional de Aeronáutica Civil, marcado “2”.

Con el escrito de contestación de la demanda, el Defensor Judicial de la empresa GLOBAL AIR AEROLINEAS DAMOHJ DE C.V., consignó original de telegrama enviando por IPOSTEL, mediante el cual el abogado en ejercicio N.V.D.C. informó de su designación, a la empresa antes señalada.

V

DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR

El día de diez (10) de marzo de 2011, concurrió la parte actora para la audiencia preliminar fijada por este Tribunal para las 9:30 de la mañana, y anunciada por el Alguacil R.M. en la puerta de esta sede, donde asistió por la parte accionante, ciudadana HENNACY HIDALGO, el abogado en ejercicio F.C.R., inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 105.858, y por la parte demandada, sociedad mercantil S.D.A. C.A., no asistieron ni por sí ni por medio de sus apoderados, y la sociedad mercantil AEROLINEAS DAMOHJ DE C.V., no asistieron ni por sí ni por medio de su Defensor Judicial. El ciudadano Juez Francisco Villarroel explicó el objeto de la audiencia preliminar e indicó los hechos controvertidos señalados en el libelo de demanda: Asimismo, indicó las pruebas que fueron consignadas con el libelo de demanda. Posteriormente, indicó las pruebas que fueron consignadas por la parte actora en su escrito de reforma del libelo de demanda. Igualmente, el Juez indicó que con el escrito de contestación de la demanda, el Defensor Judicial de la empresa GLOBAL AIR AEROLINEAS DAMOHJ DE C.V. presentó: Original de telegrama enviado por IPOSTEL, mediante el cual el abogado en ejercicio N.V.D.C. informó de su designación, a la empresa antes señalada. Finalmente, el Juez indicó que dentro de los tres (3) días siguientes a partir de esta fecha, fijaría los términos de la controversia.

VI

DE LA AUDIENCIA ORAL

El día treinta y uno (31) de mayo de 2011, oportunidad fijada por este Tribunal para que tuviera lugar la audiencia definitiva, siendo la 9:30 de la mañana, y anunciada por el Alguacil R.M. en la puerta de esta sede, se dejó constancia que por la parte demandante, ciudadana HENNACY HIDALGO, asistió el abogado en ejercicio L.E.A., inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 140.181, y por la parte demandada, sociedad mercantil AEROLINEAS DAMOHJ DE C.V., compareció el Defensor Judicial N.D.C.R., inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 39.192. Asimismo, el Juez dejó constancia que no asistió el testigo, ciudadano J.L., titular de la cédula de identidad Nº 11.228.130. Posteriormente, se incorporó a la audiencia, la abogada en ejercicio T.M.G., inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 30.304, actuando como apoderada judicial de la sociedad mercantil EL S.D.A., C.A. Seguidamente, el Juez leyó el contenido del artículo 872 del Código de Procedimiento Civil. Inmediatamente, indicó en primer lugar, tendrá la palabra la parte actora, y posteriormente tendrá la palabra la parte demandada. Se le dio la palabra al abogado en ejercicio L.A., actuando en representación de la parte actora, quien realizó sus argumentos. Luego, tomó la palabra la apoderada judicial de la sociedad mercantil El S.d.A., C.A, quien realizó sus alegatos. Seguidamente, tomó la palabra el ciudadano N.D. costa, actuando como Defensor Judicial de la parte demandada. El Juez señaló que se retiraría por treinta (30) minutos para realizar la motiva y el dispositivo del fallo y luego de dictarse, dentro de los diez (10) días siguientes a esta audiencia, se consignará en el expediente el cuerpo completo de la sentencia, luego de terminada la audiencia y dictado la motiva y el dispositivo del fallo, deben firmar el acta de manera tal que no podían marcharse del Tribunal hasta que el acta estuviese elaborada”. Se retiró de la Sala de Audiencia. Dentro del término de treinta (30) minutos, el Juez entró nuevamente dando lectura a la motiva y al dispositivo del fallo. Finalmente, declaró terminada la audiencia.

VII

MOTIVOS PARA DECIDIR

Antes de resolver el fondo de la controversia, como punto previo, pasa este Tribunal a pronunciarse en cuanto a la oposición realizada por la codemandada EL S.D.A. C.A., a la reforma del libelo de demanda, presentada en fecha nueve (9) de febrero de 2011, en relación con lo cual alegó que la reforma solo podría realizarse por una sola vez, a tenor de lo dispuesto en el artículo 343 del Código de Procedimiento Civil.

A este respecto, este Tribunal observa que la Disposición Transitoria Segunda de la Ley de Aeronáutica Civil señala:

Segunda: Las competencias atribuidas en esta Ley a los Tribunales Superiores y de Primera Instancia aeronáuticas serán ejercidas por los tribunales náuticos hasta tanto se encuentren establecidos los tribunales superiores y de primera instancia competentes.

Ahora bien, mediante sentencia emanada de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Carlos Oberto Velez, en el expediente signado con el número 2007-000819, de fecha doce (12) de marzo de 2009, se dictaminó lo siguiente:

No obstante las consideraciones anteriores, la Sala de Casación Civil debe advertir y aclarar a los jueces de Primera y Segunda Instancia que conozcan la materia de gestión del tráfico aéreo civil, que el procedimiento a aplicar en las causas cuya admisión de demanda se produzca a partir de la publicación del presente fallo, es el juicio ordinario y no el procedimiento marítimo

. (Subrayado por el Tribunal)

En la presente causa, la demanda fue presentada en fecha veintisiete (27) de febrero de 2009, por lo que la misma se tramitó de conformidad con el procedimiento marítimo ordinario establecido en el Decreto con Fuerza de Ley de Procedimiento Marítimo; en este sentido, el artículo 8 del Decreto Ley mencionado señala lo siguiente:

Artículo 8. El procedimiento marítimo, cualquiera sea su cuantía, se desarrollará en forma oral, aplicando los principios de la brevedad, concentración, inmediación, gratuidad y publicidad conforme a las disposiciones contenidas en el Libro Cuarto, Titulo XI del Código de Procedimiento Civil, con las modificaciones señaladas en este Capitulo

. (Subrayado del Tribunal).

De la norma transcrita, se evidencia que el procedimiento marítimo se rige supletoriamente por el procedimiento oral contemplado en el Código de Procedimiento Civil, pero modificado por el Decreto con Fuerza de Ley de Procedimiento Marítimo.

Así las cosas, se advierte que los artículos 3 y 11 de la mencionada ley adjetiva marítima, establece lo siguiente:

Artículo 3. En los procesos que conozcan, sustancien y decidan los Tribunales Marítimos se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 11. Dentro de los cinco días de despacho siguientes, a la declaratoria del Tribunal de haber concluido las diligencias a que se refieren los artículos 9 y 10, el demandante podrá reformar su demanda. En ese supuesto, el demandado podrá contestar la reforma dentro de los cinco (5) días de despacho siguientes al vencimiento del término concedido para la reforma de la demanda. Si el demandante no hubiere reformado su demanda, podrá el demandado reformar su contestación. Con la reforma de la demanda o de la contestación, las partes deberán ratificar todas las pruebas documentales presentadas originalmente, la lista de testigos que rendirán declaración en el debate oral, así como presentar los documentos adicionales que pretendan hacer valer, los nombres y domicilios de los nuevos testigos que rendirán declaraciones.

Las pruebas documentales que no fuesen presentadas no se admitirán después, a menos que se trate de documentos públicos y se haya indicado la oficina donde se encuentran.

(Subrayado del Tribunal)

A este respecto, este Tribunal observa que en el presente procedimiento, la parte actora puede reformar el libelo de demanda, de conformidad con lo establecido el artículo 343 del Código de Procedimiento Civil, siempre y cuando se realice antes del acto de contestación de la demanda; de igual forma, podrá reformar su libelo de demanda según lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto Ley mencionado supra, siempre y cuando se hubiese desarrollado la actividad probatoria contemplada en los artículos 9 y 10 del Decreto Ley de Procedimiento Marítimo. Así se declara.-

En consecuencia, como quiera que la referida reforma del libelo de demanda, fue presentada dentro de los cinco (5) días de despacho siguientes al auto de fecha dos (2) de febrero de 2011, que declaró concluidas las diligencias probatorias, la misma debe ser tomada como válida. Así se declara.-

Por otra parte, este Tribunal advierte que la codemandada El S.d.A., C.A., en la audiencia oral, opuso la falta de cualidad activa; sin embargo, se observa que conforme a lo establecido en el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, esta defensa previa debió ser planteada en la oportunidad de la contestación de la demanda; en virtud de lo cual es extemporánea. Así se declara.-

Resuelto el punto preliminar, pasa este Tribunal a decidir el fondo de la controversia, para lo cual advierte que la parte actora, reclamó el daño moral causado por la parte demandada, en el transporte realizado de Maiquetía a Curazao el día treinta (30) de noviembre de 2007, así como por el transporte de Curazao a Maiquetía, supuestamente debía efectuarse el día dos (2) de diciembre de 2007, con respecto a los mismos afirmó se había producido retardos en el embarque, no se le había prestado la asistencia debida, ni se le había informado las causas del retardo, lo que le había ocasionado angustia. Asimismo, afirmó que el motivo del viaje era el aniversario de bodas y que por el retardo en el regreso había sido amonestado en su trabajo.

Por otra parte, la parte demandada empresa S.D.A. C.A. y AEROLÍNEAS DAMOHJ DE C.V., por medio de su apoderada judicial T.M.G., y su Defensor Judicial N.V.D.C.R., respectivamente, rechazaron, contradijeron y negaron los hechos opuestos en el libelo de demanda.

Así las cosas, en cuanto a la normativa aplicable al presente caso, este Tribunal considera que el mismo está sometido al convenio para la unificación de ciertas reglas relativo al transporte aéreo internacional de 1929, modificado por su Protocolo de 1955, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 24.837, de fecha 1 de septiembre de 1955, puesto que se trata de un transporte aéreo internacional. Así como por lo establecido en los artículos 1185 y 1196 del Código Civil, en lo atinente al hecho ilícito y el daño moral. Así se declara.-

Con respeto a la procedencia de la reclamación de un daño moral, en presencia de un contrato de transporte aéreo, este Juzgador considera que se puede dar la circunstancia de una reclamación siempre que existe la evidencia de un hecho colateral al contrato que permita determinar la presencia de un hecho ilícito que dé lugar a la aplicación de las previsiones contenidas en el Código de Civil (Artículo 1.196), puesto que si bien el transporte aéreo de pasajeros es un servicio público, sujeto a regulaciones del Estado, en el presente caso es prestado por un particular, y, adicionalmente, los convenios internacionales sobre la materia aeronáutica no excluyen de forma expresa el resarcimiento de un daño moral, cuando la conducta del porteador como agente del daño lo aparte del contrato.

En este orden de ideas, el M.T. de la República, en decisión de la Sala de Casación Civil ha admitido que pueden producirse daños morales en el marco de una relación contractual nacida de un contrato de transporte aéreo, cuando en sentencia No. 114 de fecha 12 de marzo de 2009, caso: A.C.C. contra IBERIA, determinó la existencia de una culpa dañosa distinta de la cancelación, referida a la omisión del deber de información, que fue establecido por vía reglamentaria. De manera que procede la reclamación por daño moral cuando se establece la existencia de un sufrimiento o angustia proveniente por ejemplo del desconocimiento de las razones de la cancelación o el retraso del vuelo, lo que constituye un hecho colateral al contrato.

De igual manera, si bien en sentencia No. 189 de fecha 8 de abril de 2010, en relación con una causa aeronáutica, la Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de revisión mediante el cual indicó lo siguiente:

Sobre el particular, debe advertirse que de conformidad con el artículo 1196 del Código Civil, el daño moral solamente es procedente cuando ha acontecido un acto ilícito que haya generado un daño en el ámbito inmaterial del afectado.

En este sentido, la sentencia objeto de revisión ha equiparado el incumplimiento de la obligación establecida en el contrato a un acto ilícito lo cual, es de indebida subsunción. No puede considerarse que la falta de cumplimiento de un contrato de transporte, pueda equiparase a una conducta sancionable en derecho en los términos que establece el artículo 1196 del Código Civil.

Por tanto, independientemente de lo señalado sobre la inaplicabilidad de las normas de derecho privado en materia de responsabilidad patrimonial en materia de prestación del servicio público de transporte aéreo; esta Sala encuentra que el razonamiento establecido por la sentenciadora en este supuesto, tampoco es idóneo desde la perspectiva civilista del daño moral, toda vez que hubo en todo caso un incumplimiento del contrato que operó entre las partes con la compra del boleto aéreo; y aun en ausencia de hecho ilícito, como expresamente se señaló en la sentencia, finalmente se declara con extralimitación, que “procede la indemnización por daño moral, en virtud de que trajo repercusiones disvaliosas, anímicas y espirituales en la esfera extrapatrimonial de la parte actora ciudadano C.B., ya que a raíz del incumplimiento contractual –como causa determinante del daño- sufrió molestias e incomodidades graves y serias…”.

En la misma decisión de la Sala Constitucional, se puede apreciar el voto salvado de la Magistrada Luisa Estela Morales, donde disiente del fallo mayoritario, entre otras cosas, al señalar:

“Asumir la anterior posición, no sólo constituye un desconocimiento formal a los principios que informan el sistema de responsabilidad que postulan los principios y derechos fundamentales que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sino que devela una solución injusta que se pone especialmente de relieve en el contenido y alcance de la reparación contenida en el artículo 100.1 o 100.2 de la Ley de Aviación Civil, conforme al cual se libera al responsable, mediante la indemnización de un valor que bajo ningún cálculo en ningún otro sistema de responsabilidad, representaría siquiera un cuarto del monto que debería afrontar si, por ejemplo, el pasajero hubiese sido transportado, al momento de su muerte o accidente, por vía terrestre.

El derecho a la reparación bajo la interpretación sostenida en la sentencia de la cual se disiente, degrada en su esencia la indemnización debida, más aún si se toma en consideración que ante “la existencia de una relación contractual, pueda surgir colateralmente un hecho ilícito que origine daños morales, concurrentes o exclusivos. (Sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia del 25 de junio de 1981) (…)” -Cfr. Sentencia de la Sala Político Administrativa Nº 1.215/03-.

Sin embargo, la sentencia No. 189 de fecha 8 de abril de 2010, de la Sala Constitucional, a juicio de este Juzgador no tiene un carácter vinculante, de manera que le esta dado acoger el criterio mayoritario o no, puesto que inclusive, de acuerdo a las circunstancias del caso, pudieran en futuras decisiones pronunciarse determinando la existencia del daño moral en materia de contrato de transporte aéreo de pasajeros, en virtud de que la posición expresada en el fallo referido, se circunscribe a ese caso en particular.

En este sentido, en relación con el carácter no vinculante de las decisiones dictadas en los recursos de revisión conocidos por la Sala Constitucional, en sentencia No. 365 de fecha 10 de mayo de 2010, la Sala Constitucional señaló lo siguiente:

“Precisamente, por ser la revisión constitucional una potestad discrecional, la Sala no está atada a un precedente de la misma para el caso concreto, pues pudiera reexaminarse un criterio anterior de la Sala ante nuevas solicitudes de revisión que conlleven nuevos o distintos alegatos aun cuando exista cosa juzgada al respecto, pudiendo estimarlas o rechazarlas; pues el precedente invocado por las partes no puede funcionar stricto sensu con la eficacia persuasiva del precedente judicial, toda vez que cada caso será decidido en atención al análisis de los valores jurídicos que rodean una situación concreta; aceptar lo contrario conllevaría una suerte de petrificación de la potestad que le ha sido otorgada a la Sala Constitucional mediante la revisión.

Adicionalmente, este juzgador observa que en el derecho comparado se ha admitido la posibilidad de la existencia del daño moral en el marco del contrato de transporte aéreo de pasajeros; en este orden de ideas, se ha señalado que: “De lo expuesto se puede deducir que no ofrece dudas la posibilidad u oportunidad de reclamar la indemnización de todos aquellos daños y perjuicios materiales causados al pasajero siempre que los acredite debidamente (por ejemplo, gastos de alojamiento, transporte, alquiler de un vehículo, etc. Que hubieran sido necesarios y no los hubiera asumido la compañía aérea). Pero con independencia de los daños materiales, los Juzgados y Tribunales entienden, sobre todo a partir de la Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de mayo de 2000 anteriormente citada, que en esos casos también se ocasiona al pasajero un daño moral indemnizable”. (Adolfo Menéndez Menéndez. Régimen Jurídico del Transporte Aéreo. Civitas. Navara, 2005, página 265 – 266)

Analizado lo anterior, este Juzgador estima que la existencia de un contrato de transporte aéreo de pasajeros no excluye la posibilidad de condenatoria por los daños morales, en caso de que exista un hecho ilícito colateral, todo lo cual se fundamenta en el derecho que tiene todo particular a una justa indemnización propio de un Estado Social consagrado en el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, más aún tomando en consideración que las prerrogativas de la líneas aéreas, como prestadores de un servicio deben ser interpretadas de manera restringida, en beneficio del usuario, quien es el débil jurídico. Así se declara.-

Resuelto lo anterior, debe este Tribunal analizar y valorar todas las pruebas que constan en auto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, para lo cual observa lo siguiente:

En primer lugar, la actora acompañó marcada “B1”, con el libelo de demanda, el pase de abordaje de la empresa Global Air, correspondiente al vuelo 3004, así como la tarjeta de salida de la empresa Global Air, que pueden ser adminiculadas entre ellas, como indicio a tenor de lo previsto en el artículo 510 del Código de Procedimiento Civil, para evidenciar el transporte en fecha treinta (30) de noviembre de 2007 por la referida empresa; sin embargo, dichos instrumentos le fueron entregados en el counter de S.d.A.. Así se declara.-

En cuanto al documento marcado “C”, acompañado con el libelo de demanda, relacionado con la factura emitida por la sociedad mercantil Corporación Salta, S.A., este Tribunal observa que la misma se encuentra a nombre de un tercero ajeno al juicio, por lo que el referido instrumento no tendría valor probatorio a los fines de demostrar la relación contractual existente entre la accionante y las co demandadas; adicionalmente, fue presentada en reproducción y emanada de un tercero, y conforme al artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, debe ser ratificado por vía testimonial, lo que no ocurrió en el presente caso, por lo que carece de valor probatorio. Así se declara.-

De igual manera, con el libelo de demanda, la parte actora acompañó marcado “D”, Acta de Asamblea Extraordinaria de la empresa El S.d.A., C.A., celebrada en fecha 23 de diciembre de 2006, autenticada ante Notario Público, con certificación del Registro Aeronáutico, que tiene el valor probatorio otorgado por el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, y permite únicamente establecer los accionistas de dicha empresa, pero no demuestra la existencia de vinculo económico entre las codemandadas. Así se declara.-

Por otra parte, la accionante acompañó en copia simple marcada “E” con el libelo de demanda, documento poder otorgado por la empresa Aerolíneas Damojh, S.A. de CV, actuando como su representante el ciudadano M.R.C., constituyendo como mandatarios a los ciudadanos O.C.B. y J.A.Q., autenticado en la Notaría Pública Primera del Municipio Autónomo Chacao, certificada por el Registro Aeronáutico, que tiene el valor probatorio que se desprende de lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, y permite solo evidenciar tales representaciones, así como lo relación de mandante y mandatario entre ellas, pero no con la codemandada para evidenciar el vinculo económico. Así se declara.-

Asimismo, con el libelo de demanda, la accionante acompañó marcado “F”, contrato de arrendamiento de la aeronave Boing 737-205, Nº de Serie 21184, Matrícula Mexicana XA-MAG, suscrito entre Meigas Aviation Services, Ltd, y el S.d.A., C.A., que fue otorgado ante Notario Público e inscrito en el Registro Aeronáutico, cuya copia certificada fue expedida por este último, por lo que tiene el valor que le otorga el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil; no obstante, de su contexto solo evidencia la relación contractual entre las partes a dicha relación, y no se hace referencia a la empresa Aerolíneas Damojh de CV. Así se declara.-

En otro orden de ideas, la parte demandante consignó con el libelo de demanda copia simple tarjeta de presentación marcada “G”; sin embargo, este Tribunal advierte que dicha instrumental no es de aquellos documentos mencionados en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, ya que se desconoce su autoría y está enmendada, en virtud de lo cual carece de valor probatorio. Así se declara.-

Por otra parte, la actora acompañó con su libelo de demanda marcadas con las letras “H”, “I” y “J” misivas enviadas al INAC, para lo cual se advierte en relación con la primera que hace referencia a la consignación de documentos que desconoce este Tribunal, por lo que mal pueden ser valoradas, y además claramente hace mención a la asignación de la aeronave YV206T, a la empresa El S.d.A., que como observamos ut-supra estaba sujeta a un contrato de arrendamiento; mientras que las otras dos instrumentales están referidas a la desincorporación de la aeronave antes identificadas y la devolución del Certificado de Matrícula, por lo que no evidencian la vinculación entre una empresa y otra como grupo económico. Así se declara.-

Asimismo, la parte actora acompañó con el libelo de demanda marcado “K”, documento referido al Acta de Cancelación de la Matrícula Nº YV206T, copia de la Matrícula en referencia, la comunicación en cuanto a la cancelación y solicitud al ente respectivo, que al emanar de la autoridad aeronáutica, tiene la naturaleza de un documento administrativo, con el valor que se desprende de lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, pero que están relacionados con una aeronave arrendada por la empresa El S.d.A., C.A., donde no se evidencia la vinculación con la sociedad Aerolíneas Damojh de CV, como para demostrar la existencia del grupo económico. Así se declara.-

Con respecto a la documental también acompañada “K”, relacionada con la solicitud de cancelación de exportación, relativa a la aeronave allí identificada, que tiene el valor de documento administrativo, al que se refiere al artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, pero este Tribunal no encuentra ninguna relación de esta aeronave con los hechos controvertidos del presente juicio, además se mencionó anteriormente que esa aeronave solo está relacionada con una de las codemandadas. Así se declara.-

Por otra parte, la accionante acompañó con el libelo de demanda marcados “L”, “M” y “N”, actas correspondientes al INAC, que por su naturaleza tienen el valor probatorio de documentos administrativos y que únicamente permiten demostrar la existencia de una denuncia en contra de la línea aérea GLOBAL AIR, AEROLINEAS DAMOJH, S.A. y EL S.D.A., C.A.; sin embargo, solo fue admitida en relación con las dos primeras. Así se declara.-

En lo atinente a la notificación de las codemandadas, relativas a la audiencia en el procedimiento administrativo, solo demuestran la sustanciación del mismo. Así se declara.-

De igual manera, con respecto a la nota de prensa consignada con el libelo de demanda, marcada “P”, este Tribunal observa, que la misma solo refleja que en alguna oportunidad las aerolíneas Global Air y El S.d.A., C.A., tuvieron retardos, fallas en las rutas y vuelos charter y regulares, dirigidos a Panamá, Punta Cana y Cancún, pero la nota periodística no hace referencia ni al vuelo, ni al destino relacionado con este juicio; adicionalmente, no se evidencia la fecha ni el periódico de publicación, puesto que esto solo aparece en manuscrito fabricado por la promovente, en virtud de la cual carece de valor probatorio. Así se declara.-

Con la reforma del libelo de demanda, la accionante acompañó marcado 1, un legajo de documentos, en reproducciones fotostáticas, que no se refieren a ninguna de las partes que al tratarse de misivas provenientes de terceros, así como de documentos que no corresponden a las partes, sin media autorización de estos y traídas en copias simples, por lo que al no tratarse de las reproducciones de los documentos indicados en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, carecen de valor probatorio. Así se declara.-

Por otra parte, con la reforma del libelo de demanda la actora acompañó el acto administrativo, que tiene el valor de documento administrativo de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, pero lo que evidencia es la sustanciación del procedimiento administrativo y la decisión relativa a la imposición de la multa, resuelta de acuerdo a la valoración de las pruebas que rielan en el expediente administrativo. Así se declara.-

En primer lugar, para dirimir la controversia, este Tribunal pasa a pronunciarse en cuanto a la unidad económica alegada por la parte actora en su libelo de demanda; en este sentido, no se advierte en el presente caso que exista una unidad jurídica ni económica entre los demandados, puesto que únicamente fue acompañado a las actas del expediente, el documento societario relacionado a la sociedad mercantil EL S.D.A., C.A., marcado “D”, con el escrito libelar, que tiene la naturaleza de reproducciones de documentos públicos, a los que se refiere el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, por lo que se evidencia que no existe una conexidad o solidaridad con la codemandada AEROLINEAS DAMOJH, S.A. DE C.V., en vista de que son personas jurídicas distintas; asimismo, no está demostrado que tenga la misma administración ni que cuenten con los mismos accionistas. Más aún los documentos acompañados con el libelo de demanda, no permiten levantar el velo empresarial. De manera que la parte actora no demostró la unidad entre ambas empresas, en virtud de lo cual se trata de litigantes distintos. Así se declara.-

En cuanto al acto administrativo que determinó la responsabilidad de la línea aérea AEROLINEAS DAMOJH S.A. (GLOBAL AIR), por la demora y le impuso la multa no es vinculante para el Tribunal; además de ser el producto de las probanzas y alegatos derivados del procedimiento administrativo que es ajeno a este órgano jurisdiccional. Así se declara.-

Por otra parte, este Tribunal advierte que en relación con la demandada EL S.D.A., C.A., no existe prueba contundente que permita determinar su vinculación con los hechos denunciados, puesto que únicamente se evidencia de autos que facilitó sus mostradores, para la entrega de los pases de abordo, pero no se demuestra la emisión del boleto aéreo para probar la relación contractual con dicha empresa, y no cursa en las actas otra prueba que pudiera adminicularse al efecto, ya que como se apreció anteriormente, no está demostrado la vinculación económica entre las codemandadas. Así se declara.-

De igual manera, este Tribunal advierte que la actora no trajo a los autos ningún medio probatorio que permitiera demostrar el itinerario del vuelo en cuanto al embarque del pasajero en Maiquetía, ya que solo está probado la hora que fue embarcado, por lo que no se puede determinar de las probanzas, en virtud de lo señalado, que hubo un retardo en la ejecución del contrato en el punto de partida. Así se declara.-

Adicionalmente, en lo atinente a la ejecución del contrato en el trayecto de Curazao a Maiquetía, el actor no acompañó ninguna prueba en cuanto a la emisión del boleto, la entrega del pase de abordar, el itinerario del vuelo; de manera que no se pudiera establecer la hora pautada para el embarque ni aquella en la que efectivamente se ejecutó el transporte.

Por otra parte, no consta en el expediente prueba alguna, que permita demostrar el motivo del viaje, por lo que no se evidencia que fue por el aniversario de bodas. Ni tampoco está probada la supuesta amonestación que recibió la actora en su lugar de trabajo. Así se declara.-

En este orden de ideas, como quiera que los hechos fueron rechazados en la contestación de la demanda, momento éste en que se traba la litis. Y en la reforma del libelo de demanda, no fueron modificados los hechos, no teniendo la obligación la parte demandada de reformar la contestación, conforme a lo previsto en el artículo 11 del Decreto con Fuerza de Ley de Procedimiento Marítimo, en virtud de lo cual la carga de la prueba pesaba sobre la accionante a tenor de lo previsto en el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil. Así se declara.-

En cuanto a la distribución de la carga de la prueba, en sentencia No. 00193, de 25 de abril de 2003, caso: D.M.H. c/ D.A.S. y Á.E.C., la Sala de Casación Civil indicó:

...En el derecho procesal moderno, corresponde a la parte que afirma el hecho, esto es, aquella que tiene interés en obtener la consecuencia jurídica que asigna la norma general y abstracta a ese hecho, demostrar al juez la realización concreta del mismo y provocar en él la convicción de la verdad del hecho; y a la parte que tiene interés en obtener el rechazo de la pretensión, demostrar los hechos extintivos o modificativos de la misma. Tiene apoyo esta tesis en el principio del contradictorio y se la denomina “carga subjetiva de la prueba”, independientemente de que esté expresamente distribuida por una norma o implícita en la estructura misma del proceso. Los límites de la controversia quedan planteados con el ejercicio de la pretensión que se hace valer en la demanda y con el ejercicio de la defensa o excepción que hace valer el demandado en la contestación. Como es lógico, ambos actos requieren la alegación de los hechos en que se fundamentan, y tales afirmaciones determinan el thema probandum y los respectivos sujetos gravados con la carga de probar los hechos en virtud de la correlación que debe existir entre la carga de la alegación y la carga de la prueba. De allí la máxima latina tan socorrida en textos y en fallos: Onus probandi incumbit ei qui asserit (La carga de la prueba incumbe al que afirma). En síntesis, en el derecho moderno, ambas partes pueden probar. A: el actor, aquellos hechos que fundamentan su pretensión; b: el demandado, aquellos hechos que fundamentan su excepción o defensa; que es lo mismo que decir: las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho (Vid: Rengel Romberg Arístides. Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano según el nuevo Código de 1987. Ed. Exlibris. Caracas 1991. Tomo III. p 277 y ss).

De esta manera, se establece que el principio rector en materia de la carga de la prueba, se desprende también de lo señalado en el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil que indica:

Artículo 506.- Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación.

Los hechos notorios no son objeto de prueba”.

De igual manera, el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, dispone:

Artículo 254.- Los Jueces no podrán declarar con lugar la demanda sino cuando, a su juicio, exista plena prueba de los hechos alegados en ella. En caso de duda, sentenciarán a favor del demandado, y, en igualdad de circunstancias, favorecerán la condición del poseedor, prescindiendo en sus decisiones de sutilezas y de puntos de mera forma.

En ningún caso usarán los Tribunales de providencias vagas u oscuras, como las de venga en forma, ocurra a quien corresponda, u otras semejantes, pues siempre deberá indicarse la ley aplicable al caso, la formalidad a que se haya faltado, o el Juez a quien deba ocurrirse

.

De lo expuesto, advierte este Tribunal que no habiéndose traído a los autos elementos suficientes que hagan plena prueba del incumplimiento de la ejecución de la obligación por parte de las sociedades mercantiles demandanda, resulta forzoso declarar sin lugar la demanda interpuesta. Así se declara.-

VIII

DECISIÓN

Atendiendo a los razonamientos antes señalados, este Tribunal de Primera Instancia Marítimo con Competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la demanda interpuesta por el ciudadana HENNACY HIDALGO contra las sociedades mercantiles S.D.A., C.A. y AEROLINEAS DAMOHJ DE C.V.

De conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costa a la parte actora por haber resultado totalmente vencida. Es todo.-

PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE

Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Tribunal de Primera Instancia Marítimo con Competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas, a los nueve (9) días del mes de junio del año dos mil once (2011), siendo las 11:05 de la mañana.

Publíquese y Regístrese. Cúmplase con lo ordenado.

El JUEZ

FRANCISCO VILLARROEL RODRIGUEZ

EL SECRETARIO

ALVARO CARDENAS

En la misma fecha se cumplió con lo ordenado. Se publicó y se registró sentencia, siendo las 11:10 de la mañana. Es todo.-

EL SECRETARIO

ALVARO CARDENAS

FVR/ac/br.-

Exp. 2009-000272