Decisión de Juzgado Superior Civil, Contencioso Administrativo y Agrario de Apure, de 2 de Marzo de 2009

Los intereses de mora del monto total demandado.

Que se condene en costas al Municipio San F.d.e.A.

2. DEL PROCEDIMIENTO:

   En fecha 09 de Abril de 2008, este Juzgado Superior mediante auto fue admitida la presente querella funcionarial, ordenándose al efecto las notificaciones de ley.

   A los folios 17 y 18 respectivamente, constan las notificaciones libradas debidamente cumplidas.-

   En fecha 30 de octubre de 2.008, la ciudadana H.L.F., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 9.870.827 parte demandante en el presente juicio, otorgo poder APUD-ACTA, amplio y bastante suficiente cuanto a derecho se requiere, al abogado R.A.M.J., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 10.616.974 e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 79.642, para que le representara y defendiera sus derechos en el presente juicio seguido en contra del MUNICIPIO AUTÓNOMO SAN F.D.E.A..

   En fecha 03 de Diciembre de 2008, por cuanto venció el lapso a que se refiere el artículo 103 de la Ley del Estatuto de la Función Publica para que la parte demandada, MUNICIPIO AUTÓNOMO SAN F.D.E.A., diera contestación al presente COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES, procesal del cual no hizo uso, se fijo la audiencia preliminar, de conformidad con el articulo en comento.-

   En fecha (08) de diciembre de (2008), siendo la hora previamente fijada por este Tribunal para que tuviese lugar la audiencia preliminar, según lo establece el artículo 103 de la Ley sobre el Estatuto de la Función Pública, en la demanda por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES, interpuesta por la ciudadana H.L.F., debidamente representada por el abogado en ejercicio R.A.M.J., venezolano mayor de edad, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 79.642, en contra del MUNICIPIO AUTÓNOMO SAN F.D.E.A.. Se anunció el acto a las puertas del Tribunal en la forma de ley, y compareció el apoderado judicial de la querellante, abogado R.A.M.. El Tribunal dejó constancia expresa que la representación legal del demandado no compareció al acto, ni por si ni mediante apoderado. En tal sentido se le concede un lapso de diez (10) minutos al representante de la parte recurrente y expuso: “ratifico en todas y cada una de sus partes lo expuesto en el libelo de la demanda y solicito la apertura del lapso probatorio”. Por último solicitó la apertura del lapso probatorio es todo. En este estado el Tribunal acordó lo solicitado y ordenó la apertura del lapso probatorio. Se declaró TRABADA LA LITIS por cuanto no hubo conciliación entre las partes

   En fecha 16 de Diciembre de 2008, el abogado R.A.M.J., en su carácter de apoderado judicial de la parte demandante, promovió escrito de pruebas, siendo estas admitidas por auto de fecha 07 de Enero de 2.009, salvo su apreciación en la definitiva.-

   Por auto de fecha 23 de Enero de 2009, por cuanto venció el lapso establecido en el articulo 105 de la Ley del Estatuto de la Función Publica, se fijo al (3er) tercer día, para que tenga lugar la audiencia definitiva de conformidad con el articulo 107 ejusdem.-

   En fecha 30 de Enero de 2009, siendo la hora previamente fijada por este tribunal para que se llevara a cabo la audiencia definitiva prevista en el artículo 107 de la Ley del Estatuto de la Función Publica, siendo declarado tal acto desierto por cuanto las partes no comparecieron al acto ni por si ni mediante apoderado judicial. En este estado, el tribunal se reservó el lapso establecido en el artículo 107 de la Ley del Estatuto de la Función Pública para la publicación del dispositivo del fallo.

   En fecha 10 de Febrero de 2009, este Juzgado Superior declaró PARCIALMENTE CON LUGAR el presente COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES.-

3. DEL COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES INTERPUESTO

   La demandante fundamentó su solicitud sobre la base de los siguientes argumentos de derecho:

   Como fundamento legal para la interposición de la presente querella, citó la normativa legal dispuesta en los artículos: 89 y 92 de la Constitución De La Republica Bolivariana De Venezuela. Artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo y artículo 36 del Reglamento de la Ley de Alimentación para los Trabajadores.

4. DEL DERECHO APLICABLE AL CASO CONCRETO.

   Se hace pertinente para quien aquí decide mencionado lo establecido lo previsto en el artículo 259 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela:

   La jurisdicción contenciosa administrativa corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y a los demás tribunales que determine la ley. Los órganos de la jurisdicción contenciosa administrativa son competentes para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación del poder; condenar el pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la Administración; conocer de reclamos por la prestación de servicios públicos; y disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa

   En virtud de lo dispuesto en el presente articulo, se le atribuye competencia a los tribunales contenciosos administrativos para restablecer las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa. Dando origen para conocer y decidir con plenitud dentro los límites de la competencia contencioso administrativo, de todas las demandas que se intentan contra los entes públicos estatales nacionales y empresas nacionales del Estado. Establecido de la misma manera en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia cuya normativa regula esta jurisdicción, no solo para declarar la nulidad de los actos administrativos generales o individuales contarios a derecho, sino también para conocer de aquellas demandas que se propongan contra los Estados, Municipios, o algún Instituto Autónomo, Ente Publico o Empresa, en la cual la Republica ejerza un control decisivo y permanente, en cuanto su dirección o administración se refiere. Destacando a ello que el caso aquí ventilado es el cobro de las prestaciones sociales de la recurrente, y demás indemnizaciones de índole laboral, por lo que demanda la suma de NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES BOLIVARES CON CUATRO CENTIMOS (Bs. 95.573,04); cantidad que se desprende del monto total de sus prestaciones sociales y demás indemnizaciones de índole laboral, siendo competencia de este tribunal condenar el pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la Administración. Así se declara.-

5. CONSIDERACIONES PARA DECIDIR:

   El presente caso se circunscribe que el presente juicio incoado por el ciudadano R.A.M.J., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 10.616.974 de este domicilio e inscritos en el Inpreabogado bajo el N°. 79.642, en su condición de apoderado judicial de la demandante la ciudadana H.L.F., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 9.870.827, con la finalidad de interponer COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES, en contra del MUNICIPIO AUTÓNOMO SAN F.D.E.A., en los siguientes conceptos:

   - Prestaciones de Antigüedad (articulo 108 de la LOT) Antiguo Régimen (07 años ,05 meses y 02 días = 210 días x Bs. 2,13 = (Bs. 448,11).-

   - Compensación por transferencia (artículo 666 de la LOT) = 180 días x Bs. 2.13 = (Bs. 384,10). Total Antiguo Régimen: Bs. 832,22

   FASE II.

   Lapso de 10 años, 06 meses y 22 días.

   - Antigüedad (artículo 108 LOT, 146 Parágrafo Segundo LOT, 97 RLOT)

   102 días * 2.500,00= 255.000,00.

   75 días * 3.333,33 = 249.999,75

   70 días * 4.000,00 = 280.000.00

   90 días * 4.400,00= 396.000,00

   78 días * 4.840,00 = 377.520,00

   25 días * 5.324,00 = 133.100,00

   73 días * 5.808,00 = 423.984,00

   30 días * 6.388,80 = 191.664,00

   40 días * 7.550,40 = 302.016,00

   32 días * 9.060,48 = 289.935,36

   45 días * 36.000,00 = 1.620.000,00

   80 días * 36.000,00 = 2.880.000,00

   Total de Antigüedad (Bs. 7.399.219,11) lo que equivale a (Bs. F 7.399,21).

   2. - Vacaciones y Bono Vacacional. (No disfrutadas N° 36 I Conv. Colectiva de los Trabajadores de la Alcaldía del Municipio Autónomo San Fernando, período 2.003-2.005) artículo 226 de la LOT. 1.538 días * 36.000,00 = Bs. 55.368.000,00 lo equivalente a (Bs.F 55.368).

   3. - Intereses de Prestación por antigüedad (Art. 108 literales a, b y c) Bs. 13.500.000,00 lo equivalente a Bs. F 13.500,00.

   4. - Cesta Ticket, calculada con base en el valor de la unidad tributaria vigente que es actualmente la cantidad de Bs. F. 46,00, multiplicado por 0.40 (aplicado actualmente por el municipio), que arroja un resultado diario de Bs. F 18,40 multiplicado por el número de días laborados.

   Total días efectivos trabajado año 2.000 = 252. Bs. F 4.636,80.

   Total días efectivos trabajado año 2.001 = 249. Bs. F 4.581,60.

   Total días efectivos trabajado año 2002 = 251. Bs. F 4.618,40.

   Total días efectivos trabajado año 2.003 = 252. Bs. F 4.636,80.

   Total = Bs. F 18.473,60.

   Total Prestaciones Sociales = (Bs. 95.573.040,00) equivalentes a la cantidad de (Bs.F 95.573,04).-

   Luego de examinar los argumentos expuestos por la parte querellante en su escrito en el libelo de la demanda, y en virtud de que la parte demandada no contestó la demanda, no compareció a la audiencia preliminar ni definitiva, no promovió pruebas y mucho menos consignó el expediente administrativo de la querellante. Corresponde a este Tribunal Superior Civil (Bienes) Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial de Región Sur, pronunciarse acerca del COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES interpuesto por el ciudadano R.A.M.J., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 10.616.974 de este domicilio e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 79.642, en su condición de apoderado judicial de la demandante ciudadana H.L.F., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 9.870.827.-

   Resulta idóneo en el presente caso citar sentencia de esta Corte Nº 2509 de fecha 19 de septiembre de 2002, caso: R.E.B.N. vs. Gobernación del Estado Cojedes, en la cual se expuso lo siguiente:

   (…) Conforme a la norma contenida en el artículo 92 de la Constitución vigente, las prestaciones sociales son un derecho social que le corresponden a todo trabajador, sin distingo alguno, al ser retirado o removido del servicio activo cuya mora en el cobro genera intereses. Cualquier acto o conducta que signifique una negación para cancelarlas es inconstitucional, pues es un derecho consagrado en nuestra Carta Magna.

   … omissis…

   Dicho pago se encuentra sujeto a la norma constitucional prevista en el artículo 92 de la Constitución y forma parte de un sistema integral de justicia social que no puede sufrir fisura por una interpretación rígida del artículo 82 de la Ley de Carrera Administrativa. Es así, como se hace imprescindible una interpretación más flexible y en verdadera sintonía con nuestra Carta Magna, que prevé la obligación de proporcionar una tutela judicial efectiva, la cual no sería posible con la existencia de lapsos de caducidad que afecten derechos constitucionales de los trabajadores, funcionarios o empleados, sin distinción alguna (…)

   .

   Ahora bien, ciertamente observa este Juzgado Superior que al igual que en el caso anteriormente citado, el objeto de la presente causa versa sobre la reclamación del pago de las prestaciones sociales de la ciudadana H.L.F., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 9.870.827, derivados de su relación laboral con la Administración Pública, en virtud de que el Municipio Autónomo San F.d.E.A. no ha efectuado el pago de las prestaciones sociales correspondientes a la querellante.

   En tal sentido, se advierte que todo trabajador tiene derecho al cobro y disfrute de sus prestaciones sociales, las cuales recompensan la antigüedad en el servicio, asimismo, se denota que dicho derecho tiene jerarquía constitucional, en virtud de que el mismo se encuentra consagrado en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

   Por lo que, dicho derecho es de obligatorio cumplimiento, sin poder eximirse de dicha responsabilidad ni las instituciones privadas ni los órganos del Estado, en cuanto al efectivo pago de las mismas, salvo causas justificadas, como las que se encuentran previamente previstas por nuestro legislador. Igualmente, es de observar que las prestaciones sociales constituyen deudas de exigibilidad inmediata al culminar la relación de empleo, por lo que toda demora en su pago genera intereses. Así se decide.

   Las reclamaciones laborales derivadas en la relación funcionarial están previstas de rango de derecho garantía Constitucional por preverlo así en su artículo 92, que establece que las prestaciones sociales son un derecho social que le corresponde a todo trabajador, sin distingo alguno, al ser retirado o removido del servicio activo, cuya mora en el cobro genera intereses.

   Ahora bien, con fundamento a todo lo anteriormente expuesto este Juzgado Superior, pasa a pronunciarse sobre los conceptos demandados por la querellante, y lo hace en lo términos siguientes:

En cuanto a las Prestaciones Sociales Antiguo Régimen, debe establecer esta sentenciadora lo establecido en las normas contenidas en la Ley Orgánica del Trabajo para lo cual se cita el artículo 666 que señala:

“Artículo 666. Los trabajadores sometidos a esta Ley, así como los funcionarios o empleados públicos nacionales, estadales y municipales, con ocasión de su entrada en vigencia, tendrán derecho a percibir:

1. La indemnización de antigüedad prevista en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo promulgada el 27 de noviembre de 1990 y que esta Ley reforma, calculada con base al salario normal del mes anterior a la fecha de entrada en vigencia de esta Ley, la cual en ningún caso será inferior a quince mil bolívares (Bs. 15.000, 00).

La antigüedad a considerar a estos fines será la transcurrida hasta la fecha de entrada en vigencia de la ley.

En consecuencia, por este concepto denominado bono de transferencia de conformidad con el literal “a” del artículo 666 de la Ley Orgánica del Trabajo antes descrito y, tomando en cuenta que la querellante tenía un tiempo de servicio de (07) años, tiempo este desde el 16/02/1990 hasta el 18 de junio de 1997, (fecha de corte por la vigencia de la referida ley), le corresponde de conformidad con el artículo 108 de la referida ley, treinta (30) días de salario por cada año de servicio o fracción superior a seis (6) meses y, en base al último salario devengado por la parte recurrente, treinta (30) días de salario multiplicados por (07) años de servicio, lo que arroja la cantidad de (210) días, los cuales deberán ser multiplicados por el salario diario normal tal y como lo establece la misma norma del artículo 666 eiusdem que se obtiene de la división del salario mensual entre los treinta (30) días.-

Ahora, por concepto de bono compensatorio de transferencia, establece el artículo 666 de la Ley Orgánica del Trabajo lo siguiente:

Artículo 666. Los trabajadores sometidos a esta Ley, así como los funcionarios o empleados públicos nacionales, estadales y municipales, con ocasión de su entrada en vigencia, tendrán derecho a percibir: b) Una compensación por transferencia equivalente a treinta (30) días de salario por cada año de servicio, calculada con base en el salario normal devengado por el trabajador al 31 de diciembre de 1996. El monto de esta compensación en ningún caso será inferior a cuarenta y cinco mil bolívares (Bs. 45.000,00). Este monto mínimo que se asegura, será pagado atendiendo a lo dispuesto en el artículo 194 de esta Ley

.

En tal sentido, por este concepto denominado bono de compensatorio de conformidad con el literal “b” del artículo 666 de la Ley Orgánica del Trabajo antes descrito, le corresponden a la accionante treinta (30) días de salario por cada año de servicio, en base al salario devengado hasta el 31-12-1996, es decir desde la fecha de su ingreso el 16/02/1990 hasta el 31-12-1996, la recurrente tenía un tiempo de servicio de (06) años, 10 meses, visto que según la norma citada ut supra, le corresponden (30) días de salario multiplicados por (07) años de servicio (10 meses se computa con un año, por ser una fracción superior a 6 meses), arroja la cantidad de (210) días, los cuales deberán ser multiplicados por el salario diario normal el cual se obtiene de la división del salario mensual entre los treinta (30) días del mes correspondiente.

En atención a lo anteriormente expuesto, se pudo determinar que lo adeudado a la querellante por estos conceptos, las siguientes cantidades (Ver anexo 1):

a.-) Monto Prestaciones Sociales, Periodo 16/02/1990 al 17/06/1997: Bs. 416.932,32 lo equivalente a Bs. 416,93.- (Ver anexo 1A):

b.-) Bono de Transferencia: Bs. 364.480,11 lo equivalente a Bs. 364,48.- (Ver anexo 1A):

En relaciona a los intereses sobre prestaciones sociales (antiguo régimen), debe señalar esta juzgadora, lo establecido en el artículo 668 parágrafo primero y segundo de la Ley Orgánica del Trabajo, que a tal respecto se cita:

Artículo 668. El patrono deberá pagar lo adeudado por virtud del artículo 666 de esta Ley en un plazo no mayor de cinco (5) años contados a partir de la entrada en vigencia de esta Ley, en las condiciones que a continuación se especifican: …

PARÁGRAFO PRIMERO.- Vencidos los plazos establecidos en este artículo sin que se hubiere pagado al trabajador las cantidades indicadas, el saldo pendiente devengará intereses a la tasa activa determinada por el Banco Central de Venezuela, tomando como referencia los seis (6) principales bancos comerciales y universales del país.

PARÁGRAFO SEGUNDO.- La suma adeudada en virtud de los literales a) y b) del artículo 666 de esta Ley, devengará intereses a una tasa promedio entre la activa y la pasiva, determinada por el Banco Central de Venezuela, tomando como referencia los seis (6) principales bancos comerciales y universales del país

.

En atención a lo establecido en la normativa transcrita, este tribunal una vez realizado los cálculos aritméticos pudo determinar lo adeudado así:

c.-) Intereses por Prestaciones Sociales. Periodo 16/02/1990 al 07/06/1997: Bs. 1.912.949,87 lo equivalente a Bs. 1.912,94(Ver anexo 1B):

Así mismo, el capital devengado por concepto de Prestaciones y el denominado Bono de Transferencia, vencidos los plazos establecidos en la ley, sin que el trabajador hubiere recibido lo adeudado por dichos conceptos, genera a su vez otros intereses, calculados desde la fecha del corte 17/06/1997 hasta la fecha de la terminación de la relación laboral 08/01/2008, los cuales suman la cantidad de:

d.-) Intereses: Bs. 7.190.967,11 lo equivalente a Bs. 7.190,96(Ver anexo 2):

En cuanto a Las prestaciones sociales del nuevo régimen ART. 108 LOT), este tribunal considera oportuno destacar lo establecido en la norma contenida en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo lo siguiente:

Artículo 108. Después del tercer mes ininterrumpido de servicio, el trabajador tendrá derecho a una prestación de antigüedad equivalente a cinco (5) días de salario por cada mes.

Después del primer año de servicio, o fracción superior a seis (6) meses contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta Ley, el patrono pagará al trabajador adicionalmente dos (2) días de salario, por cada año, por concepto de prestación de antigüedad, acumulativos hasta treinta (30) días de salario

.

Así pues, el salario base para el cálculo de este concepto será el que establece la norma contenida en el artículo 146 parágrafo segundo de la Ley Orgánica del Trabajo, es decir, el salario integral devengado en el mes correspondiente, al cual le corresponde la alícuota parte del bono vacacional y la alícuota parte de las utilidades, tomando como base al salario mensual de la parte recurrente. Así pues, el salario base para el cálculo de este concepto será el que establece la norma contenida en el artículo 146 parágrafo segundo de la Ley Orgánica del Trabajo, es decir, el salario integral devengado en el mes correspondiente, al cual le corresponde la alícuota parte del bono vacacional y la alícuota parte de las utilidades, tomando como base al salario mensual de la parte recurrente. (Ver anexo 1A)

En consecuencia, en base a lo anterior debe dejarse establecido que el salario integral se obtendrá de la suma de los salarios antes indicados por la alícuota del bono vacacional y la alícuota de las utilidades, por lo que el ente querellado deberá pagarle a la querellante, la cantidad de los cinco (5) días generados por cada mes de servicio prestado, adicional a los dos (2) días por cada año de servicio prestado. En este punto es importante acotar que la querellante dejo de prestar servicios efectivamente para el MUNICIPIO AUTÓNOMO SAN F.D.E.A., 08/01/2008, por lo que para el cálculo de las prestaciones sociales a las que tiene derecho, debe ser tomada en cuenta la fecha cierta de la terminación de la relación laboral, esto es, 08-01-2.008 y el salario integral devengado por cada mes correspondiente.

En tal sentido, conforme a lo dispuesto anteriormente este tribunal, una vez realizados los cálculos matemáticos correspondientes, pudo establecer que lo adeudado a la querellante de autos, por este concepto suma la cantidad:

e.-) Monto por Prestaciones Sociales Periodo 18/06/1997 al 08/01/2008: Bs. 19.541.963,79 lo equivalente a Bs. 19.541,96 (Ver Anexo 3)

En relación a los intereses devengados conforme a lo dispuesto en el artículo 108 LOT, se puede determinar en la cantidad de:

f.-) Intereses por Prestaciones Sociales Periodo 18/06/1997 al 08/01/2008: Bs. 14.541.018,53 lo equivalente a Bs. 14.541,01 (Ver Anexo 3)

Generando la suma de los puntos anteriores primero, segundo y tercero, una deuda por parte del ente querellado, de la cantidad de (Bs. F 43.939,31), por los conceptos de Prestación de Antigüedad Antiguo (articulo 666 literal a LOT) y Nuevo Régimen (articulo 108 LOT); Bono Compensatorio articulo 666 literal b, LOT y los intereses sobre las prestaciones artículos 108 literales a, b y c y el articulo 668 LOT

En relación a las Vacaciones y Bono Vacacional “No Disfrutadas” la querellante reclama las vacaciones y bono vacacional no disfrutadas correspondiente a los años 1990-1991, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, para un total de 1.538 días lo que representa en bolívares la cantidad de Bs. 55.368.000,00 lo equivalente a (Bs.F 55.368).

Al respecto, este juzgado superior trae a consideración lo previsto en el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa, en el primer aparte el cual establece: “Las vacaciones no son acumulables y deberán disfrutarse dentro de un plazo no mayor de tres meses, contados a partir del nacimiento del derecho a las mismas”. Ahora bien, de la norma antes transcrita se evidencia claramente que las “vacaciones no son acumulables”, por lo que este juzgado superior DECLARA PROCEDENTE el pago solamente de los períodos correspondiente a los años 2.005-2.006 y 2.006-2.007, para lo cual ordena la práctica de una experticia complementaria del fallo de conformidad con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, a los fines de determinar el monto adeudado a la querellante por este concepto y, Así se decide.-

En cuanto al reclamo por Cesta Ticket, quien aquí juzga observa que no consta en autos prueba alguna del pago efectivo de dicho beneficio a la querellante, por lo tanto se Declara Procedente la cancelación de dicho concepto, tomando en consideración lo preceptuado en la Ley de Alimentación para los Trabajadores a este respecto y el valor de la unidad tributaria vigente para cada año respectivamente reclamado, es decir los años 2.000, 2.001, 2.002 y 2.003, para lo cual se ordena la practica de una experticia complementaria al fallo a los fines de determinar el monto correspondiente por este concepto de conformidad con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, y así se decide.-

En cuanto a Los intereses de Mora esta juzgadora trae a colación lo dispuesto en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual reza textualmente:

Artículo 92. Todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a prestaciones sociales que les recompensen la antigüedad en el servicio y los amparen en caso de cesantía. El salario y las prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago genera intereses, los cuales constituyen deudas de valor y gozarán de los mismos privilegios y garantías de la deuda principal.

De la norma constitucional antes transcrita, se desprende la posibilidad de que la mora en el pago de las prestaciones sociales sea susceptible de ser resarcida a través del pago de unos intereses, los cuales efectivamente constituyen deudas de valor, aún cuando las prestaciones sociales no lo sean, porque aquellos están referidos a un valor monetario determinado, pero se cumplen con el pago de una suma determinada de dinero, es decir, no hay una cantidad específica en principio. Asimismo, este dispositivo de rango constitucional contempla la posibilidad de que el funcionario público, regido bajo un sistema estatutario, pueda obtener el pago de esos intereses, aún cuando la norma legal -administrativa- no lo establezca expresamente.

Dicha imposición resulta lógica, puesto que si el derecho a las prestaciones sociales nace no sólo a los fines de recompensar al trabajador por el tiempo de servicio, sino también para protegerlo en el caso que sea despedido, destituido o separado del cargo independientemente de las razones, es evidente que deben proceder el pago de intereses moratorios pues de esta forma se garantizaría realmente ese propósito de protección, al salvaguardar en cierto modo a los trabajadores de la inflación así como de los posibles daños o molestias causadas por el retardo del cumplimiento de la obligación.

Resultaría contrario a ese principio de recompensa y protección el que el trabajador o funcionario deba esperar años por el pago de sus prestaciones sin que se contrarreste la notoria inflación que sufre la economía nacional, puesto que el poder adquisitivo de la moneda disminuye constantemente, lo que igualmente ocurrirá con el monto a cancelar por concepto de prestaciones sociales, es por ello que procede el pago de los intereses moratorios que por concepto de prestaciones sociales se hayan generado desde el momento en que la Administración incurrió en mora, esto es al mes de finalizada la relación jurídica bilateral de empleo público (08-01-2008), hasta que sean efectivamente canceladas de conformidad con el artículo 92 eiusdem, tomando como base de cálculo la tasa de interés publicada por el Banco Central de Venezuela, para lo cual ordena la práctica de una experticia complementaria del fallo de conformidad con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, Así se decide.-

Así mismo, se declara la improcedencia de la condenatoria en costas en el presente juicio dada la prerrogativa que esta sujeto el ente querellado, y así se decide

En virtud de los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Superior debe declarar PARCIALMENTE CON LUGAR el presente COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES y, así se decide.

DISPOSITIVO:

En merito de las consideraciones anteriores este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial de la Región Sur, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

PARCIALMENTE CON LUGAR, la querella interpuesta por la ciudadana H.L.F., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 9.870.827, debidamente representada por el abogado R.A.M.J., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 10.616.974 e Inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 79.642, en contra del MUNICIPIO AUTÓNOMO SAN F.D.E.A. por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES.

SE ORDENA al MUNICIPIO AUTÓNOMO SAN F.D.E.A., la cancelación de la cantidad de (Bs.F 43.939,31), por concepto de Prestación de Antigüedad Antiguo (articulo 666 literal a LOT) y Nuevo Régimen (articulo 108 LOT); Bono Compensatorio articulo 666 literal b, LOT y los intereses sobre las prestaciones artículos 108 literales a, b y c y el articulo 668 LOT.

SE ORDENA al MUNICIPIO AUTÓNOMO SAN F.D.E.A., la cancelación de los siguientes conceptos, a través de la realización de una experticia complementaria al fallo de conformidad con lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil:

1. - Vacaciones y Bono Vacacional “No Disfrutado”, correspondiente a los períodos 2.005-2.006 y 2.006-2.007.

2. - Cesta ticket, correspondiente a los años 2.000, 2.001, 2.002 y 2.003.

3. - Intereses de Mora, según lo establecido en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

IMPROCEDENTE la condenatoria en costa dada la prerrogativa que esta sujeto el ente querellado.-

Publíquese, regístrese, cópiese y notifíquese al Alcalde y al Sindico Procurador del Municipio Autónomo San Fernando. Librese oficios.-

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de este Juzgado Superior a los dos (02) días del mes de Marzo del año dos mil nueve (2009). Años: 198° y 149°.

La Jueza Superior Titular,

Dra. M.G.S..

La Secretaria Titular,

Abog. I.F.O..

Exp. Nº 3.074.-

MGS/ivfo/anny.-