Decisión nº 583 de Juzgado Superior Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito Primer Circuito de Sucre, de 19 de Mayo de 2015

CON LUGAR el Recurso de apelación interpuesto por la abogada en ejercicio ZANAH T.A., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 128.038, actuando en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana HIRSY COROMOTO YEGRES CORDOVA; contra el auto dictado por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Marítimo y Bancario del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, en fecha veintinueve (29) de Julio del 2013, relacionado con el juicio de REIVINDICACION, que presentara la ciudadana HIRSY COROMOTO YEGRES CORDOVA, contra el ciudadano J.E.R.O.

Queda de esta manera REVOCADO el auto dictado por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Marítimo y Bancario del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, en fecha veintinueve (29) de Julio del 2013, que ordeno la suspensión de la causa, en consecuencia se ordena reanudar la causa al estado en la cual se encontraba para el momento en la cual fue suspendida por la juez ad-quo, por lo que debe continuar con la ejecución de la sentencia dictada en fecha veintiún (21) de Junio de 2013., por cuanto la misma no se encuentra inmersa en los supuestos establecidos en el decreto con Valor y fuerza de Ley contra el desalojo y la desocupación arbitraria de vivienda.-

Una vez remitido el expediente a la juez de la causa para que resolviera la oposición formulada la juez resolvió de la siguiente manera según decisión de fecha 21 de marzo de 2014.

Primero que todo debe dejar sentado esta juzgadora que en la presente incidencia no se está en discusión sobre el derecho de propiedad del inmueble a Reivindicar, pues, ello quedo plenamente demostrado en la causa principal, donde este Tribunal Tercero Civil constituido con asociados declaró la reivindicación a favor de la ciudadana HIRSY YEGRES, estando claro ello, se observa que, la presente incidencia surge con ocasión a la Ejecución Forzosa, decretada por este Juzgado en fecha 29/01/2014, la cual consiste en la entrega material del inmueble constituido por un lote de terreno y la casa que sobre el mismo está construida, ubicado en esta ciudad de Cumaná, en la Urbanización Ciudad Jardín Nueva Toledo, calle 6, casa Nº 4, de la Manzana FII, en la parroquia V.V. de esta ciudad de Cumaná Estado Sucre, cuyos linderos son los siguientes: Noroeste: con la parcela 06 de la aludida Manzana; Sureste: con la Parcela 02 de la aludida Manzana; Noreste: con Carrera VI de la Urbanización; y Suroeste: con la Parcela 03 de la aludida Manzana; Pues, muy por el contrario al derecho de propiedad, lo que se discute en la presente incidencia es sobre el derecho de posesión u ocupación del referido inmueble, alegando el tercero opositor que, precisamente, es ella quien habita en el descrito inmueble conjuntamente con su grupo familiar, naciendo de esa posesión, que alegó tener, su derecho a oponerse a la ejecución forzosa, por considerar la tercera opositora que se le lesionarían sus derechos a una vivienda digna al desposesionarla del que -a su decir- a constituido su hogar familiar, alegando ser sujeto de protección por parte del estado, a las luces de lo establecido en el DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY CONTRA EL DESALOJO Y LA DESOCUPACION ARBITRARIA DE VIVIENDAS.

Pues bien, aun y cuando la tercera opositora del referido inmueble objeto de ejecución, ciudadana J.C. no es la demandada de autos, este juzgado no puede dejar pasar por alto lo establecido en el DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY CONTRA EL DESALOJO Y LA DESOCUPACION ARBITRARIA DE VIVIENDAS, el cual ha sido bien enfático al establecer en su parte motiva quienes son los sujetos a que brinda especial protección el mismo, y que del contenido del Artículo 1 y 2 del referido decreto, se evidencia que aplica para las personas naturales y sus grupos familiares que ocupen de manera legítima, en calidad de arrendatarias, arrendatarios, comodatarias, comodatarios, u ocupantes, inmuebles destinados a vivienda principal, observándose que las Salas Constitucional y Civil del Tribunal Supremo de Justicia, han sido reiterativas al afirmar que, cuando se pretenda la perdida de la posesión o desocupación de un inmueble destinado a vivienda principal, los jueces están en la obligación de suspender la causa y dar cumplimiento a lo establecido en el DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY CONTRA EL DESALOJO Y LA DESOCUPACION ARBITRARIA DE VIVIENDAS, en justa aplicación al referido decreto y al mandato de la SALA CONSTITUCIONAL en sentencia Nº 1317 de fecha 3/08/11-2011, que estableció:

…Así las cosas, se advierte que el aludido Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y Desocupación Arbitraria de Viviendas, de manera novedosa, impone la obligación a los jueces de la República de dar protección especial a las personas naturales y sus grupos familiares que ocupen de manera legítima, en calidad de arrendatarias, arrendatarios o comodatarias o comodatarios, inmuebles destinados a vivienda principal (artículo 2), el cual deberán aplicar en forma preferente a la legislación que rige los arrendamientos inmobiliarios o a la norma adjetiva en lo que concierne a las condiciones, requisitos y procedimiento de ejecución de los sujetos objeto de protección (artículo 19) para la solución de conflictos que se susciten con ocasión de los mismos.

En tal razón, esta Sala ordena a los órganos jurisdiccionales llamados a intervenir en la solución de los conflictos intersubjetivos que impliquen desahucio, hostigamiento u otras amenazas de aquellos inmuebles ocupados como vivienda principal, que en tales casos deberán cumplir los procedimientos previstos en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y Desocupación Arbitraria de Viviendas, tanto el previo a la acción judicial o administrativa, como el contemplado para la ejecución de los desalojos. Así se decide…

(resaltado del Tribunal)

De igual forma lo estableció la Sala Civil de nuestro TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA en su más reciente fallo, con ponencia conjunta Nº 715 de fecha 17/04/2013, al establecer:

… De la sentencia supra transcrita, se observa el énfasis que la Sala Constitucional coloca en la finalidad del novísimo cuerpo legal, como es proteger a los sujetos que siendo arrendatarios, usufructuarios, adquirentes u ocupantes de bienes inmuebles destinados a vivienda familiar sean víctimas de medidas administrativas o judiciales que interrumpan o hagan cesar la posesión sobre el respectivo bien inmueble. Así, al revisar el procedimiento descrito en los artículos 12, 13 y 14 del referido Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, se destaca que tal procedimiento resulta especial frente a las acciones materiales de desalojo y de ineludible cumplimiento por los jueces que deban proceder a la ejecución de demandas de esta naturaleza. Por lo tanto, todas las fases descritas en dichas normas deben ser cumplidas, no sólo en resguardo del derecho constitucional a una vivienda en cabeza del arrendatario, sino también de los derechos del arrendador, por cuanto es tarea de los jueces hacer un balance de tales derechos, bajo una visión social y real de las relaciones conforme a los principios fundamentales contenidos en el artículo 2° de la Carta Fundamental.

Expresado en otras palabras, la Sala Constitucional en la anterior decisión ofreció a todos los operadores de justicia en el sentido de que “…deben aplicar las normas jurídicas que correspondan, bajo una visión social y real de las relaciones entre arrendadores y arrendatarios, analizando para ello la obligación compartida entre los ciudadanos y el Estado en todos sus ámbitos de garantizar el derecho a la vivienda de las personas, y en el marco de las ejecuciones de sentencias sobre la materia, garantizar que se cumplan las normas de protección de los arrendatarios y de su núcleo familiar en materia de desalojo de las viviendas y exista un equilibrio donde se ampare y garantice el legítimo derecho de propiedad de los arrendadores, todo de cara a la construcción de una sociedad más justa y equitativa en palmaria concordancia con el Estado democrático y social de Derecho y de Justicia en que se constituye la República Bolivariana de Venezuela…”.

En este sentido, debe agregarse que mediante sentencia de fecha 3 de agosto de 2011, emanada de la Sala Constitucional caso: acción de amparo constitucional de M.E.D., Exp. 10-1298, se hace un llamado a los jueces de la República convocados a intervenir en la solución de conflictos que impliquen “…desahucio, hostigamiento, amenazas o cualquier forma que adopte la pérdida de ocupación de ese inmueble que constituye la vivienda principal…”, para que cumplan con los procedimientos desarrollados en el referido Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.

En este sentido, dicha sentencia estableció lo siguiente:

Así las cosas, se advierte que el aludido Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y Desocupación Arbitraria de Viviendas, de manera novedosa, impone la obligación a los jueces de la República de dar protección especial a las personas naturales y sus grupos familiares que ocupen de manera legítima, en calidad de arrendatarias, arrendatarios o comodatarias o comodatarios, inmuebles destinados a vivienda principal (artículo 2), el cual deberán aplicar en forma preferente a la legislación que rige los arrendamientos inmobiliarios o a la norma adjetiva en lo que concierne a las condiciones, requisitos y procedimiento de ejecución de los sujetos objeto de protección (artículo 19) para la solución de conflictos que se susciten con ocasión de los mismos.

En tal razón, esta Sala ordena a los órganos jurisdiccionales llamados a intervenir en la solución de los conflictos intersubjetivos que impliquen desahucio, hostigamiento u otras amenazas de aquellos inmuebles ocupados como vivienda principal, que en tales casos deberán cumplir los procedimientos previstos en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y Desocupación Arbitraria de Viviendas, tanto el previo a la acción judicial o administrativa, como el contemplado para la ejecución de los desalojos…

De la trascripción parcial de estas jurisprudencias, que al ser subsumidas en el caso de autos, concluye esta juzgadora que efectivamente la ciudadana J.C., está dentro de los sujetos de protección del referido Decreto Ley, por ser poseedora legitima del bien inmueble del cual se ordenó la entrega material a favor de la ciudadana HIRSY YEGRES en fecha 29/01/2014; que dicha posesión deviene en virtud, de que quien fungiere como su ex-pareja el demandado de autos J.O. le fue entregado el inmueble en cuestión por el Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Sucre y C.S.A. en fecha 14/04/2009, conclusión que obtuvo este Juzgado por el escrito de oposición, las documentales incorporadas por las partes, así como por las deposiciones de los testigos, quienes afirmaron que la referida ciudadana mantuvo una relación sentimental con el demandado de autos J.O., y que en el descrito inmueble la ciudadana J.C. habita con su hijo F.O.C., viviendo con su familia en el inmueble a reivindicar por un lapso superior a los cuatro años, que su habitabilidad ha sido pacifica, notoria e ininterrumpida, constituyendo estos elementos los esenciales para la posesión legitima, de conformidad a lo establecido en el artículo 772 del Código Civil Venezolano. Así se decide.-

Que si bien es cierto, que la parte vencedora en Reivindicación, tiene derecho a recuperar su inmueble, no es menos cierto que cuando existan poseedores legítimos u ocupantes de inmuebles que constituyan vivienda, que no fueron llamados a la causa, estos pueden incorporase a la misma de acuerdo a lo establecido en el artículo 370 Ord. 2° y 546 del Código de Procedimiento Civil, debiéndoseles respetar el derecho posesorio que tienen sobre el bien inmueble, máxime cuando nuestra Jurisprudencia ha sido constante y reiterada al sostener en uno de sus fallos, 02/11/2011, S.C. (caso: MILANO SHOP C.A.), sobre los derechos de los terceros opositores, que, mientras no se diluciden sus derechos, evita sean desocupados de los inmuebles a ejecutarse, y que debe oírseles en un juicio aparte donde se discutan sus derechos, para luego poder efectuar la definitiva desocupación, ello en vista de tener un derecho exigible sobre el bien afectado de Ejecución Forzosa. Así se establece.-

Pues bien, de la argumentación efectuada en su escrito de oposición por la ciudadana JANNETTT CENTENO, a la ejecución forzosa de entrega del inmueble constituido por un lote de terreno y la casa que sobre el mismo está construida, ubicado en esta ciudad de Cumaná, en la Urbanización Ciudad Jardín Nueva Toledo, calle 6, casa Nº 4, de la Manzana FII, en la parroquia V.V. de esta ciudad de Cumaná Estado Sucre, cuyos linderos son los siguientes: Noroeste: con la parcela 06 de la aludida Manzana; Sureste: con la Parcela 02 de la aludida Manzana; Noreste: con Carrera VI de la Urbanización; y Suroeste: con la Parcela 03 de la aludida Manzana, y de las pruebas aportadas en su oportunidad legal, ha evidenciado esta Juzgadora que, ciertamente la referida ciudadana ha venido poseyendo con su familia el inmueble objeto de ejecución forzosa, situación que se desprende fácilmente de la constancia de residencia presentada en su oportunidad donde se constata que la ciudadana J.C., reside en el descrito inmueble con su hijo F.A.O.C., así como también la aseveración de los testigos presentados en su oportunidad legal y que fueron contestes en afirmar que tanto ella como el demandado de autos hacían vida conyugal, estableciendo en el susodicho inmueble su domicilio familiar, por el lapso superior a cuatro (4) años y medio aproximadamente, haciéndose cargo hasta de las remodelaciones del inmueble, derivándose de ello la posesión continua, pacifica e ininterrumpida que ejerce la ciudadana J.C., plenamente identificada, sobre el descrito inmueble. Así se establece.-

Y, Considerando que la tercera opositora habita actualmente el bien inmueble objeto de la presente acción, utilizándolo como su exclusivo inmueble familiar y así ha sido desde que convivía con el demandando de autos, ciudadano J.O., continuando ella con la posesión de una forma pacífica, notoria e ininterrumpida. Siendo esta razón, la que conllevará a esta juzgadora a suspender la ejecución forzosa recaída sobre el inmueble constituido por un lote de terreno y la casa que sobre el mismo está construida, ubicado en esta ciudad de Cumaná, en la Urbanización Ciudad Jardín Nueva Toledo, calle 6, casa Nº 4, de la Manzana FII, en la parroquia V.V. de esta ciudad de Cumaná Estado Sucre, cuyos linderos son los siguientes: Noroeste: con la parcela 06 de la aludida Manzana; Sureste: con la Parcela 02 de la aludida Manzana; Noreste: con Carrera VI de la Urbanización; y Suroeste: con la Parcela 03 de la aludida Manzana, por haber quedado evidenciado en autos que la ciudadana J.C., plenamente identificada, tiene el carácter de poseedora legitima del tantas veces mencionado inmueble, y está en todo su derecho de continuar ocupando el inmueble objeto de ejecución forzosa, tal y como fuese alegado en su escrito de oposición, el tercero opositor solo puede aspirar a que le sean respetados los derechos que tiene sobre el bien a ejecutar, siendo tales derecho en el caso de autos el de posesión legítima. Así se decide.

DISPOSITIVA

Por los razonamientos anteriormente expuestos, este TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO, MARITIMO Y BANCARIO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE, procediendo en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR LA OPOSICIÓN efectuada por la ciudadana J.J.C., titular de la cedula de identidad N° V- 8.636.703, debidamente asistida por la abogada en ejercicio L.C., I.P.S.A. 18.034, actuando en su carácter de Tercera opositora y poseedora legitima del inmueble constituido por un lote de terreno y la casa que sobre el mismo está construida, ubicado en esta ciudad de Cumaná, en la Urbanización Ciudad Jardín Nueva Toledo, calle 6, casa Nº 4, de la Manzana FII, en la parroquia V.V. de esta ciudad de Cumaná Estado Sucre, cuyos linderos son los siguientes: Noroeste: con la parcela 06 de la aludida Manzana; Sureste: con la Parcela 02 de la aludida Manzana; Noreste: con Carrera VI de la Urbanización; y Suroeste: con la Parcela 03 de la aludida Manzana,. SEGUNDO: Se Suspende la Ejecución Forzosa decretada sobre el descrito inmueble en fecha 29/01/2014, en virtud de la cualidad de poseedora legitima que goza la ciudadana J.J.C., titular de la cedula de identidad N° V- 8.636.703, hasta tanto sean dilucidados sus derechos posesorios frente a la demandante de autos ciudadana HIRSY COROMOTO YEGRES, Venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de Nº V- 10.949.146, ello con ocasión a la ACCION DE REIVINDICACION, ventilado en esta Instancia.-

Por haber resultado totalmente vencida en esta incidencia, de conformidad con el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, se condena a la ciudadana HIRSY COROMOTO YEGRES al pago de las costas y costos de la presente incidencia..

Ahora bien alega la ciudadana J.J.C., quien actúa como tercera en la presente causa que según su decir esta legitimada para efectuar la oposición que de acuerda a la ley es la poseedora legitima del inmueble cuya entrega material ha sido ordenada y con cargo en ello esta plenamente legitimada para oponerse a la ejecución forzosa que sido decretada, que su condición de poseedora legitima queda establecida al tomar consideración que en primer lugar que en muchos años sostuvo una relación sentimental con el ciudadano J.E.O.R. y con ocasión a la misma adquirimos el inmueble y es por ello que comparece a oponerse formalmente a la ejecución forzosa.

Pasa este sentenciador a verificar si verdaderamente actúa la juez de la causa ajustada a derecho.

Evidencia esta alzada que la tercera opositora se limito a hacer su oposición en base a que mantuvo una relación sentimental con el ciudadano J.e.O.R. y que de esa unión nació un hijo de nombre F.A.O.C..

Ahora bien, es importante indicar que la presente causa se encuentra en etapa de ejecución, por lo que ha sido pacífica y reiterada tanto la jurisprudencia como la doctrina, en señalar que solo existen dos formas en las que puede suspenderse la ejecución de una sentencia, esto a tenor de los supuestos previstos en nuestro ordenamiento adjetivo civil, en virtud de lo expuesto, este Tribunal, considera oportuno traer a colación el artículo 532 de nuestro ordenamiento adjetivo Civil, el cual establece:

DE LA CONTINUIDAD DE LA EJECUCIÓN

Artículo 532: Salvo lo dispuesto en el artículo 525, la ejecución, una vez comenzada, continuará de derecho sin interrupción, excepto en los casos siguientes:

1) Cuando el ejecutado alegue haberse consumado la prescripción de la ejecutoria y así se evidencie de las actas del proceso. Si el ejecutante alegara haber interrumpido la prescripción, se abrirá una articulación probatoria de ocho días para promover y evacuar las pruebas y el Juez decidirá al noveno día. De esta decisión se oirá apelación libremente si el Juez ordenare la suspensión de la ejecución y en el solo (sic) efecto devolutivo si dispusiere la continuación.

2) Cuando el ejecutado alegue haber cumplido íntegramente la sentencia mediante el pago de la obligación y consigne en el mismo acto de la oposición documento auténtico que lo demuestre. En este caso, el Juez examinará cuidadosamente el documento y si de él aparece evidente el pago; suspenderá la ejecución; en caso contrario dispondrá su continuidad. De la decisión del Juez se oirá apelación libremente si el Juez ordenare la suspensión de la ejecución y en el solo (sic) efecto devolutivo si dispusiere su continuación (…)

Por consiguiente, la ejecución de la sentencia puede ser suspendida en los casos antes señalados 1. Que el ejecutado alegue que se consumó la prescripción de la ejecutoria, es decir que han transcurrido más de veinte años (20) años sin que el ejecutante hubiese impulsado su continuación. 2. Que el ejecutado alegue el cumplimiento integro de la sentencia mediante el pago de la obligación. En el caso de autos, el tercero no alego a ninguno de los dos supuestos de excepción que permiten la suspensión de la ejecución de la sentencia, sino que, se opone manifestando que mantuvo una relación sentimental con el demandado en reivindicación ciudadano J.E.O.R., procedió la juez a abrir de conformidad con el articulo 533 en concordancia con el articulo (sic) 607 del Código de Procedimiento Civil, y consigna los medios probatorios como fue el acta de nacimiento del hijo habido en la relación sentimental al cual la juez de la causa le negó valor probatorio, a la constancia de residencia de la Ciurana J.J.C. y su hijo F.A.O.C., le otorgo el valor probatorio y quedo demostrado que viven el inmueble objeto de la demanda y con los testigos A.J.M.B. y G.H. quienes fueron contestes en afirmar que conocen a la señora J.J.C., de visa trato y comunicación… que conocen a F.A.O.C. hijo de J.C.… que conocen al ciudadano JESUS E.O. RAMOS… que saben y les consta la ciudadana J.C. vive en su casa de ciudad Jardín Nueva Toledo desde hace cuatro años y medio… que saben y le constan la ciudadana J.C. habitan la casa de Ciudad Jardín Nueva Toledo con su familia… que la señora J.C. habita la casa de ciudad jardín nueva Toledo, y lo saben y les consta porque son vecinos de ella… Que saben y les consta que la señora J.C. con su familia ha habitado su casa de ciudad jardín nueva Toledo ininterrumpidamente desde hace más de cuatro años… Que todo lo que han declarado aquí, les consta porque son vecinos y la ven todos los días… Que saben y les consta que la ciudadana J.C. habita la casa de Ciudad Jardín Nueva Toledo con su señor y su hijo. Que sabe y le consta que la señora J.C. habita la casa como si fuese de ella… El apoderado judicial de la parte actora, abogado J.R., realizó la una repregunta, a la testigo, la cual consistió en que aclarara la quinta pregunta que se le hizo sobre a que se refería cuando respondió “con el señor y su hijo”, contestando la testigo que se refería a su marido E.O. y a su hijo Alejandro… Que saben y les consta que la ciudadana J.C. habita la casa de Ciudad Jardín Nueva Toledo con su hijo y su esposo… que la señora J.C. habita la casa de ciudad jardín nueva Toledo en calidad dueña de la casa… Que han visto que la señora J.C. ha hecho remodelaciones a la casa, imaginándose que es de su legítima propiedad.

Es decir, que la juez de la causa solo se baso para declarar con lugar la oposición en el hecho que la tercera opositora habita actualmente en el bien inmueble objeto de la presente acción, utilizándolo como su exclusivo inmueble familiar y así ha sido desde la convivencia con el demandado de autos ciudadano J.O., continuando ella con la posesión de una forma pacifica, notoria e interrumpida, siendo esta razón la que conlleva a la juzgadora a suspender la ejecución forzosa recaída sobre el inmueble.

En este sentido la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, ha considerado que incurre en quebrantamiento de las formas procesales, el juez que ordena la paralización de la ejecución por causas distintas a las expresadas y taxativamente señaladas en el artículo 532 del Código de Procedimiento Civil, por lo que considera quien juzga que no son medios probatorios suficientes para haber declarado que la ciudadana J.C. ha continuado con la posesión de forma pacifica, notoria e ininterrumpida del inmueble que hoy reclama la propietaria Hirsy Coromoto Yegres Córdova. Y que para haber hecho oposición debió haber estado fundamentada de conformidad con el artículo 532 del Código de Procedimiento Civil y haber consignado prueba fehaciente de la propiedad por un acto jurídico válido

Considera este Tribunal que si bien es cierto cuando la juez manifiesta:

ha expresado en otras palabras, la Sala Constitucional en la anterior decisión ofreció a todos los operadores de justicia en el sentido de que “…deben aplicar las normas jurídicas que correspondan, bajo una visión social y real de las relaciones entre arrendadores y arrendatarios, analizando para ello la obligación compartida entre los ciudadanos y el Estado en todos sus ámbitos de garantizar el derecho a la vivienda de las personas, y en el marco de las ejecuciones de sentencias sobre la materia, garantizar que se cumplan las normas de protección de los arrendatarios y de su núcleo familiar en materia de desalojo de las viviendas y exista un equilibrio donde se ampare y garantice el legítimo derecho de propiedad de los arrendadores, todo de cara a la construcción de una sociedad más justa y equitativa en palmaria concordancia con el Estado democrático y social de Derecho y de Justicia en que se constituye la República Bolivariana de Venezuela…”.

En este sentido, debe agregarse que mediante sentencia de fecha 3 de agosto de 2011, emanada de la Sala Constitucional caso: acción de amparo constitucional de M.E.D., Exp. 10-1298, se hace un llamado a los jueces de la República convocados a intervenir en la solución de conflictos que impliquen “…desahucio, hostigamiento, amenazas o cualquier forma que adopte la pérdida de ocupación de ese inmueble que constituye la vivienda principal…”, para que cumplan con los procedimientos desarrollados en el referido Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.

En este sentido, dicha sentencia estableció lo siguiente:

Así las cosas, se advierte que el aludido Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y Desocupación Arbitraria de Viviendas, de manera novedosa, impone la obligación a los jueces de la República de dar protección especial a las personas naturales y sus grupos familiares que ocupen de manera legítima, en calidad de arrendatarias, arrendatarios o comodatarias o comodatarios, inmuebles destinados a vivienda principal (artículo 2), el cual deberán aplicar en forma preferente a la legislación que rige los arrendamientos inmobiliarios o a la norma adjetiva en lo que concierne a las condiciones, requisitos y procedimiento de ejecución de los sujetos objeto de protección (artículo 19) para la solución de conflictos que se susciten con ocasión de los mismos.

En tal razón, esta Sala ordena a los órganos jurisdiccionales llamados a intervenir en la solución de los conflictos intersubjetivos que impliquen desahucio, hostigamiento u otras amenazas de aquellos inmuebles ocupados como vivienda principal, que en tales casos deberán cumplir los procedimientos previstos en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y Desocupación Arbitraria de Viviendas, tanto el previo a la acción judicial o administrativa, como el contemplado para la ejecución de los desalojos…

De la trascripción parcial de estas jurisprudencias, que al ser subsumidas en el caso de autos, concluye esta juzgadora que efectivamente la ciudadana J.C., está dentro de los sujetos de protección del referido Decreto Ley, por ser poseedora legitima del bien inmueble del cual se ordenó la entrega material a favor de la ciudadana HIRSY YEGRES en fecha 29/01/2014; que dicha posesión deviene en virtud, de que quien fungiere como su ex-pareja el demandado de autos J.O. le fue entregado el inmueble en cuestión por el Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Sucre y C.S.A. en fecha 14/04/2009, conclusión que obtuvo este Juzgado por el escrito de oposición, las documentales incorporadas por las partes, así como por las deposiciones de los testigos, quienes afirmaron que la referida ciudadana mantuvo una relación sentimental con el demandado de autos J.O., y que en el descrito inmueble la ciudadana J.C. habita con su hijo F.O.C., viviendo con su familia en el inmueble a reivindicar por un lapso superior a los cuatro años, que su habitabilidad ha sido pacifica, notoria e ininterrumpida, constituyendo estos elementos los esenciales para la posesión legitima, de conformidad a lo establecido en el artículo 772 del Código Civil Venezolano. Así se decide.-

Que si bien es cierto, que la parte vencedora en Reivindicación, tiene derecho a recuperar su inmueble, no es menos cierto que cuando existan poseedores legítimos u ocupantes de inmuebles que constituyan vivienda, que no fueron llamados a la causa, estos pueden incorporase a la misma de acuerdo a lo establecido en el artículo 370 Ord. 2° y 546 del Código de Procedimiento Civil, debiéndoseles respetar el derecho posesorio que tienen sobre el bien inmueble, máxime cuando nuestra Jurisprudencia ha sido constante y reiterada al sostener en uno de sus fallos, 02/11/2011, S.C. (caso: MILANO SHOP C.A.), sobre los derechos de los terceros opositores, que, mientras no se diluciden sus derechos, evita sean desocupados de los inmuebles a ejecutarse, y que debe oírseles en un juicio aparte donde se discutan sus derechos, para luego poder efectuar la definitiva desocupación, ello en vista de tener un derecho exigible sobre el bien afectado de Ejecución Forzosa. Así se establece.-

De acuerdo este Tribunal como lo expresa la juez que es un derecho constitucional que tenemos de una vivienda digna, igualmente el amparo que le da el decreto con rango, valor y fuera de ley contra el desalojo y desocupación arbitraria, no es menos cierto que no estaríamos en presencia de un desalojo arbitrario, tal y como se pronunció este tribunal en sentencia de fecha 09 de diciembre de 2013 y que riela a los autos folios 11 al 18, aunado a ello, en todos los procesos ventilados en la presente causa de reivindicación que intentara la ciudadana Hirsy Coromoto Yegres Cordova contra J.E.O.R. ha sido victoriosa, y que ha demostrado plenamente ser la propietaria del inmueble aquí reclamado, y que igualmente hay que ampararle su derecho a la vivienda digna junto con su grupo familiar, mas aun cuando verdaderamente ha demostrado fehacientemente ser la propietaria del inmueble constituido por un lote de terreno y la casa que sobre el mismo está construida, ubicado en esta ciudad de Cumaná, en la urbanización ciudad Jardín Nueva Toledo, calle 6, casa Nº 4, de la manzana FII, en la parroquia V.V. de esta ciudad de Cumaná Estado Sucre, cuyos linderos son los siguientes: Noroeste: con la parcela 06 de la aludida Manzana; Sureste: con la Parcela 02 de la Manzana manzana FII.; Noreste: con Carrera VI de la Urbanización; y Suroeste: con la Parcela 03 de la manzana FII, motivo por el cual considera quien juzga que la oposición que hiciera la ciudadana Y.J.C. ha debido ser declarada sin lugar por no haber estado fundamentada de conformidad con el artículo 532 del Código de Procedimiento Civil, por tal motivo debe continuarse con la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal de la causa en fecha 21 de junio de 2013, para así dar cumplimiento a la tutela judicial efectiva contemplada en nuestra Constitución y así será declarado en la parte dispositiva de la presente causa.-

DISPOSITIVA

Por los fundamentos antes expuestos, este Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil, T.P. del Niño, Niñas y Adolescentes y Bancario del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre; actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA:

CON LUGAR el Recurso de apelación interpuesto en fecha 26 de Marzo de 2014, por la Abogada en ejercicio ZANAH T.A., inscrita en el Instituto de Previsión Social bajo el Nº 128.038, contra la sentencia dictada en fecha 21-03-14 por el Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil, Mercantil, Transito, Marítimo y Bancario del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre.

SIN LUGAR la oposición que hiciera la ciudadana J.J.C., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro 8.636.703, contra la ejecución forzosa de la sentencia de fecha 21 de junio de 2013 dictada por el Tribuna Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Transito Y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, relacionada con el juicio de REIVINDICACIÓN, que presentara la ciudadana HIRSY COROMOTO YEGRES CORDOVA, venezolana, mayor de edad, Titular de la Cédula de Identidad Nros: V-10.949.146 y de este domicilio, representada judicialmente por los abogados en ejercicio J.R. MAYZ Y ZANAH T.A., inscritos en el Instituto de Previsión Social bajo los Nros: 33.439 y 128.038, respectivamente, contra el ciudadano J.E.O.C., venezolano, mayor de edad, Titular de la Cédula de Identidad Nº: V.-5.075.443, de este domicilio, representado judicialmente por el abogado en ejercicio M.C.R., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 143.587, en consecuencia este Tribunal ordena la continuidad de la ejecución de dicha sentencia para así dar cumplimiento a la tutela judicial efectiva consagrada en nuestra Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela.

Queda de esta manera revocada la sentencia dictada en fecha 21 de marzo de 2014, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil, Mercantil, Transito, Marítimo y Bancario del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre.

De conformidad con el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas a la ciudadana Y.C..

Por cuanto la presente decisión ha sido publicada fuera del lapso legal correspondiente se ordena la notificación de las partes.

Remítase al tribunal de la causa en la oportunidad legal correspondiente

Publíquese incluso en la página Web de este Juzgado, regístrese y déjese copias certificadas.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Protección del Niño y del Adolescente y Bancario del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre. En Cumaná, a los diecinueve (19) días del mes de mayo de dos mil quince (2015). Años 205° de la Independencia y 155° de la Federación.

EL JUEZ SUPERIOR

ABOG. F.A. OCANTO MUÑOZ

LA SECRETARIA.

ABOG. N.J. MATA.

NOTA: En esta misma fecha, previo cumplimiento de los requisitos de Ley, siendo las 11:00 a.m., se publicó la presente decisión. Conste.

LA SECRETARIA.

ABOG. N.J. MATA.

EXPEDIENTE Nº 14-6107

MOTIVO: REIVINDICACION.

MATERIA: CIVIL

SENTENCIA: INTERLOCUTORIA

FAOM/NM/gustavo