Decisión de Juzgado Superior Quinto Agrario de Monagas, de 14 de Marzo de 2008

En la Audiencia Preliminar quedó determinado que el recurrente:

1. - Que desde el 09 de Diciembre de 2002, venían ejerciendo la función pública como Concejales del Municipio Piar del Estado Monagas, que sus derechos están establecidos en los artículos 2 y 8 de la Ley Orgánica de Emolumentos para Altos Funcionarios de los Estados y Municipios, los cuales no les han sido reconocidos por el Municipio Piar.

2. - Que su condición de Funcionarios Públicos se encuentran establecidos en los artículos 146 y 147 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, en los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica de Emolumentos y Jubilaciones de Altos Funcionarios de las Entidades Federales y Municipales, así como el articulo 7 sobre el Régimen Transitorio de las Remuneraciones de los mas Altos Funcionarios de los Estados y Municipios, y el articulo 79 de la Ley Orgánica del Poder Publico Municipal.

3. - Que desde el 09 de Diciembre de 2002, les nació el derecho a cobrar sus Prestaciones Sociales, en los términos consagrados en el artículo 92 de la Carta Magna, así como la aplicación de los Principios de Progresividad e Intangibilidad de los derechos laborales establecidos en el artículo 89 de la Constitución.

4. - Que en el año 2002, devengaban un salario mensual de (Bs. 950.000,00), para el año 2003, la cantidad de (Bs. 1.300.000,00), para el año 2004, la cantidad de (Bs. 1.700.000,00), para el año 2005, la cantidad de (Bs. 1.975.000,00), y para el año 2006, la cantidad de (Bs. 2.975.000,00).

5. - Que se les adeuda a sus representados los siguientes conceptos a cada uno:

   BONIFICACIÓN DE FIN DE AÑO:

   - Año 2002, 9 meses y 4 días la cantidad de (Bs. 2.232.500,00).

   - Año 2003 la cantidad de (Bs. 3.900.000,00).

   - Año 2004 la cantidad de (Bs. 5.100.000,00).

   - Año 2005 la cantidad de (Bs. 5.925.000,00).

   - Año 2006 la cantidad de (Bs. 925.000,00).

   Total de Bonificación de Fin de Año (Bs. 26.082.500,00), a cada uno de sus representados.

   BONO VACACIONAL:

   - Año 2002, 9 meses y 4 días la cantidad de (Bs. 992.222,00).

   - Año 2003 la cantidad de (Bs. 1.733.334,00).

   - Año 2004 la cantidad de (Bs. 2.266.667,00).

   - Año 2005 la cantidad de (Bs. 2.633.334,00).

   - Año 2006 la cantidad de (Bs. 3.966.667,00).

   Total de Bono Vacacional (Bs. 11.592.224,00), a cada uno de sus representados.

   Los cuales sumados dan un total de (Bs. 37.674.724,00), para cada uno de sus representados lo cual suma la cantidad de (Bs. 75.349.448,00) mas los intereses y las correcciones monetarias y honorarias de abogados al 25% de la cantidad demandada, por lo que solicita que la presente demanda sea declarada con lugar.

   La parte recurrida dio contestación a la demanda alegando lo siguiente:

1. - Menciona el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Publica y alega la Caducidad de la Acción.

2. - Que son firmes en destacar que existe la Caducidad de la Acción y señala, que el escrito de demanda presenta defectos de forma u oscuridad al no presentar la fecha exacta en la que los recurrentes comenzaron a prestar sus servicios en la función publica como Concejales, ya que señalan que comenzaron a prestar sus servicios desde el 09 de Diciembre de 2002, y dicen tener derechos desde el 26 de Marzo de 2002, que no se evidencia con claridad cuanto efectivamente devengo cada Concejal por concepto de dieta.

3. - Reconocen que los recurrentes efectivamente son Concejales del Municipio Piar del Estado Monagas, hasta los actuales momentos, niegan el hecho de que el Municipio no les haya reconocido los derechos que dicen tener los Concejales, por cuanto nunca le han solicitado de manera formal al ciudadano Alcalde tal aseveración.

4. - Que el Órgano Municipal de la Alcaldía del Municipio Piar del Estado Monagas, ha adoptado el criterio establecido por la Contraloría General de la Republica, en relación al pago de Bono de Fin de Año y Bono Vacacional, menciona el artículo 79 de la Ley Orgánica del Poder Publico Municipal.

5. - Que la Ley Orgánica que rige la materia es la Ley Orgánica de Emolumentos para Altos Funcionarios y Funcionarias de los Estados y de los Municipios, por lo que los Concejales percibirán una Dieta y en virtud de ello, la Contraloría General de la Republica, aclaro que no es posible que los Concejales perciban remuneraciones distintas a la percepción de Dietas, de lo cual no puede desprenderse ningún beneficio adicional tales como Bono Vacacional, de Fin de Año y Aguinaldos.

6. - Solicita se declare la Caducidad del presente recuso y en el supuesto negado de que se estime la extinción de la acción, solicita se declare Sin Lugar todas las denuncias planteadas.

De las pruebas:

La parte recurrente promovió las siguientes pruebas:

1- Reproduce el merito favorable que arrojan los autos, especialmente los acompañados en el escrito de demanda.

2- Promueve copias de Corte de Cuenta del Banco Caroni de sus representados.

3- Promueve Constancias de Trabajo de sus representados de fechas 08 de Mayo de 2007.

4- Promueve copias certificadas de Sesiones de Cámara Ordinarias de fechas 06 de Junio de 2007 y 27 de Julio de 2007.

5- Promueve copias simples de sentencia dictada por la Sala Político Administrativa Accidental del Tribunal Supremo de Justicia, correspondiente al expediente N° 2003-529, con Ponencia de la Magistrado Yolanda Jaimes Guerrero.

6- Promueve Prueba de Informe de conformidad con lo establecido con el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, a los fines de que la entidad financiera Banco Caroni comunique e informe algunos datos referentes a las cuentas de sus representados.

La parte recurrida promovió las siguientes pruebas:

1- Promueve la Confesión Espontánea expresada por los recurrentes en su escrito contentivo del recurso al manifestar que viene ejerciendo desde el año 2002, función publica como Concejales.

2- Promueve Prueba de Informe de conformidad con lo establecido con el articulo 433 del Código de Procedimiento Civil, a los fines de a la Contraloría General de la Republica, que envié el criterio adoptado por ellos en relación a la procedencia o no del pago de Bono Vacacional, de Fin de Año y demás beneficios contractuales para los Concejales.

Estando presente las partes, tuvo lugar la Audiencia Definitiva, en la cual la parte recurrente expuso: que insiste en el reclamo laboral realizado en contra de la Alcaldía del Municipio Piar del Estado Monagas, por los conceptos planteados en el escrito de demanda por sus representados, solicita que la prueba de informes presentada por la parte recurrida con respecto al Contralor General de la Republica, y como dicha prueba fue consignada en fecha 11 de Enero de 2008, solicita que el Tribunal la declare extemporánea, por no ser presentada en el lapso establecido para la evacuación y promoción de pruebas ya que la misma no es vinculante desde el punto de vista jurídico para cualquier decisión que pueda tomar cualquier Juez de la Republica Bolivariana de Venezuela. La parte recurrida expuso: que ratifica la Caducidad de la Acción en la presente querella funcionarial por haber transcurrido mas de tres meses desde que nació el derecho invocado, opone a la solicitud de indexación presentada por cuanto estaría en presencia de cobro de mora en dos veces al Municipio, ratifica lo alegado por el ciudadano Alcalde del Municipio en relación al dictamen emitido por la Contraloría General de la Republica. El Tribunal dictó el dispositivo del fallo, luego de revisadas las actas procesales que conforman el presente expediente, alegatos y pruebas de las partes, éste Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil-Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con Competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur- Oriental, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, Declara: Parcialmente Con Lugar el presente Recurso de Nulidad de Acto Administrativo en contra de la Gobernación del Estado Monagas.

MOTIVOS DE LA DECISIÓN

De la Competencia

Establece la Ley del Estatuto de la Función Pública, en su artículo 93 que corresponderá a los Tribunales Contencioso Administrativo Funcionarial, conocer las reclamaciones que formulen los funcionarios o funcionarias públicos o aspirantes a ingresar en la función pública cuando consideren lesionados sus derechos por actos o hechos de los órganos o entes la Administración Pública.

Así mismo establece dicha Ley en su Disposición Transitoria Primera, dispone:

Mientras se dicte la ley que regule la jurisdicción contencioso administrativa, son competente sen primera instancia para conocer de las controversias a las que se refiere el artículo 93 de esta Ley, los jueces o juezas superiores con competencia en lo contencioso administrativo en el lugar donde hubiere ocurrido los hechos, donde se hubiere dictado el acto administrativo, o donde funcione el órgano o ente de la Administración Pública que dio lugar a la controversia.

Estando involucrados en la demanda un derecho reconocido en la Ley del Estatuto la Función Pública y que deriva de la terminación de la relación funcionarial, no cabe duda para este juzgador que el Tribunal competente para conocer de dicho asunto es el Juzgado Superior Quinto Agrario, Civil Bienes, de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, con competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental, por ejercer su competencia territorial en los Estados Monagas y D.A. razón por la cual recibe la competencia que le ha sido declinada y así se decide.

De la Excepción de Inadmisibilidad

Alegó la recurrida la causal de inadmisibilidad por caducidad, alegando que el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, establece un lapso preclusivo de tres meses para intentar la acción, lapso éste que no admite interrupción o suspensión y que comienza a contarse desde el día que se produjo el hecho, que dio lugar a él, o desde el día en que el interesado fue notificado del acto. Señalando además que desde el día 09 de diciembre del 2002, según lo alegado por los recurrentes fue que les nació el derecho a cobrar, alegando que tales derechos no ha sido reconocido por el Municipio Piar desde el 2002, y que ante tal afirmación y visto los conceptos reclamados, años imputados y fecha de interposición del recurso, resulta lógico concluir que operó la caducidad.

A los fines de pronunciarse sobre esta excepción de inadmisibilidad, observa el Tribunal, que la recurrida, en su escrito de contestación de la querella, señaló que niega el hecho que el Municipio no le haya reconocido los derechos, ya que ellos nunca se lo han solicitado al Alcalde y que menos aún se han pedido se incluya o se reajuste el presupuesto para tal fin, y que además señala que la Alcaldía del Municipio Piar ha adoptado el criterio sostenido por el Contraloría General de la República, en relación al pago de bono vacacional y de fin de año, en lo referente a las remuneración de los concejales o concejalas en un dictamen dictado al respecto y que concluye que tal remuneración consiste en la percepción de una dieta.

De ambos argumentos debe señalar el tribunal lo siguiente:

Ha sido señalado en la doctrina, que en cuanto a la Caducidad o Decadencia, el derecho nace sometido a un término fijo de duración, prescindiéndose de toda consideración sobre la negligencia del titular, en tanto que, en la prescripción, el derecho nace con duración indefinida y sólo se pierde cuando haya negligencia en usarlo. Esta opera generalmente a través de la excepción, en tanto que aquella produce sus efectos de manera directa y automática. (Cortes Gimenez, resumiendo puntos de vista de Alas, De Buen, Castán y otros, en Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Cabanellas, Tomo III),

De manera tal, que cuando el derecho está sometido a la caducidad el lapso de vigencia es fatal y es debido a esa fatalidad del lapso, que debe haber una precisión del momento en el cual comienza para determinar exactamente el momento en que fenece el derecho sometido a esa decadencia o caducidad. El artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, supone un hecho o un acto administrativo, del cual deba partir a contarse el lapso de caducidad, sin embrago, de la manifestación espontánea de la recurrida, en la que se señala que no ha habido una solicitud del recurrente ni una negativa de la Administración, se desprende a favor de los recurrentes, que no ha comenzado ningún lapso de caducidad, por no haberse producido un hecho o un acto determinado, confirmándose esta posición, de la afirmación de la recurrida de que la Administración pública municipal ha adoptado el criterio de la Contraloría General de la República, pero tal adopción ha sido de manera pasiva, por que nunca ha habido un pronunciamiento expreso, del que pueda deducirse la posible lesión de un derecho de los recurrentes, ahora que, los recurrentes en conocimiento de la posición de la Contraloría General de la República, hayan acudido al Tribunal, aún dentro de su permanencia del ejercicio del cargo que ejercen , para reclamar por esta vía la determinación sobre la consideración del derecho que reclama.

Tendremos que, si no ha habido un momento preciso que pueda establecerse como el inicio del lapso de decadencia del derecho de los recurrentes, mal puede establecerse que ese lapso haya vencido, por lo que debe el tribunal en consideración a los anteriores criterios, desechar la excepción de inadmisibilidad lo puesta y así se decide.

Del Derecho Que Tienen Los Reclamantes Sobre Los Conceptos Reclamados

La negativa de la Administración, se basa exclusivamente en el argumento de que los reclamantes devengan es una dieta por el ejercicio de sus funciones, por lo que este Tribunal debe señalar lo siguiente:

Como se dijo, la recurrida alega que existe un dictamen de la Contraloría General de la República que señala que los Concejales devengan es una “dieta” , pero además tal dictamen, que corre inserto en los autos a los folios 28 al 37 de la segunda pieza del expediente, les fija ciertas pautas para el pago de emolumentos y establece que no puede desprenderse del análisis de las normas que rigen la materia que les corresponda a los concejales ningún otro beneficio como bonificaciones de fin de año y bono vacacional a los que alude la Ley Orgánica De Emolumentos Para Los Altos Funcionarios y Funcionarias de los Estados y Municipios. En relación a ese aspecto debe decirse que tal dictamen no es vinculante para este Tribunal y por tanto se aparta de sus afirmaciones y además observa que el articulo 79 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal establece que “ La Ley orgánica que rige la materia prevé la modalidad y limite de las remuneraciones que corresponden por el desempeño de la función publica de Alcalde o Alcaldesa, de Concejales o Concejalas y de los miembros de las juntas parroquiales…” , por lo que la Ley que rige a estos funcionarios municipales (Ley Orgánica del Poder Público Municipal) remitió a la Ley Orgánica de Emolumentos para los Funcionarios y Funcionarias de los Estados y Municipios, entre los que se encuentran los concejales, la regulación sobre el sistema de remuneración que le corresponde y, disintiendo de dicho dictamen, no puede concluirse que por el señalamiento de unas disposiciones que contienen una especie de sanción administrativa excepcional, como son las del último aparte del articulo 35 y el numeral 21 del artículo 95 del Ley Orgánica del Poder Publico Municipal, que llama a esta remuneración “dieta” se pueda concluir, que los concejales reciben por principio, una “dieta” en el sentido que entendió la Contraloría General de la República y no una remuneración en el sentido que la Sala Política Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia interpretó, sobre el concepto de emolumentos cuando determinó, además, lo siguiente:

“Al respecto, resulta necesario hacer algunas precisiones terminológicas con carácter preliminar, ya que como tanteas veces ha reiterado la jurisprudencia de este M.T., de conformidad con la disposición contenida en el artículo 4 del Código Civil “… A la ley debe atribuírsele el sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras, según, la conexión entre sí y la intención del legislador…”.

Conforme al diccionario de la Lengua Española, la palabra “emolumento” procede del latín emolumentum, que significa utilidad, retribución; de allí que se entienda por emolumento la remuneración adicional que corresponde a un cargo o empleo y por remuneración, la acción o efecto de remunerar o simplemente significa “retribución”, Es decir, que para la Real Academia Española, los conceptos “Emolumento” y “Remuneración”, pueden utilizarse como sinónimos, así como también pueden ser utilizados indistintamente los términos “salario” y “sueldo”. De allí que la Ley Orgánica del Trabajo, al desarrollar en el Título III lo relativo a “la remuneración”, se refiere por igual a los conceptos de “salario” y de “remuneración, estableciendo su significado en el artículo 133 ejusdem de la manera siguientes:

… Se entiende por salario la remuneración, provecho o ventaja, cualquiera fuera su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, que corresponda al trabajador por la prestación de su servicio y, entre otros, comprende las comisiones, primas, gratificaciones, participación en los beneficios o utilidades, sobresueldos, bono vacacional, así como recargos por días feriados, horas extras o trabajo nocturno, alimentación y vivienda…

En consecuencia, al estar sometidos los concejales en el aspecto de la fijación de su remuneración a la Ley Orgánica de Emolumentos para Altos Funcionarios y Funcionarias de los Estados y Municipios y así mismo al estar asimilado, el concepto de emolumentos al concepto de salario en el sentido expresado por la Ley Orgánica del Trabajo, no nos queda la menor duda, de que en la interpretación realizada por la Sala Política Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia antes referida, existe una identidad entre ambos conceptos.

Ahora bien, en el concepto de salario antes señalado y por tanto en el concepto de emolumentos, se incluye que el mismo, es decir, el emolumento, debe percibirse con ocasión de la prestación del servicio y es por ello que hay que señalar que, en el caso de los concejales la remuneración, emolumento, o “dieta” que reciben lo hacen con ocasión de la prestación de sus servicios, al ejercer las funciones públicas para las cuales fueron electos, siendo ésta la forma en que los recurrentes recibían su remuneración, ya que así lo alegan y pruebas con las copias de los movimientos bancarios, asunto éste que no fue contradicho de manera alguna por la Administración. Sin embargo, y dentro del régimen de las excepciones, nada obsta para que si en algún momento, no cumplieren esas determinadas funciones de las que están investidos y que les generan derechos y obligaciones, se le suspenda tal emolumento, “dieta” o remuneración que se le otorgan como contraprestación al cumplimiento y realización del ejercicio de sus funciones, lo cual no es otra cosa que, la prestación de un servicio de función pública, siempre y cuando esa percepción sea realizada de manera regular y continua, tal como lo se dijo que lo habían demostrado los recurrentes. En este sentido, ni la excepción, ni la denominación de “dieta” que establece el ordinal 21 del articulo 95 de la Ley Orgánica del Poder Publico Municipal, respecto de la remuneración que reciben los concejales, servirá para determinar que tal percepción se hace por un concepto distinto al de emolumento o remuneración, en el sentido que lo definió la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en la ya referida sentencia N° 800 del 29 de marzo del 2006, antes trascrita, por lo que el tribunal acogerá el criterio, que también los concejales recurrentes devengan una remuneración, entendida en el sentido señalado en mencionada sentencia, ya que en el caso de autos, donde no fue discutido el hecho de que la percepción de tales emolumentos fuera esporádica o continua, y al no discutirse y estar fijados como un monto mensual a devengar por los concejales, se entenderá que lo recibieron de manera continua, regular y permanente y como una consecuencia de la realización de sus funcionares, lo cual lo equipara al concepto de salario antes señalado, por llenar los requisitos que se exigen para tener a una retribución como salario.

Determinado lo anterior, debe señalarse que respecto del Bono Vacacional y del Bono de Fin de Año, la Ley Orgánica de Emolumentos para altos Funcionarios y Funcionarias de los Estados y Municipios, reconoce que los concejales teniendo derecho al bono vacacional y al bono de fin de año, lo cual ciertamente se desprende de lo establecido en el articulo 2 de dicha ley al señalar que los limites que establece esta ley excluye a de las bonificación de fin de año y bono vacacional a los cuales tienen derecho todos los funcionarios públicos regulados por esta ley, entendiéndose que la cualidad de funcionario público de los Concejales, deviene del contenido del artículo 79 de la ley Orgánica del Poder Público Municipal, que remite a la Ley Orgánica de Emolumentos para Altos Funcionarios de los Estados y Municipios “ la modalidad y el límite de las remuneraciones que correspondan por el desempeño de la función pública de alcalde o alcaldesa, de los concejales o concejalas...” ( negrllas del Tribunal) y al realizar este señalamiento la ley orgánica señalada, que regula a los concejales, les está reconociendo el derecho que tienen a percibir, tanto la bonificación de fin de año como el bono vacacional

En este aspecto la posición del Tribunal se enmarca dentro de lo señalado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia No. 830 de fecha 07 de mayo de 2.004, el la cual señaló:

Así mismo al estar garantizados por los artículos 86 y 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela vigente desde el 30 de diciembre de 1.999, esta Sala considera que los legisladores estadales tenían derecho si concurrían los requisitos establecidos en la legislación especial ( la entonces vigente Ley de carrera Administrativa, Ley Orgánica del trabajo, Ley del estatuto Sobre Jubilaciones y pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los estados y de los Municipios, etc) para exigir su disfrute, a gozar del derecho a las prestaciones sociales y a ser jubilados y pensionados, sin que tampoco los montos percibidos por tales conceptos puedan ser añadidos o agregados al monto que resulte de sumar lo percibido concepto de emolumentos o remuneraciones, a fin de probar la violación de la prohibición general establecida en el artículo 5 del decreto sobre Régimen Transitorio de las Remuneraciones de los mas Altos Funcionarios de los estados y los Municipios, ya que, se insiste, mientras el sueldo, los bonos, las dietas, las primas y demás ingresos captados en forma regular y continúa por los legisladores son emolumentos tendientes a hacer efectivo el disfrute del derecho que garantiza el artículo 91 constitucional, los conceptos antes mencionados (bono vacacional, bonificación de fin de año, prestaciones sociales, pensiones, jubilaciones etc.) tienden a garantizar el goce de otros derechos constitucionales, no susceptibles de desconocimiento por norma legal alguna

( Negrillas de este Tribunal)

Ahora bien, para el cálculo de lo correspondiente por concepto de bono vacacional y bono de fin de año, tendremos que remontarnos a lo establecido en esa ley general del funcionario público que es la Ley del Estatuto de la Función Publica, aplicándola desde su entrada en vigencia el contenido de los articulo 24 y 25 para la realización del cálculo de tales conceptos que en el caso del bono vacacional será de 40 días y en caso del bono de fin de año será de 90 días. Así se decide.

De Lo Reclamado

Los recurrentes reclaman los bonos vacacionales y bono de fin de año, relativo a los años 2002, 2003, 2004, 2005, y 2006 y además los intereses y las correcciones monetarias y honorarios de abogados, por lo que el Tribunal pasa a determinar o no la procedencia de lo solicitado.

Debe dejar claramente establecido el Tribunal, a los fines de establecer los montos reclamados los salarios base de cálculos, será los que fueron probados por el recurrente y emanado de la administración y que corre a los folios 74 y 75 del expediente.

Respecto al bono de fin de año, que se reclama en primer lugar, los recurrentes piden le san cancelados para el año 2002, la cantidad de 2.232.500,00, Bs.; para el año 2003, 3.900.000,00 Bs.; para el año 2004, 5.100.000,00 Bs, para el año 2005, 5.925.000,00 Bs, y para el año 2006. 8.925.000,00 Bs,, por lo que reclama 90 día en conformidad con el artículo 25 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

Se observa que para el año 2002, los recurrentes devengaba la cantidad de 950.000,00 Bs, pero el derecho a devengarlo nacerá con la entrada de vigencia de la ley, en fecha 26 de marzo del 2002, por lo que deberá ser prorrateado en orden a los 9 meses de vigencia, correspondiéndole la cantidad 2137.500,00 Bs. En el año 2003, cuando devengaba 1.200.000,00 Bs., mensual le corresponderá la cantidad de 3.600.000,00 Bs. En el año 2004, cuando devengaba la cantidad de 1.700.000,00 le corresponderá la cantidad de 5.100.000,00, Bs, en el año 2005, cuando devengaba 1.975.000,00 Bs., le corresponderá la cantidad de 5.925.000,00 Bs, y en el año 2006 cuando devengaba la cantidad de 2.975.000,00 Bs, le corresponderá la cantidad de 8.925.000,00 Bs., concluyendo este Tribunal que en atención a la aplicación analógica que realiza el artículo 25 de la Ley del estatuto de la Función Pública y por tanto concediendo los 90 días del bono vacacional, cada uno de los recurrentes tiene derecho a percibir por este concepto, la cantidad de VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS BOLÍVARES (25.687.500,00 Bs.) Así se decide.

Respecto del bono vacacional y en consideración de los salarios que quedaron anteriormente establecido, por aplicación analógica del artículo 24 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, los reclamante tienen derecho a un bono vacacional de 40 días.

Ahora bien, en el año 2002, no pudieron cobrar el bono vacacional, ya que ese año el 26 de marzo fue que entró en vigencia la ley que lo autoriza y el derecho se hará efectivo al año siguiente, es decir el 2003, por lo que respecto del año 2002, el Tribunal no acuerda el pago de bono vacacional alguno. En el año 2003, cuando el salario era de 1.200.00, 00 Bs, el bono vacacional por 40 días que le corresponde, sería de 1.600.000,00 Bs. El bono vacacional del año 2004, calculado de igual forma sería de 2.266.666,66 Bs. En el año 2005, el bono vacacional que le corresponde sería de 2.633.333,33 Bs. Y el correspondiente al año 2006, sería de 3.966.666,65 Bs., correspondiéndole a cada uno de los reclamante la cantidad de 10.466.666,65 Bs.

Unidos los conceptos acordados, tendremos que a cada uno de los recurrentes e corresponderá la cantidad de TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS, CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS (36.154.166,65 Bs.), por concepto de bono de fin de año, relativo a los años 2002, al 2006 y bono vacacional a los años 2003 al 2006. así se decide.

El cobro de interese y corrección monetaria no tiene aplicabilidad en el presente caso, pues los montos aplicados no corresponde ni a salario, ni podía la Administración proceder a su pago cuando existía una recomendación de la Contraloría General de la República que lo impedía. Así mismo, se niega la condenatoria de pagos de honorarios profesionales, por cuanto en este tipo de recursos, no será procedente la condenatoria en costa del Municipio. Así se decide.

DECISIÓN

Por las consideraciones anteriormente expuestas, éste Juzgado Superior Quinto Agrario, Civil Bienes de Circunscripción Judicial del Estado Monagas con Competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental, Impartiendo Justicia, actuando en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, DECLARA:

COMPETENTE para conocer de la presente querella funcionarial.

SIN LUGAR la excepción de inadmisibilidad por caducidad opuesta por la recurrida.

CON LUGAR, la querella funcionarial interpuesta por los ciudadanos A.J.I.P. y L.G.M., contra el Municipio Piar del estado Monagas.

ORDENA la cancelación a cada uno de los recurrentes por el Municipio Piar, de la cantidad de TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS, CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS (36.154.166,65 Bs.), por concepto de bono de fin de año, relativo a los años 2002, al 2006 y bono vacacional a los años 2003 al 2006.

NIEGA la condenatoria de pagos de honorarios profesionales, por cuanto en este tipo de recursos, no será procedente la condenatoria en costa del Municipio.

No hay condenatoria en costas por la naturaleza del recurso.

Notifíquese al Síndico Procurador Municipal del Municipio Piar del estado Monagas, en conformidad con la Ley Orgánica del Poder Público Municipal en su artículo 152.

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y DÉJESE COPIA.-

Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con Competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental. En Maturín a los Catorce (14) días del mes de M.d.A.D.M.O. (2.008). Año 197º de la Independencia y 149º de la Federación.

El Juez,

Abg. L.E.S..

El Secretario

Abg. Víctor Brito

En esta misma fecha siendo las 02:00 P.m., se dictó y publicó, la anterior sentencia. Conste. El Secretaria.