Decisión de Juzgado Superior Tercero Agrario de Lara, de 9 de Septiembre de 2004

Este Sentenciador a los fines de decidir la petición de dotación que hacen los demandantes y a la luz de las nuevas disposiciones legales contenidas tanto en la Constitución de 1999 como en la novísima Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, es necesario un breve resumen de tal petitorio: Los demandantes peticionan la dotación de las tierras ubicadas en el sitio Agua Negra del Municipio Veroes del Estado Yaracuy, realizando los trámites necesarios por ante el Instituto Agrario Nacional (IAN), para que les dotaran de las tierras ubicadas en el sitio antes indicado y de los Fundos Macagua, sectores Macagüita, San Javier y La Coromoto, de las extensiones siguientes: 385 hectáreas con 402 mts. Sector San Javier; 305 hectáreas con 914 mts. Sector Macagüita y 1390 hectáreas con 580 mts. Sector La Coromoto, comprendidas dentro de los siguientes linderos: Norte: Línea del Antiguo Ferrocarril Bolívar; Sur: Río Yaracuy; Este: Línea del antiguo Ferrocarril Bolívar y Oeste: Con la finca del señor F.B. y según los peticionantes, el “Central Matilde”, ocupó y cultivó los referidos lotes de tierras, pertenecientes al Instituto Agrario Nacional, según Gaceta Oficial N° 27274 Decreto N° 1124 de fecha 18 de octubre de 1963, que anexan y agotada como fue la vía administrativa, demandan al Instituto antes mencionado.

Al efecto, es necesario señalar que el presente caso de dotación, se tramitó bajo el amparo de la Ley de Reforma Agraria y Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios, expresamente derogadas por la nueva Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en la Primera y Tercera Disposición Derogatoria, acción ésta no prevista en el artículo 212 de dicha Ley. En la derogada Ley de Reforma Agraria, denominaba dotación a la garantía y el acto administrativo que lo materializa, mediante el cual se provee en propiedad a todo individuo o grupo de población apto para la agro producción, de tierras económicamente explotables, de vivienda digna, asistencia técnica y crediticia, asumiendo sus beneficiarios el compromiso de trabajarla personalmente o con sus familiares. Así tenemos igualmente que la Ley de Reforma Agraria derogada, contenía distintas formas de dotaciones: en el aspecto pecuniario: gratuitas u onerosas; individuales o colectivas, según los solicitantes en dotación, según el dotante o dotador: a) El Estado y b) Los Propietarios, o particulares.

Conforme a lo anterior, este Juzgador estima necesario hacer una breve acotación sobre la Exposición de Motivos contenida en la novísima Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, la cual hace énfasis en la agricultura como base estratégica de un desarrollo rural sustentable y dispone en la Constitución Nacional, que el Estado deberá desarrollar la agricultura como medio de desarrollo social, garantía de la seguridad agroalimentaria, medio de desarrollo rural, elevación de la calidad de vida de la población campesina y por ende, la tierra y la propiedad no son privilegios de unos pocos, sino que están al servicio de toda la población, dentro de los valores de solidaridad e igualdad de oportunidades, es así que la reforma agraria con mayor o menor éxito, inició un proceso de erradicación del latifundio y de estímulo al sector agrario, procurando que fuesen los propios campesinos quienes tuviesen la tenencia de la tierra que cultivaban, por ello la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, presta un nuevo marco legal, en el cual se busca profundizar y dar operatividad concreta a los valores constitucionales de desarrollo social a través del sector agrario y en tal sentido procura una justa distribución de la riqueza y una planificación estratégica, democrática y participativa en cuanto a la tenencia de tierras y desarrollo de toda actividad agraria y en consonancia con el artículo 307 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se pretende implantar los medios necesarios para la eliminación íntegra del régimen latifundista, como sistema contrario a la justicia, al interés general y a la paz social en el campo. Igualmente en la exposición de motivos, el legislador expresa que en el caso de las tierras con vocación agraria, su uso, goce y disposición están sujetas al efectivo cumplimiento de su función social, que viene a ser la productividad agraria, observándose el artículo 306 Constitucional que expresa “El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina un nivel adecuado de bienestar, así como su incorporación al desarrollo nacional. Igualmente fomentará la actividad agrícola y el uso óptimo de la tierra mediante la dotación de las obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica”. Este Juzgador atendiendo los principios rectores de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, observa con suma preocupación que el presente caso no haya sido resuelto apropiadamente y debido al tiempo transcurrido, estima conveniente decidir conforme a la realidad actual del país.

De lo anterior, se infiere que el artículo 307 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que los campesinos o campesinas y demás productores o productoras agropecuarios tienen derecho a la propiedad de la tierra, en los casos y formas especificados por la Ley respectiva. Esto implica el reconocimiento material por parte del Estado de ese derecho subjetivo tutelado, que esencialmente no es otra cosa sino el derecho a ser “dotado” de tierras económicamente aptas para la producción, está vinculado al previo cumplimiento por los beneficiarios de ese derecho, de una serie de requisitos establecidos en la Ley y que da inicio a un procedimiento administrativo, que como tal, concluye con un Acto administrativo, que lo niega o lo acuerda y se materializa mediante el otorgamiento del Título de Dotación.

Sin embargo, resulta evidente que no puede el Tribunal ordenarle al hoy suprimido Instituto Agrario Nacional, que cumpla una prestación “ de hacer ” violando las normas y preceptos contenidos en la nueva Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, y con prescindencia de los requisitos legales y reglamentarios establecidos para ello, es decir, sin tomar en cuenta lo que el constituyente de 1999 denominó los casos y formas especificados por la Ley respectiva, que desde luego no es otra sino la Ley de Reforma Agraria y su Reglamento, actualmente derogadas, pues caso contrario, ello implicaría una violación directa de lo preceptuado en el artículo 307 in fine de la Constitución vigente. Actualmente la nueva Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, reconoce el derecho de Adjudicación a toda persona apta para el trabajo agrario (artículo 12), derecho éste que sustituye al de “Dotación” contenido en la Ley de Reforma Agraria, igualmente está establecido en el Capítulo V (artículos 62 al 70) el mecanismo procesal – administrativo de la Adjudicación.

Aprecia este Juzgador que las tierras peticionadas en dotación bajo el esquema de la Ley de Reforma Agraria, deben formar parte integral del patrimonio del Instituto Agrario Nacional, sin embargo, de acuerdo al Título VII, Disposiciones Transitorias, en la nueva Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, se observa que dicho Instituto regulado por la Ley de Reforma Agraria quedó suprimido y se ordena la transferencia de la propiedad y posesión de la totalidad de las tierras rurales al Instituto Nacional de Tierras.

Estima necesario el Tribunal hacer un análisis de las actuaciones realizadas tanto por la parte demandante como por la demandada:

Se observa que la parte demandada, o sea, el INSTITUTO AGRARIO NACIONAL, en primer lugar, opuso Cuestiones Previas establecidas en los ordinales 6° y 8° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, y conforme a decisión de fecha 27 de enero de 1997 (fs. 120-121) fue declarada extemporánea, sin que se hubiera ejercido recurso alguno contra esa decisión, por lo que quedó firme; igualmente se aprecia que la accionante peticionó la reposición de la causa el 30 de enero de 1997, sin embargo, no accionó en forma alguna contra la omisión de pronunciamiento y por el contrario, compareció en forma extemporánea a oponer Cuestiones Previas; se observa que el escrito presentado por la apoderada de la demandada de fecha 07 de enero de 1997, relacionado con la falta de culminación del proceso administrativo no tiene validez en cuanto a la Cuestión Previa, lo que viene a constituir una confesión judicial en relación a la omisión de tramitación del proceso administrativo, por lo que surge que efectivamente el procedimiento administrativo no fue tramitado a pesar del tiempo transcurrido, la cual se aprecia conforme lo establece el artículo 1401 del Código Civil.

En relación a las pruebas aportadas por la parte demandante, se observa que conjuntamente con su libelo presentaron copia de la solicitud de dotación (f. 36) que interpusieron el 20 de mayo de 1994 por ante la Delegación Local de Dotaciones del Instituto Agrario Nacional, igualmente cursa al folio 39 el Acta Constitutiva del Comité Campesino Provisional, donde se indican las personas integrantes de dicho Comité, presentados ante el órgano administrativo, como se desprende del sello húmedo y nota de recepción, estos instrumentos dan plena fe de los fines que persigue ya indicado, y por ninguna razón fueron impugnados por la parte demandada durante el proceso, sino que por el contrario ratificados con la confesión antes analizada. No se aprecian por constar en copias simples fotostáticas los recaudos cursantes a los folios 37 y 38, relacionados con los oficios emitidos por el Delegado Agrario del Estado Yaracuy al Gerente General del Central Matilde; igualmente la copia al carbón cursante al folio 41, aún cuando tiene sello y firma de recepción por el Instituto Agrario Nacional, no se conoce quien es el otorgante. Cursa de los folios 43 al 45, una Inspección extra litem evacuada por el Tribunal de la causa el 12 de abril de 1996, solicitada por algunos de los demandantes, en la cual se dejó constancia que el terreno estaba abandonado por estar invadida de gamelote, sin cercas perimetrales ni internas, una casa sin techo, puertas ni ventanas y aproximadamente 80 hectáreas de caña absolutamente quemadas y perdidas, de esta inspección se aprecian los hechos descritos en forma plena, por cuanto proviene de un Juez en ejercicio de sus funciones, sin que tales hechos hayan sido desvirtuados durante el proceso, todo de conformidad con los artículos 1429 y 1430 del Código Civil y 472 del Código de Procedimiento Civil, sin embargo no tiene ninguna relevancia para el proceso, porque en este caso, es la necesidad de ocupar tierras por parte de los campesinos debidamente dirigidos por el Instituto Agrario Nacional, hoy Instituto Nacional de Tierras, independientemente de sí las mismas son públicas o privadas, o sí cumplen o no la función social, porque estas últimas también son expropiables.

Presentaron los actores como recaudos de su demanda una copia fotostática de la Gaceta Oficial del 18 de octubre de 1963 (f. 46), que contiene la transferencia en forma gratuita al Instituto Agrario Nacional de los Terrenos San Rafael o La Florida por parte del Ejecutivo Nacional, que en ninguna se aprecia dicho instrumento porque no es la Gaceta Oficial objeto e prueba y por lo demás, no es la determinación del derecho de propiedad la causa de este procedimiento. Anexaron los solicitantes a su libelo sendos documentos cursantes a los folios 47 al 50, protocolizado por ante la Oficina de Registro Subalterno del Distrito San Felipe, en fecha 01 de diciembre de 1965, otro del folio 51 al 52, protocolizado el 27 de enero de 1970, ante la misma Oficina; del folio 53 al 57, asentado el 27 de enero de 1970; del 58 al 61, protocolizado el 18 de julio de 1968; del 62 al 77, instrumentos asentado en la misma Ofician de Registro el 28 de febrero de 1984; del 79 al 90, documento protocolizado el cual está incompleto en relación a la nota de registro (f. 87 vto.), todos los instrumentos anteriores están debidamente certificados, excepto el último y tienen el carácter de públicos, por cuanto fueron otorgados en presencia del funcionario competente, pero en ninguna forma se aprecian y por ende, se desechan del proceso, porque no es el derecho a la propiedad que se litiga como causa en este procedimiento. Los peticionantes consignaron parcelamiento y plano de ubicación (fs. 94-95) que no se aprecian por cuanto son copias puras y simples. Del folio 157 al 163,c ursa una inspección judicial evacuada el 12 de agosto de 1997, por el ciudadano Juez del Municipio San Felipe, Veroes, Independencia y Cocorote del Estado Yaracuy, promovida por la parte demandante sin la debida notificación a su contraparte, a pesar que ya estaba instaurado el procedimiento, razón por la cual en ninguna forma se aprecia. Cursa de los folios 224 al 228, Inspección Judicial solicitada por el apoderado demandante, con el objeto de dejar constancia que los lotes sub litis pastan rebaños de ganado, están preparados para la siembra y en otros ejercen labores agrícolas, hecho que fue constatado por el Juez de la causa en fecha 11 de julio de 1998. No se aprecia en forma alguna la anterior inspección por cuanto siendo durante la tramitación del proceso, ha debido notificarse a la contraparte, a los fines de ejercer el debido control probatorio.

Por las razones antes señaladas este Tribunal considera que la acción resulta procedente, que el Instituto Agrario Nacional en su oportunidad le correspondía la tramitación debida del procedimiento administrativo y en consecuencia proceder a la dotación conforme a los principios rectores establecidos en la Ley de Reforma Agraria, actualmente derogada. Más, sin embargo, como se expresó en la parte inicial de la Motiva de esta Sentencia, siendo que como se dijo, resulta procedente que la JUNTA LIQUIDADORA DEL INSTITUTO AGRARIO NACIONAL o el INSTITUTO que al efecto haya designado el Ejecutivo Nacional, se acometa al procedimiento de Adjudicación, conforme lo previsto en el Capítulo V contenido en los artículos 62 y siguientes de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Así se decide.

En relación a la Medida de Secuestro sobre el bien sub litis, dictada en la sentencia por el ciudadano Juez de Primera Instancia Agraria del Estado Yaracuy, se observa que siendo un principio elemental de defensa implica que sea dictada oportunamente y en el fuero agrario debe evitarse tales medidas, porque ello supone la entrega del bien a un secuestratario diferente a las partes, a quien nadie provee de fondos suficientes para explotar la tierras, lo que obra contra el interés colectivo. En tal sentido, SE SUSPENDE la medida dictada por el A quo. Así se decide.

Observa el Tribunal que el recurso de casación interpuesto por la representación judicial de los Terceros Intervinientes de las Sociedades Mercantiles “Agrícola Coromoto S.A.” y “A.S.J., S.A.”, fue declarada SIN LUGAR, y condenado en Costas, conforme a los artículos 320 y 274 del Código de Procedimiento Civil, por el Tribunal Supremo de Justicia, por lo que esta Alzada no hace pronunciamiento alguno con respecto a la Tercería propuesta, por considerarla inoficiosa. Así se decide.

DECISION

En base a las consideraciones procedentes, este Juzgado Superior Tercero Agrario, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA SIN LUGAR la apelación interpuesta por la apoderada del Instituto Agrario Nacional en fecha 22 de junio de 1998 contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia con competencia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, de fecha 17 de junio de 1998 (fs. 229-249).

SE DECLARA CON LUGAR LA ACCION DE LOS DEMANDANTES I.B., A.R., R.B., Baucilio Gutiérrez, M.G.L., S.M.P.C., J.L.O., D.O.I., E.G., T.M.V.R., D.B., M.G., J.P.B., C.G.J., Bureliys Barboza Landinez, R.L.C., J.V.L.B., E.N.O., F.B., M.F.G.L., R.L., M.d.J.T., Baucilio G.L., J.W.L.L., O.L., A.S.S.L., Wuisman Landínez, E.R.L., C.B., Leides J.L.B., R.J.B.B., E.B.L.M., Guermín V.B.O., N.G.G., A.G.R., Agrícel Nadaly Manota Barboza, V.d.C.V.S., S.G.G., J.A.L.B., F.I.R., E.L., E.B.L., A.L., J.Á.B.O., Inoveva Rengifo, Deglamada Barboza, T.A.A., M.B., José de la C.G., R.I., Segundo Rengifo, Klay A.M.S., J.L.B., E.M.Q., T.G.D.L., A.R.G.S., C.G., A.R.P., C.S., M.S.L.B., A.M.S., G.R., D.J.B.L., E.L., J.C.R.G., A.E.R., Yanetzy García Landinez, Y.D.L., M.L., J.R.E.I., Benerdino Montero, J.R.L., E.F.I.B., J.R.M., R.L.B., F.L.I., J.C.R.D., J.G.R.P., F.G., J.R.C., Libert O.Z.O., R.Q.R., J.W.L., J.P., León T.C., T.E.E., F.J.P., G.M.G.P., C.L.T., L.Q.M., Y.Z.M.M., G.A.R.L., J.G., L.F.R., R.J.V.B., I.V., C.R.F., J.R.C.R., J.T.G., E.J.R.H., F.B.S., A.R.O., M.E.V.L., J.F.V., A.A.O.R., A.V., F.A.S., J.J.P.Y., D.I.C.P., E.G.C., C.Y.C., E.E.P.G., O.E.G.T., E.G.C., J.E.P.B., H.R.R.P., C.E.C., A.L.G., B.A.P.A., A.J.C.G., J.d.R.P.C., Angli Adry M.P., J.R.Z., P.M.G., T.D.R., H.A.Z., S.B., T.L., Abelardi B.B., J.A.L., L.M.O., A.R.L.C., A.A.S.A., J.F.P.G., J.L.C.P., Naudy J.S., Yrvin G.I.G., J.E.O., Lervis J.Z.O., R.G.L., I.Y.G.G., A.T., G.G.P., Franyermi A.F.V., J.E.I., I.N.C.P., E.M.C., A.A., L.A.S.S., E.J.G., W.A.R.C., R.R., M.A.R., R.J.R.F., A.R.S.V., J.C., Vuioliam Landínez Graterol, M.R.S.M., R.M.V., J.C.M., A.E., J.O., E.R.S., M.B.E., R.S.G., Naudy G.M., R.A.F.V., N.A.M.B., P.L.R.N., C.M.P.M., R.R.M., E.S., J.E.D.Z., L.M.A.D., O.P.G.T., Jo C.M., R.d.C.L.d.V., M.Y., G.R., Á.A.T., J.N.S., T.E.E., José de la T.B.C., O.J.R.F., E.I.S.C., Alexas Landínez de Lara, C.A.R.B., J.F.G., M.C.G.d.F., M.R.C. de Alfonzo, B.M.B. de Morales, R.J.H.B., J.M.P.B., O.A.B., M.M.M., T.R.R.d.C., H.L.d.G., N.O. de López, I.C.F. de Ortiz, I.R.P. de Pérez y A.R., venezolanos, mayores de edad, agricultores, domiciliados en el sector denominado Aguas Negras, Municipio Veroes del Estado Yaracuy, titulares de las Cédulas de identidad Nros. 822.054, 2.835.039, 3.455.439, 574.279, 7.993.685, 8.519.726, 2.106.755, 10.372.449, 5.459.854,15.109.212, 3.455.619, 6.546.975, 2.574.923, 2.572.026, 10.856.969, 14.919.061, 7.554.192, 7.504.248, 7.590.454, 7.908.672, 5.457.005,14.209.007, 7.509.865, 6.869.424, 8.517.545, 11.649.700, 3.457.045, 4.966.873, 7.587.087, 4.127.124, 2.106.930, 11.649.830, 10.85 5.189, 4.809.160, 11.650.116, 4.479.965, 7.101.836, 10.374.217, 4.971.229, 4.481.708, 7.558.668, 10.373.921, 4.479.974, 5.457.271, 6.656.054,13.179.386, 3.455.382, 3.706.297, 7.145.144, 2.566.905, 3.261.439,7.908.673, 3.709.219, 7.593.501, 10.366.334, 6.652.739, 3.307.613, 7.590.682, 11.277.905, 7.578.278, 3.708.966, 7.917.690, 7.915.818, 4.480.015, 11.277.411, 4.123.808, 14.709.259, 8.597.017, 10.373.451, 4.477.321, 4.968.221, 6.093.347, 2.570.291, 3.258.880, 7.917.859, 3.305.919, 3.457.828, 7.578.423, 8.515.242, 7.906.148, 7.575.475,10.853.327, 8.515.328, 3.257.035, 7.303.650, 3.261.859, 887.464, 9.610.242, 7.913.964, 3.318.017, 9.311.113, 4.123.851, 7.582.764,7.559.109, 10.858.782, 1.378.050, 7.587.326, 4.382.598, 7.585.433, 3.891.854, 7.513.116, 5.458.275, 6.881.284, 6.138.437, 7.905.911,13.196.392, 3.458.791, 7.554.976, 3.706.971, 2.208.565, 9.550.580, 4.964.965, 4.476.810, 7.518.537, 4.380.021, 4.123.681, 5.465.458, 4.420.916, 7.016.827, 14.209.516, 11.654.990, 10.856.717, 12.936.132, 1.770.692, 8.516.160, 3.676.704, 12.728.922, 12.725.319, 4.970.522, 4.479.971, 3.472.578, 11.227.297, 4.968.220, 2.710.333, 10.856.990, 11.647.308, 12.281.316, 824.767, 13.184.015, 7.914.097, 820.573, 12.277.447, 10.368.954, 12.726.299, 5.317.414, 1.402.200, 4.968.881, 5.462.246, 12.728.275, 6.652.727, 6.388.351, 6.659.331, 4.461.180, 9.608.951, 5.618.307, 6.180.166, 4.964.045, 10.773.627, 7.783.292, 10.856.681, 11.275.247, 3.257.527, 4.966.475, 10.373.725, 6.102.503, 2.565.408, 7.579.823, 4.965.197, 3.261.776, 12.277.025, 4.968.882, 7.914.049, 11.809.826, 7.391.208, 1.130.148, 1.856.513, 3.186.121, 1.459.731, 6.572.918, 5.438.489, 7.554.093, 5.495.502, 3.709.015,1.436.426, 4.967.573, 4.860.267, 5.193.731, 4.477.320, 7.007.023, 2.574.102, 3.457.405, 5.457,536, 7.513.421, 1.368.671, 1.553.404, 588.865, 11.550.760, 2.566.851, 5.456.646, 7.519.100, 8.616.397, 4.067.155 y 706.705, respectivamente, y conforme lo indicado en la parte final de la Motiva de esta Sentencia, SE ORDENA AL INSTITUTO AGRARIO NACIONAL o al INSTITUTO que al efecto designe el Ejecutivo Nacional, se acometa al procedimiento de Adjudicación, conforme lo previsto en el Capítulo V contenido en los artículos 62 y siguientes de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. SE MODIFICA la sentencia dictada por el A quo.

Publíquese y regístrese. Notifíquese a los Accionantes y a la JUNTA LIQUIDADORA DEL INSTITUTO AGRARIO NACIONAL o al INSTITUTO que haya designado el Ejecutivo Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil. Expídase copia certificada de la presente decisión, a los fines del artículo 248 ejusdem.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Juzgado Superior Tercero Agrario, en Barquisimeto, a los NUEVE DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CUATRO. Años: 194° y 145°.

EL JUEZ,

T.S.G.

LA SECRETARIA ACCIDENTAL,

C.C.G.

Publicada en su fecha, en horas de Despacho. Se libraron las Boletas de Notificación correspondientes a las partes antes indicadas y Comisión al Juzgado Distribuidor de Turno de Municipio del Area Metropolitana de Caracas, con Oficio N° 263/2004.

LA SECRETARIA ACCIDENTAL,

C.C.G.