Decisión nº 81 de Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de Zulia (Extensión Maracaibo), de 4 de Febrero de 2005
| Fecha de Resolución | 4 de Febrero de 2005 |
| Emisor | Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito |
| Ponente | Adán Vivas Santaella |
| Procedimiento | Resolución De Contrato |
I
RELACIÓN DE LAS ACTAS PROCESALES
Se inició el presente juicio en virtud de demanda de Resolución de Contrato y Cobro de Bolívares presentada por los abogados en ejercicio R.G.B., R.E.H.H. y J.E.S.M., debidamente inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 9.861, 22.870, 15.889 y 23.266 respectivamente, con el carácter de apoderados judiciales del INSTITUTO MUNICIPAL DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO DEL DISTRITO MARACAIBO (IMAU), ente autónomo con naturaleza para-municipal, creado según Ordenanza de fecha veinticuatro (24) de enero de 1980, publicada en la Gaceta Municipal del Distrito Maracaibo Extraordinaria Nro. 104 y Ordenanzas de Reforma Parcial de la Ordenanza sobre Creación del Instituto Municipal de Aseo Urbano y Domiciliario del Distrito Maracaibo, publicada en la Gaceta Municipal Extraordinaria Nro. 134, de fecha nueve (09) de julio de 1986; en contra de la Sociedad Mercantil LAPLANA BLANCO Y ASOCIADOS, C.A., (LABLANCA) y de la CORPORACIÓN DE SERVICIOS DEL ZULIA, C.A., (SERVO ZULIA); admitida posteriormente mediante auto de fecha cinco (05) de febrero de 1990.
En fecha trece (13) de febrero de 1992, mediante escrito suscrito por la parte demandada y siendo la oportunidad legal correspondiente, promovió pruebas en relación a la cuestión previa propuesta, y en el entendido de que han transcurrido doce (12) años desde que llegó a la etapa de decidir sobre tal incidencia procesal, es por lo que avocándose este Tribunal al conocimiento de la misma en virtud de la Resolución Nro. 403 emanada del extinto Consejo de la Judicatura en fecha veintidós (22) de diciembre de 1999, considera lo siguiente:
II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
En atención a la Sentencia emanada del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 28 de octubre de 2003, en la cual se estableció lo que:
...En ambos casos, la función jurisdiccional entra en movimiento y se avanza hacia la sentencia, pero antes de que ésta se dicte, se constata o surge la pérdida del interés procesal, del cual el ejemplo del bien asegurado es una buena muestra, y la acción se extingue, con todos los efectos que tal extinción contrae, muy disímiles a los de la perención que se circunscribe al procedimiento...
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...Dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encuentra -como lo apunta esta Sala- la pérdida del interés, lo cual puede ser aprehendido por el juez sin que las partes lo aleguen, y que tiene lugar cuando el accionante no quiere que se sentencie la causa, lo que se objetiviza mediante la pérdida total del impulso procesal que le corresponde.
Se trata de una situación distinta a la de la perención, donde el proceso se paraliza y transcurre el término que extingue la instancia, lo que lleva al juez a que de oficio o a instancia de parte, se declare tal extinción del procedimiento, quedándole al actor la posibilidad de incoar de nuevo la acción. El término de un año (máximo lapso para ello) de paralización, lo consideró el legislador suficiente para que se extinga la instancia, sin que se perjudique la acción, ni el derecho objeto de la pretensión, que quedan vivos, ya que mientras duró la causa la prescripción quedó interrumpida.
No consideró el legislador que el supuesto de la perención, constituyese una falta de interés procesal, el cual no podía ser certificado por tan corto plazo de inactividad, y por ello la perención no perjudica a la acción.
Pero la inactividad que denota desinterés procesal, debido a su prolongación negativa en relación con lo que se pretende, debe tener otros efectos, ya que el derecho de obtener con prontitud la decisión correspondiente (artículo 26 constitucional), como tal derecho de la parte, debe ejercerse.
No estableció ni la Constitución, ni los códigos adjetivos, el tiempo y la forma para ejercer el derecho a la pronta obtención de la decisión, pero ello se patentiza con las peticiones en el proceso en ese sentido, después de vencidos los plazos para sentenciar, o como se apuntó en el fallo de esta Sala del 28 de julio de 2000 (caso: L.A.B.) mediante la interposición de un amparo constitucional, cuya sentencia incide directamente sobre el proceso donde surge la omisión judicial.
La pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales. Una, cuando habiéndose interpuesta la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin. (...)
(...) La otra oportunidad (tentativa) en la que puede decaer la acción por falta de interés, es cuando la causa se paraliza en estado de sentencia. Tal parálisis conforme a los principios generales de la institución, no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido. Es indiscutible que ese actor no quiere que lo sentencien, por ello ni incoa un amparo a ese fin, ni una acción disciplinaria por denegación de justicia, ni pide en la causa que le fallen. No es que el Tribunal va a suplir a una parte la excepción de prescripción no opuesta y precluída (artículo 1956 del Código Civil), la cual sólo opera por instancia de parte y que ataca el derecho del demandante, sino que como parámetro para conocer el interés procesal en la causa paralizada en estado de sentencia, toma en cuenta el término normal de prescripción del derecho cuyo reconocimiento se demanda. (...)
(...) De allí, que considera la Sala, a partir de esta fecha, como interpretación del artículo 26 Constitucional, en cuanto a lo que debe entenderse por justicia oportuna, que si la causa paralizada ha rebasado el término de la prescripción del derecho controvertido, a partir de la última actuación de los sujetos procesales, el juez que la conoce puede de oficio o a instancia de parte, declarar extinguida la acción, previa notificación del actor, en cualquiera de las formas previstas en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, si ello fuere posible, y de no serlo, por no conocer el tribunal dónde realizar la notificación, o no poder publicar el cartel, con la fijación de un cartel en las puertas del tribunal. La falta de comparecencia de los notificados en el término que se fije, o las explicaciones poco convincentes que exprese el actor que compareciere, sobre la causa de su inactividad y los efectos hacia terceros que ella produjo, las ponderara el juez para declarar extinguida la acción.
Todo ello, sin perjuicio de las sanciones a los jueces por la dilación cometida.
Está consciente la Sala que hay tribunales sobrecargados de expedientes por decidir, provenientes de la desidia en la estructuración del poder judicial, y por ello resultaría contrario al Estado de Derecho y de Justicia que en dichos tribunales se aplicara estrictamente la doctrina expuesta en este fallo, por lo que la Sala considera que cuando los términos de prescripción de los derechos ventilados sean de un año o menos, vencido un año de inactividad en estado de sentencia, sin impulso del actor, si en el año siguiente al de la prescripción no hay impulso de su parte, se tendrá tal desidia procesal como muestra inequívoca que los accionantes perdieron el interés procesal en dicha causa, y así se declara...
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En este orden de ideas, debe este sentenciador apreciar que la doctrina según el maestro I.P.C., en su obra “Instituciones de Derecho Procesal Civil” (Volumen I, La Acción, pag. 269, Ediciones Jurídica E.A., Buenos Aires, 1973): “El interés procesal en obrar y contradecir surge precisamente cuando se verifica en concreto aquella circunstancia que hace considerar que la satisfacción del interés sustancial tutelado por el derecho, no puede ser ya conseguido sin recurrir a la autoridad judicial: o sea, cuando se verifica en concreto la circunstancia que hace indispensable poner en práctica la garantía jurisdiccional”. Asimismo en reiteradas oportunidades lo ha dicho la sala constitucional como por ejemplo en sentencia dictada en fecha 19 de diciembre de 2001 la referir que:
...Dentro de la modalidades de extinción de la acción se encuentra como lo apunta esta sala- la pérdida del interés, lo cual puede ser aprehendido por el juez sin que las partes lo aleguen, y que tiene lugar cuando el accionante no quiere que se sentencie la causa, lo que objetiviza mediante la pérdida total del impulso procesal que le corresponde...
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...La pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales. Una, cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que al actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin...
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III
DISPOSITIVO
Por todos los fundamentos expuestos, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara:
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- EL DECAIMIENTO DE LA ACCIÓN Y SU EXTINCIÓN en el presente juicio que por RESOLUCIÓN DE CONTRATO Y COBRO DE BOLÍVARES intentaran los abogados en ejercicio R.G.B., R.E.H.H. y J.E.S.M., actuando con el carácter de apoderados judiciales del INSTITUTO MUNICIPAL DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO DEL DISTRITO MARACAIBO (IMAU); en contra de la Sociedad Mercantil LAPLANA BLANCO Y ASOCIADOS, C.A., (LABLANCA) y de la CORPORACIÓN DE SERVICIOS DEL ZULIA, C.A., (SERVO ZULIA), antes identificados.
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- NO HAY CONDENATORIAS por lo especial del fallo.
Publíquese, regístrese y notifíquese. Déjese copia certificada por Secretaría de la presente decisión a los fines legales previstos en el artículo 72, en los ordinales 3° y 9° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 248 del Código de Procedimiento Civil y 1.384 del Código Civil.
Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo a los cuatro (04) días del mes de febrero de dos mil cinco (2005). Años: 194 de la Independencia y 145 de la Federación.
El Juez,
Abog. A.V.S..
La Secretaria,
Abog. M.P.d.A..
En la misma fecha anterior siendo las doce y veinticinco (12:25 p.m.), previo al anuncio de Ley a las puertas del Despacho, se dictó y publicó la anterior Sentencia.
La Secretaria,
Abog. M.P.d.A..
