Decisión de Corte de Apelaciones de Apure, de 25 de Septiembre de 2003

“…….que la decisión impugnada incurre en el vicio de falta manifiesta en su motivación ……los pronunciamientos dictados en la audiencia preliminar carecen de todo fundamento y motivación …(Omissis)… los apelantes se dedican a señalar y transcribir varios artículos del Código Orgánico Procesal Penal, así como distintas valoraciones doctrinarias y jurisprudenciales sobre lo que debemos entender por motivación, …(Omissis)… que el auto dictado por el Tribunal de la causa en la audiencia preliminar, adolece del vicio por ellos señalado …(Omissis)… paso a señalarles que efectivamente el Juez al dictar su decisión conforme a la calificación jurídica aportada por el Fiscal …(Omissis)… si estaban en contra de alguna actuación debían haberlas impugnado en el momento preciso, así como solicitar la práctica de todas y cada una de las diligencias que ellos consideraban pertinentes para la mejor defensa de su representado… (Omissis)… El tribunal se acogió a todas y cada una de las pruebas llevadas a cabo en la investigación y ordenadas por el Ministerio público, por lo tanto siendo ella la persona encargada de dirigir la investigación, era su persona quien estaba empapada de todas y cada una de las circunstancias que influyeron en su calificación y de esta forma determinar quienes eran los presuntos culpables,… (Omissis)… no puede alegarse falta de motivación, cuando el sentenciador considera que es prudente y ajustada a derecho la calificación jurídica adoptada por el Fiscal…(Omissis)…

En cuanto a la negativa de la medida cautelar solicitada por los defensores y que ellos consideran inmotivada, el Juez de la causa explana de una forma más que suficiente los motivos y considera no debe otorgarse la medida sustitutiva solicitada, ya que conforme a la dinámica procesal los defensores, de una forma equivocada solicitaron fue LA REVOCACION DE LA MEDIDA DE PRIVACION DE LIBERTAD y tal acto debió ejercerse como tal en la audiencia de presentación,…(Omissis)… El juez de la causa motivó y justificó su decisión con una argumentación convincente a los fines de Ley, lo cual constituye la función propia del órgano jurisdiccional,… (Omissis)…como prueba solicito a la Corte de Apelaciones que efectúe un cotejo de la sentencia apelada y el escrito que sustenta dicho recurso, …(Omissis)…

Que la calificación jurídica imputada por la Representación Fiscal, “como lo es la de HOMICIDIO INTENCIONAL SIMPLE Y SUO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, por cuanto, para que se materialice esta circunstancia, se requiere que el agente material del hecho haya prevenido los resultados,…(Omissis)… En este sentido valen igualmente, las consideraciones hechas en el particular Primero y doy por reproducidas en este acto, ya que fue el Ministerio Público, que ordenó, dirigió y trazó la estrategia de la investigación y no podía el Juez de la causa hacer una valoración propia del juicio oral, pues el examen de la prueba en esta fase es solo de conjunto y respecto a su idoneidad, con el fin de determinar la sustentabilidad de la acusación…(Omissis)… El juez se limito a realizar toda y cada una de las valoraciones que considero procedentes para dictar su decisión y mantener el debido proceso y el derecho a la defensa del imputado,…(Omissis)… En cuanto al Particular Tercero de la apelación, lo mismo constituye una repetición de los alegatos contenidos en los particulares Primero y Segundo del escrito de Apelación, respecto a la negativa de otorgar una media cautelar sustitutiva a la privación de libertad del imputado y en este sentido doy por reproducidos cabalmente los alegatos efectuados en cuanto a dichos particulares Primero y Segundo de este escrito, por considerarlos bastantes y suficientes en cuanto a los alegatos en ellos explanados…(Omissis)…

En cuanto al Particular Cuarto del escrito de Apelación, señalan los defensores lo siguiente: “…que disienten expresamente de esta decisión donde se les niega la reconstrucción de los hechos y la inspección ocular en el sitio del suceso, con el consabido levantamiento planimétrico”, ya que ellos consideran que lo único que pidieron era que se realizaran estas pruebas, porque eran necesarias para el esclarecimiento de la verdad. En tal sentido la posición del Juzgador es clara, por cuanto el mismo no puede pronunciarse sobre la práctica de pruebas en esta fase del proceso, ya que lo que origina la audiencia preliminar es el haber realizado una investigación preliminar, que trajo como consecuencia una acusación fiscal con pruebas suficientes para lo mismo, por lo tanto era impertinente e ilegal pronunciarse sobre tales pruebas que no se habían realizado, …(Omissis)… en la fase intermedia, tal como lo señala el artículo 329 del Código Orgánico Procesal Penal, no se puedan plantear cuestiones que sean propias del juicio oral y público, debiendo entenderse entonces, que esta fase carece de contradicción y de inmediación;…(Omissis)…No está permitido en la fase preliminar del proceso tratar materias de fondo como era lo solicitado por los apelantes en este particular y así pido a la Corte lo dictamine a dictar su sentencia, …(Omissis)…

La presente causa fue remitida a la Sala Única de la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal, a cargo de los Abogados: ALBERTO TORREALBA LOPEZ, M.C.A. y A.P.P., designando ponente al Dr. ALBERTO TORREALBA LOPEZ.

En fecha 04-09-03, Mediante acta, el Dr. ALBERTO TORREALBA LOPEZ, en su condición de Juez Superior de la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal, se inhibe de conocer la presente causa, atendiendo a lo previsto en el artículo 87 del Código Orgánico Procesal Penal y por estar incurso en la causal prevista en el artículo 86 numeral 8° ejusdem.

En fecha 04-09-03, la Dra. M.C.A., en su condición de Jueza Superior de la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal, se inhibe de conocer la presente causa, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 en concordancia con el artículo 86 ordinal 4° del Código Orgánico Procesal Penal.

Mediante decisión de fecha 05-09-03, con ponencia del Juez Superior y Presidente de esta Corte de Apelaciones A.P.P. y atendiendo a lo previsto en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se declara con lugar las inhibiciones de los jueces superiores M.C.A. y ALBERTO TORREALBA LOPEZ y se acordó convocar a los suplentes especiales a quienes correspondan el conocimiento de la presente causa.

En fecha 05-09-03, atendiendo a la decisión antes referida, se libraron convocatorias a los Abogados: J.A.J.J., y VICENTE MUJICA AMADOR, en sus condiciones de Primer y Segundo Suplente de esta Corte de Apelaciones, a los fines de que conozcan de la presente causa, excusándose ambos vía telefónica por los números 0414-8457251 y 0414-2394311 respectivamente en esa misma fecha. Por tal motivo, en fecha 08-09-03, se procedió a convocar a la Dra. Z.B.M. y Dr. A.R.M., en sus condiciones de Suplentes Especiales de los jueces de esta Corte de Apelaciones, excusándose la primera de las mencionadas.

En fecha 09-09-03, compareció por ante esta Corte de Apelaciones el Dr. A.R.M., atendiendo a la convocatoria que se le hiciera, manifestando que se avocaba al conocimiento de la presente causa, dada su condición de Juez Suplente Especial. En esta misma fecha se procede a convocar a la Dra. J.M.A. en su carácter de cuarta Suplente Especial de esta Corte de Apelaciones.

Mediante acta de fecha 15-09-03, la Dra. J.M.A., manifiesta excusarse de conocer la presente causa; en virtud de haber emitido opinión en la misma en fecha 25-06-03. Es por lo que en fecha 17-09-03 esta Superior Instancia procede a convocar a la Quinta Suplente Especial Dra. G.E.O., a los fines de conocer la causa en cuestión.

En fecha 19-09-03, la Dra. G.E.O., manifiesta excusarse de conocer la presente causa; en virtud de lo establecido en el artículo 35 y 36 de la Ley del estatuto de la función Pública. Es por lo que en fecha 22-09-03 esta Superior Instancia procede a convocar a la Sexta Suplente Especial Dra. DARLINE J.R.L., a los fines de conocer la causa en cuestión.

En fecha 23-09-03, compareció por ante esta Corte de Apelaciones la Dra. DARLINE J.R.L., atendiendo a la convocatoria que se le hiciera, manifestando que se avocaba al conocimiento de la presente causa, dada su condición de Jueza Suplente Especial.

Mediante auto de fecha 24-09-03, se DECLARO ADMISIBLE el presente recurso de apelación de sentencia definitiva, y conforme a lo previsto en el artículo 450 del Código Orgánico Procesal Penal.

V

Planteado todo lo anteriormente, esta Corte de Apelaciones pasa a decidir en los términos siguientes.

PRIMERA DENUNCIA: Alega la Defensa Privada a cargo de los abogados: M.E. RONDON SALAS, A.R.C. y NEOMAR NARVAEZ, que la decisión recurrida incurre en el vicio de falta manifiesta en su motivación, entre otras cosas, porque según aprecian, el juzgador no realizó un mínimo razonamiento lógico que le permitiera explanar las causas por las que consideró que la calificación jurídica dada por la representación del Ministerio Público es o no la adecuada, ni el motivo por el cual no otorga una de las medidas cautelares de las establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal vigente, para tener el derecho de ser juzgado estando en libertad.

La Sala, para decidir, observa: Analizada como ha sido la decisión objeto de impugnación, se pudo apreciar que la misma presenta motivación suficiente en cuanto al cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 331 del Código Orgánico Procesal Penal, pues estamos ante un auto de apertura a juicio dictado en audiencia oral poniendo fin a la fase intermedia del proceso penal acusatorio, contentivo de múltiples decisiones que pueden ser recurribles en apelación. Todo esto, en razón de que el auto de apertura fija los límites de hecho y jurídico del debate oral y público y será el Tribunal de Juicio quien vendrá a resolver aquellos aspectos relacionados con los hechos y los relacionados con el derecho que hayan sido planteados por las partes y no se hubieren resueltos en el acto de la audiencia preliminar.

Para admitir la acusación, el Juez de Control sólo tomará en cuenta una determinación precisa del hecho objeto de juicio y no puede entrar a valorar los elementos de pruebas presentados por las partes a los fines de determinar la mayor o menor culpabilidad del acusado. Tampoco puede concluir en el establecimiento firme de su responsabilidad penal en el hecho punible que le imputa la representación fiscal o el querellante cuando lo hubiere como en el presente caso, y solo cuando se aparte de la calificación jurídica de la acusación, es que deberá expresar las razones por las cuales lo hace, atendiendo a lo previsto en el artículo 331 numeral 2° del Código Orgánico Procesal Penal.

Apunta la Sala, que ante las distintas circunstancias invocadas por las partes y en claras contradicciones, pero que de alguna manera constituyen bases para la acusación, deben necesariamente ser dilucidadas o esclarecidas en el juicio oral y público. Sin que ello signifique, que el Juez de Control al admitir la acusación fiscal con la calificación jurídica establecida en la misma que lo es a titulo provisional, como lo reseña el artículo 331 numeral 2° del Código Orgánico Procesal Penal, y las pruebas ofrecidas, esté considerando culpable al acusado.

Concluye la Sala, en atención a las consideraciones anteriores, que la decisión impugnada contenida en el auto de apertura a juicio dictado en la causa que se le sigue al ciudadano E.J. NARVAEZ HERNANDEZ, está lo suficientemente motivada en relación con la admisión de la acusación fiscal por la comisión de los delitos de HOMICIDIO INTENCIONAL SIMPLE y USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previstos y sancionados en los artículos 407, con los agravantes del artículo 77 numerales 1°, 8° y 12°, y artículo 282 todos del Código Penal.

En cuanto a lo denunciado por los recurrentes relacionado con el motivo por el cual el Tribunal Primero de Control, no motivó el por qué no otorga una de las medidas cautelares establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal a su defendido. Considera esta Sala Única Accidental, que cuando el referido tribunal se pronunció en el acto de la audiencia preliminar de fecha 12-08-03, en el sentido de declarar sin lugar la solicitud de otorgamiento de una de las medidas cautelares sustitutivas de la privación de libertad, fijó razones suficientes para tomar tal decisión; por lo que, sí estableció las motivaciones necesarias que lo llevaron a esa disposición final. Concretamente cuando establece en su particular cuarto:

En tal sentido, es prudente discernir respecto del arraigo del ciudadano imputado a esta jurisdicción del estado apure. Así las cosas, se observa del legajo contentivo de la causa, que el ciudadano E.N. no obstante tener parte de su grupo familiar en esta ciudad de San F. deA., vive y tiene el asiento permanente de su residencia en una ciudad de un Estado distinto del Estado Apure, según se evidencia de los propios dichos de su Defensor. Es por eso que aún cuando parte de las raíces familiares del imputado se encuentran en esta ciudad, tal realidad, a criterio de este tribunal, no es suficiente para probar ante el mismo el arraigo que manifiesta tener el imputado a este Estado, infiriéndose así el peligro de fuga del imputado, toda vez que el mismo imputado refiere en su declaración durante la Audiencia Preliminar, que luego de los hechos se presentó ante su superior jerárquico para luego enterarse que pesaba sobre él una orden de aprehensión por lo acaecido, no compareciendo al Tribunal hasta transcurrido un mes; y que emerge además en el presente caso, de la pena que pudiera llegar a imponerse en el caso y la magnitud del daño causado que eso supone, amén del comportamiento del mismo durante el inicio de la investigación y del proceso, evidente al expediente.

Sumado a lo anterior, cabe recordar la aplicación del artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal. En efecto, en decisión de esta Corte de Apelaciones de fecha 25-06-03, causa penal N° 1Aa 698-03, se estableció:

Por otra parte, esta sala reitera su criterio, que cuando es solicitada una medida cautelar sustitutiva de la privación judicial preventiva de la libertad, se debe entender la misma como una solicitud de sustitución o revisión de medida, tal y como lo prevé el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, norma adjetiva penal que estatuye la posibilidad de los interesados de solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente, ante el Tribunal que lleve la causa, lo cual constituye un derecho del imputado. Así mismo, el juez de la causa debe examinar su mantenimiento cada tres (3) meses, con el objeto de sustituirla por medidas menos gravosas.

Por todo lo expuesto, en relación con la denuncia analizada, concluye esta Sala Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, que la misma debe ser declarada sin lugar y así se decide.

SEGUNDA DENUNCIA: Aducen los recurrentes en su escrito de denuncia titulada como “Segundo”, en su aspecto esencial de la misma, que no pueden permitir “que a los hechos se le otorguen una calificación jurídica totalmente alejada de la verdad, como lo es la de HOMICIDIO INTENCIONAL SIMPLE, y USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, por cuanto, para que se materialice esta circunstancia, se requiere que el agente material del hecho, haya prevenido los resultados es decir, que en su mente se haya recreado la idea de que su acción podía ocasionarle la muerte de alguna persona y a pesar de ello, realice el acto. Circunstancia que en ningún caso se materializan en los hechos que nos ocupan,”.

La Sala, para decidir, observa: Advierte la Sala a los recurrentes, que tal planteamiento aducido a situaciones de hecho que aún no han sido debatidos en un juicio oral y público, demostrables con las pruebas ofrecidas por las partes y hasta ahora tan solo admitidas durante el acto de la audiencia preliminar, no pueden las mismas ser apreciadas por el Tribunal de Control al final de la fase intermedia del proceso penal. Además, la calificación jurídica admitida en esta segunda fase del proceso, como ha quedado expuesto, lo es a titulo provisional y será en la fase siguiente del juicio oral y público cuando en definitiva el Tribunal en Funciones de Juicio al dictar su fallo lo hará sobre la base de una calificación jurídica dada al hecho punible a título definitivo, lo que no obsta para que referido tribunal pueda advertir sobre un cambio de calificación jurídica inmediatamente después de terminada la recepción de pruebas, a tenor de lo previsto en el artículo 350 del Código Orgánico Procesal Penal. Como se ve, el cambio de la calificación jurídica puede también producirse en la última fase del proceso penal, luego de haber terminado la recepción de las pruebas, momento en el cual el juez presidente podría apreciar con claridad el cambio.

En el presente caso, tratándose de que la decisión recurrida está contenida en un auto de apertura a juicio, pudo el Tribunal de Control apartarse de la calificación jurídica provisional dada por el titular de la acción penal; pero, para ello, debía dar las razones por las cuales se apartaba de tal calificación jurídica; tal y como lo prevé el numeral 2° del artículo 331 del Código Orgánico Procesal Penal. Al no hacerlo y por ser una facultad discrecional del Juez de Control, procederá entonces a admitir la acusación con la calificación jurídica que con carácter provisional está establecida en la acusación. Razones suficientes por las cuales se debe declarar sin lugar esta segunda denuncia, y así se decide.

TERCERA DENUNCIA: Alegan los recurrentes, que en cuanto a la negación de la medida cautelar solicitada al ciudadano E.J. NARVAEZ HERNANDEZ, disienten expresamente de tal decisión; pues, como se puede observar, según sus pareceres, del contenido del artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, el legislador ordena al juez revisar la medida y lo autoriza a sustituir las medidas cautelares, pero siempre y cuando sea por otra menos gravosa, por lo que en este sentido consideran que se ha violentado de manera flagrante los derechos al debido proceso y al juzgamiento en libertad de su defendido.

La Sala, para decidir, observa: Considera la Sala, que la denuncia así planteada, esta implícita en la denuncia primera que ha sido antes analizada y resuelta mediante una declaratoria sin lugar y así se decide.

CUARTA DENUNCIA: En esta denuncia los recurrentes, manifiestan disentir de la decisión del Tribunal Primero de Control dictada en la audiencia preliminar de fecha 12-08-03, en relación con la inadmisión de las pruebas de Reconstrucción de los Hechos, Inspección Ocular y Levantamiento Planimétrico, que fueran ofrecidas por los recurrentes y defensores privados del acusado: E.J. NARVAEZ HERNANDEZ en su debida oportunidad procesal. Sustentando legalmente su denuncia sobre la base legal del artículo 198 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece el régimen de libertad de prueba aplicable en el proceso penal acusatorio. Argumentando además, que la defensa entiende, que ciertamente para el momento de la audiencia preliminar es inexistente la reconstrucción de los hechos y nunca se solicitó la valoración de dicha prueba, sólo que se admitiera la realización de la misma en el juicio oral y público. Que solicitaron además como prueba complementaria a la de la reconstrucción de los hechos, las que se encuentran fundamentadas en el artículo 202 del Código Orgánico Procesal Penal; Inspección Ocular y Levantamiento Planimétrico, considerándolas necesarias en la reconstrucción de los hechos para el esclarecimiento de la verdad.

La Sala, para decidir, observa: Esta Corte de de Apelaciones es del criterio, que ciertamente las pruebas ofrecidas por los recurrentes abogados: M.E. RONDON SALAS, A.D.R.C. y NEOMAR NARVAEZ, actuando en representación del ciudadano: E.J. NARVAEZ HERNANDEZ, debieron ser admitidas por el Tribunal Primero de Control de este Circuito Judicial Penal, sobre la base de su licitud, pertinencia y necesidad, y considerando que estamos ante un proceso penal acusatorio que pregona la libertad de prueba para probar todos los hechos y circunstancias de interés para la correcta solución del caso, siempre que no estén expresamente prohibidas por la Ley y deberán referirse directa o indirectamente al objeto de la investigación y ser útil para el descubrimiento de la verdad. Tal y como está previsto en los artículos 197 y 198 del Código Orgánico Procesal Penal. La verdad procesal penal nos enseña, que conforme a los principios de libertad, idoneidad y utilidad de la prueba, se permite a las partes probar los hechos sometidos a juicio, cualquiera sea el medio lícito y que pueda ser valorado por el juez según la sana crítica, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia. Como lo establece el artículo 12 de la N.A.P..

Cabe recordar, que probar es un derecho que regula el proceso destinado a la fijación de los hechos por parte del juez al dictar su sentencia, lo que incluye la actuación de las partes dentro del proceso, quienes con sus pruebas inducirán al sentenciador a inclinarlo en la toma de la decisión final. Razones suficientes que tiene esta Sala Accidental para tener que ordenar al Tribunal Primero de Control de este Circuito Judicial Penal, la admisión de las pruebas de Reconstrucción de los Hechos, Inspección Ocular y Levantamiento Planimétrico, ofrecidas por los abogados defensores del acusado E.J. NARVAEZ HERNANDEZ. Abogados: M.E. RONDON SALAS, A.D.R.C. y NEOMAR NARVAEZ CABRERA, atendiendo a su licitud, pertinencia y necesidad; y en consecuencia declarar con lugar la presente denuncia, y así se decide.

DISPOSITIVA:

Por las razones antes expuestas, esta Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos:

PARCIALMENTE CON LUGAR la apelación interpuesta por los Abogados M.E. RONDON SALAS, A.D.R.C. y NEHOMAR NARVAEZ CABRERA, defensores del ciudadano: E.J. NARVAEZ HERNANDEZ, Acusado en la presente causa por la comisión de los delitos de HOMICIDIO INTENCIONAL SIMPLE y USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, Previstos y sancionados en los artículos 407 con los agravantes del artículo 77 numerales 1°, 8° y 12° y artículo 282 todos del Código Penal; contra la decisión dictada en fecha 12-08-03 y publicada en fecha 15-08-03 por el Tribunal Primero de Control de este Circuito Judicial Penal. En consecuencia, queda confirmada la referida decisión, salvo en lo que respecta a la inadmisión de las pruebas de Reconstrucción de los Hechos, Inspección Ocular y Levantamiento Planimétrico.

Se ORDENA: Al Juez a cargo del Tribunal Primero de Control de este Circuito Judicial Penal, solicitar las actuaciones al Tribunal de Juicio donde se encuentra la causa, a los fines de que admita las pruebas que le fueron declaradas inadmisibles a la defensa, atendiendo a las motivaciones que dieron origen a la presente decisión. Todo ello, de conformidad con lo establecido en los artículos: 49 ordinal 1° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; 12, 13 y 450 del Código Orgánico Procesal Penal.

Diarícese, déjese copia, remítase el expediente al Tribunal de origen en la oportunidad de ley.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, en San F. deA., a los veinticinco (25) días del mes de Septiembre del año dos mil tres (2003).

A.P.P..

JUEZ SUPERIOR PRESIDENTE.

(PONENTE.)

A.R.M.. DARLINE J.R..

JUEZ SUPLENTE ESPECIAL JUEZA SUPLENTE ESPECIAL

ZAIDA SAVERY OCHOA

SECRETARIA.

CAUSA PENAL N ° 1Aa 745-03.