Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 8 de Agosto de 2012
| Fecha de Resolución | 8 de Agosto de 2012 |
| Emisor | Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control |
| Ponente | Karina Duque |
| Procedimiento | Calificación De Flagrancia |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Penal de Control de San A.d.T.
San A.d.T., 8 de Agosto de 2012
202º y 153º
ASUNTO PRINCIPAL : SP11-P-2012-002512
ASUNTO : SP11-P-2012-002512
RESOLUCION
IDENTIFICACION DE LAS PARTES
JUEZ: ABG. K.T.D.D.
FISCAL: ABG. C.Z.
SECRETARIA: ABG. DILY M.G.R.
IMPUTADO: M.S.G.
DEFENSORA: ABG. L.S.
DELITO: USURPACIÓN DE IDENTIDAD, previsto y sancionado en el artículo 47 de la Ley Orgánica de Identificación, en perjuicio de la fe pública.
DE LOS HECHOS
De los hechos que dieron origen a la presente investigación se desprenda acta N° 886, de fecha 30 de julio de 2012 suscrita por funcionarios de la guardia nacional bolivariana punto de control fijo el Vallado, quienes dejan constancia que se acercaba al punto de control fijo un vehículo de trasporte público de la línea expresos Unidos, en el sentido Ureña san P.d.R., donde se le solicito al conductor que se estacionara a un lado de la vía, y descendiera del vehículo para realizarle una inspección minuciosa del mismo, y verificar la documentación de los pasajeros, la revisión del vehículo resulto conforme al verificar los documentos del vehículo los mismo pertenecen a un vehículo marca Ford modelo FAIRLANNE 500, COLOR BLANCO, PLACAS 606- 922, CONTROL 30, perteneciente a la línea de trasporte público que cubre Cúcuta, hacia el vigía estado MERIDA, el cual era conducido por el ciudadano J.R.C., AL VERIFICAR el estatus del N° de cedula 16.039.987, A nombre de J.C.G., el cual no corresponde al ciudadano la cual posee características no acordes con las del ciudadano que la porta y su impresión dactilar no corresponde al sistema de capta huellas, seguidamente se realizo una inspección al bolso del ciudadano, donde se encontró una cedula de ciudadanía de la república de Colombia signada con el N° 1.092.180.887, a nombre de M.S.G., luego el ciudadano manifestó que se había identificado con este documento por que necesitaba viajar a la ciudad de Vigía su lugar de trabajo y por el temor de ser devueltos uso esa cedula de identidad, de un cliente a quien le estaba realizando un trabajo de herrería; al verificar el estatus ante el sistema SICOPOL, la cedula N° 16.039.987, corresponde al ciudadano J.C.G.D., motivo por el cual se le notifico al ciudadano M.S.G. sobre su detención y por ultimo se le notifico al ministerio público.
DE LA AUDIENCIA
En el día de hoy, miércoles primero (01) de agosto de 2012, siendo la 03:25 horas de la tarde se constituyó el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, Extensión San Antonio, a los fines de celebrar Audiencia de Calificación de Flagrancia, del aprehendido: M.S.G., de nacionalidad colombiano, natural de Ocaña, cédula de ciudadanía N° CC- 1.092.180.887, nacido en fecha 26 de Marzo de 1980, de 32 años de edad, hijo de Diosemiro Sánchez (f) y O.G. (v), soltero, de profesión u oficio herrero; residenciado en la zona Industrial, barrio 26 de Julio, calle 3, casa S/N°, diagonal a lácteos S.M., Vigia Estado Mérida, teléfono 0275-5147871 y 0424-7805436; por parte de la Fiscalía Vigésima quinta del Ministerio Público con el fin de que se califique el carácter Flagrante de su detención conforme al artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal y asimismo comunicarle a la Juez de Control el Procedimiento por el cual optara. Presentes: La Juez Abg. K.T.D.D.; la Secretaria, Abg. Dily M.G.R., el Alguacil de Sala; la Fiscal Vigésima Quinta del Ministerio Público Abg. C.Z., y el imputado. En este estado, el Tribunal impuso a éstas últimas del derecho que le asiste de nombrar un abogado defensor para ejercer el derecho a “SER OÍDO” y para que la asistan en todos los actos del proceso, conforme lo previsto en el numeral 3 del artículo 125 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo tanto se le preguntó si tenían abogado de su confianza que lo asistiera, manifestando éste que NO; a tal efecto, el tribunal le designa al defensor Público, Abg. L.S.. Quien estando presente, se le impuso del nombramiento, tomándole el juramento de ley y al efecto expuso: “Acepto el cargo que se me hace en este acto y me comprometo a cumplir bien y fielmente las obligaciones inherentes al mismo”. El Tribunal deja constancia que desde el momento de la detención del aprehendido hasta el instante de su presentación física, por ante este Tribunal de Primera Instancia Penal en Función de Control no se da el supuesto de la violación de la libertad personal, contenido en el artículo 44 numeral 1º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el sentido de que “no se ha sobrepasado el lapso de cuarenta y ocho (48) horas sin que los detenidos sean presentados físicamente por ante la autoridad judicial” y que el mismo no presentan lesiones físicas aparentes ni señala haber sufrido lesión alguna propinada por los funcionarios aprehensores. Seguidamente, la Juez declara la celebración inmediata de la Audiencia de Calificación de Flagrancia e Imposición de Medida de Coerción Personal, y así determinar las circunstancias que rodearon la aprehensión del imputado, de conformidad con los artículos 248, 250 y 373 del Código Orgánico Procesal Penal; advirtiendo a las partes, sobre la importancia y trascendencia de este acto, en el cual se va a administrar justicia, instándolas a litigar de buena fe y a no hacer planteamientos dilatorios o aquellos que sean propios del Juicio oral y público. Igualmente, le informa a las partes que esta audiencia se desarrollará en forma oral y con la presencia interrumpida de la Juez y de las partes cumpliéndose así con los principios de oralidad e inmediación, dejándose sólo se constancia en el acta de lo que las partes consideren les sirva de prueba para una eventual apelación. Estando ya a las imputadas provistas de abogado defensor, determinadas las condiciones físicas y psicológicas de las mismas y la temporalidad de su presentación ante el órgano jurisdiccional, la Juez a los fines de resolver sobre las peticiones de las partes, declara abierto el acto cediendo el derecho de palabra a la representante fiscal quien expuso, de manera pormenorizada los hechos, el derecho y las pretensiones en las cuales funda la imputación; manifestando las circunstancias de tiempo, modo, lugar, espacio y de relación causal, entre las aprehendidas y el hecho que se les imputa, y de como se produjo la aprehensión de las mismas, e igualmente las razones de hecho y de derecho en las cuales fundamenta su solicitud de la calificación de flagrancia, para del imputado M.S.G., a quien señala en la comisión del delito de USURPACIÓN DE IDENTIDAD, previsto y sancionado en el articulo 47 de la Ley Orgánica de Identificación, en perjuicio de la fe pública, reservándose el derecho de ampliar en el acto conclusivo fiscal en caso de ser necesario. Solicitando en resumen la representante del Ministerio Público lo siguiente:
• Que se decrete la APREHENSIÓN EN ESTADO DE FLAGRANCIA, del aprehendido alegando la presencia de los presupuestos del artículo 248 del Código Orgánico Procesal.
• Que se acuerde la aplicación del PROCEDIMIENTO ORDINARIO, conforme lo previsto en el aparte del artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal.
• Que se le imponga de MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACIÓN PRIVATIVA DE DE LIBERTAD de conformidad a lo establecido en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal.
Acto seguido, la Juez impuso al aprehendido M.S.G.d. contenido de los autos del expediente, de las razones expuestas por el Ministerio Público y del objeto de la audiencia. Igualmente le impuso del Precepto Constitucional y legal, contenido en los artículos 49 numeral 5º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los artículos 131 del Código Orgánico Procesal Penal, explicándole claramente el alcance del mismo, así mismo le impuso de las medidas alternativas a la Prosecución del proceso aunque estas no se puedan materializar en este acto, manifestando el imputado entender lo explicado por la ciudadana Juez y que no desea declarar; a tal efecto, se deja constancia que el mismo se acogió al precepto constitucional. De seguidas la Juez cede el derecho de palabra al defensor público del imputado ABG. L.S.; quien realizó sus alegatos de defensa, pide para este el otorgamiento de una Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación Judicial Preventiva de la Libertad.
DE LA APREHENSIÓN
El artículo 44 ordinal 1º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala:
Artículo 44 “.....Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden Judicial a menos que sea sorprendido in fraganti, en este caso, será llevado a una autoridad policial Judicial...”.
En el presente caso no existiendo Orden Judicial, se hace necesario analizar las circunstancias del delito flagrante. Al efecto el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, señala:
Artículo 248. “Para los efectos de este Capítulo se tendrá como delito flagrante el que se esté cometiendo o el que acaba de cometerse. También se tendrá como delito flagrante aquel por el cual el sospechoso se vea perseguido por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público, o en el que se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él es el autor.
En estos casos, cualquier autoridad deberá, y cualquier particular podrá, aprehender al sospechoso, siempre que el delito amerite pena privativa de libertad, entregándolo a la autoridad más cercana, quien lo pondrá a disposición del Ministerio Público dentro de un lapso que no excederá de doce horas a partir del momento de la aprehensión, sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en relación con la inmunidad de los diputados a la Asamblea Nacional y a los Consejos Legislativos de los Estados. En todo caso, el Estado protegerá al particular que colabore con la aprehensión del imputado”
En el anterior dispositivo se establecen los supuestos o conductas típicas para calificar como flagrante a un delito. En primer lugar requiere que el sujeto sea detenido cuando está cometiendo un hecho, se trata entonces, de la captura e identificación del delincuente en plena comisión del hecho, es lo que la doctrina llama FLAGRANCIA REAL; de igual manera se admite la flagrancia cuando el sujeto es detenido inmediatamente después de haber cometido el delito, como producto de una persecución ininterrumpida de las autoridades o del público, que no le hayan perdido de vista, es la llamada FLAGRANCIA EX POST IPSO O CUASIFLAGRANCIA; y por último cuando se practica la detención de una persona con instrumentos o cosas provenientes del delito, tiempo después de haber cesado la persecución o sin que esta haya existido, conocida como FLAGRANCIA PRESUNTA A POSTERIORI; por cierto, figura esta muy cuestionada debido a que la flagrancia está determinada por la posesión de los objetos provenientes del delito y no en cuanto a la participación del sujeto en el hecho.
Como se expresó, la ley adjetiva penal ordinaria venezolana en su artículo 248, dispone tres supuestos bajo los cuales puede considerarse como flagrante la aprehensión de un imputado, ellos son: 1) La aprehensión cuando se esta cometiendo o se acaba de cometer un delito. 2) La aprehensión cuando el sospechoso se vea perseguido por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público, ante la presunta comisión de un delito. Y 3) La aprehensión cuando se sorprende al sospechoso a poco de haber cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él es el autor.
Conocidas las circunstancias bajo las cuales el legislador patrio considera que una aprehensión es en estado flagrancia, pasamos inmediatamente a examinar las actuaciones consignadas por el Ministerio Público, ante la oficina de alguacilazgo para determinar si están o no presentes algunas de esas circunstancias.
De los hechos que dieron origen a la presente investigación se desprenda acta N° 886, de fecha 30 de julio de 2012 suscrita por funcionarios de la guardia nacional bolivariana punto de control fijo el Vallado, quienes dejan constancia que se acercaba al punto de control fijo un vehículo de trasporte público de la línea expresos Unidos, en el sentido Ureña san P.d.R., donde se le solicito al conductor que se estacionara a un lado de la vía, y descendiera del vehículo para realizarle una inspección minuciosa del mismo, y verificar la documentación de los pasajeros, la revisión del vehículo resulto conforme al verificar los documentos del vehículo los mismo pertenecen a un vehículo marca Ford modelo FAIRLANNE 500, COLOR BLANCO, PLACAS 606- 922, CONTROL 30, perteneciente a la línea de trasporte público que cubre Cúcuta, hacia el vigía estado MERIDA, el cual era conducido por el ciudadano J.R.C., AL VERIFICAR el estatus del N° de cedula 16.039.987, A nombre de J.C.G., el cual no corresponde al ciudadano la cual posee características no acordes con las del ciudadano que la porta y su impresión dactilar no corresponde al sistema de capta huellas, seguidamente se realizo una inspección al bolso del ciudadano, donde se encontró una cedula de ciudadanía de la república de Colombia signada con el N° 1.092.180.887, a nombre de M.S.G., luego el ciudadano manifestó que se había identificado con este documento por que necesitaba viajar a la ciudad de Vigía su lugar de trabajo y por el temor de ser devueltos uso esa cedula de identidad, de un cliente a quien le estaba realizando un trabajo de herrería; al verificar el estatus ante el sistema SICOPOL, la cedula N° 16.039.987, corresponde al ciudadano J.C.G.D., motivo por el cual se le notifico al ciudadano M.S.G. sobre su detención y por ultimo se le notifico al ministerio público.
DEL PROCEDIMIENTO A SEGUIR
Calificada como ha sido la flagrancia en la presente causa, corresponde a quien aquí decide resolver sobre el procedimiento a seguir, en tal sentido se deben hacer las siguientes consideraciones: 1.- Ha sido Jurisprudencia reiterada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que si hay que verificar algunas circunstancias fuera del hecho flagrante la posibilidad de un procedimiento abreviado desaparece y es en este momento cuando el Fiscal debe solicitar el procedimiento ordinario a fin de salvaguardar los derechos procesales del imputado y averiguar mejor la conexión del delito o la existencia de una posible conspiración o cualquier otra causa que se necesite dilucidar mejor. 2.- De otro lado tenemos que el Ministerio Público ha solicitado la continuación de la causa por el procedimiento abreviado, entendiendo este Juzgador que es el Ministerio Público el titular de la acción y es quien sabe y mantiene la estrategia de su investigación, reconociéndose que el Ministerio Público en este caso ha considerado que hay circunstancias que clarificar en la búsqueda de la verdad, por cuanto las actuaciones consignadas como elementos de convicción ante este Tribunal no son suficientes para producir el acto conclusivo correspondiente, por tales razones acogiendo lo señalado por la jurisprudencia patria y la solicitud del Ministerio Público, se ordena la prosecución de la presente causa mediante el procedimiento ORDINARIO debiéndose remitir las actuaciones a la Fiscalía Vigésimo Primera del Ministerio Público, una vez vencido el lapso de ley, a los fines legales consiguientes. Así se decide.
DE LA MEDIDA DE COERCION PERSONAL
SE DECRETA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, al ciudadano M.S.G., de nacionalidad colombiano, natural de Ocaña, cédula de ciudadanía N° CC- 1.092.180.887, nacido en fecha 26 de Marzo de 1980, de 32 años de edad, hijo de Diosemiro Sánchez (f) y O.G. (v), soltero, de profesión u oficio herrero; residenciado en la zona Industrial, barrio 26 de Julio, calle 3, casa S/N°, diagonal a lácteos S.M., Vigia Estado Mérida, teléfono 0275-5147871 y 0424-7805436; por la presunta comisión del delito de USURPACIÓN DE IDENTIDAD, previsto y sancionado en el articulo 47 de la Ley Orgánica de Identificación, en perjuicio de la fe pública;, de conformidad con lo establecido en los numerales 3, y 9 del artículo 256 del Código y 253 del Orgánico Procesal Penal debiendo cumplir con las presentes condiciones:
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- Presentaciones una vez cada treinta (30) días por ante la Oficina de Alguacilazgo de éste Circuito Judicial Penal.
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- No incurrir en hechos de carácter penal.
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- Someterse a todos los actos del proceso.
En cuanto a la Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación de Libertad, que en el presente caso se dicta se especifica que etimológicamente debe entenderse, por medidas de coerción personal, no sólo la privación de libertad personal, sino cualquier tipo de sujeción a que sea sometida cualquier persona, por lo que incluso las medidas cautelares sustitutivas, son de esa clase, en el presente caso se imponen las condiciones supra señaladas las cuales a criterio de está juzgadora, y como garante de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela son suficientes para asegurar las resultas del proceso penal, es decir para que el imputado de autos esté sujeto al proceso, bajo la sujeción de las condiciones impuestas por esté Tribunal Tercero de Control de está Extensión Penal.
DISPOSITIVO
EN CONSECUENCIA, POR LOS RAZONAMIENTOS ANTES EXPUESTOS ESTE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL NÚMERO TRES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TACHIRA, EXTENSION SAN ANTONIO, IMPARTIENDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECIDE:
DECLARA LA FLAGRANCIA, en la aprehensión del ciudadano M.S.G., de nacionalidad colombiano, natural de Ocaña, cédula de ciudadanía N° CC- 1.092.180.887, nacido en fecha 26 de Marzo de 1980, de 32 años de edad, hijo de Diosemiro Sánchez (f) y O.G. (v), soltero, de profesión u oficio herrero; residenciado en la zona Industrial, barrio 26 de Julio, calle 3, casa S/N°, diagonal a lácteos S.M., Vigia Estado Mérida, teléfono 0275-5147871 y 0424-7805436; por la presunta comisión del delito de USURPACIÓN DE IDENTIDAD, previsto y sancionado en el articulo 47 de la Ley Orgánica de Identificación, en perjuicio de la fe pública; por encontrarse llenos los extremos del artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal.
Se acuerda la prosecución del proceso por los trámites del PROCEDIMIENTO ORDINARIO, de conformidad con el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, ordenándose la remisión de la causa a la Fiscalía actuante, una vez vencido de Ley.
SE DECRETA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LA LIBERTAD, al imputado M.S.G., de conformidad con lo establecido en los numerales 3, 4 y 9 del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, debiendo cumplir con las siguientes condiciones: 1.- Presentaciones una vez cada treinta (30) días por ante la Oficina de Alguacilazgo de éste Circuito Judicial Penal. 2.- No incurrir en hechos de carácter penal. 3.- Someterse a todos los actos del proceso.
La presente decisión fue pronunciada de manera oral, al término de la audiencia celebrada en fecha 01 de agosto de 2012, con fundamento en lo establecido en el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con lo establecido en el artículo 177 eiusdem. Con la lectura del acta respectiva, quedaron debidamente notificadas las partes de los fundamentos de hecho y de derecho del presente auto. Se ordena la remisión de las actuaciones a la Fiscalía del, vencido que sea el lapso de ley correspondiente.
ABG. K.T.D.D.
JUEZ TERCERA DE CONTROL
ABG. DILY M.G.R.
SECRETARIA
