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La impunidad contribuye al abuso de fondos públicos en la campaña

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Vincent

Sólo en una oportunidad el Ministerio Público ha expresado la intención de investigar, juzgar y sancionar el uso ilegal de fondos públicos en campañas electorales, de acuerdo con el registro oficial de actuaciones publicado en la página web del organismo. El 7 de septiembre de 2001, Isaías Rodríguez, para entonces fiscal general de la República, anunció que se emprendería una averiguación para determinar si se utilizaron recursos de las gobernaciones y alcaldías para el acto de proclamación de Aristóbulo Istúriz como candidato del Frente Bolivariano de Trabajadores, en las elecciones de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, que se llevó a cabo en el Poliedro de Caracas. Rodríguez advirtió la posibi lidad de que se hubiese cometido peculado de uso y admitió que la responsabilidad es, principalmente, de la Fiscalía, pues son delitos contra el patrimonio público. Sin embargo, no se supo más del caso ni siquiera el nombre de los fiscales comisionados. La Fiscalía no tiene excusas razonables para haber ignorado los hechos de corrupción, ampliamente documentados por medios de comunicación social, organizaciones no gubernamentales y actores políticos afectados por el ventajismo electoral. Por tratarse de daños al pa trimonio público no es imprescindible que alguien formalice la denuncia, y la Fiscalía está obligada a actuar de oficio, afirmó el jurista Alberto Arteaga Sánchez. Las solicitudes de investiga ción interpuestas por partidos políticos como Copei y algunas ONG como Súmate no han sido acogidas por el Ministerio Público. Arteaga Sánchez considera que de nada ha servido el artículo 145 de la Constitución, según el cual los funcionarios y funcionarias públicas están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna. Como tampoco habría servido el artículo 68 de la Ley contra la Corrupción, vigente desde 2003, el cual establece que el funcionario público que, abusando de sus funciones, utilice su cargo para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, grupo, partido o movimiento político será sancionado con prisión de uno a tres años. Dashell López, de Súmate, si gue a la espera de respuesta a la denuncia formalizada ante el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y el Consejo Nacional Electoral en noviembre de 2011. En esa oportunidad preci saron que el presidente Hugo Chávez hizo 234 alocuciones en medios de comunicación social...

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