Decisión de Corte de Apelaciones de Tachira, de 11 de Marzo de 2008

Aprecia esta alzada, que el thema decidendum en las presentes actuaciones versa sobre el auto de fecha 11 de enero de 2008, dictado por la Juez de Primera Instancia en Funciones de Control N° 1, de este Circuito Judicial Penal, mediante el cual entre otros pronunciamientos, negó la solicitud de sobreseimiento de la causa, presentada por la defensa de la imputada M.M.G.S., por lo que el aspecto medular del presente recurso se refiere a la falta de motivación de dicho auto en lo referido a la negativa sobre la solicitud de la defensa de que se decretara el sobreseimiento de la presente causa.

Previo a abordar el pronunciamiento jurisdiccional que ha de recaer en esta causa, esta Corte estima necesario aclarar el error conceptual en que incurre la defensa, pues de un lado, al momento de realizarse la audiencia preliminar respectiva, invocó la causal de sobreseimiento contenida en el numeral primero del artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal, referida a “que el hecho imputado no se realizó”, y luego, en su escrito recursivo, invoca que el tribunal a quo no se pronunció sobre la existencia de cosa juzgada que constituye la causal de sobreseimiento contenida en el numeral tercero de la misma norma.

En tal sentido, del acta de audiencia preliminar que corre inserta a los folios 156 al 163 ambos inclusive de la presente causa, se desprende que el abogado recurrente al momento de cedérsele la palabra para que expusiera sus alegatos de defensa señaló:

La defensa solicita fundamentalmente que de conformidad con lo establecido en el artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal, no sea admitido (sic) la acusación presentada por el Ministerio Público pues no existe relación con el hecho típico y los hechos ocurridos, lo que ha dicho la jurisprudencia es el desvío de esa (sic) sustancias estupefacientes y es el Ministerio Público el que debe demostrar ese desvío, ya que no se concreta que esa mercancía exportada por trasandina fuera para la elaboración de sustancias estupefacientes y en mi opinión la investigación del Ministerio Público va en dirección de controlar que esté inscrito en el Ministerio correspondiente y que a la hora de comercializar justifique el origen de la sustancia y su destino y en ninguna parte de la ley dice si la persona no justifica el destino se crea la presunción que se esté desviando tal mercancía, antes de esta ley no justificar generaba era una sanción y es con la nueva ley cuando se eleva a tipos delictuales que son los artículos 35, 36 y 38 pero el hecho de que la empresa que tenga un problema en la permisología no quiere decir que la empresa esté facilitando que esa mercancía llegue al laboratorio de drogas. Debía determinar su ese (sic) hecho para la fabricación de la droga, debemos ir a juicio para demostrar esto, no vemos en ninguna parte que la investigación se haya realizado para determinar si la mercancía era utilizada para esto, ellas se limitan es a revisar si había un falseamiento en el origen o no, el hecho concreto es solicitar que no se admita la acusación en relación con el artículo 31 de la Ley porque el hecho objeto del proceso no se realizó no (sic) de las pruebas se puede pensar o se puede demostrar que ese hecho se realizó. Adicionalmente, quiero agregar que de conformidad con lo establecido en el artículo 318 del Código Orgánico procesal Penal se decrete el Sobreseimiento de la Causa a favor de mi defendida y en todo caso podría tener relación con los artículos 35, 36 y 38 que establece una sanción penal por haber realizado tal comercialización con permisos vigentes y revocados que son supuestos que son distintos al tráfico ilícito. No se demostró que dicha sustancia era para la elaboración de estupefacientes y al no haber eso no habría legitimación de capitales, es todo.

(negrillas de esta Corte).

De la trascripción que antecede, se desprende con claridad que lo invocado por la defensa evidentemente fue la causal de sobreseimiento contenida en el numeral primero del artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal, y sobre ella debe versar el pronunciamiento jurisdiccional objeto del presente recurso.

Ahora bien, esa equivocación en la interposición del recurso, a la luz del derecho constitucional a obtener una Tutela Judicial Efectiva sin sacrificio de la justicia por formalismos no esenciales (Artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), no es óbice para que esta Sala con el propósito de garantizar tal derecho, proceda a a.e.a.r., conforme a la doctrina establecida por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, y que en relación al principio de la doble instancia en el marco del derecho al recurso, ha dejado sentado que las Cortes deben examinar y resolver el mérito de la controversia sometida a su conocimiento.

Con base a lo anteriormente expuesto, esta Corte debe dejar sentado que debió la juez a quo analizar conforme a lo establecido en el artículo 318.1 del Código Orgánico Procesal Penal, si el hecho atribuido por la representación fiscal a la imputada de autos no se realizó (no ha existido), tal y como lo alegó la defensa, a los fines de garantizar la tutela judicial efectiva de sus derechos sustanciales.

Para ello, la juez a quo se hallaba en la obligación de analizar todas las actuaciones corrientes a los autos, mediante las cuales el Ministerio Público pretende demostrar la certidumbre en la comisión de los delitos de tráfico ilícito continuado de sustancias químicas controladas susceptibles de ser desviadas para la producción ilícita de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, y legitimación continuada de capitales, previstos y sancionados en los artículos 34 y 37 de la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, hoy tipificados en el artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, y en el artículo 4 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, atribuidos a la acusada M.M.G.S..

Esta demostración se hace mediante las diligencias de investigación llevadas al proceso, el cual debe producir en el juez de control la certeza sobre la existencia de las mencionadas causales.

Precisado lo anterior, esta Corte de Apelaciones pasa a determinar si la decisión recurrida dictada en fecha 11 de enero de 2008, cursante a los folios 164 al 225 de las actas que le fueron remitidas a esta alzada, fue debidamente motivada por la Juez de la recurrida, de cara al supuesto normativo invocado por la defensa, al momento de negar la solicitud de sobreseimiento de la causa, presentada por la defensa de la imputada M.M.G.S., a quien el Ministerio Público atribuye la presunta comisión de los delitos de tráfico ilícito continuado de sustancias químicas controladas susceptibles de ser desviadas para la producción ilícita de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, y legitimación continuada de capitales, previstos y sancionados en los artículos 34 y 37 de la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, hoy tipificados en el artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, y en el artículo 4 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada.

Al respecto, se observa, que la recurrida sólo se limita a señalar:

(Omissis)

En la Audiencia Preliminar (sic), el Abogado (sic) E.M. solicitó que de conformidad con lo establecido en el artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal, no fuera admitida la acusación presentada por el Ministerio Público pues no existe relación con el hecho típico y los hechos ocurridos, pues tal y como lo ha dicho la jurisprudencia el Ministerio Público debe demostrar el desvío de las sustancias, ya que no se concreta que esa mercancía exportada por trasandina fuera para la elaboración de sustancias estupefacientes; así mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal, solicitó se decrete el Sobreseimiento (sic) de la causa a favor de su defendida, pues no se demostró que dicha sustancia era para la elaboración de estupefacientes y al no haber eso no habría legitimación de capitales.

En virtud de lo anteriormente expuesto, considera quien aquí decide que lo procedente en el presente caso es negar la solicitud de sobreseimiento de la causa por cuanto la misma reúne con (sic) los requisitos establecidos en el artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal.

Omissis

.

De la trascripción parcial de la decisión dictada por la juez a quo, se aprecia que de ninguna forma, a.e.p.q.d. negar la solicitud de sobreseimiento interpuesta por la defensa, con lo cual resulta afectado el derecho del justiciable a la defensa y tutela judicial efectiva, omisión que no ponderó aún cuando se encontraba realizando un pronunciamiento jurisdiccional que por disposición legal se hallaba obligado a motivar al tratarse de un auto fundado que debía generar ante las solicitudes interpuestas por las partes frente a la presunta comisión de delitos en los que se ve perjudicada la colectividad, como lo son el tráfico ilícito continuado de sustancias químicas controladas susceptibles de ser desviadas para la producción ilícita de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, y la legitimación continuada de capitales, previsto y sancionado en los artículos 34 y 37 de la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, hoy tipificados en el artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, y en el artículo 4 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, considerado el primero de ellos como un delito de Lesa Humanidad; ni tomó en consideración alguna lo invocado por la defensa, en el sentido de que el hecho atribuido no se realizó, todo lo cual, a criterio de esta Sala, constituye una falta absoluta de motivación para fundamentar una decisión de tanta relevancia.

Observa la Sala que la Juez de la recurrida al omitir absolutamente cuales fueron los elementos de convicción que consideró para negar la solicitud de sobreseimiento que le fue interpuesta, trae como consecuencia que dicho fallo se estime como carente de la motivación necesaria que la haga legal y legítima; en consecuencia, a criterio de esta Sala el fallo impugnado incurrió efectivamente en falta de motivación.

Ahora bien, tenemos claro que el artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal sanciona con nulidad las decisiones que no sean dictadas fundadamente, debiendo tomar en consideración ciertas opiniones doctrinarias de lo que debemos entender como sentencia, a saber:

“Para Manzini, sentencia, en sentido formal “es el acto procesal escrito emitido por un Órgano Jurisdiccional que decide sobre una pretensión punitiva hecha valer contra un imputado o sobre otro negocio penal para el que se esté prescrita esta forma”.

Conforme al maestro T.C., la sentencia “es la expresión esencial de la Jurisdicción, o sea la potestad de aplicar la ley juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado. Generalmente se denomina sentencia el último acto del proceso mediante el cual el Juez ejerce la potestad de juzgar, o sea, declarar si la pretensión punitiva es conforme o ha quedado destruida en el debate procesal”.

Por otro lado, debe tenerse presente, que el Estado Venezolano, por mandato del artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es un Estado Democrático y Social, de Derecho y de Justicia, por lo que toda sentencia emanada de la jurisdicción debe ser motivada en razón al derecho y la justicia, máxime en el campo de la competencia penal, en el que los bienes jurídicos afectados en la mayoría de los casos, por su elevado contenido ético y humanístico no son objeto de medición material; esta situación obliga a que la motivación como regla procesal, impone que la misma sea “suficiente, precisa, consistente y coherente, con el fin de evitar que las decisiones judiciales respondan al capricho o la arbitrariedad”; ya que en caso de existir una sentencia sin motivación la misma vulnera directamente el derecho a la tutela judicial efectiva previsto y sancionado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, sentencia N° 2.465 del 15 de octubre de 2002).

Así mismo, ha sido criterio reiterado del más alto Tribunal de la República, en la Sala Penal, el siguiente:

La motivación del fallo se logra a través del análisis concatenado de todos los elementos concurrentes en el proceso, a fin de que las decisiones que se adopten no aparezcan como producto del descuido, arbitrariedad o capricho del sentenciador

. Sent. Nº 80 del 13/02/01 Ponente: Magistrado. A.A.F..

Es claro entonces que el legislador al referirse en su artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal a la obligación de dictar decisiones fundadas se refirió a las sentencias o autos, salvo los de mera sustanciación.

Sobre este punto ha establecido el Tribunal Supremo de Justicia en decisión de fecha 31-12-02, en Sala Constitucional con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero lo siguiente:

La Sala observa que, tal y como lo ha dicho la sala en otras oportunidades, la inmotivación de los fallos que se convierten en violación del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es una cuestión casuística que debe ser observada en cada caso… constata la Sala que la Sentencia impugnada del 12 de diciembre de 2000, dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de los Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, no se pronunció sobre la interrupción de la prescripción alegada, ni sobre la prueba de la misma, lo que a criterio de esta Sala, constituye una inmotivación, violatoria del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que el Derecho de defensa de la hoy accionante le fue cercenado con respecto a sus alegatos….

.

Tal criterio ha sido reiterado, y al efecto se ha establecido que: “toda omisión judicial que sea lesiva a Derechos o Garantías Garantías Constitucionales es objeto inmediato de la acción de amparo”. Así mismo, la sala Constitucional en Sentencia No. 1878 del 12 de agosto del 2002, estableció que: “Una sentencia inmotivada no puede considerarse fundada en derecho, siendo lesiva del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela… Esta Sala ha señalado que en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se prevé un conjunto de garantías procesales que sintetizan lo que constituye el debido proceso en un Estado de Derecho y de Justicia. Dentro de esas garantías procesales se encuentra la referida a la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 26 de la Constitución, la cual tiene un contenido complejo, que se manifiesta, entre otros, en el derecho a obtener una sentencia fundada en Derecho que ponga fin al proceso. Este contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, se compone de dos (2) exigencias: 1) que las sentencias sean motivadas, y 2) que sean congruentes. De manera que una sentencia inmotivada no puede considerarse fundada en Derecho, siendo lesiva del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (vid. Sentencia del 16 de octubre de 2001, caso: L.E.B.d.O.)…

…Igualmente, esta Sala ha señalado que el artículo 49 de la Carta Magna no dice expresamente, pero forma parte de su esencia, que todo fallo debe ser motivado, para que las partes conozcan los fundamentos en que fueron resueltas sus pretensiones, ya que sea la petición de condena o absolución en el proceso penal, o bien la declaratoria con lugar o sin lugar de la demanda en los distintos procesos, en el que se incluye el procedimiento de amparo. Por tanto, sólo así puede calificarse el error judicial a que se refiere el numeral 8 del citado artículo 49, o puede tener lugar el acto de juzgamiento, el cual corresponde a los jueces, según el numeral 4 del mismo artículo, o puede determinarse si a la persona se le sanciona por actos u omisiones, como lo establece el numeral 6, por lo que todo acto de juzgamiento debe contener una motivación, que es la que caracteriza el juzgar. Además, “es la falta de motivación de la sentencia, en criterio de esta Sala, un vicio que afecta el orden público, ya que todo el sistema de responsabilidad civil de los jueces no podría aplicarse y la cosa juzgada no se conocería como se obtuvo, y principios rectores como el de congruencia y de la defensa se minimizarían, por lo cual surgiría un caos social” (vid. Sentencia del 24 de marzo de 2000, caso: J.G.D.M.U. y otros)…

…Es por ello, que surge una exigencia para que los jueces expongan o expliquen con suficiente claridad, las razones o motivos que sirven de sustento a la decisión judicial, y que no pueden ser obviadas en ningún caso, por cuanto constituyen para las partes garantía de que se ha decidido con sujeción a la verdad procesal, la cual en el proceso penal debe acercarse a la “verdad de los hechos”, como lo dispone el artículo 13 del Código Procesal Penal. Esa obligación del Juez de tomar en cuenta todo lo alegado y probado en autos y de analizar el contenido de los alegatos de las partes así como de las pruebas, para explicar en consecuencia, las razones por las cuales las aprecia o desestima, se materializa a través de una sentencia, o bien de un auto, y así el Estado venezolano cumple con su labor de impartir justicia, en la resolución de conflictos jurídicos.

Así las cosas, esa exigencia del Juez de motivar la Sentencia, que está plasmada igualmente en los distintos sistemas procesales venezolanos, no es una garantía para una sola de las partes, sino que le corresponde a todas las partes involucradas en el proceso, correspondiéndole entonces tanto al imputado, a la victima y al Ministerio Público, que tiene la misma posición, delineada por la objetividad en los términos planteados en el artículo 281 del Código Orgánico Procesal Penal, de sujeto agente y no exactamente de tercero de buena fe, en razón de que ejercita la acción penal en interés del Estado”. (Negrillas de de esta Corte).

De lo expuesto se desprende con clara correspondencia que la inmotivación de un fallo, acarrea su nulidad absoluta, tal como lo dispone el artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal, y de igual forma ha sido establecido en reiterada y pacifica jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, por lo que entonces, en este caso hoy bajo análisis, resulta evidente que observándose la inmotivación de la decisión recurrida al no determinar en forma clara y precisa los fundamentos para negar la solicitud de sobreseimiento invocada por la defensa, con base a la causal contenida en el numeral primero del artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal, tal omisión violenta la garantía constitucional del derecho a la defensa y tutela judicial efectiva, pues las partes tienen todo su derecho de conocer los fundamentos con que fueron resueltas sus pretensiones (motivación), siendo imperativo que los Jueces están en la obligación de explicar con suficiente claridad por qué admiten o desechan los alegatos de las partes, tomando en cuenta todo lo alegado y probado y explicar las razones por las cuáles se aprecia o se desestiman los mismos, lo cual en este caso fue omitido por la sentenciadora, necesariamente hemos de concluir que la decisión recurrida, está viciada de nulidad al incurrir en inmotivación, existiendo también violación de la garantía procesal consagrada en el artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que de conformidad con el artículo 25 de la Constitución y 191 del Código Orgánico Procesal Penal, lo procedente es anular el fallo recurrido y ordenar se realice nuevamente la audiencia preliminar correspondiente, en la que se diluciden las pretensiones de las partes con arreglo a las disposiciones contenidas en la norma penal adjetiva, declaratoria que debe ser hecha por razones de técnica procesal por un Juez distinto al que dictó la decisión, prescindiendo de los vicios que originaron su nulidad. Y así se decide.

En atención a los anteriores razonamientos y en acatamiento a las sentencias aquí invocadas, lo procedente en el presente caso es declara con lugar el recurso interpuesto y ordenar se realice nuevamente la audiencia preliminar correspondiente, en la que se diluciden las pretensiones de las partes con arreglo a las disposiciones contenidas en la norma penal adjetiva, en virtud del vicio observado en el fallo impugnado que originó su nulidad. Y así se decide.

DECISION

Por los razonamientos antes expuestos, esta Corte de Apelaciones, en su única Sala, del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, impartiendo justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, DECIDE:

Declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado E.M.S., en su carácter de defensor privado de la ciudadana M.M.G.S..

ANULA TOTALMENTE la decisión dictada en fecha 11 de enero de 2008, por el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 01 de este Circuito Judicial Penal, la cual entre otros pronunciamientos, negó la solicitud de sobreseimiento de la causa, presentada por la defensa de la imputada M.M.G.S., a quien el Ministerio Público le atribuye la presunta comisión de los delitos de: tráfico ilícito continuado de sustancias químicas controladas susceptibles de ser desviadas para la producción ilícita de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, y legitimación continuada de capitales, previstos y sancionados en los artículos 34 y 37 de la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, hoy tipificados en el artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, y en el artículo 4 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada.

ORDENA que un Juez distinto al que dictó la decisión aquí anulada, realice nuevamente la audiencia preliminar correspondiente en la que se diluciden las pretensiones de las partes con arreglo a las disposiciones contenidas en la norma penal adjetiva, prescindiendo del vicio que originó su nulidad, por lo cual, el Juez que actualmente conoce de la presente causa debe proceder de manera inmediata a la remisión de la misma al Juez que deba conocer del presente asunto.

Publíquese, regístrese, notifíquese, déjese copia y bájense las actuaciones en su oportunidad legal.

Dada, firmada, sellada y refrendada, en la sala de audiencias de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, en la ciudad de San Cristóbal, a los once (11) días del mes de marzo del año dos mil ocho (2008). Años: 197° de la Independencia y 148° de la Federación.

Los Jueces de la Corte

G.A.N.

Presidente

IKER YANEIFER ZAMBRANO C. E.J.P.H.

Juez Ponente Juez Provisorio

M.E.G.F.S.

En la misma fecha se cumplió lo ordenado.

1-Aa-3299-2008/IYZC/jqr/mc