Decisión nº 1C-19560-14 de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control de Apure (Extensión San Fernando de Apure), de 11 de Febrero de 2014
| Fecha de Resolución | 11 de Febrero de 2014 |
| Emisor | Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control |
| Ponente | Edwin Manuel Blanco |
| Procedimiento | Niega La Solicitud De Sobreseimiento |
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO APURE
TRIBUNAL PRIMERO DE CONTROL
San F.d.A., 11 de Febrero de 2013
202º Y 153º.
Asunto Penal N° 1C-19560-14
Revisada como ha sido la presente causa, 1C-19560-14 (04-F2-0243-10) se evidencia que la misma es seguida en contra del ciudadano E.G.M., titular de la cédula de identidad Nº 10.875.900, por la presunta comisión del delito de Legitimación de Capitales, previsto y sancionado en el artículo 4 de la Ley Organiza contra la Delincuencia Organizada, vigente par la fecha de los hechos, y que la misma ingreso a este Juzgado por solicitud de sobreseimiento en fecha 21-01-2014, emanado de la Fiscalia Segunda del Ministerio Público, razón por la cual quien aquí decide a los fines de emitir pronunciamiento hace las siguientes consideraciones:
La presente causa se inicia en fecha 16-03-2010, por parte de la Fiscalía Segunda del Ministerio Publico, bajo el número 04-F2-0243-10, señalando la vindicta pública como hechos los siguientes:
La presente investigación tuvo su inicio en fecha del (sic) 16/03/10, en virtud de las actuaciones trasmitidas referidas a Comisión (sic) Especial (sic) interpuesta en fecha 01-02-10, recibida de la Dirección de Delitos Comunes, de donde se desprende la Presunta (sic) comisión de un hecho pinible (sic) perseguido de oficio, como lo es la presunta comision (sic) de uno de los delitos previstos en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, relacionada con reporte de actividades sospechosas donde aparece como presunto imputado el ciudadano E.G.M..
Ahora bien, considerando el fundamento del Ministerio Público a los efectos de solicitar el sobreseimiento de la causa, quien señala luego de haber enunciado solo los elementos o diligencias de investigación practicadas, que:
…Ahora bien, del análisis de los hechos narrados se observa la presunta comisión de (LEGITIMACION DE CAPITLES) previsto y sancionado en el artículo 4 de la Ley Organica (sic) contra la Delincuencia Organizada, vigente para la fecha de la ocurrencia del hecho, el cual prevé:
Artículo 4.- Quien por si o por interpuesta persona sea propietario o poseedor de capitales, bienes haberes o beneficios cuyo origen derive, directa o indirectamente, de actividades ilicitas (sic), sera (sic) castigado con prision (sic) de ocho a doce años y multa equivalente al valos (sic) del incremento patrimonial ilícitamente obtenido.
En consecuencia, considera esta Representación del Ministerio Público, que lo procedente y ajustado a derecho es SOLICITAR EL SOBRESWEIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN Nº 04-F02-0243-10 de conformidad con el numeral 4º del artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal ya que no existe posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación
.
En atención a tal planteamiento por parte del Ministerio Público, se hace necesario traer a colación como siempre lo ha hecho este jurisdicente, que la naturaleza del sistema acusatorio se basa en principios y garantías fundamentales, donde debe existir una dualidad de partes, frente a las cuales un tercero imparcial debe decidir el conflicto planteado; con roles completamente diferentes, los cuales no son otros que el de acusar, defender y decidir, el derecho a ser oído, el cual se extiende para ambas partes en el proceso, la defensa e igualdad de las partes, donde puedan disponer de los mismos derechos, oportunidades y cargas para la defensa de sus intereses.
Nuestro sistema acusatorio en lo que refiere al procedimiento penal ordinario establecido en el libro Segundo del Código Orgánico Procesal Penal, se divide en tres fases que son la fase preparatoria, la fase intermedia y la fase del juicio oral.
La fase preparatoria constituye la fase de investigación y se encuentra a cargo de la dirección del titular de la acción penal como lo es el Representante del Ministerio Público quedando bajo su dirección los órganos de policía de investigación penal; fase ésta que tiene por objeto según se establece en el artículo 262 del Código Orgánico Procesal Penal, la investigación de la verdad y la recolección de todos los elementos de convicción necesarios para fundar una acusación a los fines de solicitar el enjuiciamiento del imputado incluyendo su derecho a la defensa, o por el contrario, de ser el caso, la correspondiente solicitud de sobreseimiento.
El Código Orgánico Procesal Penal, establece en su artículo 267 la forma y contenido del modo de proceder por denuncia , lo cual indica que podrá realizarse en forma verbal o escrita, y debe contener la identificación del denunciante, la indicación de su domicilio, la narración circunstanciada del hecho, el señalamiento de quienes lo han cometido y de las personas que lo han presenciado o que tengan noticia de él, es decir; todos aquellos datos que tenga y le constare al denunciante y siendo ésta de carácter obligatoria para aquellos casos los cuales aparecen determinados en el artículo 269 del Código Orgánico Procesal Penal, estableciéndose también las responsabilidades a que haya lugar para el denunciante, si en la denuncia existiere falsedad o mala fe y finalmente para quien hubiere sido imputado públicamente por otra persona de haber participado en la comisión de un hecho punible, tendrá el derecho de acudir ante el Ministerio Público y solicitarle que se investigue la imputación de que ha sido objeto, y si esta no conduce a algún resultado quien hizo la imputación pública pagará las costas de la investigación, siempre que no haya denunciado el hecho.
Que en aras de la búsqueda de la verdad como principio fundamental que establece las finalidades del proceso, el Ministerio Público garante de la Constitución, debe permitir a toda persona que ha sido señalada como la presunta autora o participe de la comisión de un hecho punible y sobre quien investiga a los fines de determinar su posible participación o no en tales hechos, el ejercicio de su defensa y su derecho en igualdad de condiciones dentro de ese proceso de investigación, lo que a todas luces traería el verdadero equilibrio en la investigación, toda vez que las personas que han sido imputadas de la comisión presuntamente de un hecho punible, puedan solicitar ante el Ministerio Público la practica de diligencias de investigación a los fines del total esclarecimiento de los hechos, ya que el Ministerio Público está obligado a recabar todos aquellos elementos de convicción de cargo y descargo durante esta fase. La persona individualizada y señalada como autor o partícipe de un hecho punible mediante una denuncia y por un acto de procedimiento de las autoridades encargadas de la persecución penal no puede ejercer derechos constituciones, como al debido proceso, la defensa, a ser oído etc., si el Ministerio Público no lo pone en conocimiento, lo que traería inexorablemente una investigación realizada a espaldas de las personas, procedimiento éste contrario a los principios en que se sustenta el sistema acusatorio.
Cuando el Ministerio Público solicita, finalizada esta fase de investigación un acto conclusivo de sobreseimiento, es porque ha sobrevenido una de las causales establecidas en el artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal que le impiden su prosecución, mediante el cual no sólo se da por terminada esta fase, sino el proceso mismo, pues de la decisión que acuerde el Juzgado de Primera Instancia en funciones de Control y que haya quedado definitivamente firme, tiene fuerza de sentencia definitiva, cuyos efectos produce la cosa juzgada, por lo que impide nueva persecución contra el imputado a favor de quien se hubiere declarado.
Tomando en cuenta los argumentos ya señalados, este Tribunal considera que el acto ilegitimo, encuadra efectivamente dentro del tipo descrito en el articulo 4 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada (Vigente para la época de los hechos), y así en principio es señalado por el Ministerio Público; mas sin embargo no entiende este juzgador, como la vindicta pública, sin fundamentación alguna, sin encuadrar las circunstancias de hecho en el derecho, de manera directa, sin ningún señalamiento fundado y congruente, concluye con un acto conclusivo de sobreseimiento conforme al articulo 300 numeral 4º del Código Orgánico Procesal Penal, el cual señala lo siguiente:
El sobreseimiento procede cuando:
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- El hecho objeto del proceso no se realizo o no puede atribuírsele al imputado;
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- El hecho imputado no es típico, o concurre una causa de justificación, inculpabilidad o no de punibilidad.
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- La acción penal se a extinguido o resulta acreditada la cosa juzgada;
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- A pesar de la falta de certeza, no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, y no haya bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado;
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- Así lo establezca expresamente este código.
El artículo in comento recoge en su numeral 4° la justificación para conferir un sobreseimiento cuando “A pesar de la falta de certeza, no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, y no haya bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado o imputada”.
De allí que se debe señalar que el sobreseimiento como acto conclusivo produce efectos similares al de la sentencia absolutoria definitivamente firme; por lo que el imputado acreedor del mismo no pasa a la fase del juicio oral y público, ya que pone fin a la fase preparatoria del proceso ordinario, poniendo el sobreseimiento fin al proceso. Que tal supuesto esta referido cuando se señala a un individuo como autor o participe en la comisión de un ilícito penal, mas sin embargo no existen suficientes elementos de convicción para estimar que efectivamente el referido ciudadano, sea responsable de la comisión del delito señalado, deduciéndose de lo antes expuesto que no existe la posibilidad de incorporarse nuevos elementos de convicción a la investigación, y no existen bases suficientes para su enjuiciamiento.
De modo que, definida como ha sido la causar de sobreseimiento contenida en el artículo 300 numeral 4º del Código Orgánico Procesal Penal, considera quien aquí decide que, en nada adapta o engloba la Fiscalía Segunda del Ministerio Público su solicitud, a la ya señalado, pues si bien es cierto el acto conclusivo de sobreseimiento debe reunir requisitos legales para su procedencia y que convenzan a quien aquí dictamina, que se esta dentro de lo, por el pedido, no es menos cierto que el Ministerio Público no señaló el fundamento del por que no existe la posibilidad de incorporar nuevos elementos o datos a la investigación; solo se limitó a solicitar el sobreseimiento de la causa sin fundamentar el por que del mismo, en consecuencia quien aquí decide no acepta tal solicitud, y se declara Sin Lugar la misma, ordenándose como consecuencia de ello la remisión de las actuaciones a la Fiscalía Superior del Ministerio Público conforme a lo establecido en el articulo 305 único aparte del Código Orgánico Procesal Penal. Y así se decide.
DECISIÓN
Por todos los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, con sede en la ciudad de San Fernando, administrando justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, Declara
Sin Lugar, la solicitud de Sobreseimiento de la causa interpuesta por la Fiscalía Segunda del Ministerio Público, conforme a lo establecido en el articulo 300 numeral 4° del Código Orgánico Procesal Penal.
Se acuerda remitir la presente causa a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial Penal del Estado Apure, para que mediante pronunciamiento motivado ratifique o rectifique la petición Fiscal, conforme a lo establecido en el primer aparte del artículo 305 del Código Orgánico Procesal Penal. Notifíquese a las partes de la presente decisión. Remítase en su oportunidad legal. Diarícese, regístrese. Déjese copia y remítase en su oportunidad legal. Cúmplase.
Dada sellada y firmada en la sala de Audiencias del Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal de San Fernando. Estado Apure a los once (11) día del mes de Febrero del 2014.
JUEZ PRIMERO DE CONTROL
ABG. E.M.B.L.
LA SECRETARIA.
ABG. D.M.L..
Seguidamente se dio cumplimiento a lo ordenado en el auto que antecede.
LA SECRETARIA.
ABG. D.M.L..
Causa: 1C-19560-14
Nº de Fiscalía: 04-F2-0243-10
EMBL..-
