Decisión de Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 8 de Febrero de 2011
| Fecha de Resolución | 8 de Febrero de 2011 |
| Emisor | Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control |
| Ponente | Eliseo José Padron Hidalgo |
| Procedimiento | Sobreseimiento |
San Cristóbal, 08 de febrero de 2011.
200° y 151°
Realizada audiencia en esta misma fecha; este Tribunal para decidir considera:
LOS HECHOS
Según acta policial de fecha 23-07-2009, el ciudadano E.G.C., fue aprehendido por el Bario Ocho de Diciembre, sector las pulgas al encontrársele una sustancia que resultó ser cocaína con un peso neto de un (01) gramo con cincuenta (50) miligramos.
Con base a estos hechos, el Ministerio Público luego de realizar la investigación, solicitó el sobreseimiento de la causa y la aplicación de medidas de seguridad para los imputados.
DE LOS ELEMENTOS RECABADOS EN LA INVESTIGACIÓN
El Ministerio Público al momento de la presentación del imputado E.G.C., en la audiencia de calificación de flagrancia, imputó la presunta comisión del delito de POSESIÓN DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (artículo 153 de la Ley Orgánica de Drogas). Ahora bien, del material probatorio objeto de análisis, este Juzgador, atendiendo al principio de apreciación de la sana crítica, conforme los conocimiento científicos, las reglas de lógica y las máximas de experiencias, extrae los siguientes elementos:
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- Acta policial de fecha 30-07-2007, donde el ciudadano E.G.C., fue aprehendido por el Bario Ocho de Diciembre, sector las pulgas al encontrársele una sustancia que resultó ser cocaína con un peso neto de un (01) gramo con cincuenta (50) miligramos.
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- Experticia N° 9700-134-LCT-4836-de fecha 13-08-2007, donde se concluyó que la sustancia sometida a reconocimiento e incautada resultó ser cocaína con un peso neto de un (01) gramo con cincuenta (50) miligramos.
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-Informe psiquiátrico N° 9700-064-3291 de fecha 06-06-08, realizado por la psiquiatra forense B.M.Z. a E.G.C., donde concluyó que el mencionado ciudadano reúne suficientes criterios fármaco dependencia con consumo de múltiples sustancias desde la niñez, con intentos de remisión y recaídas, síntomas de abstinencia, ansiedad con consumo de alcohol.
Con base a los elementos antes transcritos, este juzgador concluye que E.G.C., reúne suficientes criterios fármaco dependencia, convirtiéndose el consumo en una actividad de la vida diaria, aún cuando siga integrando una comunidad.
De esta manera, conforme lo previsto en el artículo 131 de la Ley Orgánica de Drogas, el ciudadano E.G.C., debe ser sometido a un tratamiento, el cual debe ser impuesto por este órgano jurisdiccional, mediante la imposición de una o unas de las medidas de seguridad social previstas en el artículo 130 eiusdem, por estarse dentro de los supuestos previstos en el artículo 128 ibidem; y así se decide.
Analizada la situación de E.G.C., este Tribunal estima procedente imponerles las medidas de seguridad social previstas en los numerales primero y tercero del artículo 130 de la Ley Orgánica de Drogas, como son la reinserción social y el servicio comunitario como conjunto de procedimientos dirigidos a lograr la capacidad de adecuación de la persona rehabilitada al medio social que le es propio, a los fines de garantizar su normal desenvolvimiento en la comunidad; y la actividad de carácter temporal y obligatorio que debe cumplir la persona consumidora y dependiente de drogas, en beneficio de la comunidad. Correspondiendo al Juez de Primera Instancia en Función de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, la aplicación, determinación de la forma, control, ejecución, y revisión de la necesidad del mantenimiento de las medidas de seguridad, a tenor de lo dispuesto en los artículos 512, 513 y 514 del Código Orgánico Procesal Penal.
En lo referente a la investigación penal iniciada por el Ministerio Público, por el procedimiento al imputarle en un principio la presunta comisión del delito de posesión ilícita de sustancias estupefacientes, este Juzgador considera que necesariamente debe emitirse un pronunciamiento de fondo; el cual debe ser de sobreseimiento, ya que concurre una causal de no punibilidad como es la determinación de la condición de consumidor fármaco-dependiente del ciudadano E.G.C., pues la acción de poseer la sustancia estupefaciente en la cantidad experticiada, es típica del delito de posesión ilícita de estupefacientes, lo que sucede es que por lineamientos de política criminal y de garantizar el derecho constitucional de la salud al enfermo consumidor, el legislador en beneficio de una seguridad social y protección de los derechos individuales del consumidor, prefiere sacrificar la criminalización de la circulación de pequeñas cantidades de droga; es por ello que a tenor de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal, se decreta el sobreseimiento a favor de E.G.C., y así se decide.
Por todo lo anteriormente señalado este Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en Función de Control Nº 08, del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, decide:
Se declara al ciudadano E.G.C., venezolano, titular de la cédula de identidad V- 13.506.063, consumidor de sustancias estupefacientes, por lo que se le impone las medidas de seguridad de reinserción social y servicio comunitario, previstas en los numerales primero y tercero 130 de la Ley Orgánica de Drogas. Correspondiendo al Juez de Primera Instancia en Función de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, la aplicación, determinación de la forma, control, ejecución, y revisión de la necesidad del mantenimiento de las medidas de seguridad, a tenor de lo dispuesto en los artículos 512, 513 y 514 del Código Orgánico Procesal Penal.
Se decreta el sobreseimiento de la causa seguida al ciudadano E.G.C., por la presunta comisión del delito de POSESIÓN DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley Orgánica Contra el Trafico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (artículo 153 de la Ley Orgánica de Drogas), en perjuicio del Estado Venezolano; de conformidad con los artículo 318 numeral 2 y 330 numeral 3, todos del Código Orgánico Procesal Penal.
EL JUEZ,
ABG. E.J.P.H.
LA SECRETARIA,
ABG.GAHU MALHI MONCADA
8C-8439-07
