Decisión de Tribunal Noveno de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 24 de Mayo de 2012
| Fecha de Resolución | 24 de Mayo de 2012 |
| Emisor | Tribunal Noveno de Primera Instancia en Funciones de Control |
| Ponente | Leila - Ly de Jesús Ziccarelli De Figarelli |
| Procedimiento | Negativa Cambio Medida Privativa Judicial Libertad |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal de Control de Barquisimeto
Barquisimeto, 24 de Mayo de 2012
202º y 153º
ASUNTO PRINCIPAL : KP01-P-2012-001171
ASUNTO : KP01-P-2012-001171
NEGATIVA DE REVISION DE MEDIDA
Visto el escrito presentado el profesional del derecho W.M.B., en el que solicita la revisión y sustitución de la medida de privación judicial preventiva de libertad para el ciudadano L.M.D.O., este Tribunal de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, en funciones de Control Nº 9, a los fines de evitar dilaciones indebidas y garantizar el debido proceso, pasa de oficio a resolver la petición planteada, conforme a las previsiones del Artículo 264 eiusdem, en los siguientes términos:
-
- En fecha 21 de febrero de 2012, el tribunal de Control N° 9 de este Circuito Judicial Penal, impone al ciudadano L.M.D.O., la medida de privación judicial preventiva de libertad contenida en el Artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal.
Alega la defensa que la medida de coerción personal impuesta a su representado debe ser sustituida por una menos gravosa en virtud de que la presunción de inocencia no ha sido desvirtuada hasta la fecha por el Ministerio Público, y que la pena que pudiera llegara imponerse no puede de ninguna forma ser el único parámetro a ser considerado a los fines de la imposición o mantenimiento de la medida contenida en el Artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, todo lo cual fundamenta con apoyo jurisprudencial.
-
- En este sentido, se observa que, los delitos por los que está siendo procesado el mencionado ciudadano son DISTRIBUCION DE DROGA previsto y sancionado en el Artículo 149 segundo aparte de la Ley orgánica de Droga y resistencia a la Autoridad, previsto y sancionado en el Artículo 218 del Código Orgánico Procesal Penal. Siendo así, se trata de un hecho punible que merece pena privativa de libertad cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita, y en lo que respecta a la presunta comisión del delito Distribución Ilícita de Droga (Artículo 149 segundo aparte de la Ley Orgánica de Drogas), por mandato del Artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el mismo es imprescriptible.
En segundo lugar, que existen suficientes elementos de convicción para presumir fundadamente que el imputado de autos ha sido autor en la ejecución del punible objeto de la presente, lo cual se desprende del análisis de las circunstancias bajo las cuales se produjo la aprehensión de los mismos y la incautación de la evidencia objeto del proceso que constan detalladamente en las actas que conforman el asunto, es decir, acta policial en la que se detallan las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la aprehensión del imputado y la incautación de la evidencia descrita en la planillas de registro de cadena de custodia, en la prueba de orientación y la vestimenta que portan el imputado coinciden con el acta policial.
Por último, en relación al peligro de fuga, hay que estimar que el imputado presenta dos asuntos ante este Circuito Judicial Penal del Estado Lara, en uno de los cuales tiene impuesta una medida cautelar sustitutiva y por otra parte que existe presunción legal de peligro de fuga, tomando en consideración la magnitud del daño causado, y la pena que pudiera llegar a imponerse, la cual excede en su límite máximo de diez años, y que el Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 09 de noviembre de 2005 ha establecido en Sala Constitucional, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, que el delito de tráfico de estupefacientes, es un delito de lesa humanidad, (a los efectos del derecho interno) y de la imposibilidad para quienes estén siendo enjuiciados por dicho delito a obtener medidas cautelares sustitutivas de la medida de privación judicial preventiva de libertad, y que tan sólo se debe considerar una excepción al principio de juzgamiento en libertad dada la magnitud de dichos delitos y el bien jurídico tutelado en el tipo penal.
En igual sentido, la sentencia Nº 1728 de fecha 10/12/2009 emanada de la Sala Constitucional, señala: “…Tampoco podría pensarse que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al instituir en su artículo 29, la prohibición de aplicar beneficios que puedan conllevar a la impunidad en la comisión de delitos de lesa humanidad, estaría derogando el principio de la presunción de inocencia, sino que al establecer la referida prohibición, se excepciona para esos casos el principio de juzgamiento en libertad, dada la magnitud del daño que dichos delitos conlleva y del bien jurídico tutelado en el tipo penal, como lo es la salud pública o colectiva en tanto derecho social fundamental conforme lo consagra el artículo 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; por lo que deben los jueces y juezas presumir, como se señaló, el “peligro de fuga” en los imputados por dichos delitos. La negativa judicial a otorgar beneficios procesales obedece a la necesidad de impedir que se obstaculice la investigación y que tales delitos puedan quedar impunes.
Así entonces, con base en la referida prohibición la Sala reitera que, para efectos de los delitos a los que hace referencia el artículo 29 Constitucional –delitos de lesa humanidad-, no es aplicable el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, ni las medidas cautelares sustitutivas a que hace referencia el Capítulo IV del Título VIII, del Libro Primero del referido Código Adjetivo; sin que ello suponga una presunción de culpabilidad de quien está siendo juzgado por la comisión de un delito de tal carácter, pues la imposición de una medida privativa preventiva de libertad, requiere el cumplimiento de las exigencias contenidas en el artículo 250 del señalado texto adjetivo penal, entre las cuales está la de comprobar la existencia de elementos de convicción que evidencien la presunta comisión del hecho punible, así como la presunta participación de la persona imputada en su comisión, y por último la existencia de “peligro de fuga” o de “obstaculización de la investigación”, tal y como lo disponen los artículos 251 y 252 ambos del texto adjetivo penal, que establecen entre otras circunstancias que se ha de estimar la posible pena a imponer y el daño ocasionado, todo ello con el fin de garantizar la prosecución del proceso, sin que necesariamente concluya con una sentencia condenatoria contra la persona que se investiga…”
Por otra parte, si bien es cierto, que el Artículo 44 numeral 1° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece el principio de que la persona será juzgada en libertad, no es menos cierto que dicho artículo también expresa y así debe ser su lectura, que ese juzgamiento en libertad tiene excepciones, y que las razones están determinadas en la Ley y éstas que serán apreciadas por el juez o jueza en cada caso.
Pues bien, en el proceso penal seguido a los imputados de autos, la medida de privación judicial preventiva de libertad procede por el monto de la pena que pudiera llegar a imponerse, la gravedad del daño, el peligro de fuga, tal como quedó expresado anteriormente, estimándose llenos los extremos del artículo 250 en sus numerales 1, 2 y 3 y el artículo 251 parágrafo primero, del Código Orgánico Procesal Penal. Asimismo se considera que dicha medida es proporcional en los términos expresados en el Artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal. En este sentido, se afirma la naturaleza cautelar de la medida de privación judicial preventiva de libertad, a los fines de asegurar las resultas del proceso. Así se decide.
-
- Con base a los razonamientos expuestos, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, previa revisión de la medida, este Tribunal de Control nº 9 del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, se acuerda MANTENER LA MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD al ciudadano L.M.D.O., cédula de identidad nº 20.237.794, ampliamente identificados en autos, la cual fue confirmada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara en fecha 09 de abril de 2012 al decidir SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la defensa del mencionado ciudadano. Notifíquese.
La Juez de Control N° 9
Abg. Leila-ly de J.Z.D.F.
La Secretaria
