Decisión de Tribunal Tercero de Control de Miranda, de 20 de Septiembre de 2011
| Fecha de Resolución | 20 de Septiembre de 2011 |
| Emisor | Tribunal Tercero de Control |
| Ponente | Robinson Suarez |
| Procedimiento | Medida De Privación Judicial Preven. A La Libertad |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda - Extensión Valles del Tuy
Caracas, 20 de Septiembre de 2011
200º y 151º
ASUNTO PRINCIPAL: MP21-P-2011-005015
MEDIDA DE PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD
Vista la presentación realizada por la Fiscalía del Ministerio Publico, en la cual imputo al ciudadano D.M.R.N., por la comisión del delito HOMICIDIO CALIFICADO, previsto en el artículo 406 numeral 1 del Código Penal, este Juzgado pasa a dictar el correspondiente auto motivando los pronunciamientos dictados en la Audiencia Oral para oír al imputado, celebrada en este Tribunal en fecha 4 de septiembre de 2011, en los siguientes términos:
El Fiscal del Ministerio Público presentó al imputado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, manifestando que en fecha 27 de junio de 2011, el ciudadano D.M.R.N., en compañía de otros individuos, le produjeron la muerte a quien en vida respondiera al nombre de S.J.H., causa seguida por la Fiscalía Séptima del Ministerio Publico, signada con el numero 15F07-0957-2011, y de la cual conociera en su momento el Juzgado Quinto de Control, en la causa signada con el numero MP21P2011003714, de igual forma dicho ciudadano participo en los hechos en los cuales se le causara la muerte al ciudadano A.E.N., los cuales ocurrieron en fecha 30 de enero del presente año, y de los cuales conoce la Fiscalía Novena del Ministerio Publico, en la causa signada con el numero 15F09-I-718.423.
Ahora bien, siendo la oportunidad de decidir este Tribunal previamente observa lo siguiente:
La defensa publica solicito la Nulidad Absoluta de la Aprehensión del imputado, conforme a lo dispuesto en el articulo 190 y 191 del Código Orgánico Procesal Penal, por considerar que el mismo no fue aprehendido en la comisión de un hecho punible y sin que mediara orden judicial en su contra, y que el Ministerio Publico, de considerar que existían elementos de convicción en contra del mismo debió solicitar la orden de aprehensión, en conformidad al contenido del articulo 250 Ejusdem, sobre lo cual este Juzgado se pronuncio como punto previo en la audiencia oral, señalando que no se considera la violación de normas Constitucionales ni procesales, en el presente caso, ya que si bien la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela enuncia una serie de derechos fundamentales cuyo respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público, consagrando así en su artículo 44 como derecho civil inviolable, el derecho a la libertad personal, derivando del mismo cinco preceptos o consecuencias que de manera importante garantizan un estado de seguridad para todo ciudadano. Así, en el numeral 1 se establece como requisito sine qua non para arrestar o detener a una persona, el presupuesto de una orden judicial, esto es, un decreto de privación preventiva de libertad pronunciado por el órgano jurisdiccional competente, previa acreditación de la concurrencia de los extremos requeridos en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, salvo en los casos de flagrancia donde no se requiere tal orden judicial y la persona es presentada ante la autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención, quedando igualmente precisados en el artículo 248 del texto adjetivo penal patrio, sin embargo a pesar de no ser aprehendido en flagrancia, tomando en consideración la gravedad de los hechos imputados, y en estricto apego a las sentencias numero 274 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de fecha 19 de febrero de 2002, sentencia numero 2176 de la Sala Constitucional, de fecha 19 de septiembre de 2002 y la sentencia numero 457 de fecha 11 de agosto de 2008, de la Sala de Casación Penal, con ponencia de la Magistrado Deyanira Nieves, debe tomarse en cuenta los derechos de las victimas y la gravedad del daño causado, para tomar una excepción de la detención en fragancia, para declarar la detención como legal, por lo que se declaro sin lugar la nulidad absoluta invocada.
En el presente caso, se observa de la revisión de las actuaciones, que el ciudadanos: D.M.R.N., fue aprehendido por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, en virtud de la denuncia y el señalamiento realizado por la ciudadana M.A., esposa del ciudadano S.J.H., y por los motivos señalados anteriormente y conforme a las sentencias reiteradas del Tribunal Supremo de Justicia, se considera legitimo el acto de la detención del referido ciudadano. Y ASI SE DECLARA.
Por otra parte, el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, establece:
(…) El aprehensor dentro de las doce horas siguientes a la detención pondrá al aprehendido a la disposición del Ministerio Público, quien… lo presentará ante el Juez de control a quien expondrá como se produjo la aprehensión… solicitará la aplicación del procedimiento ordinario o abreviado (…)
. (Subrayado y negrillas del Tribunal).
Ahora bien, analizada como ha sido la solicitud fiscal, quien pidió la aplicación del procedimiento ordinario, y siendo que el Legislador, confiere tal facultad al titular de la acción penal, de conformidad con los artículos 11 y 373 ambos del Código Orgánico Procesal Penal, y analizados los supuestos en el presente caso, se observa que efectivamente tales hechos deben ser investigados, es por lo que en consecuencia, se acuerda que prosiga la presente causa, por la vía del procedimiento ordinario, a tenor de lo dispuesto en el último aparte del artículo 373 ejusdem, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 13, 280, 282 y 300 ibidem y artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y por ser este procedimiento mas garantista para los Derechos de los imputados, conforme a lo dispuesto en el articulo 125 del Código Orgánico Procesal Penal. Y ASI SE DECLARA.-
Con relación a la precalificación jurídica dada a los hechos por el Fiscal del Ministerio Público, este Tribunal luego de analizar el contenido de la exposición del Representante de la Vindicta Pública y de las actas que cursan en autos, el acta policial de aprehensión, la denuncia interpuesta y las actas de declaración tomadas en la presente causa, la acción ejercida por el imputado, encuadra en el supuesto contenido en el ordinal primero del artículo 406 del Código Penal, referido a HOMICIDIO CALIFICADO, motivo por cual se acoge dicha calificación jurídica.Y ASI SE DECLARA.-
Respecto a la medida de coerción personal, es necesario analizar los supuestos contemplados en el artículo 250 del texto adjetivo penal vigente, el cual establece:
Artículo 250. “...El juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá decretar la privación preventiva de libertad del imputado siempre que se acredite la existencia de:
1- Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita;
2- Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible;
3- Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de la investigación...” (Resaltado del Tribunal).
De la norma antes transcrita se observa:
En el presente caso, nos encontramos en presencia de la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto en el articulo 406 numeral 1 del Código Penal, de igual forma que la acción penal no se encuentra evidentemente prescrita; toda vez que el hecho que dio origen a la presente investigación ocurrió en fecha 30 de enero de 2011, y 27 de junio de 2011, respectivamente.
Existen fundados elementos de convicción que hacen posible estimar la autoría o participación de los imputados en los hechos narrados anteriormente, lo cual surge del contenido de los documentos acreditados por el Ministerio Público, consistentes en los siguientes elementos de convicción:
-Acta Policial de Aprehensión, de fecha 1 de septiembre de 2011, suscrita por funcionarios adscritos a la Guardia Nacional Bolivariana, donde dejan constancia del señalamiento realizado en contra del imputado D.M.R.N., y la aprehensión del mismo, en virtud de haber sido señalado como participe en los homicidios donde perdieran la vida los ciudadanos A.E.N. y S.J.H., ocurridos en fecha 30 de enero de 2011 y 27 de junio de 2011, respectivamente. Cursante al folio 5 y 6 del expediente.
-Acta de entrevista, tomada en fecha 1 de septiembre de 2011, ante la sede del a Guardia Nacional Bolivariana, a la ciudadana M.A., donde realiza el señalamiento en contra del ciudadano Darein M.R.N., por haber participado en los hechos ocurridos en fecha 27 de junio de 2011, donde fuera cometido el Homicidio en contra del ciudadano S.J.H.. Cursante al folio 9 de las actuaciones.
-Acta de entrevista, tomada en fecha 1 de septiembre de 2011, ante la sede del a Guardia Nacional Bolivariana, a la ciudadana Navone Iris, donde realiza el señalamiento en contra del ciudadano Darein M.R.N., por haber participado en los hechos ocurridos en fecha 30 de enero de 2011, donde fuera cometido el Homicidio en contra del ciudadano A.E.N.. Cursante al folio 10 de las actuaciones.
-Denuncia interpuesta ante la sub delegación de Ocumare del Tuy del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, realizada en fecha 30 de enero de 2011, por los hechos donde le fuera causada la muerte al ciudadano A.N., cursante al folio 11 de las actuaciones.
Existe peligro de fuga, circunstancia que este Tribunal estima acreditado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 251 numerales 2 y 3 del texto adjetivo penal; en virtud de la pena que se podría llegar a imponer por el delito cometido, a lo que se le agrega la magnitud del daño causado, como es el delito de Homicidio, que atenta contra el Derecho a la Vida, aunado a lo dispuesto en el parágrafo primero de la disposición legal en referencia cuando señala que “se presume el peligro de fuga en casos de hechos punibles con penas privativas de libertad, cuyo término máxima sea igual o superior a diez años (…).
Existe en consecuencia, proporcionalidad entre la medida de coerción personal que implica Privación Judicial Preventiva de Libertad y el hecho punible presuntamente cometido por imputado de auto, no siendo procedente la imposición de una Medida Sustitutiva de la Privativa de Libertad, solicitada por la defensa, por resultar insuficiente a los fines de garantizar la sujeción del imputado a los actos del proceso. Y ASI SE DECLARA.-
Por tales motivos, lo procedente y ajustado a derecho en el presente caso es decretar la Privación Judicial Preventiva de Libertad del ciudadano: D.M.R.N., en consecuencia, se ordena la inmediata reclusión en el CENTRO PENITENCIARIO REGION CAPITAL DE Y.I. donde permanecerá detenido a la orden de este Juzgado. Y ASI SE DECLARA.-
Por ultimo este Juzgado, vista la estrecha relación que guarda la presente causa signada con el numero MP21P2011005015, seguida al ciudadano D.M.R.N., con la causa numero MP21P2011003714, seguida a D.D., ante el Juzgado Quinto de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, de fecha 28 de junio de 2011, ya que las misma se siguen por el hecho en el cual perdiera la vida el ciudadano S.J.H., y que conforme a lo que establece el articulo 70 numeral 1 del Código Orgánico Procesal Penal, se trata de delitos conexos, y visto que conforme a lo que establece el articulo 72 ejusdem, previno el Juzgado Quinto de Primera Instancia en funciones de Control en el conocimiento de la causa, este Juzgado a los fines de mantener la unidad del proceso, y visto que tal como establece el articulo 71 Ibidem, corresponde la competencia a dicho tribunal, se acuerda declinar la causa, conforme a lo que establece el articulo 77 del Código Orgánico Procesal Penal, a los fines de que sean acumuladas las mismas. Y ASI SE DECLARA.
DISPOSITIVA
Por los razonamientos anteriormente expuestos este TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MIRANDA, EXTENSIÓN VALLES DEL TUY, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Califica como legal la aprehensión de los ciudadanos: D.M.R.N., lo cual legitima el acto de la detención del referido ciudadano. SEGUNDO: Estima el Tribunal que la conducta atribuida al imputados D.M.R.N., se subsume en la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto en el articulo 406 numeral 1 del Código Penal, por lo que se acoge la precalificación jurídica dada a los hechos por el representante del Ministerio Público. TERCERO: Se acuerda que la presente causa se siga por los trámites del procedimiento penal Ordinario, de conformidad con lo previsto en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 13, 280, 282 y 300 eiusdem y artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. CUARTO: En relación con la solicitud de Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, solicitada por la Fiscal del Ministerio Público, este Tribunal observa la concurrencia de los supuestos establecidos en los artículos 250, 251 ordinales 2 y 3, parágrafo primero y 252 todos del Código Orgánico Procesal Penal, toda vez que de la revisión de las actuaciones se evidencia la comisión de un hecho punible que merece pena privativa de libertad, cuya acción penal no se encuentra prescrita; por otra parte existen fundados elementos de convicción para estimar que el ciudadano D.M.R.N., ha sido autor o partícipe de los hechos punibles por los cuales se sigue la presente causa; finalmente existe una presunción razonable de peligro de fuga, determinado por lo elevado de la pena que se les podría llegar a imponer y por la magnitud del daño causado; así como el peligro de obstaculización en consecuencia este Tribunal decreta la medida de PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, al imputado D.M.R.N., en consecuencia se ordena su inmediata reclusión en el CENTRO PENITENCIARIO REGION CAPITAL DE Y.I. QUINTO: Este tribunal se acuerda declinar la presente causa, conforme a lo que establece el articulo 77 del Código Orgánico Procesal Penal, al Juzgado Quinto de Primera Instancia en funciones de Control, de este Circuito Judicial Penal, a los fines de que se procede a acumular la este causa, con la causa numero MP21P2011003714, seguida a D.D., ya que las misma se siguen por el hecho en el cual perdiera la vida el ciudadano S.J.H., y que conforme a lo que establece el articulo 70 numeral 1 del Código Orgánico Procesal Penal, se trata de delitos conexos, y visto que conforme a lo que establece el articulo 72 ejusdem, previno el Juzgado Quinto de Primera Instancia en funciones de Control en el conocimiento de la causa. SEXTO: Se deja constancia que las partes quedaron debidamente notificadas en la audiencia respectiva, de conformidad con el encabezado del artículo 175 del texto adjetivo penal.-
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión.
EL JUEZ TERCERO DE CONTROL
R.S.R.
LA SECRETARIA
YAJAIRA CHOURIO
