Decisión nº PJ04-2010-000586 de Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Coro), de 3 de Agosto de 2010

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL CUARTO DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO FALCON

SENTENCIA DEFINITIVA: CAUSA: IP01-P-2010-000535

Corresponde a este Tribunal de Control, emitir sentencia en la presente causa, seguida contra de las acusadas I.D.S. Y L.J.Q., , a quienes este Tribunal lo sentenció a cumplir la pena de 2 años y 6 meses de prisión por la comisión del delito de Distribución Ilícita de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto en el artículo 31, tercer aparte, de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, todo conforme al procedimiento especial por admisión de los hechos previsto en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, a tal efecto, este Juzgado hace las siguientes consideraciones previas:

I

IDENTIFICACIÓN PLENA DE LA ACUSADA

1. - LILIMAR DEL C.J.Q., titular de la cédula de identidad Nº 22.602.030, venezolana, nacido en Coro, en fecha 28/7/1984, de ocupación comerciante y estudiante, domiciliado en la calle 8 al final de Sabana Larga, frente a la granja, casa de color rosada, con rejas blancas, hija de O.A.C. y M.d.C.Q., teléfono 04120704053 propiedad de B.D..

2. - I.I.D.S., cédula de identidad Nª: 20.978.460, nacida en Coro, en fecha 27/6/1990, de ocupación estudiante, domiciliada en la calle 8 al final de Sabana Larga, frente a la granja, municipio colina del estado Falcón, hija de D.d.J.S.M. e I.A.D.A., teléfono 04128129040, propiedad de su progenitora.

   II

   DE LOS HECHOS OBJETO DEL PROCESO

   En la audiencia oral celebrada por este Juzgado Unipersonal de Control, el Ministerio Público representado por el abogado D.M., en su condición de Fiscal 7º del Ministerio Público, ratificó el contenido de su acusación.

   Los hechos contenidos en ella y por los que las acusadas admitieron los hechos son los siguientes: “El día 2 de marzo de 2010,. Siendo las 3:10 horas de la tarde, se recibió llamada telefónica en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, mediante la cual una persona que se identificó como R.C., informando que al final de la calle 8, en una casa vivienda de color rosada, del sector Sabana Larga del Municipio Colina del estado Falcón, se encontraban dos ciudadanas quienes habitan la misma dedicándose a actividades ilícitas con sustancias prohibidas…se constituye comisión policial integrada por los funcionarios ARGENIS DUNO, AGENTES O.M., D.D., FRANCISCO CHIRINOS, ANDEMAR ACOSTA, ORANGEL MIQUILENA, R.M. y L.D.,…a fines de verificar la información aportada…una vez en el sitio logran avistar a las ciudadanas I.D.S. y L.J.Q.,…la comisión policial solicitó la colaboración de los ciudadanos J.R. y A.R., para que sirviera de testigos del procedimiento y al acercarse a las personas sospechosas estas emprenden veloz huida, introduciéndose en una vivienda que se encontraba con su puerta de acceso abierta, dándoseles la voz de alto, a la cual hicieron caso omiso…y las ciudadana I.I.D.S. y L.J.Q., se introducen en el interior de la vivienda, donde en el interior de una habitación del mismo, ocultan objetos dentro de un aparato de un aparato de aire acondicionado presente en dicho dormitario…al realizar la inspección al interior del cubículo que funge como dormitorio del inmueble en cuestión, sitio en el que se encontraban las ciudadanas imputadas lograron localizar oculto en el interior del aire acondicionado…la cantidad de seis (6) envoltorios…contentivos en su interior de restos vegetales y semillas…resultó ser marihuana con un peso de trece como seis gramos y un envoltorio…CONTENTIVO EN SU INTERIOR DE UNA SUSTANCIA,,,RESULTÓ SER COCAÍNA CLORHIDRATO CON UN PESO DE UNO COMO OCHO GRAMOS y en una de las manos de la ciudadana I.I.D.S., la cantidad de CUARENTA BOLÍVARES…”

   Seguidamente el Representante Fiscal, expuso sucintamente los medios de pruebas en los que soportaba su acusación y los ofreció a los fines de demostrar la culpabilidad de los sindicados, acusándolos formalmente del delito de Distribución Ilícita de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto en el tercer aparte del artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

   Finalmente solicitó la admisión de la acusación y el enjuiciamiento oral y público de la encartada así como el mantenimiento de la medida de privación judicial preventiva de libertad.

   Acto seguido se le impuso al acusado de sus derechos contemplados en el artículo 125 del COPP, y se le informó que su declaración era un instrumento para su defensa por lo que se le impuso del contenido de los artículos 130 y 131 eiusdem, así como del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, manifestó no querer declarar.

   Por su parte, la defensa solicitó se les impusiera del procedimiento especial por admisión de los hechos, dado que el encartado les había informado su voluntad de someterse al referido procedimiento especial.

   Seguidamente el Tribunal previamente a concederle el derecho de palabra al acusado y de imponerlo de las fórmulas alternativas de prosecución del proceso penal y del procedimiento especial por admisión de los hechos, procedió a Admitir con fundamento en los artículos 329 y 330 del COPP, en relación con el artículo 326 eiusdem, la acusación Fiscal en virtud de haber ofrecido fundamentos serios para el enjuiciamiento oral y público de las imputadas I.D.S. Y L.J.Q., en consecuencia se admitieron por útiles, pertinentes y necesarios todos los medios de pruebas promovidos por la Fiscalía en su escrito de acusación.

   Por otra parte, se declaró inadmisible por extemporáneo el escrito de contestación consignado por la defensa de las encartadas por ser presentado fuera de la oportunidad prevista en el artículo 328 del Código Orgánico Procesal Penal.

   Seguidamente el Tribunal una vez que admitió totalmente la acusación Fiscal procedió a imponer al acusado de las medidas alternativas de prosecución del proceso penal, a saber, Principio de Oportunidad, Acuerdos Reparatorios y Suspensión Condicional del Proceso, aún y cuando es claro que dichas medidas no proceden respecto al delito imputado. También se le explicó detalladamente del procedimiento especial por admisión de hechos, previsto en el artículo 376 del COPP, indicándole de manera detallada y clara en que consistía y los beneficios que procuraban tanto a él como al Estado. Se le concedió el derecho de palabra y expusieron de forma individual: “Entiendo los hechos que se me imputan y las consecuencias de los mismos, así como la naturaleza de la admisión de hechos y las consecuencia, por lo que admito plenamente mi responsabilidad en los hechos por los cuales me acusa el Ministerio Público, por el delito de Tráfico Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en la modalidad de Distribución; asimismo solicito que se me imponga pena y se remita la causa al Tribunal de Ejecución”

   III

   HECHOS QUE QUEDAN ACREDITADOS

   Basado en la admisión de los hechos efectuada por el acusado quien asumió plenamente la responsabilidad de los hechos, el Tribunal cumpliendo con su función sentenciadora y los requisitos de la sentencia conforme al contenido del artículo 364.3 del COPP, estima acreditados los hechos que el Ministerio Público planteó como objeto del debate en su escrito de acusación, esto es que:

   Que el día 2 de marzo de 2010,. Siendo las 3:10 horas de la tarde, se recibió llamada telefónica en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, mediante la cual una persona que se identificó como R.C., informando que al final de la calle 8, en una casa vivienda de color rosada, del sector Sabana Larga del Municipio Colina del estado Falcón, se encontraban dos ciudadanas quienes habitan la misma dedicándose a actividades ilícitas con sustancias prohibidas. Se constituye comisión policial integrada por los funcionarios ARGENIS DUNO, AGENTES O.M., D.D., FRANCISCO CHIRINOS, ANDEMAR ACOSTA, ORANGEL MIQUILENA, R.M. y L.D.,a fines de verificar la información aportada, una vez en el sitio logran avistar a las ciudadanas I.D.S. y L.J.Q., la comisión policial solicitó la colaboración de los ciudadanos J.R. y A.R., para que sirviera de testigos del procedimiento y al acercarse a las personas sospechosas estas emprenden veloz huida, introduciéndose en una vivienda que se encontraba con su puerta de acceso abierta, dándoseles la voz de alto, a la cual hicieron caso omiso y las ciudadana I.I.D.S. y L.J.Q., se introducen en el interior de la vivienda, donde en el interior de una habitación del mismo, ocultan objetos dentro de un aparato de un aparato de aire acondicionado presente en dicho dormitorio, al realizar la inspección al interior del cubículo que funge como dormitorio del inmueble en cuestión, sitio en el que se encontraban las ciudadanas imputadas lograron localizar oculto en el interior del aire acondicionado, la cantidad de seis (6) envoltorios contentivos en su interior de restos vegetales y semillas que resultó ser marihuana con un peso de trece como seis gramos y un envoltorio, contentivo en su interior de una sustancia que resultó ser cocaína clorhidrato con un peso de uno como ocho gramos y en una de las manos de la ciudadana I.I.D.S., la cantidad de cuarenta bolívares.

   IV

   FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

   La institución de la admisión de hecho se encuentra contemplada en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal y fundamentalmente es un mecanismo de auto composición procesal tendiente a la conclusión anticipada del procedimiento penal producto del reconocimiento voluntario que el acusado expresa respecto a su participación y culpabilidad en los hechos que el Estado por intermedio del Ministerio Público le imputa. Tal reconocimiento que contribuye a la efectiva tutela de los derechos de las victimas, la ciudadanía en general y del propio Estado conlleva a un conjunto de beneficio, entre los cuales está, la celeridad judicial lo cual comporta además de una pronta Justicia y el ejercicio efectivo del ius puniendi por parte del Estado, igualmente conlleva a una recompensa para el acusado que ha reconocido su culpabilidad y responsabilidad en el delito de manera anticipada, es precisamente, la formula prevista en el artículo 376 del COPP, la admisión de los hechos, que prevé una rebaja especial que va desde 1/3 a 1/2 de la pena que por el delito cometido normalmente se le aplicaría, según sea el caso, a la luz del encabezamiento de dicho artículo y su primer aparte, es decir, tomando en cuenta las circunstancias del caso, el bien jurídico afectado y el daño social causado. Pero, en el caso que los hechos se subsuman en los presupuestos del primer aparte de dicho artículo el juez sólo podrá rebajar 1/3 de la pena.

   Sobre esta novísima Institución -La Admisión de los hechos- el Tribunal Supremo de Justicia se ha pronunciado de manera reiterada y entre las sentencias más recientes encontramos la número 78 del 25 de enero de 2006, expediente 2228 con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta Merchan, (sala Constitucional) igualmente y más reciente en sentencia del 23 de mayo de 2006, sentencia 1106, expediente 1422, expresó lo siguiente:

   “De acuerdo con la norma reseñada, el procedimiento por admisión de los hechos es una de las formas de autocomposición procesal, mediante la cual el legislador creó una manera especial de terminación anticipada del proceso, con prescindencia del juicio oral y público, que, a pesar de no estar incluida dentro de las alternativas a la prosecución del proceso previstas en el Capítulo III, Título I del Libro Primero del Código Orgánico Procesal Penal (como lo son el principio de oportunidad, la suspensión condicional del proceso y los acuerdos reparatorios), cumple la misma función, es decir, pone fin al proceso, toda vez que se trata de una “negociación procesal” que asume voluntariamente el acusado, con el objeto de terminar la causa penal.

   Se trata, además, de un mecanismo establecido en el Texto Penal Adjetivo que le permite al acusado obtener una rebaja de pena, cuando declara en forma anticipada su culpabilidad, lo que trae como consecuencia un ahorro económico para el Estado, en virtud de que se evita la celebración del juicio oral y público, el cual, por su propia naturaleza, contiene una serie de gastos de índole pecuniario. Permite, igualmente, la obtención de una justicia expedita, la cual es originada por la propia voluntad del acusado, al aceptar los hechos que le son atribuidos, estando ello en concordancia con la tutela judicial efectiva establecida en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

   En tal sentido, del análisis del señalado artículo 376 se coligen los requisitos para que proceda la admisión de los hechos, el primero de ellos, es la admisión por parte del juez de control, en la audiencia preliminar, de la acusación presentada por el Ministerio Público, cuando se trate del procedimiento ordinario, o en el caso del procedimiento abreviado -delitos flagrantes-. El segundo de dichos requisitos es la admisión por parte del acusado de los hechos objeto del proceso -los comprendidos dentro de la acusación- y la solicitud de la imposición inmediata de la pena.

   Así pues, respecto a la oportunidad para realizar la admisión de los hechos se debe distinguir del tipo de proceso que se trate, pues en el procedimiento ordinario, regulado por las normas contenidas en el Libro Segundo del Código Orgánico Procesal Penal, el acusado sólo podrá admitir los hechos objeto del proceso en la audiencia preliminar y una vez que el juez de control haya admitido la acusación presentada en su contra por el Ministerio Público; y en el caso del procedimiento abreviado -Título II del Libro Tercero- la admisión de los hechos sólo procederá en la audiencia del juicio oral, una vez presentada la acusación por el Ministerio Público y antes que el juez de juicio unipersonal haya dado inicio al debate.

   Por tanto, no puede el acusado admitir los hechos en otras oportunidades, ya que esa circunstancia sería contradictoria con la naturaleza propia de la intención del legislador procesal penal, que se basó en la figura del “plea guilty”, tomada del derecho anglosajón, que permite la declaración de culpabilidad anticipada, ahorrándole al Estado tiempo y dinero, para invertirlos en otros juicios.

   Así pues, dicha institución procesal está acorde con el derecho de toda persona a obtener una tutela judicial efectiva, pero necesariamente esa posibilidad de ofrecimiento al acusado de culminar anticipadamente el proceso, debe hacerse dentro de los parámetros y exigencias establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal.

   Además, cabe resaltar el procedimiento de admisión de los hechos no es contrario, en la forma como se encuentra contemplada en el Código Orgánico Procesal Penal, al derecho constitucional que tiene el imputado –como parte del debido proceso- de reconocer, en forma voluntaria, su culpabilidad dentro del proceso penal. La institución de la admisión de los hechos, simplemente es una oportunidad que se le ofrece al imputado, con un beneficio para su persona, para que reconozca voluntariamente su responsabilidad del hecho que le es imputado, lo que no quiere decir que, en el caso que no lo haga en ese instante, pueda declarar posteriormente y aceptar su participación o coparticipación del hecho que le es atribuido. Pero en este último caso, su declaración de la aceptación de la culpabilidad no le trae beneficio procesal alguno, por haber precluido la oportunidad para hacerlo, la cual es, el procedimiento ordinario, en la audiencia preliminar, y en el procedimiento abreviado, una vez presentada la acusación y antes de iniciarse el debate oral y público.

   Asimismo, el derecho al debido proceso, y el consecuente derecho a la defensa, en plenitud, no se encuentran mermados por la figura de la admisión de los hechos, toda vez que al imputado que se le ofrece la oportunidad de concluir el proceso de acuerdo con su declaración de reconocimiento, previamente tuvo la oportunidad, durante el iter procesal, ya sea ordinario o abreviado, de alegar todo aquello que lo beneficie y que pueda desvirtuar la imputación fiscal (alegar excepciones de forma y de fondo, ser oído, ofrecer medios de pruebas, interponer recursos ordinarios, ser notificado de los “cargos” por los cuales se le investiga, entre otros mecanismos de defensa)….”

   Hechas previamente las consideraciones de derecho respecto a la Admisión de los Hechos, se observa que las ciudadanas I.D.S. Y L.J.Q., admitieron sus participaciones y responsabilidades en el delito de Distribución Ilícita de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto en el tercer aparte del artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en consecuencia, será a partir de dicho tipo penal que habrá de hacerse el calculo de la pena para aplicarle la rebaja especial por admisión de hechos y finalmente imponerles la pena que deberán cumplir.

   En relación a la pena que se le debe imponer a las acusadas I.D.S. Y L.J.Q. por el delito de Distribución Ilícita de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto en el tercer aparte del artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, establece para ese delito una pena que va desde los 4 años a 6 años de prisión, cuyo término medio en aplicación de la dosimetría penal establecida en el artículo 37 eiusdem, es 5 años de prisión.

   A partir de allí, entonces se aplicaría el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece:

   “El procedimiento por admisión de los hechos procederá en la audiencia preliminar una vez admitida la acusación o ante el tribunal unipersonal de juicio una vez admitida la acusación y ante de la apertura del debate.

   En caso de que el juzgamiento corresponda a un tribunal mixto, el acusado o acusada podrá solicitar el presente procedimiento una vez admitida la acusación y hasta antes de la constitución del tribunal.

   El juez o Jueza deberá informar al acusado o acusada respecto al procedimiento por admisión de los hechos, concediéndole la palabra. El acusado o acusada podrá solicitar la aplicación del presente procedimiento, para lo cual admitirá los hechos objeto del proceso en su totalidad y solicitará al tribunal la imposición inmediata de la pena respectiva.

   (omissis)

   Si se trata de delitos en los cuales haya habido violencia contra las personas, y en los casos de delitos contra el patrimonio público o previstos en la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, cuya pena exceda de ocho años en su límite máximo, el juez sólo podrá rebajar la pena aplicable hasta un tercio.

   De la inteligencia de la norma antes transcrita se evidencian una serie de circunstancias que merecen ser analizadas a los efectos de imponer adecuadamente la pena que el acusado deberá cumplir. Así observamos que el legislador adjetivo penal en la parte in fine del encabezamiento autoriza al juez de la causa a rebajar la pena aplicable desde un tercio a la mitad atendiendo todas las circunstancias, el bien jurídico afectado y el daño social causado, lo que exige independientemente de la rebaja una motivación adecuada al caso en concreto.

   Sin embargo, observamos que el primer aparte trae una excepción a aquella regla y donde se establece que sólo podrá rebajarse la pena en 1/3 en los siguientes casos:

1. - En delitos en los cuales haya habido violencia contra las personas.

2. - En los delitos contra el patrimonio público, y

3. - En los delitos contemplados en la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (hoy Ley Orgánica Contra el Tráfico y el Consumo Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas), cuya pena en su límite superior exceda de 8 años.

   Es claro decir, que a partir de aquellos 5 años de prisión procedería la rebaja que por concepto le corresponde por la admisión de hecho, que en este caso al estar fuera de la excepción contemplada anteriormente, el juez puede aplicar o rebajar la pena a imponer desde un 1/3 a ½, dado que el delito atribuido al encartado no excede en su límite máximo de la pena de 8 años de prisión.

   Así las cosas y ponderando que la acusada le fue incautada una pequeña cantidad de droga.

   Considerando igualmente que aplicar una pena tan elevada no sería el castigo mas justo, claro está, tampoco se debe decir que no se le aplicará una pena, como en efecto se le aplicará, simplemente se trata de que la función del juzgador es buscar un equilibrio dentro del marco legal en relación a los hechos, al delito y las circunstancias de su comisión, así como el daño social causado por el delito y sus consecuencia, en relación a este último, no existe discusión sobre el daño que causa el uso y distribución de las drogas dentro de una sociedad, pero si es preciso ponderar cual es la repercusión, replica y alcance que estos pequeños consumidores o buhoneros de la droga generan dentro de la comunidad y es en este punto donde vale la pena preguntarse si estas personas que por lo general tienen un grado de instrucción muy bajo y un nivel social decadente (como en el presente caso) tienen conocimiento y conciencia sobre el flagelo de la droga o es que simplemente se involucran en la actividad como consecuencia de un efecto social circundante a ellos, como por ejemplo sería el lugar de desarrollo personal y familiar, o como consecuencia de la propia economía del país y la precariedad de conseguir lo indispensable para su subsistencia, no hay duda que por conocimiento general las drogas tienen un uso controlado por el Estado y fuera de aquellos casos permisados por el Estado, existe ilicitud debidamente castigado por la Ley, se repite, sobre esto no hay dudas, el meollo del asunto está en saber si en el caso del pequeño comerciante de la droga, éste tiene realmente conciencia del daño que produce la distribución o colocación de estas sustancias dentro de una comunidad social que por lo general atañe a las más jóvenes, sin dudas es difícil determinarlo en cada caso específico, sin embargo, en el caso concreto estima quien aquí decide que un indicador específico y directo bien puede ser la buena conducta predelictual, ello permite al tribunal además de presumir la falta de conciencia personal que este pueda tener en relación a los efectos y consecuencias del delito, ello también permite rebajar la pena normalmente aplicable a la mitad, justificando de esta forma tal atenuación o rebaja, ello conforme al artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal.

   Conclusión de lo antes expuesto es condenar a las acusadas I.D.S. Y L.J.Q., a cumplir la pena de DOS (2) AÑOS y SEIS (6) MESES de PRISIÓN, por la comisión del delito de Distribución Ilícita de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto en el artículo 31, tercer aparte, de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, todo conforme al procedimiento especial por admisión de los hechos previsto en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Pena. Y así se decide.

   Igualmente se le condena a cumplir las penas accesorias establecidas en el artículo 16 del Código Penal vigente. Y así se decide.

   De conformidad con lo establecido en el artículo 272 del Código Orgánico Procesal Penal, se exime del pago de las costas procesales contempladas en el artículo 267 eiusdem, en virtud del principio de la gratuidad de la justicia consagrado en el artículo 254 de la Constitución Nacional. Y así se decide.

   Se mantienen a la imputada en estado de libertad tal y como venía ello con fundamento al principio de estado de libertad y afirmación de la libertad, en razón a ello no se fija fecha de cumplimiento de pena, correspondiéndole tal señalamiento al Tribunal de Ejecución una vez proceda a ejecutar la sentencia. Y así se decide.

   Se fija como fecha provisional de cumplimiento de pena, sin perjuicio al cómputo definitivo que decrete el Tribunal de Ejecución respectivo, el día 2 de septiembre de 2012. Y así se decide.

   Conforme al artículo 66 de la Ley Especial de Drogas se decreta la confiscación definitiva de la cantidad de 40 bolívares fuertes y se ordena colocarlos a la Orden de la Oficina Nacional Antidrogas. Y así se decide.

   V

   DECISIÓN

   En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, este Tribunal 4º en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Falcón, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley de conformidad con lo establecido en los artículos 367 del Código Orgánico Procesal Penal, en armonía con el artículo 376 eiusdem, resuelve: Primero: CONDENA a DOS (2) AÑOS y SEIS (6) MESES de PRISIÓN, a las ciudadanas I.D.S. Y L.J.Q., por la comisión del delito de Distribución Ilícita de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto en el tercer aparte del artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Segundo: Se le condena a cumplir las penas accesorias establecidas en el artículo 16 del Código Penal vigente. Tercero: De conformidad con lo establecido en el artículo 272 del Código Orgánico Procesal Penal, se exime del pago de las costas procesales contempladas en el artículo 267 eiusdem, en virtud del principio de la gratuidad de la justicia consagrado en el artículo 254 de la Constitución Nacional. Cuarto: Se mantiene la medida de privación judicial preventiva de libertad que pesa sobre las sentenciadas. Quinto: Se fija como fecha provisional de cumplimiento de pena, sin perjuicio al cómputo definitivo que decrete el Tribunal de Ejecución respectivo, el día 2 de septiembre de 2012. Sexto: Conforme al artículo 66 de la Ley Especial de Drogas se decreta la confiscación definitiva de la cantidad de 40 bolívares fuertes y se ordena colocarlos a la Orden de la Oficina Nacional Antidrogas.

   Regístrese, déjese copia, inclúyase en diario. Remítase el expediente al Tribunal de Ejecución, en su oportunidad legal. Ofíciese a la ONA informando sobre la confiscación decretada y la cantidad de dinero que se pone a la orden y disposición de dicho Organismo.

   Dada, firmada y sellada en el Juzgado Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal del estado Falcón. En Coro a los 3 días del mes de agosto de dos mil diez (2010). Años 200° de la Independencia y 151° de la Federación.

   EL JUEZ,

   J.C.P.G.

   LA SECRETARIA,

   CARYSBEL BARRIENTOS

   Resolución Nº PJ04-2010-000586