La inhabilitación es la carta bajo la manga en tiempos electorales

En 2004 el diputado Luis Lippa, siendo gobernador de Apure 2000-2004, entregó a la entidad un centro materno infantil. La inversión se aprobó a través de la Ley de Asignaciones Espaciales y el Fondo Intergubernamental para la Descentralización. Ese mismo año se aprobaron los recursos para la dotación de insumos del lugar. Pese a que Lippa estaba por culminar su período, el dinero quedó aprobado para garantizar la operatividad del lugar con el próximo gobierno regional.13 años después el centro asistencial no fue terminado ni está operativo y Lippa fue inhabilitado por la Contraloría General de la República por ese asunto. El ente señala, según explica Lippa, que hubo algunas observaciones en los procedimiento administrativos en la construcción del centro materno infantil.La sanción contempla una multa Lippa no especificó el monto y una inhabilitación por 13 años. Él aspiraba competir por la candidatura de Apure en las elecciones regionales de octubre. De hecho, el 14 de agosto se inscribió su ante el Consejo Nacional Electoral y fue admitido.Al día siguiente, el CNE le comunicó sobre la inhabilitación impuesta por la Contraloría. ¿Por qué no castigan a quienes tuvieron que haber asumido la responsabilidad de poner a funcionar el materno infantil, si al finalizar mi mandato se dejó el dinero para su operatividad? ¿Dónde quedaron los equipos y los recursos aprobados? La Contraloría debería ser diligente e investigar eso. Pero se esperaron 13 años y el momento más oportuno para sacarme del juego político, manifiesta Lippa.Uno tras otro. La inhabilita ción política es otro mecanismo que ha usado el gobierno para sacar del terreno a la oposición. De abril a agosto de este año han sido 12 los inhabilitados políticos tanto por el Tribunal Supremo de Justicia como la Contraloría General de la República: Los di putados Luis Lippa, Adriana D’Elia y Germán Ferrer. Los gobernadores de Miranda y Amazonas, Henrique Capriles y Liborio Guarrulla, respectivamente, sacados del juego político por 15 años. Los alcaldes Ramón Muchacho, Alfredo Ramos, David Smolansky, Gustavo Marcano, Carlos García Odón además de dictar prisión por 15 meses los inhabilitaron políticamente por el mismo tiempo.El defensor de derechos hu manos de Provea, Inti Rodríguez, explica que cuando una persona es declarada culpable, una de las penas accesorias es la inhabilitación por determinado tiempo: La Contraloría se ha robado esa facultad, violando el derecho al debido proceso y...

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