Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 5 de Junio de 2007

Corresponden las presentes actuaciones al conocimiento de este Juzgado Superior en virtud del recurso de nulidad ejercido por los abogados J.P.B. y J.F.S.S. en su carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil INMOMERCADO, C.A., contra el laudo arbitral de fecha 23 de agosto de 2005 y su aclaratoria del 22 de septiembre de ese año, proferido por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas, respecto al procedimiento arbitral No. CA01-A-2003-00011 instaurado en contra de la hoy recurrente, que declaró la resolución del contrato suscrito entre la sociedad mercantil ut supra mencionada y CADENA DE TIENDAS VENEZOLANAS, CATIVEN, S.A., condenando a la hoy accionante al pago de la cláusula penal estipulada en dicho contrato.

Luego de declarado tempestivo y admisible el recurso por el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y producida la inhibición del juez de dicho tribunal, por auto de fecha 13 de marzo de 2006, este Tribunal le dio entrada al expediente quedando registrado en el libro de control de causas bajo el No. 06-9714 de la nomenclatura de este Juzgado.

En fecha 14 de marzo de 2006, la representación judicial de la recurrente solicitó se declarara improcedente la petición de desistimiento requerida por la apoderada judicial de la sociedad mercantil CADENA DE TIENDAS VENEZOLANAS, CATIVEN, S.A.; ratificó el pedimento de admisión de la demanda, o en su defecto se pronunciará este Tribunal respecto a la aclaratoria formulada contra la decisión de fecha 02 de noviembre de 2005, proferida por el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial; finalmente peticionó una decisión expresa respecto al auto de fecha 06 de febrero de 2006, mediante el cual el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, se abstuvo de emitir pronunciamiento sobre los puntos antes referidos.

Mediante escrito fechado 29 de marzo de 2006, la representación judicial de la parte recurrente solicitó pronunciamiento expreso con relación a la admisión de la reforma del recurso de nulidad, especialmente en lo que respecta a la suspensión de la ejecución del laudo arbitral y la citación de cada promitente, a fin de proseguir con el procedimiento, alegando que dicho recurso fue debidamente admitido conforme a lo previsto en el artículo 43 de la Ley de Arbitraje Comercial.

En fecha 07 de abril de 2006, la abogada DUBRASKA GALARRA PONCE, en su carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil CADENA DE TIENDAS VENEZOLANAS, CATIVEN, S.A., consignó escrito constante de cuatro (04) folios en el cual solicitó se declarara sin lugar el recurso de nulidad ejercido conforme a lo previsto en el artículo 45 de la Ley de Arbitraje Comercial, en razón de que había transcurrido el plazo de diez (10) días de despacho a partir del 17 de noviembre de 2005, para prestar caución sin que la recurrente hubiera cumplido con tal obligación.

Seguidamente, este Juzgado Superior dictó auto decisorio en fecha 11 de abril de 2006 declarando lo siguiente:1) Que con respecto a la admisión o no de la reforma de la demanda el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, negó la admisión de la misma al establecer que los nuevos argumentos esgrimidos en nada incidían con respecto a la admisión, por lo que ratificó la decisión emitida por dicho sentenciador en fecha 02 de noviembre de 2005, mediante el cual admitió el recurso de nulidad y fijó la caución que debía prestar la recurrente a los fines de suspender la ejecución del laudo objeto del presente recurso, por lo que mal podía pretender la recurrente que se emitiera un nuevo pronunciamiento al respecto. 2) En cuanto al desistimiento peticionado por la representación judicial de la sociedad mercantil CADENA DE TIENDAS VENEZOLANAS, CATIVEN, S.A., fue negada por esta alzada, por cuanto el mismo es la separación en forma expresa que hace el actor de la acción o del procedimiento y como no se demostró ello en autos, dicho pedimento fue negado. 3) En lo atinente a la solicitud de que se declarara sin lugar el recurso de nulidad por no consignarse la caución se expresó que el hecho de que la recurrente no haya cumplido con la obligación de la caución, ello de conformidad con lo previsto en el artículo 45 de la Ley de Arbitraje Comercial no produce la inadmisibilidad del recurso, por estar ya admitido antes de fijar el monto de la misma, en este caso, sin pretender el recurrente la suspensión de ejecución del laudo, a reserva de constituir dicha caución, como requisito previo a la sentencia respecto a la nulidad, para que esta no sea declarada indefectiblemente desestimatoria, resultando improcedente la solicitud hecha por la referida apoderada, haciendo factible la sustanciación de dicho recurso y no así la suspensión, razón por la cual se impuso la aplicación de las norma que rigen el procedimiento ordinario conforme a lo previsto en los artículos 516 al 522 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 43, 45 y 46 de la Ley de Arbitraje Comercial, finalmente, por cuanto las partes se encontraban a derecho se fijó el vigésimo (20º ) día de despacho para la presentación de Informes y el lapso correspondiente a las Observaciones.

Dicho auto fue recurrido mediante diligencia fechada 20 de abril de 2006, por la representación judicial de la parte accionante, el cual fue declarado inadmisible mediante de fecha 27 de abril del mismo año.

Luego de todo lo anterior y fijada la oportunidad para que las partes presentaran Informes, los apoderados judiciales de la recurrente consignaron su escrito en fecha 19 de mayo de 2006, en el cual solicitaron: 1) La reposición de la causa al estado de que sea admitida la reforma del recurso de nulidad, todo ello, conforme a lo siguiente: Por cuanto en la sentencia proferida se incurrió en absolución de la instancia al no existir expresa decisión, lo que se desprende -a su decir-, del auto de fecha 23 de noviembre de 2005. 2) Con relación a la caución fijada se alegó que la misma era improcedente al señalar como condición previa que su mandante debía prestar caución a fin de que el fallo no sea desestimatorio, conforme el artículo 45 de la Ley de Arbitraje Comercial. Arguyó el recurrente que en diversas ocasiones ha indicado que el recurso ha sido debidamente sustentado, por lo que mal se puede imponer a su poderdante tal caución, vulnerando de esta manera dicha norma, pues, la misma concede el derecho al recurrente de solicitar o no la suspensión de la ejecución, lo que es potestativo más no obligatorio como se pretende, lo cual se desprende de la reforma del libelo de la demanda, allí, se puede apreciar que se deja plena libertad a la recurrente de solicitar la suspensión de la ejecución del fallo, además desde el momento en que se le dio curso a la demanda cuando se ratificó el auto de admisión respecto a la reforma del libelo y al momento en que solicitó la aclaratoria del auto que recayó sobre la reforma, el tribunal está aceptando que la demanda está sustentada, es por ello, que su mandante no está obligada a prestar caución, por consiguiente el auto de fecha 02 de noviembre de 2005, quedó firme y al no haber sido impugnado no puede ser revocado y en razón de ello el sentenciador debe pronunciarse respecto a la admisibilidad de la reforma de la demanda. 3) En cuanto a la procedencia del recurso, sostuvo que la Ley de Arbitraje Comercial entró en vigencia desde su publicación en la Gaceta Oficial No. 36.430, Extraordinaria de fecha 07 de abril de 1998, es decir, antes de la promulgación de la Constitución del 99, que consagra como un derecho constitucional el debido proceso y el derecho a la defensa, lo que implica que dichos derechos tienen preeminencia respecto a la ley especial, por lo que queda limitado el derecho a la defensa al pretenderse que el recurso ejercido es improcedente por no estar encuadrado dentro de los supuestos previstos en el artículo 44 de la Ley de Arbitraje Comercial, no obstante, que en su artículo 45 establezca que el tribunal superior no debe admitir el recurso de nulidad cuando las causales no se correspondan con las señaladas en dicha ley, tal prohibición –a su decir-, no debe interpretarse de manera restrictiva o limitativa, ya que existen como en el caso de autos circunstancias que acarrean la nulidad del recurso y que no son de las causales previstas en el artículo 44 ut supra mencionado, lo contrario sería vulnerar tanto el derecho a la defensa como el debido proceso aquí señalados y en razón de ello citó criterios del Tribunal Supremo de Justicia que en su entender plasman la posibilidad de plantear el recurso de nulidad previsto en la Ley de Arbitraje Comercial. 4) Asimismo, se produjo la petición de nulidad por vía subsidiaria hecha en la reforma de la demanda, por considerar que fue debidamente fundamentada la procedencia del recurso de nulidad, señalando que la recurrida no valoró los documentos privados identificados en los numerales 6, 7, 8, 10 y 13, promovidos por dicha parte, considerando que no cumplían estos medios probáticos con los requisitos de los artículos 1.363 y 1.368 del Código Civil, siendo dichos documentos suscritos por las partes y al no haber sido impugnados debían tenérseles como reconocidos, lo cual –a su decir-, no ocurrió en el caso de autos, pues ha debido el sentenciador valorar tales medios de pruebas conforme a lo previsto en los artículos 395, 429, 430 y 444 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 4 del Código Civil, motivo este que consideró la accionante como suficientes para denunciar la violación de los artículos 243 y 244 del Código Adjetivo, en concordancia con el artículo 12 eiusdem. 5) Finalmente, citó un extracto del contenido del laudo (f. 31) y expresó que el párrafo contentivo de los razonamientos y declaraciones de interpretación son totalmente contrarias a la verdad procesal, en consecuencia falsos los efectos jurídicos que le atribuyen a dicho recurso los árbitros y colocan a su mandante como si hubiera incumplido con las cláusulas contractuales, razón por la cual carece de objeto el contrato accionado el cual se encuentra viciado de nulidad por los efectos del decreto de afectación del terreno identificado en dicho contrato, es por ello que ha venido insistiendo en la nulidad del laudo como un pedimento accesorio, que no debe declararse con lugar.

Igualmente, los apoderados judiciales de la sociedad mercantil CADENAS VENEZOLANAS CATIVEN, S.A., consignaron escrito de Informes, en el cual solicitaron se declarara la acción ejercida contra el laudo arbitral como sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, o en su defecto su inadmibilidad o improcedencia y se condene en costas a la sociedad mercantil INMOMERCADO, C.A., como consecuencia de la interposición infundada y temeraria del recurso de nulidad, ello en razón de lo siguiente: 1) Que mediante sentencia de fecha 28 de abril de 2006, el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, declaró inadmisible el recurso de nulidad intentado por la sociedad mercantil INMOMERCADO, C.A., contra el laudo arbitral dictado por la Cámara de Comercio de Caracas el 23 de agosto de 2005, cuya aclaratoria fue dictada en fecha 22 de septiembre de ese año, tal y como se evidencia de copia certificada marcada con la letra “A”, de donde puede deducirse que son las mismas partes que con el mismo carácter actúan en el presente asunto judicial, razón por la cual no puede esta Alzada conocer sobre lo analizado y decidido por un tribunal de su misma jerarquía, y en el supuesto negado de que sea considerada la no existencia de cosa juzgada solicitaba se declarara sin lugar el recurso de nulidad de marras, por las razones siguientes: A) Por haber quedado demostrado y confesado en autos por la propia actora, que el recurso de nulidad que encabeza las actuaciones del presente expediente no se encuentra fundamentado en alguna de las causales previstas en el artículo 44 de la Ley de Arbitraje Comercial. B) Que en el laudo arbitral cuya nulidad se solicita, se decidió sobre la materia objeto de controversia entre las partes, como puede constatarse de una simple comparación entre el texto del acta de misión y el laudo arbitral, en ningún momento se dirimió algún asunto distinto al discutido en el proceso y en el dispositivo del referido laudo tampoco se tomó decisión que no hubieran sido acordada por las partes, por lo que el mismo resulta congruente con los alegatos y excepciones propuestas por las mismas partes, sin incurrir en el vicio de ultrapetita. Adicionalmente, señaló que, ni en el contrato, ni en el proceso arbitral las partes acordaron suspender la eficacia y validez de dicho recurso. C) En cuanto al mérito del recurso de nulidad, sostuvo que la accionante había alegado que los árbitros no valoraron algunos medios probáticos aportados por dicha parte, los cuales fueron identificadas con los números 6, 7, 8, 10 y 13, violando de esa manera lo previsto en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, por presuntamente haber suplido excepciones no opuestas ni probadas por las partes, lo que no es cierto, -sostuvo-, por cuanto es materia que atañe al fondo de la controversia arbitral y corresponde su valoración a los árbitros, por lo que mal podría esta Alzada conocer respecto a la legalidad o procedencia de tales valoraciones, razón por cual de conformidad con lo previsto en los artículos 45 y 46 de la Ley de Arbitraje Comercial, en nombre de su representada solicitaron se declarara inadmisible o en su defecto improcedente el recurso de nulidad interpuesto por INMOMERCADO, C.A. D) En cuanto a la improcedencia del recurso por falta de caución, -alegó- que el 02 de diciembre de 2005, el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, admitió el recurso de nulidad interpuesto por INMOMERCADO, C.A., en consecuencia, fijó caución por la cantidad de Bs. 6.450.000,00, cuyo equivalente en dólares es la cantidad de US$ 3.000.000,00, luego, de manera inesperada la actora procedió a reformar el recurso de nulidad modificando su petición únicamente en cuanto a que se acordara la medida, toda vez que ello no pretendía detener la ejecución del laudo arbitral, sino corregir los supuestos y negados vicios que existan en el laudo arbitral, lo que fue desestimado por el referido sentenciador, por considerar que la reforma no era tal, en consecuencia, mediante auto del 17 de noviembre de 2005, se ratificó la decisión del 02 de diciembre de 2005. Ante esta decisión la actora solicitó aclaratoria no con el fin de aclarar sino de retardar el pago de la caución fijada y que estaba obligada dicha parte a cumplir. Que ello conllevó a dicho sentenciador a desestimar la solicitud de aclaratoria y ratificó la obligación de prestar caución que tiene la actora dentro del plazo iniciado el 17 de noviembre de 2005, y para el días 01 de diciembre de 2005 faltando dos (02) días de despacho para que concluyera el plazo para cumplir tal obligación, la accionante sin que mediara causal alguna recusó al juez, también con el fin de retardar el cumplimiento de la consignación de la caución, sin que hasta los momentos lo haya hecho, lo que implica que el recurso impetrado debe ser declarado sin lugar.

En el lapso procesal correspondiente las partes presentaron escrito de Observaciones.

II

SÍNTESIS DE LOS HECHOS

El sub iudice se inició como consecuencia del recurso de nulidad ejercido por los apoderados judiciales de la sociedad mercantil accionada en el procedimiento arbitral, INMOMERCADO, C.A., (anteriormente HIPERMERCADO, C.A.,) el cual aparece interpuesto en fecha 30 de septiembre de 2005, con fundamento en los siguientes alegatos: 1) Que en fecha 23 de agosto de 2005, el Tribunal Arbitral constituido por ante la Cámara de Comercio de Caracas, dictó un laudo arbitral en virtud de la acción que propuso la empresa CADENA DE TIENDAS VENEZOLANAS, CATIVEN, S.A., en contra de su poderdante, declarando la resolución del contrato suscrito entre las partes ante la Notaría pública Octava de Maracaibo, el 19 de septiembre de 2001, bajo el No. 95, Tomo 62 de los libros respectivos, condenando a su mandante al pago de la cláusula penal estipulada en dicho contrato. 2) Alegó que en dicho laudo suscrito el 23 de agosto 2005, por los Árbitros R.A.S. (Presidente del Tribunal), F.H.V., arbitro designado por la parte demandante y L.G.C., arbitro designado por la parte demandada, se cometieron errores a continuación de la firma y publicación del laudo, tales como los siguientes: A) En la firma del laudo correspondiente al árbitro L.G.G., aparece la expresión VOTOSALVANTE, empero, no aparece mención expresa de que este árbitro salvó su voto. B) Aparece por separado el documento contentivo del voto salvado por el árbitro L.G.G., con su sola firma, no suscrito por la totalidad de los árbitros que componen el Tribunal Arbitral debajo de la firma del disidente aparece la mención votosalvante y no aparece fecha de presentación visible. C) Que a continuación del laudo, (f. 849 al 866) aparece por separado, el voto salvado del árbitro L.G.G., asimismo, debajo de la firma del contrario aparece la mención votosalvante, sin que aparezca visible la fecha de presentación, lo que denota que esta última página del voto salvado, contiene once (11) líneas escritas y debajo de las mismas se encuentra la firma del contrario y el resto del folio totalmente en blanco, lo que indica que existe espacio suficiente para la firma de los árbitros restantes. D) Que acto seguido del voto salvado, aparece consignada en el expediente con fecha del 25 de agosto de 2005, copia fotostática contentiva de dos (02) firmas, (f.867) de donde se desprende del mismo texto al último folio el voto salvado, lo que a simple vista denota un tamaño de letra más pequeño que el original de la última página del voto disconforme y en la parte superior del fotostato también aparecen las menciones siguientes en letras y números: “…25/08´05 JUE 15:59 FAX 58 2122760011 MACLEODE DIXON, S.C. 002 FROM: CACC/ICC FAX NO. 2.58 02 5782456 AUG. 25 2005 03:29 PM P2…”, las cuales no aparecen en la última página del voto disidente. E) También aparece consignada el 26 de agosto de 2005, otra copia fotostática aparentemente con las tres (03) firmas de los árbitros y en la parte superior aparecen las mismas menciones del folio 867 con los agregados siguientes: “…ENVIO: PRESIDENCIA; 8-26-5; 10:40 AM; TELCEL CELULAR, C.A.- 5802 5782456; 2…”. F) Igualmente, la parte actora solicitó aclaratoria del fallo, la cual fue publicada por el tribunal arbitral en fecha 19 de septiembre de 2005, declarándola inadmisible y con fecha 21/09/2005 aparecen en copias fotostática las firmas del Árbitro Presidente R.J. ALVINS S., en la parte superior, más abajo a la izquierda puede apreciarse lo que en apariencia es la firma del árbitro L.G.G., luego, a su derecha aparece escrito por medio mecánico la mención siguiente: “… árbitro Francisco Hung”, no apareciendo la firma autógrafa, es decir, que se encuentra en blanco. En la parte superior se pueden apreciar las siguientes menciones: “20/09/05 MAR 14:50 FAX 58 212 2760011 MACLEOD DIXSON, S.C…” . G) Asimismo, puede observarse que aparecen consignadas con fecha 22 de septiembre de 2005 copias fotostáticas contentivas de tres (03) firmas presuntamente de los árbitros en la cual la firma del árbitro L.G.G., no es igual a la del voto salvado. Adicionalmente, se lee lo siguiente: “… ENVIO: PRESIDENCIA 9-21-5 FROM: CACCC/IC FAX NO. 2.58 02 5782456 Sep. 21 2005 02:47 p2…”. 3) Que el voto salvado y la aclaratoria de la sentencia definitiva no cumplen con los extremos de ley, al no estar firmado por todos los jueces y con el agravante, de que se pretendió otorgarle veracidad agregándole dos (02) copias fotostáticas en la forma detallada, ya que las mismas carecen de efecto jurídico y encuadran perfectamente con el forjamiento de firma, cuya acción penal se reservó. Igualmente alegó la violación de los artículos 58 y 59 de la Ley de Arbitraje Comercial, por cuanto el voto salvado como la aclaratoria no fueron suscritas, en el primer caso ni siquiera por dos (02) de los árbitros en el texto original y en el segundo, no existe firma original en el texto de dicha aclaratoria. 4) Asimismo, sostuvo que en el laudo arbitral al momento de valorarse las pruebas de las partes, las copias contentivas de los documentos privados aportadas por esa representación fueron desestimados, sin tomar en cuenta el carácter fidedigno que dichos medios probatorios obtuvieron en el decurso del proceso arbitral al no haber sido impugnados, por lo que en tal decisión no se cumplen los requisitos previstos en los artículos 1.363 y 1.368 del Código Civil y se ha vulnerado el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, incurriendo en el vicio previsto en los artículos 243 y 244 eiusdem, razón por cual consideró la actora que debe declararse la nulidad del laudo arbitral accionado. 5) Arguyó la procedencia del recurso de nulidad contra el referido laudo arbitral, con base a que aun cuando la Ley de Arbitraje Comercial en su artículo 45, dispone que el tribunal superior no debe admitir el recurso de nulidad contra un laudo cuando no se encuentre fundamentado en las causales expresadas en dicha ley, que -a decir de la actora-, no debe interpretarse en forma absoluta o limitativa, por cuanto en los casos como el de autos, existen circunstancias que dan origen a la nulidad y que no fueron enunciadas en el precitado artículo, entonces, lo contrario sería incurrir en violación al debido proceso previsto en el artículo 49 de nuestra Carta Magna.

Este recurso de nulidad quedó admitido en fecha 02 de noviembre de 2005, por el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, quien de conformidad con el artículo 45 de la Ley de Arbitraje Comercial, fijó una caución por la cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs.6.450.000.000,00), para ser consignada dentro de un lapso de diez (10) días de despacho, computados a partir de la constancia en autos de la notificación de la recurrente.

En fecha 14 de noviembre de 2005, los apoderados judiciales de la parte recurrente consignaron escrito contentivo de la reforma del libelo. La admisibilidad de dicha reforma fue negada por dicho juzgado, por cuanto ya se había pronunciado mediante auto de fecha 02 de noviembre de 2005, en consecuencia, se ratificó tal decisión mediante auto fechado 17 de noviembre de ese año. En ese sentido, la recurrente peticionó aclaratoria mediante escrito fechado 18 de noviembre de 2005, la cual el referido juzgado se abstuvo de proveer lo conducente hasta tanto no se diera cumplimiento a la caución ordenada en el auto de fecha 02 de septiembre de 2005 y ratificada el 17 del mismo mes y año, con la advertencia de que el lapso para dar cumplimiento a lo ordenado en el referido auto, específicamente en el particular tercero de la parte dispositiva, había comenzado a transcurrir en la mencionada fecha, por lo que instó a la parte recurrente de abstenerse de hacer pedimentos de la misma índole, a los fines de no entorpecer el curso del procedimiento, todo en acatamiento a lo previsto en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil.

De esta manera quedó concluida la sustanciación del recurso de nulidad incoado en contra del ya señalado laudo arbitral, por lo que se entró en la fase decisoria que ahora nos ocupa.

III

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Estando en la oportunidad para emitir la decisión correspondiente, este Tribunal así lo hace con base a las siguientes consideraciones:

Se defieren las presentes actuaciones al conocimiento de este Juzgado Superior, en razón del recurso de nulidad ejercido por la representación judicial de la sociedad mercantil INMOMERCADO, C.A., en contra del laudo arbitral proferido en fecha 23 de agosto de 2005 y de su aclaratoria dictada el 22 de septiembre del mismo año, en virtud de los vicios de forma atribuido a los jueces que conforman el Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas, en cuanto a la firma y publicación del Laudo Arbitral, señaló lo siguiente:

...PRIMERO: En la firma del laudo correspondiente al árbitro L.G.G., folio 848 aparece la mención VOTO SALVANTE, sin embargo, en el texto del fallo, no se dice o se menciona que este árbitro salvó su voto.

SEGUNDO: A continuación del Laudo, folio 849 al 866, aparece por separado, el documento contentivo del voto salvado por el árbitro L.G.G., con su sola firma, esto es, no está firmado por la totalidad de los árbitros que componen el tribunal arbitral, debajo de la firma del disidente aparece la mención votosalvante y no aparece fecha de presentación visible. Es de anotar, que esta última página del voto salvado, contiene once líneas escritas, debajo de las mismas está la firma del disidente y el resto del folio totalmente en blanco, lo que significa que hay espacio suficiente para la firma del resto de los árbitros.

TERCERO: A continuación del voto salvado, aparece consignado en el expediente en fecha 25 de agosto de 2005, una copia fotostática con dos (02) firmas, folio 867, contentiva dicha copia del mismo texto del último folio voto salvado, este texto a simple vista, en la parte superior del fotostato, aparecen las menciones siguientes en letras y números: “25/08 ´05 JUE 15:59 FAX 58 212 2760011 MACLEOD DIXON, S.C. 002

FROM: CACCC/ICC FAX NO. 2.58 02 5782456 AUG. 25 2005 03:29 PM P2

, estas menciones no aparecen en la última página del voto disidente.

CUARTO: A continuación en el juicio en el folio 868, aparece consignada el 26/08/2005, otra copia fotostática aparentemente con las tres (03) firmas de los árbitros, con el mismo texto que aparece en el folio 867, en la parte superior aparece las mismas menciones del folio 867, con los siguientes agregados: “ENVIO: PRESIDENCIA; 8-26- 5; 10:40 AM; TELCEL CELULAR C.A.-58 02 5782456; 2.

Por otra parte, la actora solicitó aclaratoria del fallo la cual decidida por el tribunal arbitral en fecha 19 de septiembre del 2005, declarándola inadmisible y como observará el ciudadano juez, al folio 905 y con fecha 21/09/2005, aparecen en copia fotostática, las firmas del arbitro Presidente R.J. ALVINS S., en la parte superior, mas abajo y a la izquierda, aparece lo que en apariencia es la firma del árbitro L.G.G. (véase que es distinta a la firma del mismo arbitro en su voto salvado); a su derecha aparece escrito por medio mecánico la mención siguiente: “árbitro francisco Hung”, pero no aparece firma autógrafa, esto es en blanco. En la parte superior de este folio aparecen las siguientes menciones: “20/09/05 MAR 14:50 FAX 58 212 2760011 MACLEOD DIXSON, S.C.”

Obsérvese que en el folio 906, consignado el 22/09/2005 aparecen en copia fotostática tres (03) firmas presuntamente de los árbitros, en la cual la firma del árbitro L.G.G., no es igual a la que aparece en su firma del voto salvado. Aparecen además de las menciones ya anotadas en el folio 905, adicionalmente se lee: ENVIO: PRESIDENCIA 9-21-5 FROM: CACCC/IC FAX NO. 2.58 02 5782456 Sep. 21 2005 02:47 PM P2. …

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En ese sentido, este juzgador determina que los hechos que dan lugar a la interposición del presente recurso de nulidad y que constituyen su thema decidendum, esta referido a los vicios de forma atribuidos al laudo arbitral dictado por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas, en fecha 23 de agosto de 2005, y su aclaratoria, que declaró la resolución del contrato suscrito entre las partes en fecha 19 de septiembre de 2001, por ante la Notaría Pública Octava de Maracaibo, anotado bajo el No. 95, Tomo 62 de los libros respectivos, condenando a la parte recurrente al pago de la cláusula penal establecida en el referido acuerdo.

Señaló la recurrente que el voto salvado y la aclaratoria no cumplieron con los extremos de ley, al no estar firmados por todos los árbitros en violación de los artículos 58 y 59 de la Ley de Arbitraje Comercial, por cuanto el voto salvado como la aclaratoria no fueron suscritas, en el primer caso ni siquiera por dos (02) de los árbitros en el texto original, y en el segundo, no existe firma original en el texto de dicha aclaratoria. Aunado a ello, arguyó que no se valoraron las copias de los documentos privados aportados como prueba por esa representación, menos aún se tomó en cuenta el carácter fidedigno que obtuvieron en el decurso del proceso arbitral al no haber sido impugnados, por lo que en tal decisión no se cumplieron los requisitos previstos en los artículos 1.363 y 1.368 del Código Civil y se ha vulnerado el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, incurriéndose en el vicio previsto en los artículos 243 y 244 eiusdem, razón por cual solicitó sea declarada la nulidad del laudo arbitral accionado. Finalmente, justificó la procedencia de dicho recurso, con base a que aun cuando la Ley de Arbitraje Comercial, en su artículo 45 dispone que el tribunal superior no debe admitir el recurso de nulidad contra un laudo cuando no se encuentre fundamentado en las causales expresadas en dicha ley, no debe interpretarse en forma absoluta o limitativa, por cuanto en los casos como el de autos, existen circunstancias que dan origen a la nulidad y no fueron enunciadas en el precitado artículo, lo contrario sería incurrir en violación al debido proceso previsto en el artículo 49 de nuestra Carta Magna. Luego, en el escrito de Informes presentado, dicha parte solicitó la reposición de la causa al estado de que sea admitida la reforma del recurso impetrado y en consecuencia se prosiguiera la sustanciación por el procedimiento ordinario, declarando la inexistencia o nulidad del laudo arbitral.

Igualmente la compromitente sociedad mercantil CADENA DE TIENDAS VENEZOLANAS, CATIVEN, C.A., solicitó se declarara la existencia de cosa juzgada, en razón de la decisión de inadmisibilidad dictada con respecto al mismo recurso de nulidad interpuesto por ante el Jugado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, o en su defecto la inadmisibilidad o improcedencia del recurso de nulidad ejercido por la sociedad mercantil INMOMERCADO, C.A.

Fijado lo anterior, quien aquí decide pasa a determinar el orden decisorio, con respecto al cual se emitirá pronunciamiento en primer lugar con relación al alegato de cosa juzgada esgrimido por la representación judicial de la sociedad mercantil CADENA DE TIENDAS VENEZOLANAS, CATIVEN, S.A., de no prosperar lo anterior, se dirimirá lo relacionado con la reposición de la causa solicitada por el recurrente al estado de admitir la reforma del recurso ejercido y de negarse tal petición se resolverá con respecto a la procedencia o no del recurso de nulidad impetrado.

En mérito de lo anteriormente expuesto, este Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: