Decisión nº 2011-117 de Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de Caracas, de 20 de Junio de 2011
| Fecha de Resolución | 20 de Junio de 2011 |
| Emisor | Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo |
| Ponente | Marveliys Sevilla Silva |
| Procedimiento | Demanda |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPERIOR NOVENO DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DE LA REGIÓN CAPITAL
Exp. Nº 2008-0887
Se inicia la presente causa, mediante escrito presentado el 03 de noviembre del año 2008 por ante el Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, actuando como Sede Distribuidora de Turno de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de la Región Capital, por la profesional del derecho C.L.R.B., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 23.885, actuando con el carácter de apoderada judicial del INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y HÁBITAT DEL MUNICIPIO SUCRE DEL ESTADO MIRANDA, contra el ciudadano J.J.S.Á., titular de la cédula de identidad N° 5.925.060 y la sociedad mercantil SEGUROS ALTAMIRA, C.A., constituida según documento originalmente inscrito en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el N° 80, Tomo 43-A Pro, en fecha 02 de noviembre de 1992, posteriormente trasladada al Registro Mercantil Cuarto de la misma Circunscripción Judicial, quedando anotado con el mismo número, tomo y fecha; contentiva de la ahora demanda de contenido patrimonial por cumplimiento del contrato de fianza de anticipo N° 075-FA-4092 y el contrato de fianza de fiel cumplimiento N° 075-FC-4093; así como el cumplimiento de la Resolución del contrato para la ejecución de obra signado con el N° SUVI-A06-007.
En fecha 04 de noviembre del año 2008, el Distribuidor de Turno ut supra mencionado procedió a la distribución de causas, correspondiendo el conocimiento de la presente, a este Tribunal quien la recibió el 05 del mismo mes y año, acordando su entrada y registro en los Libros respectivos, quedando signada bajo el número de expediente 2008-0887.
En fecha 06 de noviembre de 2008, fue consignado mediante diligencia realizada por la apoderada judicial del ente demandante, los anexos del respectivo libelo, con el fin de que se admita la presente causa y se cite a la parte demandada.
En fecha 12 de noviembre de 2008, fue dictado auto donde se declara la competencia de este Tribunal para conocer de la presente causa y se admite la misma. Asimismo, en fecha 13 de noviembre de 2008, fue consignado expediente administrativo por parte del ente demandado; así como, en fecha 16 de febrero de 2009, se libraron oficio y boletas de citación de la mencionada admisión.
I
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Vista la designación de la Jueza Marvelys Sevilla por parte de la Comisión Judicial en fecha 10 de diciembre de 2010, como Jueza Provisoria de este Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, la referida Jueza se aboca al conocimiento de la presente causa. En ese orden, conviene acotar que esta Juzgadora comparte el criterio reiterado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 2.637 del 23 de octubre de 2002 (caso: Módulos Habitacionales, C.A.) donde se indicó:
"... el avocamiento (sic) de un nuevo Juez sea ordinario, accidental o especial, al conocimiento de una causa ya iniciada, debe ser notificado a las partes, aunque no lo diga la ley expresamente, para permitirle a éstas, en presencia de alguna de las causales taxativamente establecidas, ejercer la recusación oportuna, y de proceder ésta, con la designación del nuevo juzgador, garantizar a las partes su derecho a ser oídas por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido de acuerdo a la ley, derecho éste comprendido en el concepto más amplio de derecho de defensa, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso. Siendo ello así, la falta de notificación a las partes del avocamiento (sic) de un nuevo Juez al conocimiento de una causa en curso, podría constituir una violación de la garantía constitucional del derecho de defensa; no obstante, considera esta Sala que, para configurarse tal violación, es necesario que, efectivamente, el nuevo Juez se encuentre incurso en alguno de los supuestos contenidos en alguna de las causales de recusación taxativamente establecidas, porque, de no ser así, el recurso ejercido resultaría inútil y la situación procesal permanecería siendo la misma”. (Destacado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia).
De lo anteriormente transcrito se colige, que si bien el abocamiento de un nuevo juez debe ser notificado a las partes, pues su omisión podría lesionar la garantía constitucional del debido proceso, para que tal lesión se configure es necesario que efectivamente el nuevo juez se encuentre incurso en alguno de los supuestos contenidos en alguna de las causales de recusación taxativamente establecidas; y visto que para el presente caso observa esta Juzgadora que no se encuentra incursa en ninguna de las causales de recusación previstas en la ley, no considera necesaria la notificación a las partes de su respectivo abocamiento.
Ahora bien, corresponde a este Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo pronunciarse sobre la paralización de la presente causa, ya que desde el 16 de febrero de 2009, fecha en la cual fue librado boletas de citación y oficio de notificación al Síndico Procuradora del Municipio Sucre del Estado Bolivariano de Miranda, hasta la presente fecha, no se han efectuado actuaciones en el presente proceso.
En tal sentido, debe este Órgano Jurisdiccional traer a colación lo establecido en el artículo 41 de la novísima Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.447 de fecha 16 de junio de 2010, reimpresa por error material del ente emisor, en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.451 del 22 de junio de 2010; aplicable en este sentido, de conformidad con el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el cual establece “(…) Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento misma de entrar en vigencia, aún en los procesos que se hallaren en curso (…)”, en concordancia con la Disposición Final Única de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil. En el referido artículo 41, se establece:
Artículo 41. Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente le corresponda al Juez o Jueza, tal como la admisión de la demanda, la fijación de la audiencia y la admisión de las pruebas
Declarada la perención, podrá interponerse la acción inmediatamente después de la declaratoria
.
(Resaltado de este Órgano Jurisdiccional)
Con relación a este artículo, se observa que la misma regula la institución procesal de la perención, la cual se puede definir como el correctivo legal a la crisis de actividad que supone la detención prolongada del proceso (Vid. HENRIQUEZ LA ROCHE, Ricardo. “Comentarios al Código de Procedimiento Civil” Tomo 2. Editorial Centros de Estudios Jurídicos de Venezuela. Caracas, 2009, p. 318); la cual va dirigida a evitar la prolongación indefinida en el tiempo de los procesos judiciales por omisión de impuso de las partes interesadas en la consecución final del mismo.
En tal sentido, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 00853 del 29 de septiembre de 2010, estableció:
(…) Advertido lo anterior, resulta necesario señalar que la perención de la instancia constituye un mecanismo anómalo de terminación del proceso, en el sentido de que el pronunciamiento proferido por el operador de justicia que declare la perención no produce cosa juzgada material, pudiendo el accionante interponer nuevamente la acción en similares términos como fue propuesta anteriormente, siempre que se encuentre dentro del lapso legal establecido a tales fines.
Este instituto procesal se constituye, así, en un mecanismo de ley diseñado con el propósito de evitar que los procesos se perpetúen y los órganos de administración de justicia deban procurar la composición de causas en las cuales no existe interés de los sujetos procesales. (…)
(Resaltado de este Órgano Jurisdiccional)
Ahora bien, de acuerdo a lo mencionado anteriormente, resulta necesario para esta Sentenciadora, verificar si para la presente causa se han cumplido con los extremos legales pertinentes, para que opere la perención.
A tal efecto, se observa que en fecha 12 de noviembre de 2008, dentro del lapso procesal legalmente establecido, se dictó auto donde este Órgano Jurisdiccional resolvió: i) Declarar su competencia para conocer de la presente demanda de contenido patrimonial; ii) Admitir la acción; iii) Ordenar practicar la citación de la admisión al ciudadano J.J.S.Á., titular de la cédula de identidad N° 5.925.060 y a la sociedad mercantil Seguros Altamira, C.A., constituida según documento originalmente inscrito en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el N° 80, tomo 43-A-Pro, en fecha 02 de noviembre de 1992, posteriormente trasladada al Registro Mercantil Cuarto de la misma Circunscripción Judicial, quedando anotado con el mismo número, tomo y fecha; y iv) Ordenar la apertura de un cuaderno separado para la sustanciación y pronunciamiento de la medida cautelar solicitada.
Asimismo, en fecha 16 de febrero de 2009 se libraron boletas de citación a las partes demandadas en la presente demanda de contenido patrimonial, así como se libró oficio N° TS9°CARCSC2009/262; dirigido al Síndico Procurador del Municipio Sucre del Estado Bolivariano de Miranda, tal como se desprende de los folios treinta y cuatro (34) al treinta y seis (36) del presente expediente judicial.
En consecuencia, visto que la presente causa se encontraba paralizada desde el 16 de febrero de 2009, sin que hasta la fecha, la parte actora haya impulsado la citación del ciudadano J.J.S.Á. y de la sociedad mercantil Seguros Altamira, C.A., antes identificados, así como la notificación de la admisión dirigida al Síndico Procurador del Municipio Sucre del Estado Bolivariano de Miranda; se hace imperioso para este Tribunal Superior declarar consumada la perención de la causa por la inactividad de la parte y en consecuencia extinguida la instancia en este proceso, de conformidad con el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
IV
DECISIÓN
Por las razones expuestas, este Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:
-
- CONSUMADA DE PLENO DERECHO LA PERENCIÓN; y en consecuencia EXTINGUIDA LA INSTANCIA en la presente demanda de contenido patrimonial interpuesta por la profesional del derecho C.L.R.B., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 23.885, actuando con el carácter de apoderada judicial del INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y HÁBITAT DEL MUNICIPIO SUCRE DEL ESTADO MIRANDA, contra el ciudadano J.J.S.Á., titular de la cédula de identidad N° 5.925.060 y la sociedad mercantil SEGUROS ALTAMIRA, C.A., constituida según documento originalmente inscrito en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el N° 80, Tomo 43-A Pro, en fecha 02 de noviembre de 1992, posteriormente trasladada al Registro Mercantil Cuarto de la misma Circunscripción Judicial, quedando anotado con el mismo número, tomo y fecha, por cumplimiento del contrato de fianza de anticipo N° 075-FA-4092 y el contrato de fianza de fiel cumplimiento N° 075-FC-4093; así como el cumplimiento de la Resolución del contrato para la ejecución de obra signado con el N° SUVI-A06-007.
Publíquese y regístrese. Notifíquese a la parte recurrente de conformidad con la parte in fine del artículo 251 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en el Despacho del Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital con Sede en Caracas, a los 20 días del mes de junio del año 2011. Años 201° de la Independencia y 152° de la Federación.-
LA JUEZA PROVISORIA,
LA SECRETARIA,
MARVELYS SEVILLA SILVA
R.P.
En misma fecha, siendo las _____________________________________, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº ___________.-
LA SECRETARIA,
R.P.
Exp. N° 2008-0887
