Decisión de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 29 de Septiembre de 2010
| Fecha de Resolución | 29 de Septiembre de 2010 |
| Emisor | Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito |
| Ponente | Eder Jesús Solarte |
| Procedimiento | Cobro De Bolívares |
Exp. Nº 6460.
Interlocutoria c/c Definitiva/Demanda Mercantil
Cobro de Bolívares/Recurso.
Decaimiento/”F”
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
EL JUZGADO SUPERIOR QUINTO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS.
-
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES.
PARTE ACTORA: INSTITUTO NACIONAL DE NUTRICIÓN, instituto autónomo domiciliado en Caracas, adscrito al Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, creado por la Ley del Instituto Nacional de Nutrición, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela del 12 de septiembre de 1968, bajo el Nº 28727.
APODERADAS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: L.W.R., H.N.D.M. y M.P.E., abogadas en ejercicio, de este domicilio e inscritas en el Inpreabogado bajo los Nos. 4.032, 4.577 y 5.683, respectivamente.
PARTE DEMANDADA: BANCO PROVINCIAL, S.A.I.C.A., S.A.C.A., sociedad mercantil de este domicilio, originalmente inscrita ante el Registro de Comercio llevado por el entonces Juzgado de Primera Instancia en lo Mercantil del Distrito Federal, el día 30 de septiembre de 1952, anotado bajo el Nº 488, Tomo 2-B., y cuyos estatutos modificados están contenidos en un solo texto, según asiento inscrito por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el 29 de abril de 1987, bajo el Nº 65, Tomo 27-A-Pro.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: C.E.G., C.V. MORIN LORETO, O.B.S., Z.U. y J.R.G., abogados en ejercicio, de este domicilio e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 1.024, 659, 9.367, 15.558 y 5.678, respectivamente.
MOTIVO: COBRO DE BOLÍVARES (Decaimiento).
II
Corresponden las presentes actuaciones al conocimiento de esta alzada en razón de la apelación interpuesta en fecha 16 de noviembre de 1993, por la abogada L.W.R., en su carácter de apoderada judicial de la parte actora, contra la decisión dictada el 12 de abril de 1993, por el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, que declaró sin lugar la demanda de cobro de bolívares, intentada por el Instituto Nacional de Nutrición, contra el Banco Provincial, S.A.I.C.A., S.A.C.A.
Cumplida la distribución, en fecha 08 de febrero de 1994, se dio por recibida, entrada y fijó oportunidad para que las partes presentasen informes.
En fecha 10 de marzo de 1994, los abogados O.B.S. y Z.U.C., en su carácter de apoderados judiciales de la parte demandada, consignaron escrito de informes. En esa misma fecha, la abogada L.W.R., en su carácter de apoderada judicial de la parte actora, consignó escrito de informes.
En fecha 11 de marzo de 1994, se acordaron agregar a los autos escritos de informes presentados por las partes.
En fecha 22 de marzo de 1994, los abogados O.B.S. y Z.U.C., en su carácter de apoderados judiciales de la parte demandada, consignaron escrito de observaciones. En esa misma fecha, la abogada L.W.R., en su carácter de apoderada judicial de la parte actora, consignó escrito de observaciones.
En fecha 23 de marzo de 1994, se acordó agregar a los autos escritos de observaciones presentados por las partes y se fijó oportunidad para dictar sentencia.
En fecha 31 de mayo de 1994, se difirió la oportunidad para dictar sentencia, conforme lo estatuido por el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, en razón de la entrada en vigencia del nuevo Código de Procedimiento Civil.
III
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Planteados los hechos y luego de haberse efectuado el estudio pormenorizado de las actas que conforman el presente expediente, el tribunal observa:
-
) La causa se encuentra paralizada en estado de sentencia desde el día 31 de mayo de 1994, sin actividad procesal de las partes, ni del tribunal;
-
) La pretensión trata de una acción personal por cobro de bolívares planteada por el Instituto Nacional de Nutrición, contra el Banco Provincial, S.A.I.C.A., S.A.C.A.
En razón de la dilación procesal en este juicio, el tribunal observa, que el derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se materializa mediante el ejercicio de la acción con la demanda. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual ostentado por el solicitante que le permite elevar la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca, pudiendo ser abstracto para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal es entendido como simple requisito o circunstancia de un acto procesal, cuya carencia imposibilita el examen de la pretensión. Al respecto señaló la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, bajo ponencia del Magistrado Marcos Tulio Dugarte Padrón, en sentencia de fecha 25 de marzo de 2008, Exp. Nº 05-1998, que:
… respecto a la pérdida de interés procesal, esta Sala mediante fallo Nº 2673/2001 (caso: “DHL Fletes Aéreos”), señaló lo siguiente:
… En tal sentido, tomando en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, la Sala consideró que la inactividad que denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiración en que se le sentencie, surgía en dos oportunidades procesales:
a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.
b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido …
.
En resumen, se aprecia que esta Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: i) antes de la admisión de la demanda o; ii) después de que la causa ha entrado en estado de sentencia, si rebasa los términos de prescripción del derecho objetivo. Negrita, subrayado y cursiva de este tribunal.
En línea con lo expuesto señaló el maestro i.P.C., en su obra “Instituciones de Derecho Procesal Civil” (Volumen I, La Acción, p. 269, Ediciones Jurídica E.A., Buenos Aires, 1973):
El interés procesal en obrar y contradecir surge precisamente cuando se verifica en concreto aquella circunstancia que hace considerar que la satisfacción del interés sustancial tutelado por el derecho, no puede ser ya conseguido sin recurrir a la autoridad judicial: o sea, cuando se verifica en concreto la circunstancia que hace indispensable poner en práctica la garantía jurisdiccional.
Del precedente jurisprudencial y de la doctrina citada se colige que el interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación jurídica real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y evitar un daño injusto, personal o colectivo. En razón de ello ha de manifestarse de la demanda, solicitud o recurso y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal conlleva al decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, constatada esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para poner en movimiento a la jurisdicción si la acción no existe. En el presente caso, aprecia este jurisdicente que ha transcurrido un lapso de dieciséis (16) años y cuatro (04) meses, desde que se difirió la oportunidad para dictar sentencia, esto fue el 31 de mayo de 1994, sin que las partes instaran el abocamiento de quien suscribe, en su carácter de Juez de este despacho, al conocimiento de la causa. Asimismo, se constata que las partes no instaron para que el pronunciamiento ocurriese, pues desde que se difirió la oportunidad para dictar sentencia, no se realizó acto alguno en el proceso que demostrara interés en la decisión del mismo, lo que denota una absoluta ausencia de actividad procesal durante el período señalado.
De acuerdo con lo expuesto, y visto que la pérdida del interés procesal se produjo en la etapa de sentencia, rebasando el término de prescripción del derecho subjetivo a tenor de las previsiones del artículo 1977 del Código Civil, resulta forzoso para este tribunal declarar la PÉRDIDA DEL INTERÉS EN PROSEGUIR CON EL RECURSO, y por ende, TERMINADO EL PROCEDIMIENTO en segunda instancia. Así se decide.
IV
DISPOSITIVO DEL FALLO
En mérito de lo antes expuesto, este Tribunal Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara:
LA PÉRDIDA DEL INTERÉS PROCESAL EN CONTINUAR CON EL RECURSO.
TERMINADO EL PROCEDIMIENTO EN SEGUNDA INSTANCIA, en la demanda de cobro de bolívares que siguió el Instituto Nacional de Nutrición, adscrito al Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, creado por la Ley del Instituto Nacional de Nutrición, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela del 12 de septiembre de 1968, bajo el Nº 28727; contra el Banco Provincial, S.A.I.C.A., S.A.C.A., originalmente inscrita ante el Registro de Comercio llevado por el entonces Juzgado de Primera Instancia en lo Mercantil del Distrito Federal, el día 30 de septiembre de 1952, anotado bajo el Nº 488, Tomo 2-B., y cuyos estatutos modificados están contenidos en un solo texto, según asiento inscrito por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el 29 de abril de 1987, bajo el Nº 65, Tomo 27-A-Pro. En consecuencia, se desecha el recurso de apelación ejercido en fecha 16 de noviembre de 1993, por la abogada L.W.R., en su carácter de apoderada judicial de la parte actora, contra la decisión dictada el 12 de abril de 1993, por el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, que declaró sin lugar la demanda de cobro de bolívares, intentada por el Instituto Nacional de Nutrición, contra el Banco Provincial, S.A.I.C.A., S.A.C.A.
Consecuente con lo decidido se declara firme la decisión apelada.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE, NOTIFIQUESE, DÉJESE COPIA y DEVUÉLVASE en su oportunidad.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial el Área Metropolitana de Caracas, a los veintinueve (29) días del mes de septiembre del año dos mil diez (2010). Años 200° de la Independencia y 151° de la Federación.
EL JUEZ,
LA SECRETARIA,
E.J.S.M.
ABG. E.J. TORREALBA C.
Exp. Nº 6460.
Interlocutoria c/c Definitiva/Cobro de Bolívares.
Materia: Mercantil.
Decaimiento/”F”.
EJSM/EJTC/carg
En esta misma fecha se publicó y registró la anterior decisión, siendo las doce y diez minutos post meridiem (12:10 P.M.). Conste,
LA SECRETARIA,
ABG. E.J. TORREALBA C.
