Decisión de Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de Bolivar, de 30 de Mayo de 2011

Fecha de Resolución30 de Mayo de 2011
EmisorJuzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito
PonenteBetti Ovalles Lobo
ProcedimientoMedida Cautelar

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar

ASUNTO PRINCIPAL: FP11-N-2011-000001

ASUNTO: FE11-X-2011-000031

En la medida cautelar de suspensión de los efectos propuesta en el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad incoado por el INSTITUTO DE S.P.D.E.B., representado judicialmente por las abogadas P.D. y Lisetere Acenso, Inpreabogado Nros. 126.922 y 126.923 respectivamente, contra la P.A. Nº 2010-06-0031, dictada el ocho (08) de marzo de 2010 por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE CIUDAD BOLÍVAR, ESTADO BOLÍVAR, mediante la cual se le impuso multa al Instituto recurrente por la cantidad de Bs. 1.758,60; se procede a dictar sentencia con la siguiente motivación.

ANTECEDENTES

Mediante demanda presentada en fecha cinco (05) de noviembre de 2010, por ante el Juzgado Primero del Municipio Caroní del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, la parte recurrente fundamentó su pretensión contra la P.A. Nº 2010-06-0031, de fecha ocho (08) de marzo de 2010, emanada de la Inspectoría del Trabajo de Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, mediante la cual se le impuso multa al Instituto recurrente por la cantidad de Bs. 1.758,60, se recibió el presente asunto ante este Juzgado el diez (10) de enero de 2011 y se admitió a trámite el recurso mediante sentencia dictada el trece (13) de enero de 2011 ordenando abrir cuaderno separado para resolver la medida cautelar de suspensión de los efectos del acto impugnado interpuesta por la parte recurrente.

  1. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN

    Observa este Juzgado que en el caso analizado la representación judicial del Instituto de S.P. delE.B. solicitó medida de suspensión provisional de los efectos de la providencia administrativa Nº 2010-06-0031 dictada el ocho (08) de marzo de 2010, emanada de la Inspectoría del Trabajo de Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, mediante la cual se le impuso multa al Instituto recurrente por la cantidad de Bs. 1.758,60; con la siguiente fundamentación:

    Solicito en forma subsidiaria a este Tribunal Contencioso Administrativo que el presente Recurso de Nulidad con fundamento en el Art. 19 Ord 10 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en su Art. 21 Ord 21º, se suspendan los efectos de la P.A. Nº 2010-06-0031, emitida por el Inspector del Trabajo de Ciudad Bolívar, signado con el Expediente Nº 018-2009-06-00502, es importante destacar que el Instituto de S.P. delE.B., es un Organismo Público regulado por la disposición contemplada en el Art. 47 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que se maneja con un presupuesto de personal que previamente debe ser aprobado, lo cual generaría un gravamen irreparable y ocasionaría erogaciones significativas para nuestro poderdante con la cual no cuenta disponible por razones presupuestarias

    .

    A los fines de proveer la medida de suspensión de los efectos incoada por la representación judicial de la parte recurrente, este Juzgado observa que el artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa dispone que a petición de parte, en cualquier estado y grado del procedimiento, el tribunal podrá acordar las medidas cautelares que estime pertinentes para resguardar la apariencia del buen derecho y garantizar las resultas del juicio, ponderando los intereses públicos generales y colectivos concretizados y ciertas gravedades en juego, siempre que dichas medidas no prejuzgen sobre la decisión definitiva.

    De esta manera, la medida de suspensión de los efectos de los actos administrativos particulares, procede ante la concurrencia de determinados requisitos, esto es, que haya una presunción grave del buen derecho del recurrente (fumus boni iuris); y, adicionalmente, que la medida sea necesaria para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación, o evitar el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora), en consecuencia para determinar si se encuentran cumplidos los requisitos necesarios para el otorgamiento de la medida cautelar solicitada se hace necesario el análisis de la motivación de la providencia administrativa recurrida, la cual es del siguiente tenor:

    PRIMERO: Que se inicio el presente procedimiento mediante propuesta de sanción de fecha 23 de Noviembre de 2009 (folios 01 y 02), por ante este Despacho por el Abogado J.F. ZARATE CERVANTES, Venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No. 15.522.516, actuando en su carácter de INSPECTOR JEFE DE LA INSPECTORIA DEL TRABAJO DE CIUDAD BOLIVAR, ESTADO BOLIVAR, en virtud de que el 28 de Agosto del 2009, el INSTITUTO DE S.P.D.E.B., no cumplió con la orden de Ejecución Forzosa para el PROCEDIMIENTO DE REENGANCHE Y PAGO DE SALARIOS CAÍDOS, incoado por la ciudadana JALISMAR DEL C.R.V., titular de la Cédula de Identidad No. 12.192.574, que dio lugar a la providencia administrativa No. 2009-00123 de fecha 10/08/2009 relacionado con el expediente Nº 018-2008-01-00376, por lo que solicitó la sanción de conformidad con lo previsto en el artículo 639 de la Ley Orgánica del Trabajo.

    SEGUNDO: DE LAS PRUEBAS: Que estando a derecho el INSTITUTO DE SALUB (sic) PUBLICA DEL ESTADO BOLIVAR, compareció y formuló los alegatos pertinentes (folios 26 al 27), admitido por auto de fecha 07 de Diciembre de 2009 (folio 28); y en fecha 17 de Diciembre de 2009 (folio 29), el mencionado Organismo consigno escrito de pruebas al folio 29, admitido en fecha 17 de Diciembre del 2009 (folio 36), el cual se señala y analiza a continuación:

    DE LAS DOCUMENTALES:

    1.- Marcada con la letra “A” Cartel de notificación de fecha 07-10-2009 emitida por la INSPECTORIA DEL TRABAJO DE CIUDAD BOLIVAR.

    2.- Marcado con la letra “B”, Cartel de notificación de fecha 24-11-2009, emitida por la INSPECTORIA DEL TRABAJO DE CIUDAD BOLIVAR.

    3.- Marcado con la letra “C”, Copia simple de memorándum ISPEB-DRH-DGC Nº 0334-09 de fecha 01-09-2009.

    4.- Marcado con la letra “D”, Copia certificada del memorándum ISPEB No. 134 de fecha 04-11-2009 emitido por la DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO DEL INSTITUTO DE S.P.D.E.B..

    Los documentos anteriormente reseñados marcados “A”, “B”, “C” y “D”, se les considera fidedignos, conforme a lo previsto en el artículo 77 de la LEY ORGANICA PROCESAL DEL TRABAO, en concordancia con lo establecido en los artículos 429 y 444 del CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, no obstante, no se les otorga valor probatorio, por cuanto no están relacionados con el presente procedimiento sancionatorio, relacionado con el desacato del INSTITUTO DE S.P.D.E.B. de reincorporar a su puesto de trabajo a la trabajadora YALISMAR DEL C.R.V., en virtud de providencia administrativa de reenganche y pago de salarios caídos dictada popr esta Inspectoría del Trabajo, ello conforme al artículo 510 EJUSDEM. Y ASI SE DECIDE.

    TERCERO: Expuso la representación legal del INSTITUTO DE S.P.D.E.B., en su escrito de alegatos lo siguiente: ‘…DE LOS HECHOS. Si bien es cierto ciudadano Inspector, que la providencia administrativa No. 2009-00123 de fecha 10-08-2009, emitida por la INSPECTORA DEL TRABAJO fue declarada COn LUGAR a favor de la trabajadora, mediante la cual se ordenaba el reenganche y pago de los salarios caídos de la ciudadana anteriormente identificada; no es menos cierto que la referida providencia está viciada de nulidad por ordenar el reenganche de una trabajadora que se encontraba contratada a tiempo determinado y que por ende no estaba amparada por la inamovilidad laboral decretada por el EJECUTIVO NACIONAL…’.

    Ahora bien, Los razonamientos anteriormente expuestos por la representación legal del INSTITUTO DE S.P.D.E.B., de que la providencia administrativa dictada por este Inspectoría del Trabajo bajo el No. 2009-00108 de fecha 17/07/2009, ESTA VICIADA DE NULIDAD POR CUANTO ORDENÓ UN REENGANCHE A UNA TRABAJADORA CONTRATADA A TIEMPO DETERMINADO Y POR ENDE NO AMPARADA POR LA INAMOVILIDAD LABORA (sic) DECRETADA POR EL EJECUTIVO NACIONAL; estima este Juzgador que no aporta valor probatorio alguno al presente caso, debido a que la representación patronal en sus alegatos, lo esgrime como justificación al incumplimiento de la orden de reincorporación de la trabajadora JALISMAR DEL C.R.V., situación que nos lleva a determinar que si bien es cierto que opera el recurso de nulidad contra la providencia administrativa, tal ejercicio no constituye una excusa en derecho para dejar de cumplir la orden emanada de la autoridad administrativa competente, máxime si consideramos que hay aceptación al hecho de haber desacatado la orden dada por el INSPECTOR DEL TRABAJO, que tiene como consecuencia el procedimiento de multa previsto en el artículo 647 de la LOT, y por consiguiente hace INFRACTOR al INSTITUTO DE S.P.D.E.B., de la normativa antes señalada.

    Los argumentos antes expuestos no logran desestimar el hecho cierto que el propio INSTITUTO reconoce, su desacato a cumplir con la orden emanada de esta Inspectoría del Trabajo en fecha 28 de Agosto de 2009, mediante providencia administrativa No. 2009-00123, de fecha 10-08-2009, justificando tal desacato por considerar que dicha providencia esta viciada de nulidad por cuanto ordena el reenganche de una trabajadora contratada a tiempo determinado.

    A tal efecto, el artículo 625 de la LEY ORGANICA DEL TRABAJO, expresa: ‘Las infracciones a las disposiciones de esta Ley serán objeto de las sanciones penales y civiles a que hubiere lugar. Estas sanciones se impondrán de oficio por parte del funcionario a quien corresponda y podrán ser denunciadas por cualquier persona. Y el artículo 639 ejusdem, establece: ‘Al patrono que desacate la orden de reenganche definitivamente firme de un trabajador amparado con fuero sindical emanada de un funcionario competente, se le impondrá una multa no menor del equivalente a un cuarto (1/4) de salario mínimo, ni mayor del equivalente a dos (02) salarios mínimos’. Y ASI SE DECIDE.

    (…)

    DISPOSITIVA

    En consecuencia, de lo anterior y de conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con el artículo 483 del Código Penal y el artículo 80 de la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativos, se le impone al INSTITUTO DE S.P.D.E.B., INFRACTOR, de la Multa prevista en el artículo 639 de la Ley Orgánica del Trabajo, aplicado en su limite máximo, es decir, el equivalente a dos (2) Salarios Mínimos, tal y como lo establece el artículo 644 de la Ley Orgánica del Trabajo para cuyo cálculo se tomo (sic) como base el salario mínimo mensual vigente en la capital de la República Bolivariana de Venezuela, que según el decreto Nº 6.660, publicado en la Gaceta Oficial Nº 39.151 de fecha Primero (1º) de Abril del 2009, corregido en fecha 03 de abril de 2009, en la GACETA OFICIAL No. 39.153, es de OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE BOLIVARES CON TREINTA CENTIMOS (Bs. 879,30), lo cual arroja como resultado una multa cuantificada en MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON SESENTA CENTIMOS (BS. 1.758,60), por lo que la empresa multada deberá liquidar el valor de la multa en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles, por ante alguna de las Oficinas Recaudadoras de Fondos Nacionales del T.N., y sin que se le conceda término de distancia para ello, por cuanto se encuentran Oficinas Recaudadoras del Banco Industrial de Venezuela en Ciudad Bolívar, Estado Bolívar; de conformidad con lo establecido en los artículos 647 y 651 de la Ley Orgánica del Trabajo. Se le advierte que de no dar cumplimiento a la Reincorporación de la trabajadora JALIMAR DEL C.R.V., en los 02 días hábiles siguientes a la notificación de la misma, se le declarará en rebeldía

    .

    De la citada providencia se desprende que declaró infractora laboral al Instituto de S.P. delE.B. por encontrarla incursa en el supuesto de hecho previsto en el artículo 639 de la Ley Orgánica del Trabajo, al negarse a cumplir la providencia administrativa que le ordenó el reenganche de la trabajadora Jalismar del C.R.V., y le impuso multa equivalente a dos (02) salarios mínimos.

    Ahora bien, observa este Juzgado que el Instituto recurrente no formuló alegato alguno para sustentar la presunción grave del derecho que se reclama, en tal virtud de la lectura de la demanda se aprecia que sustentó el recurso de nulidad en contra del acto sancionatorio en que en dicho procedimiento no fue notificado el Procurador General del Estado Bolívar; que se le aplicó la multa establecida en el artículo 642 de la Ley Orgánica del Trabajo en su límite máximo y adicionalmente que está afectada del vicio de inmotivación.

    Observa este Juzgado que en cuanto al fumus boni iuris o la presunción grave del derecho que se reclama, su verificación consiste en un cálculo preventivo o juicio de probabilidad y verosimilitud sobre la pretensión del demandante, pues bien, de la lectura de la providencia administrativa impugnada mediante la cual la Inspectoría del Trabajo de Ciudad Bolívar, sancionó a la recurrente por no cumplir con la providencia administrativa que le ordenó el reenganche de la trabajadora de conformidad con los artículo 639 y 644 de la Ley Orgánica del Trabajo, considera este Órgano Jurisdiccional que no se encuentra cumplida en esta fase preliminar del proceso la presunción grave del derecho que se reclama, dado que para analizar la procedencia de los vicios en que la recurrente sustentó el recurso contencioso administrativo de nulidad, falso supuesto, omisión de la notificación del Procurador General del Estado Bolívar en los procedimientos administrativos laborales e inmotivación, se requiere una revisión exhaustiva del acto administrativo recurrido y del procedimiento seguido por la Inspectoría del Trabajo, a cuya conclusión sólo se puede llegarse una vez cumplida la fase probatoria del presente proceso, por ende, resulta necesario concluir que no se encuentra cumplida en esta fase preliminar del proceso el aludido requisito. Así se decide.

    Por otra parte, en cuanto al peligro en la demora o presunción grave de que resulte ilusoria la ejecución del fallo, el Instituto recurrente alega que se encuentra cumplido porque maneja un presupuesto de personal que previamente debe ser aprobado, lo cual generaría un gravamen irreparable.

    Observa este Juzgado que ha sido señalado pacíficamente por la doctrina y la jurisprudencia que la constatación del peligro en la demora, no se limita a la mera hipótesis o suposición, sino a la presunción grave del temor al daño por violación o desconocimiento del derecho, en el caso analizado considera este Juzgado que la simple alegación de ser un instituto que se maneja con un presupuesto de personal, no configura esa presunción grave que resulte ilusoria la ejecución del fallo, porque en todo presupuesto debe contemplarse la partida correspondiente a previsiones laborales, sumado que el pago de la multa siempre podrá ser devuelto por la República al Instituto reclamante en caso de resultar procedente su pretensión de nulidad, por ende, no se encuentra cumplida en esta fase preliminar de proceso el peligro en la demora invocado. Así se de decide.

  2. DISPOSITIVA

    En mérito de las consideraciones expuestas, este Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, actuando en nombre de la República, administrando justicia y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la medida de suspensión provisional de los efectos solicitada por el INSTITUTO DE S.P.D.E.B., contra la P.A. Nº 2010-06-0031, dictada el ocho (08) de marzo de 2010 por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE CIUDAD BOLÍVAR, ESTADO BOLÍVAR, mediante la cual se le impuso multa al Instituto recurrente por la cantidad de Bs. 1.758,60.

    Publíquese, regístrese, déjese copia certificada de la presente decisión en el Tribunal. Agréguese copia certificada de la presente decisión a la pieza principal. Cúmplase lo ordenado.

    Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en Puerto Ordaz, a los treinta (30) días del mes de mayo de 2011. Años: 201º de la Independencia y 152º de la Federación.

    LA JUEZA

    BETTI OVALLES LOBO

    LA SECRETARIA

    A.F. FABRIS

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