Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 29 de Marzo de 2007

En sus informes de alzada, la recurrente accionada alegó que la sentencia recurrida incurrió en vicios de incongruencia negativa, falso supuesto, oscurecimiento de prueba, error injudicando, falsa interpretación, errónea aplicación y extrapetita, por cuanto se apartó de todo lo que es y debe ser el procedimiento intimatorio, al confundir en su fallo la naturaleza del procedimiento intimatorio con el procedimiento ordinario y estableció en la narrativa del texto sentencial que tramitada la demanda y verificada la intimación personal, la accionada se opuso al procedimiento, por lo que –a su decir- se torno en un procedimiento ordinario tal y como lo establece la ley. Este hecho es contradicho por la accionante, al argüir que el legislador lo que ordena es que se continúe el juicio especial por los trámites del juicio ordinario, pero respecto a las formas y lapsos de ese procedimiento, pero ello no implica la transformación del procedimiento especial en un procedimiento ordinario, como lo ha entendido la recurrida al apreciar y valorar tanto los hechos como las pruebas aportadas al proceso por la atora, ya que en el proceso especial intimatorio el derecho y la acción se circunscriben al título inyuctivo, siendo que en este caso el único hecho a debatir es la calidad de dicho título, en los términos antes expuestos. En cuanto al vicio de incongruencia negativa, alegó que el sentenciador de la primera instancia habría incurrido en ello, por cuanto afirmó en la narrativa de la sentencia, que el actor consignó originales de las facturas con el escrito libelar, para luego establecer en la motiva de la misma que constaba en autos que las facturas presentadas junto con el libelo si son copias, pero originales, lo que no es entendido por la accionada, ya que –a su decir-, esta afirmación contiene dos conceptos contrapuestos, o es una original copia, en todo caso para que tenga valor probatorio debe ser una copia certificada, que no es una original, sólo que sus efectos se equiparan a la original, lo que evidencia el vicio de incongruencia negativa denunciado, y en ese sentido, debe ser revocada la recurrida. Por otra parte, alegó que incurrió el a quo en un error, cuando confunde los efectos de dos instituciones distintas, como son la impugnación (tacha de documento privado) y el desconocimiento, por cuanto al motivar la sentencia expresa que dichas facturas fueron impugnadas y desconocidas en cuanto a la firma de los aceptantes en la contestación de la demanda, lo que –a su decir-, es falso, por cuanto las facturas fueron impugnada por ser copias y no originales como finalmente lo reconoce dicho sentenciador, y fueron desconocidas en cuanto a la firma, es decir, que fueron atacadas haciendo uso de ambas instituciones. También el a quo omitió tramitar y resolver la impugnación ejercida oportunamente, que al no haber sido atacada por su contraparte dichos documentos deben ser excluidos del proceso, y así fue solicitado sea declarado, por no haber sido resuelta dicha incidencia, todo lo contrario el sentenciador a quo abrió la incidencia solo en razón del desconocimiento, la cual no fue tramitada conforme a derecho, ya que uno de los expertos nombrados, precisamente nombrado por la actora renunció al cargo designado y el tribunal no proveyó la sustitución del mismo, así como tampoco la accionante, para lo cual solicitó el nombramiento de un nuevo experto, por lo que el cotejo no fue legalmente evacuado, lo que fue reconocido por dicho operador de justicia, sin embargo, utilizó en su fallo silogismos impropios para otorgarle valor probatorio a los documentos afectados de impugnación. En lo atinente al desconocimiento, argumentó conclusiones extrañas al proceso vulnerando el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, al dar como cierto el hecho de que quienes aparecen suscribiendo las facturas objeto de la presente acción, fueron aceptadas por empleados de su mandante, cuando lo cierto es que la actora en ningún momento del proceso demostró la relación laboral de quienes firman tales instrumentos, lo que constituye un falso supuesto del sentenciador, en el sentido de que las facturas hayan sido aceptadas en forma correcta por empleados de la empresa, para lo cual debió tomar en cuenta primeramente la identificación de la persona que las firmó, lo cual no ocurrió, luego debió el a quo determinar la relación laboral de esa persona con su mandante. Igualmente, acusó al sentenciador de primera instancia haber incurrido en vicio de incongruencia negativa, por cuanto en la página 12 de la sentencia expresó que de los documentos aportados por la demandada se evidencia la estrecha relación de la franquicia BIKEY SAN IGNACIO, C.A., con la franquicia BURGER KING CORPORATION, según cláusula sexta y décima del documento constitutivo, lo que mal puede ser, ya que dichas franquicias no son parte en este proceso. Arguyó falso supuesto, toda vez que establece que se desprende de la documental marcada con la letra “A” que su representada si aceptó las facturas in comento, bajo el amparo de que en la cláusula segunda del contrato que estipula que la firma de los empleados estampadas en las facturas obligan a la empresa y se constituye personalmente en fiador solidario de las obligaciones asumidas por la empresa, extendiendo los efectos del mismo al calificar de prototipo para todas la tiendas BURGER KING, omitiendo que cada tienda es una persona jurídica distinta de la otra con su propia razón social, patrimonio independiente una de la otra. Asimismo, arguyó que el a quo al momento de apreciar la prueba de correo lo hizo erróneamente, por cuanto las mismas son comunicaciones entre terceros que son ajenos al proceso, en consecuencia, la sociedad mercantil americana BURGER KING CORPORATION, no es sujeto ni activo ni pasivo en la relación procesal debatida. En cuanto al error injudicando, aduce que cuando el sentenciador de primera instancia invoca la costumbre mercantil para fundamentar su criterio, no tomó en cuenta que el procedimiento intimatorio está regido por normas específicas que determinan lo que es y debe ser objeto de prueba, por lo que la única fuente aplicable es la ley, lo que lo diferencia del procedimiento ordinario, y así solicitó sea declarado. También denunció la incorrecta aplicación del artículo 147 del Código de Comercio, ya que dicha norma hace referencia a todo reclamo sobre el contenido de la factura, esto es, cantidad y calidad de los bienes objeto del negocio jurídico y no a la autenticidad o no del instrumento como lo interpretó el a quo, siendo este último el caso que nos ocupa, para lo cual el legislador consagró otra institución como lo es el desconocimiento de la firma o la impugnación, o la tacha de documento privado.

Al respecto, existe reiterada jurisprudencia de nuestro M.T. que establece que el vicio de incongruencia en el fallo se produce cuando los jueces extienden su decisión más allá de los límites de los problemas judiciales que les han sido sometidos a su consideración –incongruencia positiva-, o bien cuando éstos omiten el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos de tales problemas judiciales –incongruencia negativa- caso este último que se da en violación al principio de la exhaustividad procesal, que obliga a los jueces a considerar y decidir sobre todos y cada uno de los alegatos formulados por las partes; entendiéndose como alegatos, cualquier argumentación ó defensa.

Con respecto a este vicio de incongruencia alegado, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión No. 396, de fecha 01 de noviembre de 2002, con ponencia del Magistrado CARLOS OBERTO VÉLEZ, señaló:

...Tiene establecido la jurisprudencia de este M.T., que el vicio de incongruencia del fallo se produce cuando el Juez extiende su decisión mas allá de los límites del problema que le fue sometido a su consideración (incongruencia positiva), o bien cuando omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial (incongruencia negativa).

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Igualmente, dicha Sala de Casación Civil, en decisión No. 24, de fecha 24 de enero de 2002, con ponencia del Magistrado FRANKLIN ARRIECHE GUTIERREZ, expresó:

...El ordinal 5º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil establece los presupuestos para que la sentencia llene el requisito de la congruencia, entendiéndose por tal, como lo afirma H.D.E., el principio normativo que delimita el contenido y alcance de tal instancia, para el efecto de que exista identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones (en sentido general) y excepciones de los litigantes, oportunamente aducidas, a menos que la Ley otorgue facultades especiales para separarse de ellas y que tal principio es una consecuencia lógica de la relación de jurisdicción como derecho y deber del Estado. El derecho de acción y de contradicción no sólo impone al Estado el deber de proveer mediante un proceso en una instancia, sino que al complementarse con el ejercicio de la pretensión y la oposición de excepciones, delimita el alcance y contenido de este procedimiento. La relación de jurisdicción comprende tanto la acción y la contradicción, como la pretensión y la excepción que en ejercicio de estos derechos se formulan al Juez para determinar los fines mediatos y concretos del proceso (Nociones Generales de Derecho Procesal Civil…)

El primer presupuesto es el de que toda sentencia debe contener decisión expresa, positiva y precisa; y el segundo presupuesto prevé que la decisión debe ser con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas.

Según Guasp, la congruencia es la causa jurídica del fallo y Prieto Castro agrega, como otra derivación de la congruencia, el principio de la exhaustividad, esto es, la prohibición de omitir decisión sobre ninguno de los pedimentos formulados por las partes.

La sentencia es congruente cuando se ajusta a las pretensiones de las partes, tanto del actor como del demandado, independientemente de si es acertada o errónea. No se puede apreciar, más ni menos, de las cuestiones controvertidas, ni dejar de resolver algunas. Cuando se deja de examinar la prueba, todos o algunos de sus hechos fundamentales, la sentencia está viciada por omisión de análisis fáctico y cuando se considere innecesario el análisis de algunos elementos probatorios, el juez debe dejar constancia motivada de ello.

De allí que la incongruencia adopta dos modalidades y tres aspectos. Las modalidades son: incongruencia positiva, cuando el juez extiende se decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido, o la incongruencia negativa, cuando el juez omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial, y los aspectos son: a) cuando se otorga más de lo pedido (ultrapetita); b) cuando se otorga algo distinto de lo pedido (extrapetita), y c) cuando se deja de resolver sobre algo pedido u excepcionado (citrapetita)...

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Al respecto, se observa en la sentencia apelada que el juzgador de primera instancia en modo alguno omitió pronunciamiento sobre algún término del problema judicial planteado, siendo que los alegatos esgrimidos por la recurrente accionada al señalar vicio de incongruencia negativa son, ciertamente, alegatos de fondo que como tales deberán ser resueltos, no constituyendo jamás el desacuerdo con lo sentenciado la delación exacta de falta de pronunciamiento.

En consecuencia, forzosamente debe esta superioridad declarar improcedente el vicio de incongruencia negativa de la forma como fue denunciado y, así se decide.

En cuanto al error injudicando denunciado en el sentido de que el sentenciador de primera instancia invocó la costumbre mercantil, ello tampoco constituye vicio de incongruencia suficiente para declarar la nulidad de la sentencia recurrida, por ser asunto de fondo que se resolverá utilizando las fuentes propias del derecho mercantil. Del mismo modo, la denuncia de falsa aplicación e incorrecta interpretación del artículo 147 del Código de Comercio, así como respecto al desacuerdo al modo como las pruebas aportadas al juicio fueron apreciadas y valoradas por dicho sentenciador a quo, todo lo cual constituyen asuntos de fondo.

En tal sentido, esta superioridad declara improcedentes tales alegatos para solicitar la nulidad de la sentencia recurrida y, así se decide.

Afirmó la recurrente accionada, que el juzgador a quo omitió tramitar y resolver la impugnación ejercida oportunamente sobre documentos que la contraparte no insistió en hacer valer, por lo que éstos han debido haber sido excluidos del proceso, más cuando la incidencia por desconocimiento de tales documentos no fue tramitada ni resuelta conforme a derecho, dado que el experto nombrado por la actora renunció al cargo designado y el tribunal no proveyó la sustitución del mismo, lo que llevó a la no evacuación de la experticia grafotécnica del cotejo y, no obstante, en primera instancia su sentenciador utilizó impropiamente silogismos para otorgarle valor probatorio a los documentos afectados de impugnación.

Nuevamente constata quien aquí decide, dada la forma como ha sido argumentada esta petición de nulidad de sentencia, que todo ello concierne a asuntos de fondo que deberán ser resueltos, con los cuales se puede o no estar de acuerdo, pero que en modo alguno afectan de nulidad a la sentencia recurrida. Así pues, ello se declara improcedente y, así se declara.

Despejado lo anterior, pasa esta superioridad a pronunciarse con respecto a la solicitud formulada por la parte demandada al momento de darse por intimada en el juicio así como en los informes, de nulidad del auto de admisión de la demanda de todo lo actuado en el juicio y la reposición de la causa al estado que se admitiera la demanda por los tramites del juicio ordinario y no por la vía intimatoria, al considerar que el instrumento que origina la demanda, es una copia de las facturas otorgadas por la actora, que no fueron aceptadas y reconocidas por la demandada, por lo que no debe tomarse como titulo inyuctivo.

En este orden de ideas, es menester para quien aquí decide a.l.r.d. admisibilidad del procedimiento de intimación, previstos en los artículos 640 y 643 del Código de Procedimiento Civil, que disponen:

Articulo 640: “Cuando la pretensión del demandante persiga el pago de una suma líquida y exigible de dinero o la entrega de cantidad cierta de cosas fungibles o de una cosa mueble determinada, el juez, a solicitud del demandante, decretará la intimación del deudor, para que pague o entregue la cosa dentro de diez días apercibido de ejecución. El demandante podrá optar entre el procedimiento ordinario y el presente procedimiento, pero este no será aplicable cuando el deudor no este presente en la República y no haya dejado apoderado a quien pueda intimarse o si el apoderado que hubiere dejado se negare a representarlo.”

Artículo 643: “El Juez negará la admisión de la demanda por auto razonado, en los casos siguientes:

1. ) Si faltare alguno de los requisitos exigidos en el artículo 640.

2. ) Si no se acompaña con el libelo la prueba escrita del derecho que alega.

3. ) Cuando el derecho que se alega esta subordinado a una contraprestación o condición, a menos que el demandante acompañe un medio de prueba que haga presumir el cumplimiento de la contraprestación o la verificación de la condición.”

De las normas transcritas precedentemente, se desprende claramente que el juez al encontrar llenos los extremos de ley, deberá decretar la intimación del deudor a los fines de que pague o acredite haber pagado las cantidades de dinero demandadas, no obstante si faltare en la demanda alguno de los requisitos señalados, el tribunal declarara su inadmisibilidad.

En el caso bajo estudio, se observa que se demanda por intimación el monto señalado en las facturas consignadas con el libelo de la demanda, en el cual la sociedad mercantil accionante alega hizo entrega de los pedidos de productos alimenticios solicitados, llevando consigo las facturas correspondientes, y las cuales fueron aceptadas como recibidas por la parte demandada. Suma ésta que en los casos de intimación debe estar referida a un derecho de crédito, esto es, la facultad de exigir a una persona determinada prestación. Aunado a ello, tal derecho de crédito debe ser liquido y exigible. Líquido, tal y como lo ha señalado la jurisprudencia, es el monto claro y cierto en cantidad o valor, y que su cuantía está fijada numéricamente antes del cumplimiento, o su monto se conoce o puede llegarse al mismo mediante una simple operación aritmética. En cuanto a la exigibilidad del crédito, ello implica que el pago no esté diferido por un término ni suspendido por condiciones, ni sujeto a otras limitaciones. La liquidez y la exigibilidad del crédito constituyen así, la primera condición de admisibilidad de la demanda y ambos elementos deben existir al momento de proponerse la misma, y en segundo lugar que el crédito no este sujeto a ningún término, ni condición y menos aun a otras limitaciones que impliquen un diferimiento en el pago.

En el sub iudice, se evidencia que se demanda la ejecución o el pago de diez (10) facturas, alegándose que la demandada recibió por parte de su entonces proveedor, sociedad mercantil INTERNACIONAL DE DESARROLLO C.A., mercancía en productos alimenticios que fueron recibidos por la accionada, y que al momento de la entrega aceptó tales facturas, firmándolas y sellándolas, por lo que se encontraba obligada a pagarlas a su fecha de vencimiento; facturas respecto de las cuales se alegó se encuentran insolutas y por ello, es que se interpone la demanda judicial por cobro de bolívares y mediante el procedimiento monitorio, presentando como título inyuctivo tales facturas.

Por tanto, cumplido por parte del juez de primera instancia la labor que el legislador patrio le asignó para estos procedimientos monitorios antes de proceder a dictar el decreto judicial de intimación –que precisamente, admite la demanda- cual es la de revisar el derecho de crédito que aparece contenido en los instrumentos acompañados, así como su aparente liquidez y exigibilidad, es que entonces se procede a la intimación de la demandada, quien también por así establecerlo nuestro legislador, puede desarrollar tres (3) conductas procesales, tales como pagar lo intimado, acreditar haber pagado lo intimado como deuda u oponerse a tal decreto intimatorio.

Cabe destacar que dentro de esa labor judicial previa al decreto intimatorio, los jueces pueden de oficio, incluso, ordenar la corrección del libelo de la demanda, cuando éste no llena los requisitos exigidos en el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil. Y, ello, por cuanto el auto de admisión de la demanda que funge como decreto intimatorio, también podría fungir como sentencia ejecutoriada; esto es, si no se produce la oposición a lo intimado, tal decreto, tal orden judicial, se constituiría entonces en una especie de título ejecutivo contra el deudor, sin necesidad de pasar por todo el trámite de un juicio ordinario y ello, es el sentido del legislador patrio en este especial procedimiento monitorio.

Claramente la ley ha establecido entonces, que al haberse opuesto la demandada al decreto, negando la naturaleza crediticia, líquida y exigible de las facturas en comento, negando incluso ser deudora con ocasión de ellas, se aplica lo que también el legislador patrio ha establecido para estos procedimientos especiales de cobro intimatorio, el cual es que automáticamente cesa y sin pronunciamiento judicial alguno el trámite especial del juicio, mas no cesa el juicio, sino que éste continua según las reglas de juicio ordinario o breve –según la cuantía- con fijación incluso de contestación a la demanda a los fines de entonces trabar la litis, para luego entrar en etapa probatoria a los fines de verificar los hechos alegados y controvertidos que, posteriormente, serán sentenciados; por tanto, no es causa de nulidad del decreto intimatorio que admitió la demanda, la circunstancia de que la parte demandada se haya opuesto al mismo alegando hechos que pretenden desvirtuar lo alegado por la parte actora y respecto de los cuales deberá recaer toda la actividad probatoria en juicio que, para el caso de resultarle desfavorable a la accionante, traerá como consecuencia una sentencia definitiva en su contra y en contra de su pretensión de cobro que en modo alguno podría volver a demandar al quedar definitivamente firme. En cuanto a la parte demandada, si esta no prueba sus alegatos, pues sería sentenciada en contra y compelida a pagar.

Así lo ha dejado sentado la jurisprudencia patria muy especialmente, en sentencia de la Sala Político Administrativa de fecha 089 de mayo de 2003, con ponencia del Magistrado Hadel Mostafà Paolini, expediente Nº 2001-0227, en la cual se expresó:

…Siendo ello, así esta Sala tomando en cuanta la función del juez como rector del proceso, quien debe procurar la estabilidad de los juicios, evitando o corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto procesal; atendiendo a las premisas anteriormente señaladas y a que la parte demandada es una empresa del Estado, considera que al haberse tramitado la presente demanda, empleando erróneamente el procedimiento especial de intimación, debería declararse la nulidad de todo lo actuado y reponerse la causa al estado de que se admitiera la demanda por el procedimiento ordinario, tal como lo prevé el artículo 103 de la ley Orgánica que rige las funciones de este Alta Tribunal.

Sin embargo, se evidencia de las datas del expediente que en fecha 29 de mayo de 2001,, la abogada Anamey Castro, actuando como apoderada judicial del Banco Industrial de Venezuela, C.A., parte demandada en el presente juicio, presentó formal oposición al procedimiento de intimación contra su representada, oponiendo la cuestión previa contenida en el ordinal 11 del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, por lo que, de conformidad con el artículo 652 del Código de Procedimiento Civil, el presente proceso continuo tramitándose por el procedimiento ordinario; razón por la cual la declaratoria de nulidad de las actuaciones y la reposición de la causa, carecen de finalidad útil…

Por todo lo antes expuesto, esta superioridad debe forzosamente declarar improcedente la solicitud de nulidad de todo lo actuado y reposición de la causa al estado de nueva admisión de la demanda por los trámites del juicio ordinario, y así se decide.

Ha opuesto la demandada “…como defensa de fondo…” y en su escrito de contestación a la demanda, la ilegitimidad de la persona de quien se presenta como representante del actor. Ha alegado que sólo podía la actora presentar el original del instrumento poder conferido a sus apoderados judiciales sólo junto con la presentación de esta demandada intimatoria, por lo que había precluido su oportunidad para hacerlo.

Conforme a ley, independientemente de qué tipo de procedimiento se instaure judicialmente, los apoderados judiciales pueden actuar presentando copia simple del instrumento poder que acredita su representación, con la única exigencia que éste conste de manera autenticada. La contraparte y dentro de la oportunidad de ley, podrá impugnar tales fotostatos o copias simples, para lo cual quien quiera servirse de las mismas, podrá promover cotejo ó, tal y como establece en su parte pertinente el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil:

…Nada de esto obstará para que la parte produzca y haga valer el original del instrumento o copia certificada del mismo si lo prefiere…

Así pues, amen la incorrecta oposición de tal alegato como defensa de fondo, consta en los autos que el apoderado judicial de la accionante consignó copia certificada de tal instrumento poder, por lo que tiene válidamente acreditado su representación y, en consecuencia, esta superioridad decide como judicialmente improcedente la oposición de la ilegitimidad del representante actor formulada por la demandada en su escrito de contestación. Así se declara.

Resueltos como han sido los puntos previos controvertidos, este Juzgado Superior procede a emitir el pronunciamiento de merito sobre el juicio principal: Ha alegado la accionante que sus facturas judicialmente presentadas al cobro, fueron debidamente aceptadas por la demandada, quien las suscribió y selló, así como que nunca objetó haber recibido la mercancía en las mismas señaladas, así como que la demandada no las ha pagado por lo que pretende su pago, así como el pago de intereses corrientes e intereses moratorios. Todo ello quedó controvertido por la demandada, quien alegó no ser deudora de la actora por concepto de tales facturas, las cuales no fueron aceptadas por ella, dado que las únicas personas capaces de obligarla son aquellas que en sus estatutos sociales se señalan, por lo que las impugnó y las desconoció.

Con el fin de solucionar el mérito de los asuntos que en esta sentencia han quedado establecidos como controvertidos, debe este sentenciador y por mandato legal cumplir primeramente con la correspondiente tarea valorativa de las pruebas que han quedado válidamente aportadas al proceso; esto es, de aquellas que tempestiva y legalmente quedaron promovidas y evacuadas. A saber:

PRUEBAS APORTADAS POR LA PARTE DEMANDADA:

• Promovió el merito favorable de autos, especialmente el que se desprende de la impugnación de las copias simples de las facturas, hecha de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil en el acto de contestación de la demanda; del mérito que se deriva del desconocimiento hecho a las facturas presentadas; el hecho que los documentos presentados por la parte actora como documento fundamental de la acción son copias simples de documentos privados, y no así facturas originales, siendo que la actora no indicó en ningún momento el lugar donde se encuentran los originales; el mérito que se deriva de la ilegitimidad de la persona que se presenta como apoderado del actor; el mérito de que tales facturas no le fueron opuestas a las personas que presuntamente la suscriben. Todo ello en modo alguno constituye promoción probatoria alguna, dado que en virtud del principio de la exhaustividad procesal consagrado en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, y en otras normas que regulan al proceso judicial, los jueces están obligados a apreciar y valorar todas las pruebas que han quedado aportadas al juicio, así como a aplicar las consecuencias jurídicas de las actuaciones procesales. Así se declara.

• Promovió las siguientes DOCUMENTALES:

1. Marcada con la letra “A”, publicación del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de la accionada, que al no haber sido impugnado se aprecia y valora a tenor de lo dispuesto en el artículo 432 del Código de Procedimiento Civil, evidenciándose del mismo que en la cláusula segunda estatutaria la demandada acordó y estableció lo siguiente: “…El objeto social de la sociedad estará limitado a cualquier tipo de actos lícitos o actividades comerciales que tengan relación directa con el desarrollo y operación de la franquicia de los restaurantes de comida rápida denominados BURGER KING RESTAURANTS…”. Así pues, esta superioridad declara que la demandada sí es un franquicia de los restaurantes de comida rápida BURGER KING con la que mantiene una estrecha relación comercial y, así se decide.. B) Marcado con letra “B”, copia simple de las cedula de identidad del ciudadano J.S.S.; documento público administrativo éste que al no haber sido tachado e impugnado, se aprecia y valora a tenor de lo dispuesto en el artículo 1.363 del Código Civil, declarándose fidedigna la copia simple según establece el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide. C) Marcado con la letra “C”, copia simple de la factura emanada de Corporación Yezmith C.A., signada 0010 y de fecha 13 de junio de 2001, debidamente aceptada por el ciudadano J.S.S. en su carácter de representante legal de la sociedad mercantil Bikey Provisiones, C.A.; a los fines de ratificar tal documento “…emanado de terceros…”, promovió la testimonial del ciudadano J.S.S.. Al no haber sido evacuada tal testimonial, no se produjo en juicio la ratificación de tal factura emanada de tercero, por lo que en modo alguno puede surtir efectos y nada tiene que apreciar y valorar al respecto este sentenciador, quien la declara desechada del proceso. Así se decide.

   • Prueba de INFORMES, de conformidad con los previsto en el artículo 443 del Código de Procedimiento Civil, pidiendo al tribunal requiriera los informes a las siguientes sociedades mercantiles y dependencias públicas:

1. BIKEY PROVISIONES C.A., sobre las adquisiciones de productos carnicos de res, pollo y sus derivados, efectuados por la accionada desde el año 2001 hasta la fecha, pretendiendo evidenciar que la actora no es la única proveedora de insumos de su la demandada. Consta en el expediente comunicación emanada de la requerida en informes –folio 212 del segundo expediente principal- en donde se deja constancia que proveyeron productos cárnicos a la demandada en el período comprendido entre el mes de enero del año 2002 hasta el mes de agosto de ese mismo año. Se aprecia y valora a tenor de lo dispuesto en el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil y, así se decide. B) BURGER HOUSE C.A., sobre la adquisición de productos cárnicos de res, pollo y sus derivados efectuados desde el año 2002 hasta la fecha. No aparece evacuada tal medio probatorio, por lo que nada tiene que apreciar y valorar esta superioridad al respecto. Así se establece. C) OFICINA NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y EXTRANJERÍA (ONIDEX), a los fines de que suministre los datos filiatorios y ficha de identidad del ciudadano J.S.S., con solicitud expresa de que se remita al tribunal copia de la firma autógrafa de dicho ciudadano. No aparece evacuada tal medio probatorio, por lo que nada tiene que apreciar y valorar esta superioridad al respecto. Así se establece.

   PRUEBAS APORTADAS POR LA PARTE ACTORA:

   • Promovió el merito favorable que se desprende de los autos, especialmente aquellos hechos y pruebas que beneficien a su representada en juicio, así como el derecho invocado de la empresa mercantil Internacional de Desarrollo S.A. En modo alguno ello constituye una válida promoción probatoria, por cuanto los jueces están obligados a apreciar y valorar todas las pruebas que han quedado válida y tempestivamente aportadas al proceso, en virtud del principio de la exhaustividad procesal que el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil consagra.

   • Promovió POSICIONES JURADAS a la sociedad mercantil accionada, en la persona de su Presidente ciudadano J.O.S.S., o en su Director ciudadano D.A.G.G., de conformidad con lo previsto en el artículo 403 del Código de Procedimiento Civil. No aparece evacuada tal medio probatorio, por lo que nada tiene que apreciar y valorar esta superioridad al respecto. Así se establece.

   • Hizo valer como plena prueba las confesiones realizadas por la parte actora mediante su apoderado judicial, abogado R.M., que consta fehacientemente en el acta de inhibición del Juez titular del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de esta Circunscripción judicial, en la cual mediante la confesión judicial la parte accionada afirmó que su representada era deudora de las cantidades demandadas y “…que prefería que otro Tribunal lo condenara…”, confesión que fue hecha conforme a lo establecido en el artículo 1.401 del Código Civil, la cual es irrevocable de conformidad con el artículo 1.404 eiusdem. Esta superioridad establece que se trata a todo evento de una confesión referencial, por lo que en modo alguno puede surtir efectos en juicio por lo que nada tiene que apreciar y valorar al respecto este sentenciador y, así se declara.

   • Promovió las siguientes DOCUMENTALES:

1. Facturas, en original “…(papel químico mediante el cual con una firma autógrafa todo el cuerpo de facturas quedan firmadas en ese momento, considerándose originales)…” emanadas de la parte actora, presentadas y acompañadas al libelo de demanda, las cuales fueron debidamente aceptadas y recibidas por la parte demandada de conformidad con lo establecido en los artículos 126 y 147 del Código de Comercio. Las mismas fueron primeramente impugnadas por la demandada, quien alegó que tales facturas son copias de los originales, impugnándolas por no haber sido suscritas por quien la obliga y, desconociéndolas por no haber emanado de la accionante. Al respecto, se promovió prueba de cotejo que no aparece evacuada en juicio y, no obstante ello se declara impertinente por esta superioridad, dado que la parte actora no alegó que tales facturas habían sido aceptadas por estar las mismas suscritas por las personas que según sus estatutos sociales comprometían a la accionada, sino que tales facturas estaban aceptadas por cuanto junto con la entrega de la mercancía, las mismas habían sido suscritas como recibidas y selladas por la demandada. En consecuencia, resulta obvio que las firmas allí estampadas junto con el correspondiente sello, no necesariamente deben coincidir con las personas que los estatutos señalan. Así pues, se aprecian y valoran tales facturas a tenor de lo dispuesto en el artículo 1.363 del Código Civil como emanadas de la parte actora, evidenciándose en cada una de ellas lo siguiente: 1) Que aparecen selladas –sello húmedo- por “Bikey E/S Chacao, C.A./R.I.F.:J-30880058-9/N.I.T.: 0226898514. 2) Que en el punto tercero de las condiciones establecidas en el anverso, se estipula: “…La empresa solicita al cliente: Firma y sello a la entrega de la mercancía, como señal de visto bueno por su representante legal. En caso de no poner sello o ser firmado por su representante legal se entiene y así lo acepta el cliente que: Quien “firma” la factura está debidamente autorizado para esa función por el representante legal y por lo tanto compromete legalmente al cliente al aceptar la mercancía y firmar…”. 3) Que en su punto segundo, se establece: “…El original o la copia de la factura comercial en posesión de la empresa, será suficiente para el cobro de la misma, siempre y cuando: a) Lleve una firma, sello o nombre en forma conjunta o separadamente, efectuada por el cliente o un empleado suyo…”. Así se declara. B) Facturas en original “…(papel químico)…” , emanadas de la accionante, presentadas y acompañadas en la prueba de cotejo, aceptadas, recibidas y pagadas por la demandada. Se aprecian y valoran tales facturas a tenor de lo dispuesto en el artículo 1.363 del Código Civil como emanadas de la parte actora, evidenciándose en cada una de ellas lo siguiente: 1) Que aparecen selladas –sello húmedo- por “Bikey E/S Chacao, C.A./R.I.F.:J-30880058-9/N.I.T.: 0226898514. 2) Que en el punto tercero de las condiciones establecidas en el anverso, se estipula: “…La empresa solicita al cliente: Firma y sello a la entrega de la mercancía, como señal de visto bueno por su representante legal. En caso de no poner sello o ser firmado por su representante legal se entiene y así lo acepta el cliente que: Quien “firma” la factura está debidamente autorizado para esa función por el representante legal y por lo tanto compromete legalmente al cliente al aceptar la mercancía y firmar…”. 3) Que en su punto segundo, se establece: “…El original o la copia de la factura comercial en posesión de la empresa, será suficiente para el cobro de la misma, siempre y cuando: a) Lleve una firma, sello o nombre en forma conjunta o separadamente, efectuada por el cliente o un empleado suyo…”. Así se declara. C) Marcada con la letra “A”, copia del contrato de compra-venta suscrito por el ciudadano D.G., en su carácter de Director de la BIKEY NAUTILUS C.A., el cual en modo alguno tiene que ver con los hechos que han quedado controvertidos en el presente juicio, por lo que se declara impertinente tal promoción probatoria y, así se decide. D) Marcados con las letras “B”, “C” y “D”, copia de tres (3) contratos de venta suscritos por la ciudadana E.G., en su carácter de Gerente de Compras, donde consta que las facturas firmadas por los empleados son válidas, habiéndose desconocido la firma del ciudadano D.G. en las mismas, en la primera oportunidad cuando fueron presentadas. Dichos medios probatorios los declara impertinentes este juzgador por no referirse a la demandada en este juicio sino a otras empresas franquiciadas y, así se decide. E) Marcada con la letra “E”, copia de la comunicación hecha el 31 de enero de 2001 por la ciudadana E.G., mediante la cual emitió una orden de compra en nombre de su mandante. Medio probatorio éste que fue impugnado tempestivamente por la demandada, a todo evento declarado impertinente en este juicio por cuanto aparece emanado de BURGER PROVISIONES C.A. y no de la parte demandada, con quien es que los hechos han quedado controvertidos. Así se decide. F) Marcado con la letra “F”, contrato de suministros exclusivos de productos, suscrito entre la parte actora y la sociedad mercantil BURGER KING CORPORATION, de donde pretende evidenciar la relación comercial entre las partes. Siendo la copia simple de un contrato suscrito entre personas que no son parte en el presente juicio, quienes tampoco lo ratificaron legalmente conforme establece el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, esta superioridad declara que no surte efectos legales en juicio y lo desecha del proceso. Así se decide. G) Marcadas con las letras “G” y “H", copia de comunicación fechada 15 de julio de 1999, suscrita por el ciudadano E.S., en su condición de manager para Latinoamérica de BURGER KING CORPORATION, las cuales no aparecen consignadas en el expediente por lo que nada tiene que apreciar y valorar al respecto este sentenciador y, así se decide. H) Marcados con las letras “I”, “J” y “K”, copias simples de informes de visitas expedidos por BURGER KING CORPORATION, fechados 17 de mayo de 2000, 12 de julio de 1999, 29 de mayo de 1996, las cuales al ser emanadas de tercero en juicio no fue ratificado legalmente por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, se las desecha del proceso y, así se decide. I) Marcada con la letra “L”, copia simple de inspección extrajudicial realizada por el Juzgado Primero de Municipio Guacaipuro (Los Teques), dejando constancia de un inventario de alimentos por un monto aproximado de Bs. 200.000.000,oo de productos elaborados por la actora a la franquicia BURGER KING y que “…quedó en los depósitos de mi representada por falta de pago por parte de la demandada…”. Al haber sido consignado en copia simple y tratándose de un instrumento público cuya copia no fue impugnada por la demandada, se la declara fidedigna a tenor de lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Se aprecia y valora según establece el artículo 507 del citado código, evidenciándose del mismo que en las oficinas de la actora se encuentran varias facturas donde se leen los nombres de varias compañías franquiciadas, entre ellas, la demandada; así como correspondencia emanada tanto de la accionante como de BURGER KING CORPORATION y tuvo a la vista varios informes de visitas efectuadas por BURGER KING CORPORATION, certificando a la demandante su estatus de proveedor. Así se decide. J) Marcados con las letras “M”, “N” y “O”, tres (03) artículos publicados en los Diarios “El Nacional” y “El Universal” en el mes de abril de 2003, y un artículo de la revista Producto, “…en los cuales representantes de los franquiciados Bruger King y demandados por obligaciones contraídas por mi representada, declaran deber a Internacional de Desarrollo, S.A., aunque establecen que no las cantidades demandadas ya que señalan que el IVA se cobró en dólares americanos, impuesto que fue cancelado al Fisco en su oportunidad y que mi poderdante no ha cobrado aun a la deudora demandada…”. Tratándose de copias simples de artículos de prensa publicados y no de originales, los mismos no pueden surtir efectos legales en el presente juicio, amén de que resultan de su texto evidentemente impertinentes a los fines de dirimir los asuntos que en el mismo han quedado establecidos como controvertidos y, así se decide. K) Marcados con las letras “P”, “Q”, “R”, “S”, y “T”, de conformidad con lo previsto en el Decreto con Fuerza de Ley “Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas”, distintos correos electrónicos o e-mails fechados 16 de septiembre de 2002, 18 de octubre de 2002, 01 de noviembre de 2002, 15 de noviembre de 2002 y 26 de marzo de 2002, enviados a la actora por la Corporation Burger King, domiciliada en la ciudad de Florida de los Estados Unidos de Norteamérica; todos los cuales son documentos privados emanados de terceros que para que surtan efecto en juicio deben ser ratificados según dispone el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil y ello no consta en autos. En consecuencia, se las declara desechadas del proceso y, así se decide.

   • Promovió la EXHIBICIÓN de los siguientes documentos:

1. Contrato de franquicia a la sociedad de comercio demandada, por estar en poder de los mismos. No aparece evacuado en juicio tal medio probatorio, por lo que nada tiene que apreciar y valorar este sentenciador al respecto y, así se establece. B) Del primer cuerpo de todas y cada una de las facturas presentadas en el libelo de demanda que se encuentran en poder de la parte demandada. No aparece evacuado en juicio tal medio probatorio, por lo que nada tiene que apreciar y valorar este sentenciador al respecto y, así se establece. C) Comunicación fechada 31 de enero de 2001, emanada de la sociedad de comercio BIKEY PROVISIONES C.A. y dirigida a la parte actora, solicitando productos. No aparece evacuado en juicio tal medio probatorio, por lo que nada tiene que apreciar y valorar este sentenciador al respecto y, así se establece. D) De la certificación o autorización a las sociedades de comercio BIKEY PROVISIONES C.A. y YEZMITH C.A. por parte de BURGER KING CORPORATION, donde la facultan a expedir productos cárnicos a las demandadas. No aparece evacuado en juicio tal medio probatorio, por lo que nada tiene que apreciar y valorar este sentenciador al respecto y, así se establece.

   • Promovió las TESTIMONIALES de los ciudadanos M.B., A.M. y J.C., quienes como transportistas de la empresa SILASA, despacharon y entregaron la mercancía vendida a la parte demandada. La primera testimonial aparece evacuada en fecha 15 de octubre de 2003, constando del folio 34 al folio 35 de la segunda pieza del expediente, y de la misma se evidencia que el testigo trabajó en SILASA S.A. dedicado a la entrega de alimentos y productos congelados, ejerciendo el cargo de chofer repartidor, así como que hizo entrega de los productos elaborados por la demandandante a nivel nacional a las distintas tiendas franquiciantes BURGER KING, durante los cuatro años y medio que estuvo trabajando en la empresa. Que al entregar la mercancía consistente en productos cárnicos para hamburguesas, nuggets de pollo, así como pie de manzana y aros de cebolla, alguien quien fungía de gerente y no siempre el mismo, le recibía la mercancía revisando el juego de facturas presentadas, se las llevaba a su cava y luego firmaba y sellaba las facturas, entregándole el juego que le correspondía. Esta superioridad aprecia y valora tal testimonial según establece el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, mereciéndole certeza sus declaraciones y, así se decide. El segundo testigo depuso en fecha 20 de octubre de 2003, y afirmó trabajar en SILASA S.A. en la distribución de alimentos congelados en todo el país, desempeñándose como chofer. Que entregó dichos productos a las distintas tiendas franquicias de BURGER KING en distintas ciudades del país. Que ingresó en 1995 y que desde dicha fecha hasta mediados de junio de 2002, entregó productos elaborados por la accionante. Que al llegar a la tienda BURGER KING entregaban las facturas al gerente o a un empleado, quienes chequeaban la mercancía y luego éstos firmaban y sellaban tales facturas, quedándose éstos con el primer cuerpo de las facturas y él, con los tres cuerpos restantes. Esta superioridad aprecia y valora tal testimonial según establece el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, mereciéndole certeza sus declaraciones y, así se decide. El tercer testigo, depuso en fecha 23 de octubre de 2003, afirmando ser chofer distribuidor de SILASA S.A. y que desde que trabaja en el año 2000 hasta mediados de 2002, se han hecho entregas de productos elaborados por la demandada a las distintas tiendas BURGER KING a nivel nacional. Que al llegar el camión, el empleado chequeaba la mercancía con la factura correspondiente, colocando luego el sello y firma para dar conformidad a la entrega, quedándose ellos con el primer cuerpo de las facturas y llevándose el chofer los tres cuerpos restantes. Esta superioridad aprecia y valora tal testimonial por resultar concordante con las anteriores según establece el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, mereciéndole certeza tales declaraciones y, así se decide.

   • Promovió las TESTIMONIALES del ciudadano A.V.. No aparece evacuado en juicio tal medio probatorio, por lo que nada tiene que apreciar y valorar este sentenciador al respecto y, así se establece.

   • Promovió prueba de EXPERTICIA CONTABLE sobre libros pertenecientes a la parte actora y de conformidad con el artículo 42 del Código de Comercio, solicitó el traslado del tribunal a la dirección donde funcionan las oficinas administrativas de la sociedad de comercio INTERNACIONAL DE DESARROLLO, S.A., a los fines de realizar el examen y compulsa en los libros de comercio libros de contabilidad de la precitada empresa, específicamente el libro de ventas donde constan las deudas de las demandada y cuyo impuesto al valor agregado fue declarado y pagado al S.E.N.I.A.T., a la fecha de facturación de las distintas ventas donde podrá verificarse la venta, libro de Inventario y Balances donde constan las acreencias por cobrar a los diferentes deudores de la franquicia BURGER KING y las deudas existentes, asimismo informaron que dicho examen y compulsa se verificara solo en los asientos en que aparezca la empresa mercantil demandada; así como también solicitó que una vez designados expertos, se determiné además si el balance general de la demandante coincide con los informes de los auditores externos “CASTRO, DOCTOR & ASOCIADOS”, y se sirva practicar experticia al sistema de computación “REAL WORLD”. Tal informe aparece consignado del folio 141 al folio 156 del tercer expediente principal, y en el cual se rindió la constatación por parte de los expertos designados, que la promovente emitió facturas por un monto total de Bs. 12.926.882,01, tendiendo registrado cuentas por cobrar a la demandada por ese monto, respecto del cual se declaró como Ventas Gravadas a efectos del Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ventas al Mayor, y pagó al fisco. Que la promovente mantiene registros contables de cuentas por cobrar tanto en bolívares como en dólares y que las cuentas por cobrar reflejadas en el informe pericial, se corresponden con las cantidades que fueron reflejadas en los estados financieros auditados por “CASTRO, DOCTOR & ASOCIADOS”, como cuentas por cobrar comerciales. Se aprecia y valora tal informe pericial, a tenor de lo dispuesto en el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil. Así se declara.

   • Promovió prueba de INFORMES, a las siguientes personas y entes:

1. Al representante legal de BURGER KING CORPORATION, Dr. R.R.N., o a su Manager para Latinoamérica ciudadano E.S., acerca de si la demandante fue hasta agosto de 2002 la única proveedora para Venezuela y acerca de si el contrato presentado en juicio y suscrito por E.S., así como las visitas de control se llevaron a cabo, así como si antes de julio de 2002 hubo alguna empresa autorizada en Venezuela para vender sus productos de carne y pollo. No aparece evacuado en juicio tal medio probatorio, por lo que nada tiene que apreciar y valorar este sentenciador al respecto y, así se establece. B) Al BANCO EXTERIOR, a los fines de que informe si existe cuenta corriente o de otro tipo de la accionante, y si en esas cuentas se han realizado depósitos de cheque, transferencias o cualquier otra operación bancaria de las empresas BIKEY BELLAS ARTES C.A., BIKEY E/S CHACAO C.A., BIKEY LOS LEONES C.A., BIKEY BUENAVENTURA C.A., BIKEY AEROINTERNACIONAL C.A., BIKEY LAS DELICIAS C.A., BIKEY CAURIMARE C.A., BIKEY NAUTILUS C.A., BIKEY LOS CHAGUARAMOS C.A. y BIKEY SAN IGNACIO C.A. Dicho medio probatorio aparece evacuado en juicio, evidenciándose a tenor lo dispuesto en el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil, que en efecto la actora mantiene cuentas bancarias con dicha institución, pero que al no haberse señalado las particularidades de cada uno de los depósitos bancarios, resultaba imposible informar si se habían efectuado depósitos emanados de las empresas señaladas. Así se decide. C) Al BANCO CANARIAS y al BANCO FEDERAL. El primer medio probatorio aparece evacuado en juicio, evidenciándose a tenor lo dispuesto en el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil, que en efecto la actora mantiene cuentas bancarias con dicha institución, pero que al no haberse señalado las particularidades de cada uno de los depósitos bancarios, resultaba imposible informar si se habían efectuado depósitos emanados de las empresas señaladas. El segundo medio probatorio no aparece evacuado en juicio, por lo que nada tiene que apreciar y valorar esta superioridad al respecto y, así se establece.

   Ahora bien, ha resultado concluyente para la alzada, que entre las partes existía una relación comercial donde, en efecto, muchas veces la actora proveía de ciertos productos alimenticios a la demandada, respecto de la cual también se evidenció en juicio forma parte del grupo BURGER KING al ser una franquiciante del mismo según establece la cláusula segunda de su documento constitutivo estatutario. Que la costumbre mercantil o el uso comercial utilizado para el despacho y recibo de mercancías, así como para la aceptación de las correspondientes facturas –fuentes también establecidas en el derecho mercantil, además de la ley los contratos y convenios- era que tanto el gerente de la demandada o cualquier otro empleado las recibía, verificaba, guardaba las mercancías, para luego firmar y sellar las facturas; todas con fechas de vencimiento señaladas en las mismas. También quedó evidenciado que tales facturas, presentadas judicialmente al cobro, quedaron en efecto tácitamente aceptadas por la demandada, por cuanto habiéndose alegado ello y habiéndose afirmado que en efecto si fueron presentadas a su cobro pero que las mismas estaban en copia por cuanto las mismas forman parte de un juego con varias copias de un mismo tenor elaborado en papel químico, al firmar la primera hoja, las otras quedaban también suscritas en copia así como selladas por la demandada en original. Y siendo que tales facturas comerciales no aparecen objetadas en los autos por causas que la misma ley establece, tales como la no entrega de las mercancías, vicios ocultos y demás particularidades, conforme señala el artículo 147 del Código de Comercio, que establece: “…El comprador tiene derecho a exigir que el vendedor forme y le entregue factura de las mercancías vendidas y que ponga al pie recibo del precio o de la parte de que éste se le hubiere entregado. No reclamando contra el contenido de la factura dentro de los ocho días siguientes a su entrega, se tendrá por aceptada irrevocablemente...”, pues entonces, opera indefectiblemente la tácita aceptación de todas las facturas objeto del presente debate judicial; mucho más cuando nunca quedaron objetados los sellos comerciales de la demandada que en las mismas aparecen estampadas. También, por cuanto ha quedado evidenciada la entrega de mercancías a la demandada de productos elaborados por la actora y la modalidad o uso comercial empleada por las partes a los fines de su recepción, así como para la aceptación de tales facturas.

   Igualmente, se debe resaltar que en el caso sub iudice, resulta improcedente el desconocimiento formulado por la parte demandada a las firmas que aparecen estampadas en las facturas accionadas, ello por cuanto aún tratándose las mismas de documentos privados, no puede negárseles su especialidad mercantil, que se distinguen “…por las notas de rapidez y de rigor, esto es, ausencia de formalismo en su celebración y ejecución” (vid. GARRIGUES, Joaquín, Curso de Derecho Mercantil, t. ii, p. 13) aplicable en los nuevos sistemas de facturación surgidos dentro de la actividad comercial – facturas impresas, facturas electrónicas, etc.- que posibilitan su aceptación a través de una persona dependiente y distinta a los que obligan a la empresa; por la impresión del sello húmedo, o por la confirmación electrónica de reopción de la factura…”. Además, porque de admitirse tal conducta procesal se haría letra muerta el artículo 147 ut supra citado, estimando en consecuencia quien aquí decide, que las facturas sólo pueden ser impugnadas mediante las excepciones propias del contrato de compra-venta mercantil y de los contratos en general: Por vicios ocultos, por no entrega de la mercadería, por alteraciones o modificaciones en el texto de las facturas, reclamando oportunamente para evitar la aceptación tácita, entre otras causas. Y que al no ejercer estas defensas validan las facturas haciendo que se tengan como prueba de la obligación reclamada, operando la presunción de aceptación ya analizada, y así se declara.

   Sobre este particular, resulta oportuno citar lo que en su parte pertinente señaló la sentencia de fecha 23 de marzo de 2006 que el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Tránsito de esta Circunscripción Judicial profirió, cuyos fundamentos reproduce íntegramente esta superioridad para el presente caso judicial, en los siguientes términos:

   …Por otra parte, han sido desconocidas las firmas (i) en cuanto a que las facturas no fueron suscritas por quienes estatutariamente son representantes legales de la demandada; y (ii) cualquier grafismo que apareciera al pie de las facturas.

   No cabe la menor duda que las facturas, entendidas como nota que emite el vendedor al comprador documentando la descripción de los bienes entregados y su precio; o como las conceptualiza la Sala Político Administrativa (st. Nº 647 del 15.03.2006),“constituyen un documento en el que se registran diversos datos que permiten identificar un negocio jurídico concreto como serían la venta de un bien, el pago de un canon, la prestación de un servicio o la fabricación de un producto; y se describen la naturaleza, calidad y condiciones de una mercancía o de un servicio, el precio, las condiciones de la contraprestación pactada, etc.”, son instrumentos privados y, en consecuencia, ante un desconocimiento de su contenido y firma aplicaría la regla del artículo 445 del Código de Procedimiento Civil, que prescribe que “negada la firma (…) toca a la parte que produjo el instrumento probar su autenticidad. A este efecto, puede promover la prueba de cotejo, y la de testigos, cuando no fuere posible hacer el cotejo”. Esta carga procesal, impuesta por el artículo 445 citado, para que valga en juicio el instrumento privado desconocido, fue asumida por la parte actora, promoviendo la correspondiente prueba de cotejo para probar la autenticidad de las facturas presentadas como soporte de su reclamación. Empero dicha prueba no la evacuó, por considerar exagerados los costos de la experticia.

   Esto, -de primera impresión- podría llevar a este juzgador a negar valor probatorio a las facturas previamente descritas, en vista de haber sido desconocidas y no fue probada su autenticidad (art. 445 CPC). Empero, no lo hace (1) porque le asalta serias dudas que esa pueda ser la solución justa ante una conducta procesal no leal de utilizar el expediente fácil del desconocimiento, para obligar a un trámite especial que se ha puesto inalcanzable por el elevado costo de los expertos. (2) Porque aún tratándose de documentos privados; no puede negársele su especialidad mercantil, que se distinguen “por las notas de rapidez y de rigor, esto es, ausencia de formalismo en su celebración y ejecución” (vid. GARRIGUES, Joaquín, Curso de Derecho Mercantil, t. II, p. 13), aplicable en los nuevos sistemas de facturación surgidos dentro de la actividad comercial -facturas impresas, facturas electrónicas, etc.- que posibilitan su aceptación a través de una persona dependiente y distinta a los que obligan a la empresa; por la impresión del sello húmedo, o por la confirmación electrónica de recepción de la factura. Y (3) porque de admitir tal conducta procesal se haría letra muerta el artículo 147 del Código de Procedimiento Civil.

   De suerte, pues, que bajo esta visión omnicomprensiva de la agilidad del tráfico comercial moderno, surgen serias dudas acerca de la viabilidad del criterio que había venido sosteniendo este Juzgado Superior, las mismas le llevan a un cambio de criterio, en el sentido de que, atendiendo a la especialidad mercantil, el aplicar la regla del artículo 1368 del Código Civil, sería inconsistente, porque no puede oponérsele un documento a quien no lo ha suscrito, y consecuentemente, no puede ser normado por el artículo 445 del Código de Procedimiento Civil.

   En tal sentido, aplicar las reglas de los artículos 1368 del Código Civil y 445 del Código de Procedimiento Civil de manera irreflexiva es imponer una probanza imposible, es prohijar una auténtica irresponsabilidad de facto del comprador, que tanto critica el doctor J.E.C. (vid. Presente y Futuro del Derecho Probatorio en Venezuela, Revista de Derecho Probatorio Nº 5, p. 280), y que en criterio del profesor J.P.Q. (vid. Crisis de la Noción Clásica de la Carga de la Prueba, Revista de Derecho Probatorio Nº 8, p. 136), es incluirlo en el mito del laberinto y servir de “celestina para legitimar el triunfo de una parte que administró la astucia a fin de que a la otra le resultara imposible probar un hecho…”.

   …Imbuido dentro de estos conceptos, y tratando de conseguir una solución justa que se aproxime en cuanto sea posible a los postulados de justicia y respete las garantías procesales judiciales establecidas, quiere señalar quien sentencia, que partiendo de lo dispuesto por el artículo 147 del Código de Comercio que prevé la aceptación tácita de manera irrevocable, ante la ausencia de reclamo en los ocho días siguientes a la entrega de la mercadería, y al interpretar dicha disposición ha dicho la Sala Civil, en sentencia del 12.08.1998, ratificada en sentencia Nº 313 del 27.04.2004, que la “aceptación de una factura comercial es el acto mediante el cual un comprador asume las obligaciones en ellas expresadas, esto es, el pago del precio convenido, según las modalidades establecidas; por lo cual no puede estimarse la aceptación de las facturas como un mero recibo de las mercancías, sino como la prueba de las obligaciones contraídas”. Señalando la Sala Civil que “la sola emisión de la factura no podría crear prueba a favor del que la otorga o redacta, en virtud de aquel principio tan conocido: nemo sibi adcribit. Contra la persona que la recibe (destinatario) sólo hace prueba, pues, si ella confiesa por escrito mediante una comunicación expresa, haberla recibido; o bien, si redacta un duplicado; y también si ejecuta ciertos actos concluyentes, como el retiro de la mercadería o el pago de conformidad con la factura. Pero la retirada después de recibir la factura, o su depósito en los almacenes del destinatario, o la reventa, o el descuento de las letras de cambio dadas al pago, etcétera, constituyen actos de ‘aceptación tácita’ que resultará, como se ha ejemplificado de actos inequívocos del destinatario que así lo hagan presumir”. Y de manera más sencilla señala la misma Sala Civil (st. Nº 480 del 26.05.2004) expresa que la aceptación tácita se da “cuando entregada la factura por el vendedor al comprador, éste no reclama contra el contenido de la factura dentro de los ocho días siguientes a la entrega de la misma, como lo dispone el aparte único del artículo 147 del Código de Comercio; de donde se deduce que debe demostrarse cabalmente la entrega de la factura al deudor que éste de alguna forma cierta lo recibió”.

   Bajo ese predicamento, entiende quien sentencia que obra una presunción a favor del vendedor o suministrador de mercadería, cuando el destinatario realice actos inequívocos que hagan presumir la tácita aceptación. Presunción que debe ser destruida por el impugnante para que tenga fuerza su impugnación. Es decir, que la carga probatoria no se mantiene estática en el vendedor de probar la autenticidad documental, ya que la realización de un acto inequívoco del destinatario, hace surgir la presunción de aceptación; y corresponde al receptor de la mercadería, demostrar que no aceptó la mercadería, que no la utilizó, que no está en sus almacenes u objetó la factura dentro del lapso del artículo 147, etc.

   Quiere decir, que si se insiste en hacer valer la obligación facturada, corresponderá a las partes, asumir conductas procesales probatorias distintas. (1), La vendedora demostrar, por cualquier medio de prueba, que entregó la mercadería, que se ha utilizado el bien vendido, o la validez de la factura o facturas comerciales cuestionadas, tomando en consideración que las facturas comerciales, para tenerlas como válidas deben cumplir los siguientes requisitos:

   a.- Identificación de los actuantes, esto es, de las partes contratantes para que la factura haga fe entre ellas, con indicación de su denominación comercial, capital suscrito y pagado, si fuere el caso, Registro de Información Fiscal (RIF), Número de Identificación Tributaria (NIT), dirección, teléfonos o cualquier otro dato descriptivo que se considere conveniente.

   b.- Fecha y número de la factura, para determinar los lapsos dispuestos para la aceptación de la misma según lo establecido en el artículo 147 del Código de Comercio.

   c.- Descripción de la mercancía, según el caso, por su número, peso, medida, clase, calidad, género, categoría, precio unitario, a fin de determinar e individualizar el objeto del contrato, según dispone el artículo 135 del Código de Comercio.

   d.- Precio, que debe consistir en valores numéricos. Respecto del precio debe ser cierto su monto, por cuanto la factura es la prueba de la existencia de la obligación mercantil, y su quantum, debe ser claro entre las partes.

   e.- Firma, sello o constancia electrónica del destinatario o comprador, en señal de aceptación del contenido de la factura y como constancia de la entrega de la mercancía, según dispone el artículo 124 del Código de Comercio.

   (2) Y corresponderá al comprador demostrar, por cualquier medio probatorio, que rechazó la mercadería o que manifestó su no aceptación de la factura….

   . (Negrillas propias).

   En cuanto la defensa extintiva de la obligación de pago requerida u opuesta por la demandada en su contestación, alegando el desconocimiento de las facturas, dado que quedo demostrado en juicio que las mismas fueron aceptadas y, por cuanto el artículo 1.354 del Código Civil que a continuación se transcribe obliga la demostración de hechos extintivos de obligaciones, tampoco ello ha quedado demostrado:

   Artículo 1.354: “…Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella debe por su parte probar el pago o el hecho que producido la extinción de su obligación…”.

   Ahora bien, ciertamente la demandante inicialmente presentó su reclamo judicial de cobro mediante el procedimiento especial monitorio de intimación, el cual se rige por lo dispuesto en el artículo 640 al artículo 652 del Código de Procedimiento Civil. Queda claro que basta la formulación de la oposición al decreto intimatorio librado por parte de la sociedad mercantil intimada, para que de inmediato tal decreto judicial quedase sin efecto –tal y como en autos se cumplió- enervándose así cualquier pretensión de ejecución forzosa, pasando ope legis el procedimiento especial a uno ordinario de cobro, por así ordenarlo el artículo 652 eiusdem que en su parte pertinente aquí se transcribe:

   …el decreto intimatorio quedará sin efecto, no podrá procederse a la ejecución forzosa y se entenderán citadas las partes para la contestación de la demanda, la cual tendrá lugar dentro de los cinco días siguientes a cualquier hora de las indicadas en la tablilla a que se refiere el artículo 182, sin necesidad de la presencia del demandante, continuando el proceso por los trámites del procedimiento ordinario o del breve, según corresponda a la cuantía de la demanda…

   (Resaltado de la Alzada).

   Así las cosas, independientemente de que la actora hubiese presentado judicialmente al cobro por vía intimatoria ó monitorio las facturas aceptadas expresamente o tácitamente igualmente sobre las mismas la demandada hubiese podido encontrar cualquier objeción al respecto, por lo que al simplemente formular su oposición a la ejecución del decreto judicial por el cual se le intimó al pago, toda ejecución forzosa queda prohibida y finalizado de inmediato este procedimiento monitorio especial de cobro, pasando por mandato del legislador al cobro judicial de tales instrumentos comerciales mediante el procedimiento ordinario o breve, según su cuantía. En tal sentido, resulta irrelevante que la actora hubiese calificado su acreencia, pues bastaba la oposición que la demandada formuló para terminar de pleno derecho del procedimiento especial de cobro, como en efecto así se desprende de autos.

   En consecuencia y en vista de las motivaciones expuestas en este particular por quien aquí juzga, se debe declarar procedente la pretensión judicial de cobro de las facturas señaladas en este fallo, por la cantidad de USA.$ 9.363,oo, que a la tasa oficial actual de Bs.2.150 por cada dólar americano, equivalen a la cantidad de Bs. 20.130.450,00, así se declara.

   Ha pretendido la accionante que se condene a la demandada al pago de la cantidad de USA.$ 192,oo, por concepto de intereses corrientes calculados a la tasa del 6,5% anual, generados con ocasión de las facturas vencidas e insolutas. Si bien ésta indicó la tasa en virtud de la cual tales intereses se calcularían, resulta menester destacar que el artículo 108 del Código de Comercio claramente establece que las deudas mercantiles de sumas dinerarias líquidas y exigibles devengan de pleno derecho el interés corriente en el mercado, siempre que no exceda el 12% anual. En tal sentido, habiéndose declarado procedente el cobro judicial de las facturas presentadas con la demanda, también resulta procedente la pretensión actora de que se condene a la demandada al pago de dichos intereses corrientes que se han generado respecto a cada una de las facturas antes mencionadas, a la tasa pretendida del 6,5% anual, las cuales se identifican plenamente en este fallo judicial, que a la tasa oficial actual de Bs.2.150 por cada dólar americano, equivalen a la cantidad de Bs. 412.800 Así se decide.

   Finalmente, dado a que también pretendió la actora el cobro de la cantidad de USA.$ 66,oo, que a la tasa oficial actual de Bs.2.150 por cada dólar americano, equivalen a la cantidad de Bs. 141.500, por concepto intereses moratorios calculados sobre el capital adeudado a la tasa del 3% anual, lo cual es procedente conforme a la ley mercantil que así lo establece para los intereses moratorios, por lo que habiéndose declarado procedente el cobro judicial de las facturas presentadas con la demanda, también resulta procedente la pretensión actora de que se condene a la demandada, al pago de dichos intereses moratorios calculados a la tasa del 3% anual, que se han generado respecto a cada una de las facturas antes mencionadas, las cuales se identifican plenamente en este fallo judicial, y contados a partir del primer día luego de haberse vencido cada una de las facturas de marras, hasta la fecha en que el presente fallo judicial sea declarado definitivamente firme a los fines de su ejecución, para cuya determinación se ordena una experticia complementaria del fallo, mediante expertos a ser nombrados por el Tribunal a quo que también determinará su equivalente en bolívares a los fines del pago judicial, a la tasa de cambio oficial existente para dicho momento y según facultad que se otorga a este sentenciador en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil. Y ASÍ EXPRESAMENTE SE DECIDE.

   IV

   DISPOSITIVO DEL

SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por la apoderada judicial de la parte demandada, sociedad mercantil BIKEY E/S CHACAO C.A., en contra de la decisión definitiva dictada en fecha 28 de junio de 2005 por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, que declaró con lugar la demanda por cobro de bolívares incoada en su contra por la sociedad de comercio INTERNACIONAL DE DESARROLLOS S.A., la cual queda confirmada, con las motivaciones aquí expuestas.

CON LUGAR la demanda incoada por la sociedad de mercantil INTERNACIONAL DE DESARROLLO, S.A., en contra de la empresa BIKEY E/S CHACAO, C.A., por lo que se condena la parte accionada a pagar a la actora las cantidades y conceptos siguientes: A) NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA ( USA.$ 9.363,00,oo) que a la tasa oficial actual de Bs.2.150 por cada dólar americano, equivalen a la cantidad de Bs. 20.130.450,00, por concepto de las siguientes facturas comerciales aceptadas en moneda extranjera: No. 155201 emitida el 19 de junio de 2002 y con vencimiento el 19 de julio de 2002, por la cantidad de USA.$ 1.271,71; No. 155202 emitida el 19 de junio de 2002 y con vencimiento el 19 de julio de 2002, por la suma de USA.$ 1.740,90; No. 155981 emitida el 27 de junio de 2002 y con vencimiento el 27 de julio de 2002, por la cantidad de USA.$ 806,99; No. 155982 155981 emitida el 27 de junio de 2002 y con vencimiento el 27 de julio de 2002, por la cantidad de USA.$ 888,11; No. 156306 emitida el 02 de julio de 2002 y con vencimiento el 01 de agosto de 2002, por la cantidad de USA.$ 498,97; No. 156307 emitida el 02 de julio de 2002 y con vencimiento el 01 de agosto de 2002, por la cantidad de USA.$ 1.734,74; No. 15686 emitida el 10 de julio de 2002 y con vencimiento el 10 de julio de 2002, por la suma de USA.$ 587,77; No. 15687 emitida el 10 de julio de 2002 y con vencimiento el 10 de julio de 2002, por la suma de USA.$ 1.598,35; No. 157692 emitida el 23 de julio de 2002 y con vencimiento el 23 de julio de 2002, por la cantidad de USA.$ 198,73 y, No. 157693 emitida el 23 de julio de 2002 y con vencimiento el 23 de julio de 2002, por la cantidad de USA.$ 36,65.

2. Por concepto de intereses corrientes, calculados a la tasa del 6,5% anual, la suma de CIENTO NOVENTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USA$ 192,oo x Bs. 2.150,00 por dólar), cuyo equivalente en bolívares es de Bs. 412.800,00.

3. Por concepto de intereses moratorios, la suma de SESENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USA,$ 66,00) que a la tasa oficial actual de Bs.2.150 por cada dólar americano, equivalen a la cantidad de Bs. 141.500 calculados al 3% anual sobre las facturas aquí ordenadas a pagar, que se han generado respecto a cada una de las facturas antes mencionadas, las cuales se identifican plenamente en este fallo judicial, y contados a partir del primer día luego de haberse vencido cada una de las facturas de marras, hasta la fecha en que el presente fallo judicial sea declarado definitivamente firme a los fines de su ejecución, para cuya determinación se ordena una experticia complementaria del fallo, mediante expertos a ser nombrados por el Tribunal a quo que también determinará su equivalente en bolívares a los fines del pago judicial, a la tasa de cambio oficial existente para dicho momento y conforme a lo previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil.

Se condena en costas a la parte demandada, de conformidad con lo previsto en los artículos 274 y 281 del Código de Procedimiento Civil.

Por cuanto la presente decisión se dicta fuera del lapso legal correspondiente, se ordena su notificación a las partes, a tenor de lo previsto en los artículos 233 y 251 eiusdem.

Se ordena expedir por Secretaría copia certificada de la presente sentencia a los fines previstos en el artículo 248 ibidem.

PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE

Dada, firmada y sellada en la sede del Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Años 196º y 148º, a los veintinueve (29) días del mes de marzo de dos mil siete (2007).

EL JUEZ,

A.M.J.

LA SECRETARIA,

ABG. M.C.F..

En esta misma fecha, siendo las tres y veinte minutos de la tarde (3:20 p. m.), se publicó, se registró y se agregó al expediente la anterior sentencia.

LA SECRETARIA,

ABG. M.C.F.

EXP.05-9655.

AMJ/AGP/dr.