Decisión de Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y del Trabajo de Sucre (Extensión Cumaná), de 16 de Junio de 2005

cancelarle a la empresa INVERSIONES NUEVA ARAYA, C. A, la cantidad de TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 13/100 BOLÍVARES (Bs.13.999.977,13) .

El pago de los intereses legales sobre la cantidad antes mencionada contados a partir del día Dieciséis (16) de Agosto de Dos Mil (2000), hasta la fecha en que se haga efectivo el pago de la obligación.

que a la cantidad de dinero que convenga o sea condenado a pagar, le sea aplicada la corrección monetaria a los fines de indemnizar los daños producidos por la disminución del poder adquisitivo que ha sufrido nuestro signo monetario desde el día dieciséis (16) de Agosto de Dos Mil (2000); de conformidad con los artículos 140 y 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Por último, estimó la acción en la cantidad de CATORCE MILLONES DE BOLÍVARES (Bs.14.000.000,00) y solicitó que tal y como lo prevé la ley de Régimen Municipal, la citación del MUNICIPIO C.S.A.D.E.S. se efectuare en las personas de su Alcalde ciudadano L.R.N. y en la del Síndico Procurador Municipal.

En fecha Veintiséis (26) de Agosto de Dos Mil Tres (2003) se admitió la presente demanda y se ordenó el emplazamiento mediante boleta de la demandada en la persona del Alcalde del Municipio C.S.A.d.E.S. ciudadano L.R.N.; asimismo, se ordenó la notificación del SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL, tal y como lo establece el artículo 103 de la Ley Orgánica del Régimen Municipal. En esa misma fecha se libraron boletas respectivas.

El día Once (11) de Septiembre del año Dos Mil Tres (2003), el ciudadano Alguacil Titular de éste Juzgado mediante diligencia consignó recibo de citación debidamente firmado por la ciudadana M.S., titular de la Cédula de Identidad Nro. V-13.221.785, en su carácter de Síndico Procurador Municipal del Municipio C.S.A.d.E.S., a la cual citó en fecha Diez (10) de Septiembre de ese mismo año (2003), ver folio Diecinueve (19).

En fecha Cuatro (04) de Agosto de Dos Mil Cuatro (2004), mediante diligencia estampada por el Alguacil de éste órgano jurisdiccional consigna boleta de citación librada al ciudadano L.R.N. en su carácter de Alcalde del Municipio C.S.A.d.E.S., por cuanto le ha sido imposible ubicar al prenombrado ciudadano (ver folio21).

A través de diligencia de fecha Cinco (05) de Agosto de Dos Mil Cuatro (2004), suscrita el profesional del derecho J.R.M., inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro.33.439, fue requerida la citación por correo certificado con aviso de recibo de la Alcaldía del Municipio C.S.A.d.E.S..

En esa misma fecha se dictó auto ordenando la citación por correo certificado con aviso de recibo de la demandada en la persona del Alcalde del Municipio C.S.A.d.E.S. ciudadano L.R.N.. Igualmente, se libro boleta de citación por correo certificado con aviso de recibo respectivo.

El día Veinte (20) de Noviembre de Dos Mil Cuatro (2004) se recibió y consignó aviso de recibo de citaciones y notificaciones judiciales, debidamente firmado en fecha 06/09/04 por la ciudadana FRANCYS RAUSSEO, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-11.383.187 en su carácter de Secretaria Ejecutiva III.

Por otra parte, en fecha Dieciocho (18) de Noviembre de ese mismo año (2004), el ciudadano L.J.L., venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-4.184.691, en su carácter de representante legal de la empresa mercantil INVERSIONES NUEVA ARAYA, plenamente identificada, debidamente asistida por el Abogado J.R.M., inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro.33.439; otorgó PODER APUD- ACTA al prenombrado profesional del derecho.

En fecha Veintidós (22) de Noviembre de Dos Mil Cuatro (2004), fueron agregados al presente expediente escrito de medios probatorios presentados oportunamente por el Apoderado Judicial de la parte actora Abogado J.R.M..

El día Primero (01) de Diciembre de ese mismo año (2004), mediante auto proferido por éste Órgano Jurisdiccional, se admitió cuanto ha lugar en derecho los medios probatorios promovidos por la parte demandante, por no ser manifiestamente ilegales ni impertinentes salvo su apreciación en la definitiva.

En fecha Diez (10) de Febrero de Dos Mil Cinco (2005), mediante auto se fijó el DÉCIMO QUINTO (15º) día de Despacho siguiente a la data en referencia a los fines de que las partes presenten sus respectivos escritos de informes en la presente causa.

Por otra parte, mediante auto proferido por éste Juzgado en fecha seis (06) de Abril del año en curso (2005), el Tribunal dice vistos y se reserva el lapso para proferir la sentencia.

Ahora bien, antes de dictar sentencia ésta Juzgadora se pronuncia con respecto a la Apelación que interpusiera el Abogado J.R.M., plenamente identificado, en contra del auto dictado en fecha Seis (06) de Abril del año en curso (2005), donde éste Tribunal dice vistos y se reservó la oportunidad para dictar sentencia, ésta jurisdicente al respecto le señala al Abogado que dignamente representa a la parte accionante, que los autos de mero trámite no tienen Apelación. Y Así se Decide.-

Resuelto lo anterior ésta Juzgadora procede a dictar sentencia en los términos que a continuación se expresan:

Éste Juzgado admitió la presente demanda en fecha Veintiséis (26) de Agosto del año Dos Mil Tres (2003), ordenándose el emplazamiento a la Alcaldía del Municipio C.S.A.d.E.S. en la persona de su Alcalde, ciudadano L.R.N., así como también la Notificación del Síndico Procurador Municipal del Municipio C.S.A.d.E.S., conforme a lo pautado en el Artículo 103 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal.

Ahora bien, consta del presente expediente, que se demandó a la Alcaldía del Municipio C.S.A.d.E.S., con la finalidad de que dicha Alcaldía cancelare al ciudadano L.J.L., venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-4.184.691, en su carácter de representante legal de la Empresa “INVERSIONES NUEVA ARAYA”, inscrita en el Registro Mercantil Primero del Estado Sucre, bajo el Nro. 48, folio 151 al 154, Tomo A39, de fecha 03 de Julio de 1995, debidamente asistidos por los Abogados I.S. y J.R.M., inscritos en el I. P. S. A. bajo los Nros. 84.213 y 33.439 respectivamente, la cantidad de TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 13/100 BOLÍVARES (Bs.13.999.977,13), por concepto de cumplimiento de contrato, para la construcción de la Plaza EL GUAMACHE. I etapa.

Observa ésta Juzgadora que el contrato signado con el Nro. CO: 07-11-00, y que riela a los folios 07, 08, 09, 10 y 11, es considerado como contrato administrativo, ya que, reúne las condiciones para ser catalogado como tal y, por cuanto se evidencia lo siguiente:

- Que una de las partes es un ente público, esto es, la Alcaldía del Municipio C.S.A.d.E.S..

- Que el contrato en cuestión está vinculado a una utilidad o servicio público como lo es la construcción de la Plaza El Guamache I Etapa.

- Y que en el mimo, se encuentran ciertas prerrogativas a favor del ente contratante como lo es:

“Décima Séptima: El Municipio se reserva el derecho de prescindir el presente contrato en cualquier momento mediante una simple participación por escrito a “EL CONTRATISTA”cuando el contratista incurra en las causales siguientes:

1. - “EL CONTRATISTA” no haya iniciado los trabajos dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de comienzo, según lo establecido en la cláusula N° 4 de éste contrato.

2. - “EL MUNICIPIO” considere que el “CONTRATISTA” no terminara los trabajos en el Plazo previsto.

3. -“EL CONTRATISTA” este ejecutando o haya ejecutado los trabajos en desacuerdo con el presente documento y sus anexos.

4. -“EL CONTRATISTA” se declare o lo declaren en disolución, liquidación, quiebra o atraso o fundirse en otra compañía o por sub-contratar la obra: CONSTRUCCIÓN PLAZA EL GUAMACHE I ETAPA, o traspase éste contrato sin la previa autorización de “EL MUNICIPIO” otorgado por escrito

5. -EL MUNICIPIO determine que se han cometido errores o defectos en la construcción imputable a “EL CONTRATISTA”.

6. -“EL CONTRATISTA” no cumpla con lo previsto en la ley de ejercicio de la Ingeniería y la Arquitectura.

7. -“EL CONTRATISTA” no cumpla con las disposiciones de la Ley del Trabajo y su reglamento y con el Seguro Social obligatorio.

8. - “EL MUNICIPIO” compruebe que “EL CONTRATISTA” ha ofrecido, prometido o pagado a cualquier empleado del Concejo de otros organismos públicos que pueden tener intervención en la obra, según los términos de este contrato, comisiones, regalías, obsequios u otros beneficios”.

Realizadas las anteriores constata igualmente quien suscribe el presente fallo, que la presente demanda fue estimada por la cantidad de CATORCE MILLONES DE BOLÍVARES (Bs.14.000.000,00), pero como quiera que en ponencia conjunta de fecha 02 de Septiembre del año 2004, caso IMPORTADORA CORDI contra VENEZOLANA DE TELEVISIÓN, C. A., se fijó las competencias de los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo en las acciones referidas en los numerales 24 y 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y cuya cuantía sea inferior a Setenta mil Unidades Tributarias (70.000 U. T.) en los términos siguientes:

“…los juzgados superiores de lo contencioso Administrativo Regional, conocerán de las demandas que se propongan contra la República, los Estados o los Municipios o algún Instituto Autónomo, ente Público o empresa en la cual la República, los Estados o los Municipios ejerzan un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección se refiere, si su cuantía no excede de diez mil unidades tributarias (10.000 UT) que actualmente equivale a la cantidad de de doscientos cuarenta y siete millones de bolívares con cero céntimos (Bs. 247.000.000,00), ya que la unidad tributaria equivale para la presente fecha a la cantidad de veinticuatro mil setecientos bolívares sin céntimos (Bs. 24.700,00), si su conocimiento no está atribuido a otro tribunal.

A mayor abundamiento esta Jurisdicente se permite transcribir la jurisprudencia de la Sala Político Administrativa:

“El Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante Oficio Nº 03804 de fecha 10 de junio de 2004, remitió a esta Sala el expediente contentivo de la demanda interpuesta por el ciudadano H.C.R., portador de la cédula de identidad Nº 3.187.745, actuando en su carácter de Director General de la empresa IMPORTADORA CORDI, C.A., inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en fecha 21 de noviembre de 1977, bajo el Nº 55, Tomo 9-B, asistido por el abogado J.Á.B., inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 7.950, contra VENEZOLANA DE TELEVISIÓN C.A., sociedad mercantil inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el Nº 1, Tomo 58-A, Sgdo., de fecha 12 de abril de 1976.

Dicha remisión fue efectuada en virtud de la declaratoria de incompetencia pronunciada por el referido Juzgado, mediante sentencia de fecha 28 de mayo de 2004, por considerar que era esta Sala la competente para conocer de dicha causa, en virtud de lo establecido en el ordinal 15 del artículo 42 de la entonces vigente Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

El 5 de agosto de 2004, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada YOLANDA JAIMES GUERRERO, a los fines de decidir la declinatoria de competencia.

Realizado el estudio del expediente, pasa esta Sala a decidir, conforme a las siguientes consideraciones:

-I-

El 15 de abril de 2004, el ciudadano H.C.R., ya identificado, asistido por el abogado J.Á.B., también identificado, presentó ante el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, demanda contra VENEZOLANA DE TELEVISIÓN, ya identificada.

En fecha 28 de mayo de 2004, el Juzgado antes mencionado declinó su competencia para conocer del presente caso en esta Sala, en los siguientes términos:

“Que por cuanto los Tribunales de Primera Instancia tiene (sic) atribuida competencia para conocer en el área Civil, Mercantil y Tránsito, y por cuanto el presente juicio es contra una empresa en el (sic) cual el Estado tiene participación decisiva, es menester de este Juzgado señalar que en (sic) el ordinal 15 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, establece que es competencia del Tribunal Suprema de Justicia como más alto Tribunal de la República “conocer de las acciones que se propongan contra la República, o algún Instituto Autónomo o empresa en la cual el Estado tenga participación decisiva, si su cuantía excede de cinco millones de bolívares, y su conocimiento no está atribuido a otra autoridad”, es motivo por el cual este Tribunal se declara INCOMPETENTE POR LA MATERIA ...”.

-II-

DE LA COMPETENCIA

Siendo la oportunidad para pronunciarse sobre la declinatoria de competencia efectuada por el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, al respecto se observa:

En el presente caso, se ha intentado contra VENEZOLANA DE TELEVISIÓN C.A., una demanda estimada en la cantidad de treinta y cuatro millones ciento seis mil doscientos ochenta y cuatro Bolívares (Bs. 34.106.284,00).

Ahora bien, observa la Sala que el numeral 24 del artículo 5 de la nueva Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial N° 37.942, de fecha 20 de mayo de 2004, establece que es competencia de esta Sala Político-Administrativa lo siguiente:

Conocer de las demandas que se propongan contra la República, los Estados, los Municipios, o algún Instituto Autónomo, ente público o empresa, en la cual la República ejerza un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración se refiere, si su cuantía excede de setenta mil una unidades tributarias (70.001 U.T)

.

Ahora bien, el primer aparte del referido artículo 5 define, que dicha competencia corresponde a esta Sala Político-Administrativa.

Como puede observarse, la norma arriba transcrita establece un régimen especial de competencia, a favor de esta Sala Político-Administrativa, en todas aquellas acciones que cumplan con las dos condiciones contempladas en la misma, como son: 1) Que el demandado sea la República, los Estados, los Municipios, Institutos Autónomos, entes públicos o empresas en la cuales la República ejerza un control decisivo o permanente, en cuanto a su dirección o administración; y 2) Que la acción incoada tenga una cuantía superior a setenta mil una unidades tributarias (70.001 U.T).

Debe la Sala, a los fines de establecer la competencia, analizar si la acción incoada cumple o no con los requisitos antes mencionados, y en tal sentido señala:

En primer término, la demanda ha sido intentada contra VENEZOLANA DE TELEVISIÓN C.A., que es una empresa propiedad del Estado, con lo cual se considera satisfecho el primer requisito, y así se declara.

Ahora bien, en lo que se refiere al segundo requisito, es decir, el relativo a la cuantía, esta Sala observa:

El numeral 24 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, al ser comparado con la disposición contenida en el ordinal 15 del artículo 42 de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, contiene dos importantes novedades: Por una parte, se incorpora como competencia de esta Sala Político-Administrativa, conocer de las demandas que se interpongan contra los Estados y los Municipios, así como contra cualquier ente público en el cual la República ejerza un control decisivo y permanente en su dirección o administración (competencia ésta, distinta a la que ya tenía esta Sala, conforme a la ley derogada y que se mantiene en la nueva ley, respecto de las demandas contra la República, los Institutos Autónomos y las empresas en las cuales el Estado tenga participación decisiva), y por la otra, en relación a la cuantía, cuyo conocimiento se efectúa con base a unidades tributarias y concretamente a las demandas cuya cuantía sean superiores a setenta mil una unidades tributarias (70.001 U.T.), lo que equivale actualmente a un mil setecientos veintinueve millones veinticuatro mil setecientos bolívares sin céntimos (Bs. 1.729.024.700,oo), ya que la unidad tributaria equivale para la presente fecha a la cantidad de veinticuatro mil setecientos bolívares sin céntimos (Bs. 24.700,oo), a diferencia de la que establecía la ley derogada, cuya cuantía era por una cantidad superior a cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,oo).

Tal particularidad, es decir, la relativa a la cuantía, tiene especial significación en este caso, en virtud de que la cuantía de la presente demanda es por la cantidad de treinta y cuatro millones ciento seis mil doscientos ochenta y cuatro Bolívares (Bs. 34.106.284,00), por lo cual esta Sala no es competente para conocer de la misma.

Ahora bien, por cuanto esta Sala es la cúspide y rectora de la jurisdicción contencioso administrativo, a los fines de delimitar las competencias que tendrán los tribunales que conforman dicha jurisdicción para conocer de las acciones como la presente, que se interpongan contra las personas jurídicas que se indican en el numeral 24 del artículo 5 de la Ley que rige a este M.T., y cuya cuantía sea inferior a setenta mil una unidades tributarias (70.001 U.T.), pasa a determinar dicha competencia en la siguiente forma:

1. Los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo Regionales, conocerán de las demandas que se propongan contra la República, los Estados, los Municipios, o algún Instituto Autónomo, ente público o empresa, en la cual la República, los Estados, o los Municipios, ejerzan un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración se refiere, si su cuantía no excede de diez mil unidades tributarias (10.000 U.T), que actualmente equivale a la cantidad de doscientos cuarenta y siete millones de bolívares con cero céntimos (Bs. 247.000.000,00), ya que la unidad tributaria equivale para la presente fecha a la cantidad de veinticuatro mil setecientos bolívares sin céntimos (Bs. 24.700,00), si su conocimiento no está atribuido a otro tribunal.

2. Las Cortes de lo Contencioso Administrativo con sede en Caracas, conocerán de las demandas que se propongan contra la República, los Estados, los Municipios, o algún Instituto Autónomo, ente público o empresa, en la cual la República, los Estados, o los Municipios, ejerzan un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración se refiere, si su cuantía excede de diez mil unidades tributarias (10.000 U.T), que actualmente equivale a la cantidad de doscientos cuarenta y siete millones de bolívares con cero céntimos (Bs. 247.000.000,00), hasta setenta mil una unidades tributarias (70.001 U.T.), la cual equivale a la cantidad de un mil setecientos veintinueve millones veinticuatro mil setecientos bolívares con cero céntimos (Bs. 1.729.024.700,oo), por cuanto la unidad tributaria equivale para la presente fecha a la cantidad de veinticuatro mil setecientos bolívares sin céntimos (Bs. 24.700,00), si su conocimiento no está atribuido a otro tribunal.

3. La Sala Político-Administrativa, conocerá de las demandas que se propongan contra la República, los Estados, los Municipios, o algún Instituto Autónomo, ente público o empresa, en la cual la República, los Estados, o los Municipios, ejerzan un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración se refiere, si su cuantía excede de setenta mil una unidades tributarias (70.001 U.T.), lo que equivale actualmente a un mil setecientos veintinueve millones veinticuatro mil setecientos bolívares sin céntimos (Bs. 1.729.024.700,oo), ya que la unidad tributaria equivale para la presente fecha a la cantidad de veinticuatro mil setecientos bolívares sin céntimos (Bs. 24.700,oo), si su conocimiento no está atribuido a otro tribunal.

Por todo lo antes expuesto, esta Sala no acepta la competencia que le fuera declinada por el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas para conocer de la demanda interpuesta por el ciudadano H.C.R., actuando en su carácter de Director General de la empresa IMPORTADORA CORDI , C.A., contra VENEZOLANA DE TELEVISIÓN C.A. , por corresponder su conocimiento a los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, por razón de la cuantía, ya que dicha demanda no excede de las diez mil unidades tributarias (10.000 U.T.). Así se decide.

Finalmente, esta Sala reproduce en los mismos términos las consideraciones anteriores, en lo referente a cuales tribunales dentro de la jurisdicción contencioso administrativo conocerán de las acciones a que alude el numeral 25 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, cuando su cuantía no exceda de las setenta mil una unidades tributarias (70.001 U.T.). Así se decide.

III

DECISIÓN

Atendiendo a los razonamientos expresados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: