Decisión nº 2 de Juzgado Superior Decimo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 3 de Mayo de 2007

La demandada opuso la falta de cualidad e interés de la demandante para incoar la demanda, ya que a su criterio INVERSIONES BOMILL C.A. no ostentaba la condición de arrendadora. En relación con esta cuestión, el juzgado de primer grado estableció que la parte actora sí tenía cualidad para interponer la acción, en consecuencia desestimó dicho planteamiento y en razón de esta desestimación juzgó que la demandada no había obtenido un vencimiento total, de ahí que se abstuviera de condenar en costas a la sociedad mercantil querellante.

Contra ese proveimiento no apeló la accionada, lo que quiere decir que se conformó con lo decidido sobre ese extremo por la sentenciadora a quo, por tal motivo, considera la alzada, el punto relativo a la falta de cualidad alegada por la empresa ALIMENTOS ARCOS DORADOS DE VENEZUELA C.A. y la no imposición de las costas procesales causadas en sede de primera instancia están excluidos del thema decidendum de la alzada. Así se declara.

Como se ha expresado en la sección narrativa de este fallo, la querellante alega que la demandada incumplió el contrato, por cuanto no había cancelado los cánones de arrendamiento correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2005 y enero, febrero y marzo de 2006, ni sus respectivos impuestos al valor agregado, aparte de que tampoco había pagado el canon porcentual correspondiente a los trimestres de septiembre, octubre y noviembre y diciembre de 2005, y enero y febrero de 2006, ni sus correspondientes impuestos al valor agregado, lo que en su concepto la autorizaba para pedir la extinción del contrato.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.592 del Código Civil, las dos obligaciones esenciales del arrendatario radican en servirse de la cosa dada en arrendamiento como un buen padre de familia y para el uso determinado en el contrato, y en pagar el canon de arrendamiento en los términos convenidos.

INVERSIONES BOMILL C.A. funda su acción en el incumplimiento de esta última obligación. Las partes mantienen alguna diferencia en cuanto al monto que debe pagarse a título de canon arrendaticio, ya que en el convenio estipularon ciertamente, fuera de una cuota fija, a la cual se le agregaría anualmente un aumento hasta del 60% de la variación del Índice de Precios al Consumidor publicado por el Banco Central de Venezuela, un canon porcentual sobre las ventas trimestrales del negocio que operaría en el inmueble, determinado de acuerdo con la fórmula establecida en la convención; en cambio, la demandada señala que el inmueble fue regulado según Resolución de 1° de julio de 2005, por la Dirección de Inquilinato del Ministerio de Infraestructura, en el monto máximo mensual de SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL OCHENTA Y SEIS BOLÍVARES CON OCHENTA CÉNTIMOS (Bs. 6.809.086.80). Siendo así, indudablemente que es esta cantidad la que debe pagar la demandada como contraprestación por el uso del inmueble, lo que excluye en consecuencia la posibilidad jurídica de exigir cualquier diferencia que sobrepase el límite impuesto por el Organismo Regulador, por tratarse de materia de estricto orden público, no relajable por convenio entre particulares. Así se decide.

Establecido lo anterior, debe decirse que la demandada opuso a las pretensiones de su adversaria, como cuestión prioritaria, el hecho de que contractualmente gozaba del beneficio estatuido en la cláusula décima sexta del contrato de arrendamiento, que constreñía a la arrendadora a notificarle por escrito “cualquier incumplimiento en sus obligaciones”, disfrutando la inquilina de un plazo de treinta días contados a partir de la notificación, para subsanar el incumplimiento.

La cláusula en mención textualmente estipula:

DÉCIMA SEXTA: INCUMPLIMIENTO DE LA ARRENDATARIA: Si la ARRENDATARIA incurriere en cualquier incumplimiento de sus obligaciones, tendrá un plazo de treinta (30) días continuos a partir de la fecha de la notificación por escrito que le haga la ARRENDADORA requiriéndole el cumplimiento, para subsanar dicho incumplimiento. Queda entendido que si el incumplimiento no pudiere ser subsanado con la debida diligencia dentro del referido período de treinta (30) días continuos contados a partir de la fecha de que fuere notificada por escrito por la ARRENDADORA exigiéndole el cumplimiento y la ARRENDATARIA previamente a la expiración de ese lapso, hubiera comenzado a subsanar dicho incumplimiento, la ARRENDADORA no tendrá derecho a dar por resuelto el CONTRATO ni a exigir indemnización por daños y perjuicios como consecuencia del referido incumplimiento

.

Como esta previsión no afecta el orden público ni las buenas costumbres, ella resulta perfectamente lícita y por consiguiente de necesaria observancia por los contratantes, puesto que a tenor de lo dispuesto en el artículo 1.160 del Código Civil, “Los contratos deben ejecutarse de buena fe y obligan no solamente a cumplir lo expresado en ellos, sino a todas las consecuencias que se derivan de los mismos contratos, según la equidad, el uso o la Ley”, mientras que de acuerdo con la norma del artículo 1.264 eiusdem, “Las obligaciones deben cumplirse exactamente como han sido contraídas…”.

Estando de por medio la transcrita cláusula, al tribunal le resulta injustificado el que la actora haya prescindido de cumplir con el compromiso de imponer a la arrendataria, de forma previa a toda actuación judicial, del incumplimiento que le imputa en el libelo, pues, la finalidad de lo establecido en la estipulación deja entrever, sin mayor esfuerzo interpretativo, que a la arrendataria le asistía el derecho de subsanar o de enmendar, a requerimiento de la demandante, cualquier deficiencia o retardo en el cumplimiento, lo que equivale, en el entendimiento del tribunal, a una especie de antejuicio de mérito, lo que es perfectamente válido como fórmula orientada a precaver litigios.

Probada la obligación de la demandante de requerir por escrito el cumplimiento y el lapso de treinta días de que gozaba la demandada para subsanar el incumplimiento, sin lo cual no tenía derecho a dar por resuelto el contrato ni a exigir indemnización por daños y perjuicios, a INVERSIONES BOMILL C.A. tocaba probar haber cumplido con dicha notificación, ya que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1.354 del Código Civil y 506 del Código de Procedimiento Civil, las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho, de modo que quien pretenda que ha sido libertado de la obligación, debe probar el pago o el hecho extintivo de la misma; por ende, el tribunal examinará a continuación el acervo probatorio consignado en el expediente, con el propósito de precisar si tal notificación se produjo.

Los elementos de convicción procesal consignados durante la secuela del procedimiento, y que el tribunal analizará atendiendo al orden en que fueron presentados, son los siguientes:

1. a.- Copia certificada del poder conferido por los ciudadanos E.R.D.F. e I.R.V. en su carácter de presidente y vicepresidenta respectivamente de INVERSIONES BOMILL C.A., a los abogados I.G.D. e I.R.V.. (folios 6 al 10).

   b.- Original del contrato de arrendamiento cuya resolución se ha demandado (folios 11 al 22).

   3. Copia certificada del contrato de administración celebrado entre INVERSIONES NODELFI C.A. e INVERSIONES BOMILL C.A., mediante el cual ésta última se comprometió a administrar y mantener cada uno de los locales comerciales del Centro Comercial Unidad Comercial La Florida, con facultad para celebrar contratos de arrendamiento con los inquilinos de los locales pertenecientes a INVERSIONES NODELFI C.A. (folios 23 al 26).

   d.- Copia simple de la Resolución Nº 009356 de fecha 1° de junio de 2005 emanada de la Dirección General de Inquilinato del Ministerio de Infraestructura (folios 27 al 31).

   e.- Copia fotostática simple del documento protocolizado el 30 de julio de 2003, mediante el cual PLANIFICACIONES LEBASI C.A. vendió a INVERSIONES NODELFI C.A. el edificio denominado Unidad Comercial La Florida (folios 30 al 35).

   Estos recaudos, consignados con la demanda por la representación accionante, se refieren a hechos distintos a la notificación prevista en la cláusula décima sexta del contrato de arrendamiento y por lo tanto son totalmente irrelevantes al respecto. Así se decide.

2. Documentos consignados por los abogados M.D.C.Q.R. y R.M.G. como representantes judiciales de ALIMENTOS ARCOS DORADOS DE VENEZUELA C.A., en fecha 18 de mayo de 2006, consistentes en:

   a.- Legajo continente de copia certificada de los originales que cursan insertos a los folios 1, 2, 66 al 70 y 71 del expediente Nº 2006-0619 de la nomenclatura del Juzgado Vigésimo Quinto de Municipio de esta Circunscripción Judicial así como de copia simple de los folios de dicho expediente del 3 al 65. Las actuaciones a que dicho legajo se contrae son a su vez, las siguientes: 1) Escrito dirigido por M.M., actuando con el carácter de apoderada de ALIMENTOS ARCOS DORADOS DE VENEZUELA C.A., al Juzgado Vigésimo Quinto de Municipio de esta Circunscripción Judicial, mediante el cual consignó a favor de INVERSIONES NODELFI C.A., la cantidad de Bs. 47.663.607,60, para pagar los cánones de arrendamiento de noviembre y diciembre de 2005 y enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2006, a razón de Bs. 6.809.086,80 cada mes, fijado por la Regulación Inquilinaria Nº 1009356, por el alquiler del inmueble Restaurante McDonald’s situado en el estacionamiento de la Unidad Comercial La Florida (folios 47 y 48). 2) Contrato de arrendamiento cuya resolución se ha demandado (folios 53 al 64). 3) Sustitución de poder por parte de A.P.S. en la persona de M.M. (folios 65 al 67). 4) Poder conferido por G.M. d’EMPAIRE en nombre de ALIMENTOS ARCOS DORADOS DE VENEZUELA C.A. a A.P.S. (folios 68 al 70). 5) Acta de la Asamblea General Extraordinaria de la compañía TÉCNICA ALIMENTICIA LBT C.A., celebrada el 19 de noviembre de 1993 (folios 72 al 96). 6) Acta de la reunión de Junta Directiva de ALIMENTOS ARCOS DORADOS DE VENEZUELA C.A., celebrada el día 8 de diciembre de 2005 (folios 97 al 104). 7) Resolución Nº 1009356 de la Dirección General de Inquilinato de fecha 1° de junio de 2005, mediante la cual se regularon los distintos locales dados en arrendamiento a la demandada en la cantidad de Bs. 6.809.086,80 (folios 105 al 107). 8) Comprobante de Registro de Información Fiscal de la demandada (folio 108). 9) Recibos de facturas Nº 000183 (folios 109 y 110). 10) Planilla de depósito bancario (folio 111). 11) Auto de ingreso de consignaciones de fecha 27 de abril de 2006 (folio 112). 12) Pago de viáticos (folio 113) 13) Solicitud de copias certificadas y auto que proveyó (folios 114 y 115). 14) Diligencia suscrita por el alguacil del nombrado Juzgado Municipal de fecha 16 de mayo de 2006, dejando constancia de que fue infructuosa la notificación del representante judicial de INVERSIONES NODELFI C.A. (folio 116). 15).

   b.- Original de la comunicación dirigida por la doctora I.R.V. como vicepresidenta de INVERSIONES BOMILL C.A. a ALIMENTOS ARCOS DORADOS DE VENEZUELA C.A., fechada el 6 de marzo de 2005, en la que le participa que a partir de abril de ese año, la facturación para cancelar los montos mensuales por renta, será emitida por la empresa INVERSIONES NODELFI C.A., propietaria de La Unidad Comercial La Florida, aun cuando INVERSIONES BOMILL C.A. “sigue siendo la empresa administradora de estos recaudos” y que por lo tanto los cheques deberían ser emitidos a favor de INVERSIONES NODELFI C.A.” (folio 118).

   c.- Recibos de cánones de los meses de junio y julio de 2005.

   Como puede apreciarse, ninguno de estos recaudos demuestra el requerimiento de cumplimiento a que se refiere la cláusula décima sexta del contrato de arrendamiento y desde este punto de vista son totalmente irrelevantes.

3. Anexos consignados junto con la contestación a la demanda. Se trata de cinco anexos acompañados marcados “A”, folios 147 y 148; “B”, folio 149; “C”, folio 150; “D”, folio 151, y “E”, folios 152 al 178. El primero de dichos anexos consiste en una copia fotostática simple del documento autenticado el 4 de septiembre de 2003 en la Notaría Pública Cuadragésima Quinta del Municipio Libertador del Distrito Capital, referida al contrato de administración entre INVERSIONES NODELFI C.A. y PRODUCCIONES M.D.L. ALBERTISING C.A., mediante el cual ésta última asumió la administración del referido Centro Comercial. El segundo consiste en una comunicación fechada el 12 de diciembre de 2003, dirigida por INVERSIONES NODELFI C.A. a ALIMENTOS ARCOS DORADOS DE VENEZUELA C.A., participándole la celebración del descrito contrato de administración. El tercero consiste en original de la comunicación fechada el 3 de noviembre de 2004, dirigida por la vicepresidenta de INVERSIONES BOMILL C.A. a la demandada, requiriéndole información referente a los pagos efectuados con motivo del arrendamiento McDonald’s La Florida, durante ese año. El cuarto de esos anexos consiste en una reproducción, con sello de recepción de McDonald’s la Florida, de la comunicación fechada el 19 de mayo de 2005, dirigida por la vicepresidencia de INVERSIONES BOMILL C.A. a ALIMENTOS ARCOS DORADOS DE VENEZUELA C.A., a la cual se hizo referencia líneas arriba. El último de dichos recaudos consiste en el contrato recíproco de arrendamiento celebrado entre PLANIFICACIONES LEBASI C.A. por una parte, y ALIMENTOS ARCOS DORADOS DE VENEZUELA C.A., por la otra.

   Al igual que en los casos anteriores, juzga el sentenciador que ninguno de estos recaudos guarda pertinencia con el hecho del requerimiento de cumplimiento a que se refiere la aludida cláusula décima sexta, y por lo tanto carecen al respecto de toda virtud probatoria.

4. Prueba documental acompañada con el primer escrito de promoción de pruebas de la parte demandada. Se trata de original de comunicación y de copias simples de una serie de instrumentos, distinguidas con las letras que van desde la “A” hasta la “U”, consistentes, la primera de ellas (folio 195), en comunicación privada remitida por PLANIFICACIONES LEBASI C.A. a ALIMENTOS ARCOS DORADOS DE VENEZUELA C.A., participándole que los próximos pagos por concepto de canon de arrendamiento y otros relacionados con el terreno Restaurant McDonald’s La Florida, deben ser emitidos los cheques a favor de INMOBILIARIA LA FLORIDA C.A., mientras que las copias simples se refieren a comunicaciones enviadas entre las partes, relacionadas con la relación arrendaticia de marras, a la anterior Resolución de abril de 2002 y al contrato de arrendamiento y de la cuenta individual de INVERSIONES NODELFI C.A. en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (folio 196 al 242), que tampoco guardan pertinencia con dicho requerimiento de cumplimiento y que en tal sentido son totalmente irrelevantes desde el punto de vista probatorio.

5. Pruebas documentales consignadas por el abogado R.M.G. con su segundo escrito de promoción de pruebas de fecha 6 de junio de 2006. Consisten en copia simple de los siguientes instrumentos: 1) Documento constitutivo de PLANIFICACIONES LEBASI C.A. (folios 257 al 262). 2) Actas de asambleas extraordinarias de accionistas de dicha empresa, celebradas los días 1 de diciembre de 1997 y 20 de septiembre de 2001 (folios 263 al 268). 3) Documento constitutivo de Inmobiliaria La Florida C.A. y actas de asambleas extraordinarias de accionistas de esa empresa, celebradas el 30 de mayo de 1973 y 30 de mayo de 1974 (folios 269 al 278). 4) Actas de asamblea extraordinaria de accionistas de Inmobiliaria La Florida C.A., de fechas 1° de marzo de 1993, 15 de abril de 1998 y 25 de enero de 2002 (folios 279 al 289). 5) Documento constitutivo de INVERSIONES NODELFI C.A. y actas de asambleas de dicha empresa celebradas los días 20 de septiembre de 2001 y 11 de julio de 2003 (folios 290 al 305). 6) Acta de asamblea extraordinaria de accionistas de la sociedad de comercio FULL PRODUCTION SERVICE C.A., celebrada el 28 de mayo de 2001 y documento constitutivo de la empresa PRODUCCIONES M.D.L. ALBERTISING C.A. y asamblea de fecha 7 de febrero de 2002 (folios 308 al 329); documento constitutivo de INVERSIONES BOMILL C.A. 7) Documento mediante el cual PRODUCCIONES M.D.L. ALBERTISING C.A. vendió a INVERSIONES NODELFI C.A. un inmueble constituido por un lote de terreno de cinco metros de frente por veinte de fondo, situado en la Calle Coello, Urbanización La Campiña (folios 333 al 335). 8) Documento mediante el cual PRODUCTORA MOVIECOM C.A. vende a INVERSIONES NODELFI C.A. dos lotes de terreno situados en jurisdicción de la Parroquia El Recreo, Distrito Federal (folios 336 al 339).

   De ninguno de estos instrumentos se desprende que la actora haya notificado a la demandada del algún incumplimiento contractual ni mucho menos que le haya concedido el plazo de 30 días para la subsanación a que hubiere lugar. Así se decide.

6. Documentos privados consignados en la etapa probatoria por la representación actora, los cuales se discriminan a continuación: 1) Correspondencias de fechas 08 de febrero de 2001 y 2 de mayo de 2001 dirigidas por ALIMENTOS ARCOS DORADOS DE VENEZUELA C.A. a INMOBILIARIA LA FLORIDA (folios 345 y 346). 2) Correspondencias de fechas 30 de octubre de 2002 y 15 de noviembre de 2002 dirigidas por PLANIFICACIONES LEBASI C.A. a ALIMENTOS ARCOS DORADOS (folios 347 y 348). 3) Correspondencia del 22 de noviembre de 2002 dirigida por ALIMENTOS ARCOS DORADOS DE VENEZUELA C.A. a PLANIFICACIONES LEBASI C.A. (FOLIO 349). 4) Correspondencias de 06 de febrero de 2003 y 25 de febrero de 2003 dirigidas por INMOBILIARIA LA FLORIDA C.A. a ALIMENTOS ARCOS DORADOS DE VENEZUELA C.A. (folios 350 y 351). 5) Correspondencias de fechas 5 de marzo de 2003 y 10 de marzo de 2003 dirigida por ALIMENTOS ARCOS DORADOS DE VENEZUELA C.A. a INMOBILIARIA LA FLORIDA C.A. (folios 352 al 354). 6) Correspondencia de 30 de junio de 2006 dirigida por INMOBILIARIA FLORIDA C.A. a ALIMENTOS ARCOS DORADOS DE VENEZUELA C.A. (folio 355). 7) Correspondencia de 28 de julio de 2003 dirigida por PLANIFICACIONES LEBASI C.A. ALIMENTOS ARCOS DORADOS DE VENEZUELA C.A. (folio 356). 8) Correspondencia de 11 de diciembre de 2003 dirigida por INVERSIONES NODELFI C.A. a ALIMENTOS ARCOS DORADOS DE VENEZUELA C.A. (folio 357). 9) Correspondencias de fechas 5 de diciembre de 2003 y 9 de diciembre de 2003 dirigidas por ALIMENTOS ARCOS DORADOS DE VENEZUELA C.A. a INMOBILIARIA LA FLORIDA C.A. (folios 358 y 359). 10) Correspondencias de 5 de marzo de 2004, 10 de marzo de 2004 dirigidas por ALIMENTOS ARCOS DORADOS DE VENEZUELA C.A. a INMOBILIARIA LA FLORIDA C.A. (folios 360 y 361). 11) Correspondencia del 7 de junio de 2004 dirigida por INMOBILIARIA LA FLORIDA C.A. a ALIMENTOS ARCOS DORADOS DE VENEZUELA C.A. (folio 362). 12) Correspondencias de 8 y 15 de junio de 2004; dirigidas por ALIMENTOS ARCOS DORADOS DE VENEZUELA C.A. a INMOBILIARIA LA FLORIDA C.A. (folios 363 al 365). 13) Correspondencia de 6 de septiembre de 2004 dirigida por ALIMENTOS ARCOS DORADOS DE VENEZUELA C.A. a INVERSIONES BOMILL C.A. (folio 366). 14) Correspondencias de fechas 19 y 20 de octubre de 2004, dirigidas por Q.R. & C.M., Estudio de Abogados a INVERSIONES BOMILL C.A. (folios 367 al 371). 15) Correspondencia del 21 de octubre de 2004 dirigidas por INVERSIONES BOMILL C.A. a ALIMENTOS ARCOS DORADOS DE VENEZUELA C.A. (folio 372). 16) Correspondencia de 28 de octubre de 2004 dirigida por INVERSIONES NODELFI C.A. a ALIMENTOS ARCOS DORADOS DE VENEZUELA C.A. (folio 373). 17) Correspondencias de fecha 3 de noviembre de 2004 dirigidas por INVERSIONES BOMILL C.A. a ALIMENTOS ARCOS DORADOS DE VENEZUELA C.A. (folios 374 al 376). 18) Correspondencias de fechas 29 de noviembre de 2004; 4 de diciembre de 2004 y 20 de diciembre de 2004, dirigidas por ALIMENTOS ARCOS DORADOS DE VENEZUELA C.A. a INVERSIONES BOMILL C.A. (folios 377 al 380). 19) Comunicación de fecha 7 de enero de 2005 dirigida por ALIMENTOS ARCOS DORADOS DE VENEZUELA C.A. a INMOBILIARIA LA FLORIDA C.A. (folio 381). 20) Comunicación de 11 de enero de 2005 dirigida por ALIMENTOS ARCOS DORADOS DE VENEZUELA C.A. a INVERSIONES BOMILL C.A. (folio 382). 21) Correspondencia de 20 de enero de 2005 dirigida por Q.R. & C.M., Estudio de Abogados a INVERSIONES BOMILL C.A. (folio 383). 22) Comunicación de 22 de febrero de 2005 dirigida por ALIMENTOS ARCOS DORADOS DE VENEZUELA C.A. a INVERSIONES BOMILL C.A. (folios 384 y 385). 23) Correspondencia de 4 de marzo de 2005 dirigida por ALIMENTOS ARCOS DORADOS DE VENEZUELA C.A. a INVERSIONES BOMILL C.A. (folio 386). 24) Comunicaciones de fechas de 6 de marzo de 2005 y 19 de mayo de 2005 dirigidas por INVERSIONES BOMILL C.A. a ALIMENTOS ARCOS DORADOS DE VENEZUELA C.A. (folios 387 y 388). 25) Correspondencia de 18 de enero de 2006 dirigida por INVERSIONES NODELFI C.A. a ALIMENTOS ARCOS DORADOS DE VENEZUELA C.A. (folio 389).

   De ninguno de estos recaudos se desprenden elementos de convicción procesal capaces de demostrar que la demandante requirió a la demandada el cumplimiento de sus obligaciones a que se refiere la cláusula décima sexta del contrato de arrendamiento. Así se decide.

7. Oficios emanados del Banco Mercantil, Banco Universal C.A., fechados el 9 de junio de 2006 y 25 de julio de 2006 (folios 392 y 404 respectivamente), dirigidos al tribunal a quo, el último de ellos junto con copias de los cheques números 89289400 y 83288703, pertenecientes a ALIMENTOS ARCOS DORADOS DE VENEZUELA, a favor de INVERSIONES NODELFI C.A., los recaudos en mención se refieren a efectos de comercio librados en octubre de 2005 y julio de 2005 por la demandada, a favor de la demandante, y nada tienen que ver con la deuda reclamada ni evidencian de modo alguno que la empresa accionante haya requerido a su adversaria el pago de los montos y conceptos reclamados en el libelo, por lo tanto nada prueban sobre el particular. Así se decide.

   Importa decir, por último, en lo que a la prueba instrumental allegada al expediente se refiere, que los recaudos remitidos al Juzgado Distribuidor de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas para que fueran ratificados por el ciudadano E.D., cursantes a los folios 409 al 413, no fueron ratificados por éste y por ende adolecen de toda eficacia probatoria.

   En el CAPÍTULO CUARTO del escrito de fundamentación de la apelación consignado en esta alzada por el abogado I.G.D., éste formuló el siguiente alegato:

   Sostuvo la parte demandada en primera instancia la falta de cualidad de mi representada para comparecer en juicio, situación esta que fue resuelta acertadamente por el tribunal de la causa al reconocer la procedencia de la legitimación activa de la parte actoral.

   Igualmente sostuvo la representación judicial de la demandada que la querella no procedía por cuanto, a tenor de la cláusula DÉCIMA SEXTA del contrato de arrendamiento objeto de la presente demanda, se requería la previa notificación a LA ARRENDATARIA del estado de mora; esta situación fue tácitamente puesta en conocimiento de la demandada por cuanto ella misma procedió a efectuar las consignaciones de manera extemporánea de los cánones de arrendamiento en el Juzgado Vigésimo Quinto (25°) de Municipio de esta Circunscripción Judicial, aún antes de que fuera interpuesta la demanda, según consta en los autos, con lo cual queda claramente demostrado que LA ARRENDATARIA ya sabía su situación de morosidad y por lo tanto era inútil cualquier notificación que se le hiciere.

   De tal forma que, como quedó expresado up supra, al no proceder LA ARRENDATARIA, ALIMENTOS ARCOS DORADOS DE VENEZUELA C.A., a cancelar los cánones de arrendamiento de manera oportuna, era procedente solicitar judicialmente la resolución del contrato por falta de pago y consecuencialmente la entrega del inmueble, ya que se encontraba en estado de mora en el cumplimiento de su obligación contractual

   .

   Para decidir al respecto, se observa:

   La obligación de la parte arrendadora a que se contrae la cláusula décima sexta del contrato de arrendamiento era poner en conocimiento de la demandada cualquier incumplimiento contractual por parte de ésta, con la finalidad de que, de ser el caso, lo subsanara, al punto de que a partir de la notificación correspondiente la inquilina tenía treinta días continuos para cumplir la prestación o prestaciones requeridas, notificación que las partes acordaron se efectuara por escrito; por tanto, el tribunal no comparte el criterio asumido por dicho apoderado judicial de que el hecho de la consignación de las pensiones en el juzgado municipal es señal inequívoca de la consciencia de morosidad que tenía la demandada, que hacía innecesario el preaviso, pues, esa actitud de consignar los cánones, como la arrendataria lo asomó, fue en función de una sana previsión, y no porque diera por satisfecha o dispensara a la arrendadora de la formalidad de ponerla en mora y de prescindir del beneficio del plazo de treinta días a los efectos de cualquier corrección, de modo que no puede decirse con justicia que la empresa querellada se haya mostrado rebelde frente a sus compromisos contractuales y que debido a ello se hizo pasible de la pretensión resolutoria deducida en su contra. Así también se determina.

   En resumen, dado que no fue demostrada la conducta antijurídica atribuida a la demandada, es manifiesto que no estamos en presencia del supuesto de inejecución de la obligación o de un grave retardo culposo en su cumplimiento, por consiguiente, debe desestimarse la demanda y así se dispondrá en el segmento resolutivo de esta sentencia.

   En virtud de la precedente determinación, se torna innecesario, a juicio del sentenciador, analizar y juzgar la excepción perentoria de pago opuesta subsidiariamente por la demandada. Así se decide.

   DECISIÓN

   Por los fundamentos antes expuestos este Tribunal Superior administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: 1) SIN LUGAR la demanda de resolución de contrato intentada por la sociedad mercantil INVERSIONES BOMILL C.A. contra la empresa ALIMENTOS ARCOS DORADOS DE VENEZUELA C.A., ya identificadas. 2) SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto el 26 de marzo de 2007 por el abogado I.G.D. en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, contra la decisión dictada en esta causa el 19 de enero de 2007 por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

   Queda CONFIRMADA la apelada.

   De conformidad con lo establecido en el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil, se imponen las costas del recurso a la parte apelante.

   Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión.

   Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en la ciudad de Caracas, a los tres (3) días del mes de mayo del año dos mil siete (2007). Años: 197° y 148°.-

   EL JUEZ,

   DR. J.D.P.M.

   LA SECRETARIA,

   ABG. E.R.G.

   En la misma fecha, 3/5/2007, se registró y publicó la anterior decisión constante de veinte (20) folios útiles, siendo las 3:00 p.m.-

   LA SECRETARIA,

   ABG. E.R.G..

   Exp. Nº 5.530

   JDPM/ERG/cs