Decisión de Juzgado Decimo Cuarto de Municipio de Caracas, de 29 de Febrero de 2008
| Fecha de Resolución | 29 de Febrero de 2008 |
| Emisor | Juzgado Decimo Cuarto de Municipio |
| Ponente | Juan Carlos Varela Ramos |
| Procedimiento | Resolución De Venta Con Reserva De Dominio |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO DÉCIMO CUARTO DE MUNICIPIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS.
PARTE ACTORA: Sociedad Mercantil INVERSIONES CREDI CASH, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capiatl y estado Miranda, bajo el N° 35, Tomo 77-A-Pro, en fecha 06 de junio de 2005.
APODERADOS JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: Ciudadanos F.H. y A.T., abogados en ejercicio, e inscritos en el Inpre-Abogado bajo los Nros 9.965 y 45.499 respectivamente..
PARTE DEMANDADA: Ciudadano J.J.C.B., venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° 10.784.138. La parte demandada no tiene apoderado judicial constituido en autos.
MOTIVO DE LA DEMANDA: RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE VENTA CON RESERVA DE DOMINIO
EXPEDIENTE No. 2139.
-I-
NARRATIVA
Se inició la presente causa por libelo de demanda introducido por ante el Tribunal Décimo Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Distribuidor de Turno, y en virtud de la distribución fue asignado su conocimiento, sustanciación y decisión a este Juzgado Décimo Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por sorteo de fecha 09 de octubre de 2006, y recibido en este Despacho en fecha 10 de octubre del mismo año.
Mediante escrito de fecha 11 de octubre de 2006, presentado por el apoderado actor, consignó los recaudos correspondiente a los fines de la admisión de la demand, siendo admitida por auto de fecha 19 de octubre de 2006.
Por diligencia de fecha 24 de octubre de 2006, el apoderado judicial de la parte actora, señaló la dirección para la práctica de la citación, acordándose librar la respectiva compulsa.
Cursa a los folios 16 al 18 del expediente escrito de reforma de la demanda, la cual fue admitida conforme al auto de fecha 13 de noviembre de 2006.
Por diligencia de fecha 05 de diciembre de 2006, compareció el abogado C.M., en su carácter de parte actora mediante la cual consignó los fotostatos relativos a la compulsa.
Riela al folio 21 del expediente diligencia de fecha 05 de diciembre de 2006, suscrita por la parte actora, mediante la cual suministró al alguacil las expensas a los fines de practicar la citación de la parte demandada en el presente juicio.
Por auto de fecha 06 de diciembre de 2006, se libró la compulsa, y se hizo entrega de la misma al Alguacil de este Juzgado.
Corre inserta al folio 23 diligencia de fecha 15 de diciembre de 2006, suscrita por el Alguacil A.R. dejando constancia que se trasladó a la Avenida Las Escuelas, Escuela Técnica del Ejercito, Fuerte Tiuna, El Valle, Caracas, con el propósito de citar al ciudadano J.J.C.B., siendo imposible su misión, razón por la cual consignó la respectiva compulsa y recibo de citación sin firmar.
CUADERNO DE MEDIDAS
Por auto de fecha 19 de octubre de 2006, se aperturó el respectivo cuaderno de medidas.
Mediante diligencia de fecha 24 de octubre de 2006, el abogado C.M. en su carácter de parte actora, consignó los fotostatos requeridos, a los fines de que el Tribunal se pronunciara sobre la medida de secuestro, ordenándose agregar a los autos en fecha 25 de octubre de 2006.
Riela al folio 20 del cuaderno de medidas, auto fijando caución o garantía para pronunciarse sobre el decreto de la medida de secuestro.
-II-
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
Ahora bien en virtud de lo antes transcrito, este Tribunal previamente estima realizar las siguientes consideraciones de orden fáctico y jurídico:
No debe este Despacho pasar por alto que, desde el 13 de Noviembre de 2006 fecha en que se admitió la demanda por el procedimiento breve hasta la presente fecha, ha transcurrido más de un (01) año sin que conste en autos la citación de la parte demandada, por cuanto la parte actora a pesar de consignar los fotostatos necesarios para la compulsa, y suministrar los recursos o medios para que el alguacil practicara la citación, la misma no fue posible conforme se desprende de la diligencia de fecha 15 de diciembre de 2006, suscrita por el alguacil, y siendo que la parte actora no ha realizado actuación alguna que haga presumir que se efectuó algún trámite a los fines de impulsar el juicio, evidenciándose así la falta de interés del accionante en el perfeccionamiento de la relación jurídica procesal, por lo que, forzosamente este Despacho debe concluir que, en el caso de autos ha operado de oficio la perención a la que hace referencia el Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil Venezolano, el cual dispone:
…“Artículo 267. Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención…”
Asimismo, establece el artículo 269 eiusdem, lo siguiente:
…“Artículo 269. La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente.”…
En el caso de autos, se evidencia que la última actuación realizada en el expediente es la consignación del alguacil de fecha 15 de diciembre de 2006, en la cual dejó constancia que le fue imposible practicar la citación de la parte demandada, sin que hasta la presente fecha la parte actora haya realizado actuación alguna para la continuación del juicio, a los efectos de trabar la litis.
Con la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, la cual en su artículo 26, consagra la “gratuidad de la justicia” se ha interpretado que la única obligación impuesta a la parte actora respecto de la citación del demandado, era la existente, bajo el i.d.T.C. de 1961, esto es, la de pagar el Arancel Judicial correspondiente, en virtud de que el artículo 26 del Texto Constitucional garantiza la gratuidad de la justicia, lo cual viene ratificado en el artículo 254 del referido texto, el cual entre otras cosas, establece lo siguiente: “El poder Judicial no está facultado para establecer tasas de aranceles, ni exigir pago alguno por sus servicios.”.
Cabe destacar que, el fin público de todo proceso como la calificación de normas de orden público, constituyen la más sana garantía de que los juicios no pueden eternizarse a voluntad de las partes o del Juez, debiendo concluir sea en forma normal con la sentencia o a través de las llamadas formas de autocomposición procesal, y la institución de la perención de la instancia, la cual no es otra cosa que, la extinción del proceso, extinción derivada de la inercia, de la inactividad procesal de las partes durante el plazo o término previsto en la Ley, para que dicho efecto se produzca. Dicha institución se caracteriza por su naturaleza de orden público, de conformidad con lo previsto en el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, es facultad del Juez declarar de oficio la perención, por estar el interés del Estado en su función jurisdiccional representativa del interés colectivo por encima del interés particular, de quienes desean la continuación de un proceso perimido.
Es a través del proceso que se ejerce el poder de acción y se deduce la pretensión, la cual consiste en la reclamación frente a otro u otros sujetos de un determinado bien de vida.
En este sentido, como en el proceso se deduce la pretensión la cual está dirigida a un sujeto distinto de aquél que la deduce, para que, esa pretensión pueda ser satisfecha es indispensable que se entable la relación jurídica procesal, lo cual se logra a través de la citación del demandado.
La citación del demandado constituye una carga para el actor, que consiste en el llamamiento que hace el Juez que conoce de la causa para que, el demandado comparezca ante él. Son actos que el actor debe realizar por su propio interés, pues mediante su perfeccionamiento se logra la constitución de la relación jurídica procesal, la cual se hace necesaria para que el órgano jurisdiccional pueda decidir el conflicto de interés que se le ha planteado y satisfacer así la pretensión que ha sido deducida por medio de la sentencia válidamente dictada.
Es por ello que, los actos que debe efectuar el actor tendiente a que el órgano jurisdiccional pueda citar al demandado no son deberes u obligaciones procesales, sino que constituyen cargas procesales. Aceptar lo contrario conllevaría, tácitamente a la aceptación de que no existe interés en la propia pretensión deducida o en convenir acerca de que pueden deducirse pretensiones carentes de fundamentación, lo cual desnaturaliza el proceso.
Entre los casos previstos en los cuales operaría la perención como consecuencia del comportamiento negligente de la o de las partes, se encuentra pautado por la Ley, una sanción a la inactividad del actor, en el sentido de ser él, el interesado en que se perfeccione la citación del demandado, a los fines de poder entablar la relación jurídica procesal, la falta de manifestación de ese interés propio es sancionado con la perención y adicionalmente, con la previsión contenida en el artículo 271 del Código de Procedimiento Civil, esto es; la inadmisibilidad “pro tempore” de la nueva demanda.
Por tanto siendo que, la demanda debidamente admitida es el acto que da inicio al proceso, que ella contiene la pretensión cuya satisfacción pide el actor al órgano jurisdiccional, que de conformidad con el artículo 215 del Código de Procedimiento Civil, la citación es una formalidad necesaria para la validez del juicio y que el establecimiento de la relación jurídico procesal surge como una consecuencia de la realización de ese acto, el impulso para lograr la citación el cual no se reduce simplemente al pago del arancel, es una carga que en definitiva le corresponde al actor, que es la persona que sostiene el interés primario en que se trabe la litis para así ver satisfecha su pretensión.
Entre los actos que son necesarios para lograr la citación del demandado, se encuentra no solamente suministrar los fotostatos para la elaboración de la compulsa, circunstancia que se verificó en la presente causa, sino que el actor debe ser diligente a objeto de cumplir con su carga procesal y en el presente caso consistía en impulsar el juicio que a su solicitud bien se ha iniciado.
En este sentido, la previsión establecida en el Texto Constitucional acerca de la Justicia Gratuita se refiere en todo caso a la eliminación parcial de los aranceles judiciales, pero en ningún caso a la eliminación de las demás normas que surgen en el proceso para las partes involucradas en el mismo.
Realizadas como han sido tales consideraciones, es forzoso para este sentenciador concluir que, el supuesto de hecho establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, se encuentra verificado en el presente caso, por cuanto se aprecia que, ante la existencia del proceso correspondía a la parte interesada impulsar el procedimiento para que el mismo continuara y se cumplieran las distintas etapas del juicio, y el primero de ellos consistía en cumplir con sus cargas procesales tendientes a lograr la citación de la parte demandada, en virtud que desde el 15 de diciembre de 2006, fecha de la consignación del Alguacil hasta la presente fecha, han transcurrido por ante este Despacho un (01) año, sin que conste en autos la citación de la parte demandada, es por lo que se considera perimida la instancia, y así se declara.
-III-
DISPOSITIVA
Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Décimo Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 en concordancia con lo establecido en el artículo 269 ambos del Código de Procedimiento Civil, con la consecuencia establecida en el artículo 271 eiusdem, es decir, que no podrá intentarse de nuevo la demanda antes de que transcurran Noventa (90) días continuos después de verificada la perención.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada.
Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Décimo Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En la ciudad de Caracas, a los veintinueve (29) días del mes de febrero del año dos mil ocho (2008). AÑOS 197° DE LA INDEPENDENCIA y 149° DE LA FEDERACIÓN.
EL JUEZ
Dr. JUAN CARLOS VARELA RAMOS
LA SECRETARIA
DIOCELIS P.B.
En la misma fecha se registró y publicó la anterior decisión, siendo las tres y cinco minutos de la tarde (03:05 p.m).
LA SECRETARIA,
DIOCELIS P.B.
Exp N° 2139
