Decisión nº 121 de Juzgado Decimo Noveno de Municipio de Caracas, de 16 de Julio de 2007

En el cuaderno de medidas, se llevaron a cabo las siguientes actuaciones:

En fecha 16.01.2007, se abrió el cuaderno de medidas.

Luego, el día 30.01.2007, se negó la medida preventiva de secuestro solicitada en el libelo de la demanda, por no encontrarse llenos los extremos legales previstos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil.

Después, en fecha 25.04.2007, la abogada D.C.P., solicitó nuevamente medida preventiva de secuestro, con fundamento en el deterioro que se atribuyó al inmueble arrendado.

Acto continuo, el día 30.04.2007, se decretó medida preventiva de secuestro sobre la cosa arrendada, exhortándose para su práctica al Juzgado Distribuidor de Municipio Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas.

De seguidas, en fecha 23.05.2007, se agregó en autos las resultas de la práctica de la medida preventiva de secuestro, procedentes del Juzgado Décimo de Municipio Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas.

- II -

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Planteada en estos términos la presente incidencia, procede de seguidas este Tribunal a pronunciarse respecto a la misma, con base en las consideraciones que se esgrimen a continuación:

Establece el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente:

Artículo 585.- Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama...

. (Subrayado y negrillas del Tribunal)

En este sentido, el poder cautelar debe ejercerse con sujeción estricta a las disposiciones legales que lo confieren, y por ello, la providencia cautelar sólo se concede cuando existen en autos medios de prueba que constituyen presunción grave de la existencia del riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, así como del derecho que se reclama.

Por tal razón, se hace imperativo para el Juez examinar los requisitos de procedencia exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, los cuales son, el peligro grave de que quede ilusoria la ejecución de una eventual decisión definitiva favorable (periculum in mora), y la presunción grave de desconocimiento del derecho que se reclama (fumus boni juris), antes de conceder o rechazar la petición cautelar.

Ahora bien, en cuanto al requisito relativo al periculum in mora, ha sido reiterado pacíficamente por la doctrina y la jurisprudencia que su verificación no se limita a la mera hipótesis o suposición, sino a la presunción grave del temor al daño por violación o desconocimiento del derecho, si éste existiese, bien por la tardanza en la tramitación del juicio, o bien por los hechos del demandado durante ese tiempo tendentes a burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada.

Y, con relación al requisito concerniente al fumus boni juris, su conformación consiste en la existencia de apariencia de buen derecho, pues cuando se acuerda la tutela cautelar no puede prejuzgarse sobre el fondo del asunto planteado. Puede comprenderse entonces como un preventivo cálculo o juicio de probabilidad y verosimilitud sobre la pretensión del demandante, correspondiéndole al Juez analizar los recaudos o elementos presentados junto con el libelo de la demanda, a los fines de indagar sobre la existencia del derecho que se reclama.

En sintonía con lo antes expuesto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, respecto al cumplimiento de los requisitos de procedencia para las medidas preventivas, en sentencia Nº 3097, de fecha 14.12.2004, con ponencia del Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz, expediente Nº 04-2469, caso: E.P.W., puntualizó lo siguiente:

…La norma hace suyo el primero de los requisitos de procedencia propios de toda medida cautelar: la apariencia de buen derecho (fumus boni iuris). Además, exige el segundo de los requisitos inmanentes a toda medida cautelar como lo es la verificación del riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora), desde que dispone que la cautela no tiene otra finalidad que la garantía de las resultas del juicio. No podría entenderse de otra manera, pues la exigencia de ambos requisitos es consustancial a la naturaleza jurídica de toda medida cautelar, tanto así que, si el legislador prescindiera de alguno de tales supuestos, estaría desnaturalizando la esencia misma de las medidas cautelares (Calamandrei, Piero, Providencias Cautelares, traducción de S.S.M., Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 1984, pp. 69 y ss.).

De allí que puede afirmarse que el juez dictará la medida preventiva cuando exista presunción del derecho que se reclama (fumus boni iuris) y riesgo de que quede ilusoria la ejecución del fallo, esto es, de que no sean plenamente ejecutables las resultas del juicio (periculum in mora), ya que, en función a la tutela judicial efectiva, las medidas cautelares en este ámbito no son meramente discrecionales de los jueces, sino que, una vez que se verifique el cumplimiento de los requisitos que establece la norma para su otorgamiento, el órgano jurisdiccional debe dictarlas.

En definitiva, el otorgamiento de una medida cautelar sin que se cumplan los requisitos de procedencia violaría flagrantemente el derecho a la tutela judicial efectiva a la contraparte de quien solicitó la medida y no cumplió sus requisitos; y al contrario, la negación de la tutela cautelar a quien cumple plenamente los requisitos implica una violación a ese mismo derecho fundamental, uno de cuyos atributos esenciales es el derecho a la eficaz ejecución del fallo, lo cual sólo se consigue, en la mayoría de los casos, a través de la tutela cautelar (Cfr. G.P., Jesús, El derecho a la tutela jurisdiccional, segunda edición, Civitas, Madrid, 1989, pp. 227 y ss). Asunto distinto es que, en la ponderación del cumplimiento de los requisitos que son exigidos por la tutela cautelar, el juez tenga una amplia facultad de valoración que lo lleve a la conclusión de que, en un caso concreto, efectivamente existen o no condiciones suficientes para el otorgamiento de la medida.

Tales extremos deben cumplirse de manera concurrente, por lo que, si falta alguno de estos elementos, el juez no podría decretar la medida preventiva...

. (Subrayado y negrillas del Tribunal)

Al unísono de lo anterior, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia nº 407, de fecha 21.06.2005, con ponencia de la Magistrada Isbelia J.P.V., expediente Nº 04-805, caso: Operadora Colona C.A., contra J.L.A. y otros, precisó lo siguiente:

…Es evidente, pues, que no puede quedar a la discrecionalidad del juez la posibilidad de negar las medidas preventivas a pesar de estar llenos los extremos para su decreto, pues con ello pierde la finalidad la tutela cautelar, la cual persigue que la majestad de la justicia en su aspecto práctico no sea ineficaz, al existir la probabilidad potencial de peligro que el contenido del dispositivo del fallo pueda quedar disminuido en su ámbito patrimonial, o de que una de las partes pueda causar daño en los derechos de la otra, debido al retardo de los procesos jurisdiccionales, aunado a otras circunstancias provenientes de las partes.

Aunado a ello, debe ser advertido que los requisitos exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil para el decreto de la medida, obedecen a la protección de dos derechos constitucionales en conflicto: el derecho de acceso a la justicia y el derecho de propiedad, previstos en los artículos 49 y 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

(…omissis…)

El primer requisito exigido en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil se refiere a la presunción de buen derecho, esto es, las razones de hecho y de derecho de la pretensión, conjuntamente con las pruebas que la sustenten.

Este extremo persigue justificar la posibilidad de limitar el derecho constitucional de propiedad del demandado, por causa de la obligación contraída por éste en cabeza del actor, quien debe crear en el juez la convicción de que es titular del derecho reclamado.

Ahora bien, respecto del periculum in mora es oportuno indicar que este requisito se refiere a la presunción de existencia de las circunstancias de hecho que, si el derecho existiera, serían tales que harían verdaderamente temible el daño inherente a la no satisfacción del mismo.

Estos dos extremos constituyen el soporte para que el juez dirima el conflicto entre el derecho constitucional de propiedad del demandado y el derecho constitucional de acceso a la justicia del actor.

El criterio actual de la Sala sólo toma en consideración el primero, esto es, la limitación del derecho de propiedad, como una circunstancia que involucra y afecta el interés particular del afectado, sin tomar en consideración que en contraposición de ese derecho constitucional surge el acceso a la justicia como manifestación esencial de la tutela judicial efectiva, que supone la necesidad cierta de garantizar no sólo accionar frente a los tribunales, sino que comprende, la posibilidad de ejecución de la sentencia definitivamente firme en los términos en que ha sido pronunciada, esto es, del título ejecutivo que en definitiva declare la voluntad de la ley, que al adquirir la fuerza de cosa juzgada, será susceptible de ejecución.

(…omissis…)

Por consiguiente, la Sala considera necesario modificar la doctrina sentada en fecha 30 de noviembre de 2000, (caso: Cedel Mercado de Capitales, C.A., c/ Microsoft Corporation), y en protección del derecho constitucional de la tutela judicial efectiva y con soporte en una interpretación armónica de las normas establecidas en el Código de Procedimiento Civil, relacionadas con el poder cautelar del juez, deja sentado que reconociendo la potestad del juez en la apreciación de las pruebas y argumentos en las incidencias cautelares cuando considere que están debidamente cumplidos los extremos previstos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, debe proceder al decreto de la medida en un todo conforme a lo pautado en el artículo 601 eiusdem…

.

De acuerdo con los precedentes jurisprudenciales antes referidos, le esta vedado al Juez justificar el rechazo de la petición cautelar en su discrecionalidad, cuando consten en autos elementos probatorios que acrediten la concurrencia de los requisitos a los cuales alude el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, para la procedencia de las medidas preventivas, ya que tal circunstancia conllevaría a una violación del derecho del solicitante a una tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que encontrándose comprobados los extremos a los cuales se refiere la referida disposición adjetiva, el Juez debe proceder a decretar la medida peticionada.

En este contexto, el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, contempla lo que sigue:

Artículo 588.- En conformidad con el artículo 585 de este Código, el Tribunal puede decretar, en cualquier estado y grado de la causa, las siguientes medidas:

1° El embargo de bienes muebles;

2° El secuestro de bienes determinados;

3° La prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles.

Podrá también el Juez acordar cualesquiera disposiciones complementarias para asegurar la efectividad y resultado de la medida que hubiere decretado.

Parágrafo Primero: Además de las medidas preventivas anteriormente enumeradas, y con estricta sujeción a los requisitos previstos en el artículo 585, el Tribunal podrá acordar las providencias cautelares que considere adecuadas, cuando hubiere fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra. En estos casos para evitar el daño, el Tribunal podrá autorizar o prohibir la ejecución de determinados actos, y adoptar las providencias que tengan por objeto hacer cesar la continuidad de la lesión.

Parágrafo Segundo: Cuando se decrete alguna de las providencias cautelares previstas en el Parágrafo Primero de este artículo, la parte contra quien obre la providencia podrá oponerse a ella, y la oposición se sustanciará y resolverá conforme a lo previsto en los artículos 602, 603 y 604 de este Código.

Parágrafo Tercero: El Tribunal podrá, atendiendo a las circunstancias, suspender la providencia cautelar que hubiere decretado, si la parte contra quien obre diere caución de las establecidas en el artículo 590. Si se objetare la eficacia o suficiencia de la garantía, se aplicará lo dispuesto en el único aparte del artículo 589

. (Subrayado y negrillas del Tribunal)

Por su parte, el artículo 599 ejúsdem, dispone lo siguiente:

Artículo 599.- Se decretará el secuestro:

1° De la cosa mueble sobre la cual verse la demanda, cuando no tenga responsabilidad el demandado o se tema con fundamento que éste la oculte, enajene o deteriore.

2° De la cosa litigiosa, cuando sea dudosa su posesión.

3° De los bienes de la comunidad conyugal, o en su defecto del cónyuge administrador, que sean suficiente para cubrir aquéllos, cuando el cónyuge administrador malgaste los bienes de la comunidad.

4° De bienes suficientes de la herencia o, en su defecto, del demandado, cuando aquél a quien se haya privado de su legítima, la reclame de quienes hubieren tomado o tengan los bienes hereditarios.

5° De la cosa que el demandado haya comprado y esté gozando sin haber pagado su precio.

6° De la cosa litigiosa, cuando, dictada la sentencia definitiva contra el poseedor de ella, éste apelare sin dar fianza para responder de la misma cosa y sus frutos, aunque sea inmueble.

7° De la cosa arrendada, cuando el demandado lo fuere por falta de pago de pensiones de arrendamiento, por estar deteriorada la cosa, o por haber dejado de hacer las mejoras a que esté obligado según el Contrato. También se decretará el secuestro de la cosa arrendada, por vencimiento del término del arrendamiento, siempre que el vencimiento de dicho término conste del documento público o privado que contenga el contrato.

En este caso el propietario, así como en vendedor en el caso del Ordinal 5° podrán exigir que se acuerde el depósito en ellos mismos, quedando afecta la cosa para responder respectivamente al arrendatario o al comprador, si hubiere lugar a ello

. (Subrayado y negrillas del Tribunal)

Los preceptos legales antes transcritos, autorizan al Juez para que en cualquier estado y grado del proceso, decreten preventivamente el embargo de bienes muebles, el secuestro de cosas determinadas, la prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles, así como aquellas medidas que considere adecuadas para prevenir que una de las partes pueda ocasionar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra, cuando se hallan comprobados los requisitos concurrentes para su procedencia, estos son, el periculum in mora y el fumus boni juris; por tal motivo, el Juez se encuentra plenamente facultado para decretar el secuestro de la cosa arrendada, cuando se le atribuye al arrendatario la falta de pago de las pensiones de arriendo y el deterioro de la cosa arrendada, con el objeto de garantizar las resultas del juicio.

Es por ello, que una vez decretada la medida preventiva, la parte contra quien obra podrá oponerse a ella, exponiendo las razones o fundamentos que tuviere que alegar contra la vigencia de los requisitos concurrentes que la sustentan, dentro de los tres (03) días de despacho siguientes a la ejecución de aquélla, o bien, a la citación de éste, vencidos los cuales, haya habido o no oposición, se entenderá abierta una articulación probatoria de ocho (08) días de despacho, sin necesidad de decreto del Juez, para que los interesados promuevan y evacuen las pruebas tendentes a demostrar sus respectivas afirmaciones de hecho, cuya decisión recaerá dentro de los dos (02) días de despacho siguientes al agotamiento del lapso anterior.

Precisado lo anterior, observa este Tribunal que la reclamación invocada por la sociedad mercantil Inversiones Río de las Mercedes C.A., en contra del ciudadano M.M.G., se patentiza en la resolución del contrato de arrendamiento suscrito entre el ciudadano J.A.C., actuando en representación de la ciudadana L.C.d.C., en su condición de arrendadora, por una parte, y por la otra, el ciudadano M.M.G., en su carácter de arrendatario, autenticado por ante la Notaría Pública Primera del Distrito Sucre del Estado Miranda, en fecha 05.01.1989, bajo el Nº 7, Tomo 2, de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaría, el cual tiene como objeto el bien inmueble constituido por un (01) local comercial distinguido con el alfanumérico 2-F, situado en el piso 2, del Centro Comercial Río, ubicado en la Avenida Río de Janeiro, entre las Avenidas Caroní y New York, de la Urbanización Las Mercedes, Municipio Baruta, Distrito Capital, en virtud del alegado incumplimiento del arrendatario en el pago de los cánones de arrendamiento comprendidos entre el mes de junio de 1997, hasta el mes de octubre de 2006, ambos inclusive, a razón de siete mil doscientos bolívares (Bs. 7.200,oo) cada uno, de la manera pactada en la cláusula tercera de la referida convención locativa, así como por el imputado deterioro que ha ocasionado a la cosa arrendada.

En el presente caso, la accionante consignó original del contrato de arrendamiento autenticado por ante la Notaría Pública Primera del Distrito Sucre del Estado Miranda, en fecha 05.01.1989, bajo el Nº 7, Tomo 2, de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaría, el cual fue suscrito entre el ciudadano J.A.C., actuando en representación de la ciudadana L.C.d.C., en su condición de arrendadora, por una parte, y por la otra, el ciudadano M.M.G., en su carácter de arrendatario, cuyos derechos fueron cedidos con posterioridad a la sociedad mercantil Inversiones Río de las Mercedes C.A., siendo notificada tal cesión al arrendatario el día 30.06.1997.

También, la demandante acreditó copias certificadas del documento protocolizado por ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro Público del Municipio Baruta del Estado Miranda, en fecha 30.05.1997, bajo el Nº 46, Tomo 41, Protocolo Primero, de las cuales se aprecia que detenta el derecho de propiedad sobre el bien inmueble arrendado, en virtud de la venta que le hizo la ciudadana L.C.B., actuando en su propio nombre y en representación de la ciudadana F.C.B., de un inmueble de mayor extensión al cual pertenece.

Por tal motivo, habiendo demostrado la accionante su carácter de propietaria arrendadora del bien inmueble objeto de la convención locativa accionada, de la que se deriva las obligaciones que asumieron las partes contratantes con ocasión a su suscripción, es por lo que conlleva a precisar que se ha demostrado el requisito relativo al fumus boni juris.

Por otro lado, la cláusula tercera de la convención accionada, contempla la obligación del arrendatario de pagar el canon de arrendamiento dentro de los primeros cinco (05) días de cada mes por adelantado, el cual ha quedado comprobado en autos por la cantidad de siete mil doscientos bolívares (Bs. 7.200,oo), cuya falta de pago de (02) pensiones constituiría causal de resolución del contrato.

Siendo así, la accionante atribuyó a la parte demandada la falta de pago de los cánones de arrendamiento comprendidos entre el mes de junio de 1997, hasta el mes de octubre de 2006, ambos inclusive, sin que se acreditara en autos prueba alguna que refutara tal afirmación, ya que en la contestación y durante la contienda probatoria, la defensora ad-litem no aportó algún medio probatorio que demostrara el pago o el hecho extintivo de la obligación de pagar las pensiones de arriendo, lo cual motivó a este Tribunal a declarar la procedencia de la pretensión de resolución de la convención locativa accionada, dado el incumplimiento del arrendatario de lo pactado en la cláusula tercera, mediante sentencia definitiva dictada en esta misma fecha.

Por otra parte, la demandante imputó a la parte demandada el deterioro del bien inmueble arrendado, a cuyos efectos probatorios, proporcionó en original el expediente distinguido bajo el Nº ST-1134-07, de la nomenclatura interna llevada por el Juzgado Vigésimo Quinto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, contentivo de la solicitud de inspección judicial interpuesta ante ese Tribunal por la accionante en el bien inmueble arrendado, la cual se practicó el día 26.03.2007, así como promovió durante la fase probatoria prueba de inspección judicial en el referido bien, llevándose a cabo en fecha 09.07.2007.

Conforme a las probanzas señaladas con anterioridad, quedó demostrado por vía de inspección judicial extra-litem e in-litem el deterioro del inmueble arrendado por hecho imputable a la parte demandada, ya que en el mismo se constató que sus paredes se encuentran totalmente deterioradas en cuanto a frisos, pintura, conservación y mantenimiento, observándose en ciertas áreas escarapelada la pintura, así como sucia y signos inequívocos de humedad; también, se verificó el piso deteriorado por encontrarse agrietado, manchado y sucio, con gran cúmulo de basura y escombros; de igual manera, se visualizó que el techo se encuentra notablemente deteriorado en cuanto a mantenimiento y conservación, toda vez que el techo raso carece de varias laminas de dry-wall, mientras que las existentes se encuentran sucias y maltratadas, y por otro lado, en virtud de las laminas faltantes del techo raso, se pudo observar el techo de concreto, en el que se constató escarapelada la pintura, así como manchada, sucia, con signos inequívocos de humedad y filtración; y, además, se dejó constancia del mal estado de conservación en que se encuentran las instalaciones eléctricas, ya que los cables de electricidad no se hallan canalizados en ductos, sino colgando a la libre exposición, así como que el inmueble carece de lámparas en algunas áreas, mientras que las lámparas fluorescentes existentes se hallan en mal estado de conservación.

En este sentido, las cláusulas cuarta y novena de la convención accionada, contemplan la obligación del arrendatario de comunicar sobre cualquier novedad dañosa que ocurriera en el inmueble, el cual declaró recibirlo en perfectas condiciones o cualquier reparación mayor de las expresadas en la cláusula quinta, dentro de los ocho (08) días siguientes a su conocimiento, sin que se evidencie de autos que lo hubiese hecho, pese a que el inmueble presentó notables signos de deterioro en paredes, pisos y techos, aunado a que no se observó durante la práctica de la inspección in litem la existencia del aire acondicionado y las lámparas fluorescentes se encuentran en mal estado de conservación, lo cual condujo a declarar procedente de la pretensión de resolución de contrato deducida por la accionante, dado el demostrado incumplimiento del demandado de las cláusulas cuarta y novena, lo que conduce a determinar que se ha configurado el requisito relativo al periculum in mora, ya que existe en este estado procesal una certeza del derecho reclamado por la accionante a través de una sentencia definitiva.

En fin, verificados como han sido los requisitos concurrentes para la vigencia de la medida preventiva objeto de la presente incidencia, y dado que la parte demandada no los desvirtuó mediante la presentación de elementos probatorios que condujeran a su revocatoria, no cabe la menor duda que debe ser confirmado el decreto cautelar dictado por este Tribunal, en fecha 30.04.2007. Así se declara.

- III -

DECISIÓN

En virtud de los razonamientos precedentemente expuestos, este Juzgado Décimo Noveno de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la medida preventiva de secuestro decretada por este Tribunal, en fecha 30.04.2007, en la pretensión de Resolución de Contrato de Arrendamiento, deducida por la sociedad mercantil Inversiones Río de las Mercedes C.A., en contra del ciudadano M.M.G., de conformidad con lo establecido en los artículos 585, 588 ordinal 2º y 599 ordinal 7º del Código de Procedimiento Civil.

Se condena en costas a la parte demandada, por haber resultado totalmente vencida en la presente incidencia, de conformidad con lo pautado en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.

Publíquese, regístrese y déjese copia. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Décimo Noveno de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en la ciudad de Caracas, a los dieciséis (16) días del mes de julio del año dos mil siete (2007).- Años: 197° de la Independencia y 148° de la Federación.

El Juez Titular,

C.L.G.P.

El Secretario,

A.A.G.V.

En esta misma fecha, se registró, se publicó y dejó copia de la anterior sentencia, siendo las tres y veinte de la tarde (3:20 p.m.).

El Secretario,

A.A.G.V.

CLGP.-

Exp. N° 1051-06