Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Transito y de Menores de Miranda, de 19 de Julio de 2012
| Fecha de Resolución | 19 de Julio de 2012 |
| Emisor | Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Transito y de Menores |
| Ponente | Yolanda Díaz |
| Procedimiento | Interdicto Restitutorio Por Despojo |
EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA
Expediente No. 12-7888.
Parte actora: Sociedad Mercantil “INVERSIONES SPARE C.A.”, debidamente registrada por ante la Oficina de Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, bajo el No. 52, Tomo 128-A-Pro, de fecha 28 de mayo de 1996.
Apoderados Judiciales: Abogados HENDER ZABALA LABARCA y L.A.B.P., inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 32.826 y 143.103, respectivamente.
Parte demandada: Ciudadano N.C.R., venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad No. V-1.857.203, sin apoderado judicial constituido.
Motivo: Interdicto Restitutorio.
Sentencia: Interlocutoria.
Capítulo I
Compete a esta Alzada conocer del recurso de apelación interpuesto por el Abogado L.A.B.P., actuando en su condición de apoderado judicial de la parte demandante, Sociedad Mercantil “INVERSIONES SPARE C.A.”, todos identificados, contra la sentencia dictada en fecha 03 de mayo de 2012, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Los Teques.
Recibidas las actuaciones, mediante auto del 23 de mayo de 2012, de conformidad con lo establecido en el artículo 517 del Código de Procedimiento Civil, se fijó el décimo día de despacho siguiente, a fin de que las partes consignaran los informes respectivos, sin que ninguna de ellas lo hiciere.
Concluida la sustanciación, mediante auto del 18 de junio de 2012, se fijó el lapso de treinta (30) días calendario para dictar sentencia, la cual se procede a proferir bajo las consideraciones que serán explicadas infra.
Capítulo II
DE LA SENTENCIA RECURRIDA
Mediante decisión dictada en fecha 03 de mayo de 2012, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Los Teques, se adujeron entre otras cosas las siguientes consideraciones:
“Vistas las actas que conforman el presente expediente, en especial el fallo proferido por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño, Niña y del Adolescente de esta Circunscripción Judicial en fecha 10 de enero de 2012, mediante el cual en los particulares primero y segundo dispuso lo siguiente: “(…) Primero: CON LUGAR el recurso de apelación ejercido por los Abogados HENDER ZABALA LABARCA y L.A.B.P., inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 32.826 y 143.103, respectivamente, en su carácter de apoderados judiciales de la parte querellante, contra el auto dictado el 05 de octubre de 2011, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda. Segundo: SE REVOCA en todas y cada una de sus partes el auto dictado el 05 de octubre de 2011, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, a quien se ORDENA emitir nuevo pronunciamiento, conforme a las consideraciones expuestas en este fallo (…)”. Este Tribunal a los fines de proveer encuentra que la presente acción se trata de un interdicto de despojo intentado por los abogados HENDER ZABALA LABARCA y L.A.B.P., inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 32.826 y 143.103, respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la Sociedad de Comercio INVERSIONES SPARE, C. A, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, bajo el Nº 52, Tomo 128-A-Pro, de fecha 28 de mayo de 1.996, mediante el cual demandan al ciudadano N.C.R., venezolano, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad Nº V-1.857.203, por vía Interdictal de Despojo, de conformidad con lo previsto en el artículo 783 del Código Civil y 699 del Código de procedimiento Civil, alegando lo siguiente: “(…) para la fecha en que mi representada adquirió el inmueble mencionado, existía un contrato de arrendamiento mediante el cual, la empresa Eurofoni de Venezuela, C. A, (…) daba en arrendamiento al ciudadano N.C.R., venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº V-1.857.203, un local ubicado en la planta baja del edificio administrativo de la para entonces fabrica (sic) Eurofoni de Venezuela, C. A, antes identificada y, que sería destinado exclusivamente a los f.d.B., Restaurante y Lunchería, dicho contrato se ha prorrogado en el tiempo hasta la presente fecha. (…)” (Negrillas y subrayados del exponente), asimismo refiere que, el referido ciudadano lo ha despojado de su posesión sobre el inmueble, toda vez que, en su decir, con una supuesta autorización del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores y la Alcaldía del Municipio Plaza ha cerrado el acceso al inmueble impidiéndole la entrada al mismo, por tal razón intenta la presente acción de interdicto restitutorio, siendo así, quien suscribe considera necesario hacer las siguientes consideraciones: Nuestra ley adjetiva consagra los procedimientos interdíctales o acciones posesorias, como una vía rápida y eficaz para mantener o restituir la posesión al poseedor actual, o para garantizarle contra toda amenaza de daño, y al mismo tiempo como un medio de asegurar la tranquilidad y la paz pública. Se trata de juicios sumarios en los cuales el Juez, con conocimiento de causa concede la protección legal al poseedor que ha sido perturbado o despojado en la posesión de la cosa, estableciéndose diferencias en cuanto a la procedencia del interdicto de amparo y el de despojo, ya que el primero sólo protege la posesión legítima y ultra anual de bienes inmuebles, derechos reales o universalidades de inmuebles (artículo 782 del Código Civil), en tanto que el segundo cualquier posesión sobre cosas muebles o inmuebles aún contra el propietario (artículo 783 eiusdem). Asimismo, considera necesario citar las disposiciones contenidas en nuestra legislación al respecto, así tenemos lo dispuesto en el artículo 699 del Código de Procedimiento Civil, el cual es del tenor siguiente:
“Artículo 699.- En el caso del artículo 783 del Código Civil el interesado demostrará al Juez la ocurrencia del despojo, y encontrando éste suficiente la prueba o pruebas promovidas, exigirá al querellante la constitución de una garantía cuyo monto fijará, para responder de los daños y perjuicios que pueda causar su solicitud en caso de ser declarada sin lugar, y decretará la restitución de la posesión, dictando y practicando todas las medidas y diligencias que aseguren el cumplimiento de su decreto, utilizando la fuerza pública si ello fuere necesario. El Juez será subsidiariamente responsable de la insuficiencia de la garantía.
Si el querellante manifestare no estar dispuesto a constituir la garantía, el Juez solamente decretará el secuestro de la cosa o derecho objeto de la posesión, si a su juicio, de las pruebas presentadas se establece una presunción grave en favor del querellante. Los gastos del depósito serán por cuenta de la parte que en definitiva resultare condenada en costas. (Negrita y subrayado del Tribunal)
Por su parte, el artículo 783 del Código Civil establece lo siguiente:
Artículo 783.- Quien haya sido despojado de la posesión, cualquiera que ella sea, de una cosa mueble o inmueble, puede, dentro del año del despojo, pedir contra el autor de él, aunque fuere el propietario, que se le restituya en la posesión.
(Negrita y subrayado del Tribunal).
Analizadas las disposiciones supra transcritas se evidencia que el interdicto de despojo supone que el poseedor haya sido despojado de su posesión, por lo que de seguidas examinaremos el significado del despojo, el cual ha sido definido por E.C.B. en su comentario al Código de Procedimiento Civil como “privación consumada de la posesión”, siendo el objeto de este interdicto devolver o restituir la posesión a quien la ha perdido, por otra parte, la solicitud interdictal debe estar acompañada de pruebas fehacientes sobre los hechos materia del interdicto, pues ella obra a espaldas de la persona contra quien se dirige, es decir, sin citación previa del querellado; y por otra parte tal norma impone que el Tribunal ante quien se presente la solicitud, encuentre fundados los motivos que hacen procedente el decreto respectivo, o sea, que no debe dársele curso si no existe una adecuada comprobación de la situación de hecho esgrimida por el solicitante. Este requerimiento se hace más implacable, a partir de que el artículo 711 eiusdem hace al Juez responsable de todos los perjuicios que causare cuando privare a alguien de la posesión sin las formalidades que previene el Código Procesal, es decir, que tal norma sanciona una garantía de la posesión contra todo abuso “de la autoridad por parte de los funcionarios judiciales”, según expresión de nuestro comentarista A.B.; pues aún cuando el funcionario judicial no podría ser tenido como un despojador particular, sí responde de daños y perjuicios que pueda imponerle el Superior inmediato. En efecto, si bien los Tribunales deben ser cuidadosos protectores de la posesión a favor de aquél que sufra molestias o sea despojado de la cosa poseída también debe ser cuidadoso protector de la paz social para no dictar decisiones que no estén debidamente fundamentadas en la situación de hecho tutelada por la Ley, es por ello que, al querellante le corresponde suministrar al Juez, desde que introduce su querella, los elementos probatorios idóneos para configurar la acción, y esos elementos no se deben referir únicamente a los que la ley señala como extremos requeridos indispensables para que prospere la acción, sino a todos aquellos que sirvan para configurarla íntegramente. Cuando la solicitud no cumple esas determinaciones, o cuando los recaudos producidos no son suficientes para demostrarlos, el Juez no debe dar curso a la querella, porque de hacerlo así, lejos de contribuir a la paz social, la alteraría por favorecer la propagación de juicios, o al menos por obligar a la parte querellada, a soportar situaciones injustas, bajo el solo pretexto de que el decreto interdictal podría ser revocado en la sentencia definitiva.
Establecido lo anterior, en el presente caso, previo el análisis de los documentos aportados a los autos, esta Juzgadora encuentra que no existe presunción grave de que el querellante hubiere sido despojado de la posesión del inmueble sobre el cual se afirma propietario, toda vez que, como él mismo lo expresó, el querellado tiene la posesión del inmueble en virtud de un contrato de arrendamiento que suscribiera con el anterior propietario del inmueble el cual se ha mantenido hasta la presente fecha, tal y como lo afirma en el folio tres (3) del escrito libelar, siendo así, este Despacho encuentra que el querellante, de ser el caso, debe intentar la o las acciones previstas por el Legislador en materia inquilinaria, por ser ésta la vía idónea para satisfacer su pretensión, siendo que dada la naturaleza del presente procedimiento y la existencia de una relación arrendaticia reconocida por el accionante no está plenamente demostrado el supuesto despojo alegado.
Por todo lo anteriormente expuesto este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y con la facultad que le confiere la Ley DECLARA INADMISIBLE, la presente acción de Interdictal de Despojo, por no cumplir los requisitos exigidos en la Ley.”
(Fin de la cita)
Capítulo III
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
El presente recurso se circunscribe a impugnar la decisión dictada en fecha 03 de mayo de 2012, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Los Teques, que declaró inadmisible la demanda de Interdicto Restitutorio interpuesta por la Sociedad Mercantil “INVERSIONES SPARE C.A.”, en contra del ciudadano N.C.R..
Para resolver se observa:
De la revisión de las actas procesales se observa que esta Alzada mediante decisión proferida en fecha 10 de enero de 2012, declaró con lugar el recurso que interpusiera la representación judicial de la parte demandante, revocando en todas y cada una de sus partes el auto dictado el 05 de octubre de 2011, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, ordenándosele emitir un nuevo pronunciamiento conforme a las siguientes consideraciones:
“En el presente caso, el A quo estableció que no estaban llenos los extremos exigidos por el legislador antes citados para la admisión de la demanda, al haber estimado que: “…de modo alguno, pueden colegirse elementos probatorios que acrediten la posesión que dice tener la parte querellante, del presunto despojo perpetrado por el querellado, es decir, que no se acredita a juicio de este Tribunal hechos materiales referidos a la posesión ni al despojo que dice la parte querellante fue víctima por parte del querellado…”, obviando en forma absoluta el análisis del documento de propiedad acompañando al escrito libelar, así como la Inspección Judicial, de donde se desprende la imposibilidad de acceder al inmueble cuya restitución se solicitó mediante la presente querella interdictal, debiendo en todo caso, de considerarse insuficiente dicha prueba, instar al actor a su ampliación en resguardo del derecho Constitucional de acceso a los órganos de administración de justicia -ex artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela-, y por analogía del artículo 705 de la Ley adjetiva Civil. ASÍ SE DECIDE.”
Ahora bien, una vez remitido el expediente al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, el Juez procedió a inhibirse de seguir conociendo de la presente causa conforme a lo establecido en el ordinal 15º del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, motivo por el cual remitió el expediente al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, quien mediante auto del 03 de mayo de 2012 procedió a darle entrada, para luego proceder en esa misma fecha a declarar inadmisible la querella interdictal incoada, obviando en forma absoluta lo ordenado por esta Alzada relativo a que, de considerarse insuficientes las pruebas acompañadas por el querellante, debía instársele a su ampliación en resguardo del derecho Constitucional de acceso a los órganos de administración de justicia -ex artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela-, aplicándose por analogía lo establecido en el artículo 705 de la Ley Adjetiva Civil.
Por tal motivo, deberá esta Alzada declarar con lugar el recurso de apelación ejercido por el Abogado L.A.B.P., actuando en su condición de apoderado judicial de la parte demandante, Sociedad Mercantil “INVERSIONES SPARE C.A.”, ambos identificados, contra el auto dictado en fecha 03 de mayo de 2012, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, a quien se insta a acatar lo establecido en el fallo dictado por esta Alzada -que hoy se reitera-, en fecha 10 de enero de 2012, tal como se declarara de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo de este fallo. Y ASÍ SE DECIDE.
Capítulo IV
DECISIÓN
Por las razones que anteceden, este Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
CON LUGAR el recurso de apelación ejercido por el Abogado L.A.B.P., inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 143.103, actuando en su condición de apoderado judicial de la parte demandante, Sociedad Mercantil “INVERSIONES SPARE C.A.”, debidamente registrada por ante la Oficina de Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, bajo el No. 52, Tomo 128-A-Pro, de fecha 28 de mayo de 1996, contra la sentencia dictada en fecha 03 de mayo de 2012, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Los Teques.
SE REVOCA el auto decisorio dictado en fecha 03 de mayo de 2012, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Los Teques, que declarara inadmisible la querella interdictal de restitución por despojo, que incoara la Sociedad Mercantil “INVERSIONES SPARE C.A.”, en contra del ciudadano N.C.R., INSTÁNDOSE al referido Tribunal a emitir nuevo pronunciamiento, tomando en consideración lo expuesto en el fallo dictado por esta Alzada en fecha 10 de enero de 2012.
Dada la naturaleza de la presente decisión, no hay expresa condenatoria en costas.
Remítase el presente expediente a su Tribunal de origen, en su debida oportunidad legal.
Regístrese, publíquese, incluso en la página web de este despacho, y déjese copia de la presente decisión.
Dada, Firmada y Sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en Los Teques, a los diecinueve (19) días del mes de julio de dos mil doce (2012). Años 202° de la Independencia y 153° de la Federación.
LA JUEZA SUPERIOR
DRA. Y.D.C.D.
EL SECRETARIO
RAUL COLOMBANI
En la misma fecha se publicó y registró la presente decisión, siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.).
EL SECRETARIO
RAUL COLOMBANI
YD/RC/vp.
Exp. No. 12-7888.
