Decisión de Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 22 de Junio de 2009

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

JUZGADO SUPERIOR NOVENO EN LO CIVIL MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS

Exp. N° 8254

PARTE ACTORA: INVERSORA LAS COCUIZAS, C.A., sociedad mercantil domiciliada en Caracas e inscrita por ante la Oficina de Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 13-06-1995, bajo el N° 4, tomo 213-A-Pro.

APODERADOS JUDICIALES: J.M.S.G. Y P.B.N., abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 93.235 y 87.261, respectivamente.

PARTE DEMANDADA: L.E.C.A. y V.N.D.C., venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, titulares de las cédulas de identidad Nros. 6.844.942 y 6.909.595, en el mismo orden.

APODERADOS JUDICIALES: De la co-demandada V.N.D.C.: F.O. CARDENAS OMAÑA y R.S.D., abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 3.559 y 5.073, en el mismo orden.

DECISION APELADA: SENTENCIA DICTADA EL 14-07-2008 POR EL JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL T.D.E.C.J..

MOTIVO: RESOLUCION DE CONTRATO Y DAÑOS Y PERJUICIOS.

Cumplidas como fueron las formalidades de Ley, correspondió el conocimiento de esta causa a este Juzgado Superior, el cual fijó los lapsos legales a que se contraen los artículos 517, 519 y 521 del Código de Procedimiento Civil, mediante auto de fecha 14-01-2009.

En auto del 06-03-2009, el Juez Titular se aboca al conocimiento de la presente causa.

Llegada la oportunidad para decidir, pasa a hacerlo esta Alzada previa las siguientes consideraciones:

-I-

El presente juicio se inicia por libelo presentado el 23-03-2007; luego de la ordenada distribución, correspondió el conocimiento del juicio al JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL MERCANTIL Y T.D.E.C.J..

Alegan el apoderado judicial de la parte actora en su escrito libelar: Que en fecha 29-08-2003, su representada celebró con los ciudadanos L.E.C.A. y V.N.D.C., un contrato de compra venta sobre un inmueble constituido por una unidad de vivienda tipo town-house, identificado con el n° 12, planta baja (TH 12-Planta Baja) ubicado en el Conjunto Oeste o Conjunto 1, que forma parte del desarrollo denominado TERRACOTA CHALET’S LAS COCUIZAS, construido sobre un lote de terreno que forma parte de uno de mayor extensión, ubicado en el sitio denominado El Peñón, situado entre la Urbanización El Peñón y la Urbanización Prados del Este con frente a la Calle los Cedros y Las Cocuizas del Municipio Baruta del Estado Miranda, cuyos linderos, medidas y demás especificaciones constan en el libelo y se dan aquí por reproducidos.

Que se estableció como precio la cantidad de Ochenta Millones de Bolívares (Bs. 80.000.000,oo), obligándose los citados ciudadanos, a pagar ese precio al momento de protocolizar el documento de compra venta que de forma auténtica fue otorgado por ante el Notario Público Trigésimo Noveno del Municipio Libertador en esa misma fecha, el cual quedó anotado bajo el N° 24, Tomo 145 de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaría.

Que el ciudadano L.E.C.A. presentó el citado documento ante el Registro Inmobiliario del Primer Circuito del Municipio Baruta del Estado Miranda para su protocolización, quedando registrado el documento el 10-10-2003, bajo el Nº 11, Tomo 2 del Protocolo Primero, generándose en ese acto para los hoy demandados, la obligación de pagar el precio, y que hasta la fecha de la demanda no han pagado, incumpliendo de esa manera esos ciudadanos con la obligación de pagar el precio de la compra venta.

Que su representada, como consecuencia directa del incumplimiento de los demandados, se vio privada de disponer tanto del precio pactado como de la propiedad del inmueble dado en venta, mientras que los compradores, sin pagar el precio convenido, disfrutaron gratuitamente del inmueble. Que si su representada hubiese obtenido el precio al cual tenía derecho, hubiese podido invertir ese dinero y obtener una utilidad por el mismo. Que si los compradores no hubiesen comprado el inmueble, su representada hubiese podido disponer del mismo, ya sea mediante una venta, pudiendo haber reinvertido el dinero, o mediante arrendamiento.

Que los compradores demandados pudieron perfectamente prever que al no pagar el precio y servirse gratuitamente de un bien por el cual se comprometieron pagar un precio, que privaron a su representada de la oportunidad de vender el inmueble a otro comprador que pagara el precio, o de alquilarlo a un inquilino que pagara por su uso. Que considera que una manera justa de determinar el daño que por lucro cesante sufrió su representada, consiste en determinar los ingresos que hubiese obtenido si su representada hubiese alquilado el inmueble objeto de la venta cuya resolución piden, durante el período durante el cual los compradores disfrutaron gratuitamente del mismo inmueble, debido a su incumplimiento.

Que los compradores han disfrutado gratuitamente del inmueble durante mas de 42 meses; que si aplican a cada periodo de doce meses desde que comenzaron a disfrutar del inmueble, gratuitamente el canon de arrendamiento que su representada hubiese podido alquilar el inmueble según los precios del mercado, su representada hubiese obtenido un lucro de Ciento Sesenta y Cuatro Millones Ochocientos Ochenta Mil Bolívares (Bs. 164.880.000,00), cantidad esta que es estimada por concepto de lucro cesante.

Que en virtud que la inflación y la pérdida del poder adquisitivo de nuestro signo monetario es un hecho notorio, solicitan que los daños fuesen indexados según la variación del índice de precios al consumidor desde el momento de la interposición de la demanda hasta la sentencia definitiva.

Estiman la demanda en la cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL BOLIVARES (Bs. 644.880.000), hoy día SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA BOLIVARES FUERTES (Bs.F 644.880,00). Que tal estimación la hacen así: La cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 480.000.000,00), hoy día CUATROCIENTOS OCHENTA MIL BOLIVARES FUERTES (Bs.F 480.000,00) que corresponde al valor actual del mercado del bien inmueble objeto de la venta cuya resolución se demanda y la cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL BOLIVARES (Bs. 164.880.000,00), hoy día CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA BOLIVARES FUERTES (Bs. 164.880,00).

Solicita se declare resuelto el contrato de compra venta suscrito entre su representada INVERSORA LAS COCUIZAS, C.A. y los ciudadanos L.E.C.A. y V.N.D.C.. Que se restituya a su representada en plena propiedad y posesión el inmueble objeto de esa venta y se condene a los demandados al pago de los daños y perjuicios causados a su representada, especialmente el lucro cesante, el cual estima en la cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL BOLIVARES (Bs. 164.880.000,00), hoy día CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA BOLIVARES FUERTES (Bs. 164.880,00) y se condene en costas a los demandados.

En fecha 30-03-2007 2008, el apoderado judicial de la parte actora mediante diligencia consignó los documentos fundamentales de la acción.

Por auto de fecha 28-05-2007, el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del T.d.e.C.J., admitió la demanda, ordenándose la citación de la parte demandada, a fin que compareciera dentro de los veinte (20) días de despacho siguientes a la constancia en autos de la última de las citaciones, a dar contestación a la demanda.

El 30-05-2007, el apoderado actor consignó dos (2) juegos de copias fotostáticas del libelo de la demanda, a los fines de su certificación para las compulsas respectivas. También solicitó la medida de prohibición de enajenar y gravar contenida en el libelo de la demanda. En nota de Secretaría del 12-06-2007, se dejó constancia que se libraron compulsas.

En diligencia del 11-07-2007, el abogado J.S., apoderado actor deja constancia de la consignación de las expensas al Alguacil del Juzgado de la causa, a los fines de la práctica de las citaciones respectivas. Asimismo, el Alguacil del a-quo A.C., deja constancia que ha recibido las expensas suficientes para el traslado a los fines de gestionar la citación de la parte demandada.

En fecha 26 de mayo de 2008, el apoderado judicial de la parte actora, mediante diligencia apeló formalmente en todas y cada una de sus partes de la sentencia dictada y estableció el falso supuesto de que los lapsos allí señalados son días continuos calendario y no días continuos de despacho.

El 02-08-2007, en diligencia suscrita por el abogado F.C.O., consigna poder otorgado por la co-demandada V.N.P.-C.D.C. y se da por citado a los fines de la contestación de la demanda.

Mediante escrito del 03-10-2007, la representación de la co-demandada da contestación a la demanda.

En fecha 24-10-2007, el apoderado de la co-demandada señala que en la presente causa no ha lugar al lapso probatorio, por las razones que constan en el escrito y que se dan por reproducidos.

En diligencia del 01-11-2007, el apoderado actor consigna escrito de promoción de pruebas, las cuales fueron admitidas en auto del 26-11-2007.

En fecha 19-6-2008, el abogado F.C.O., apoderado de la co-demandada solicita se dicte sentencia.

-II-

A los fines de decidir el asunto sometido al conocimiento de este Superior, se considera lo siguiente:

La perención de instancia, es “el modo de extinguirse la relación procesal por la inactividad de las partes, durante cierto período de tiempo”. Así, de la perención puede nacer un derecho; pero más corrientemente se origina una simple situación jurídica que, como la define KOHLER, es una figura que pertenece tanto al derecho privado como al procesal; se distingue del derecho en que contiene tan sólo un elemento de éste o de un efecto o de un acto jurídico del futuro, esto es: se tiene una circunstancia que, con el concurso de otras circunstancias sucesivas, puede conducir a un determinado efecto jurídico, en tanto que si esas circunstancias no se verifican, permanece sin efecto alguno.

Por ello, todo proceso, para asegurar la precisión y la rapidez en el desenvolvimiento de los actos judiciales, limita el ejercicio de determinadas facultades procesales, con la consecuencia que fuera de esos límites tales facultades ya no pueden ejercitarse.

Por su parte, el autor G.C. sostiene: (“Curso de Derecho Procesal Civil”, Volumen 6, Clásicos del Derecho) que la perención es un modo de extinción de la relación procesal, que se produce después de cierto periodo de tiempo, en virtud de la inactividad de los sujetos procesales, “la perención no extingue la acción, pero hace nulo el procedimiento”. En otras palabras, la perención cierra la relación procesal, con todos sus efectos procesales y sustantivos, sin pronunciamiento sobre la demanda. Se extingue la instancia, en tanto que la demanda puede reproducirse ex novo, los efectos procesales y sustanciales datan a partir de la nueva demanda.

La institución de la perención, tiene por objeto evitar que los procesos se prolonguen indefinidamente en el tiempo, tiene su fundamento en su racional presunción deducida de la circunstancia de que correspondiendo a las partes dar vida y actividad a la demanda, la falta de instancia por parte de ellas, debe considerarse como un tácito propósito de abandonarla. Concediendo esta excepción, trata de influir en las partes para que conduzcan el proceso a su término. Por tanto, el fundamento de la institución está, pues, en el hecho objetivo de la inactividad prolongada, tan es así que se da incluso contra el mismo Estado, las corporaciones públicas, los menores y cualquier otra persona que no tenga la libre administración de sus bienes, todo lo cual hace establecer una renuncia presunta o tácita a la litis.

Por su parte, el maestro BORJAS, en su Obra “Comentarios al Código de Procedimiento Civil”, Tomo II, cita que la perención en el derecho antiguo pudo considerarse únicamente como un remedio para poner término obligatorio a los litigios que amenazan perpetuarse, y un castigo para la parte negligente en agitarlos, teniendo hoy por hoy su fundamento, en una presunción iuris, en el cual los litigantes han querido dejar el juicio en el estado que tenían cuando dejaron de activar su curso, renunciando, por implícito acuerdo a la instancia en que ha ocurrido la paralización.

En síntesis, la perención consiste, en la inercia de las partes continuada en un cierto tiempo. Se dice de las partes, y no de una de ellas, porque aquélla supone que no se realice ningún acto de procedimiento ni por la una ni por la otra; si una de ellas actúa, aunque la otra permanezca inerte, la perención no se produce. En decir, basta el acto de una cualquiera de las partes para interrumpirla.

Quien aquí decide considera que, cuando se habla de “cualquier acto de procedimiento”, debe entenderse cualquier acto por virtud del cual el procedimiento da un paso adelante, aunque sea breve. La inercia, que debe durar por el tiempo querido a fin que la perención se cumpla es, pues, inercia o inmovilidad del procedimiento; el procedimiento se extingue porque permanece inmóvil por un cierto tiempo. En suma, la inercia que constituye la perención es inercia del procedimiento, esto es, de todos los sujetos del proceso, y por eso puede ser interrumpida por cualquiera de ellos; pero la constituye sólo en cuanto a la parte, no sólo de oficio.

Del análisis de las actas que conforman el presente expediente,- las cuales fueron relatadas en párrafos precedentes- se evidencia que la presente demanda fue propuesta el 23-03-2007 ante el Juzgado Distribuidor de Primera Instancia, siendo admitida por el Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil, Mercantil y del T.d.e.C.J., a quien le correspondió el conocimiento de la causa el 28-05-2007, ordenándose la citación de los demandados L.E.C.A. y V.N.D.C., a fin que comparecieran por ante el Tribunal dentro de los veinte (20) días de despacho siguientes a la constancia en autos de la última de las citaciones practicadas a los fines de la contestación a la demanda.

El 30-05-2007, el apoderado actor consigna los fotostatos a los fines que se librara la compulsa, lo cual fue cumplido por el a-quo, tal como se desprende de nota de secretaría del 12-06-2007.

Así las cosas, considera esta Alzada prudente reiterar el criterio sostenido por nuestro M.T. sobre las obligaciones que debe cumplir el actor para no incurrir en la perención breve consagrada en el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establecido en sentencia N° RC-00537 de fecha 06-04-2004 de la Sala de Casación Civil, donde se dejó sentado lo siguiente:

…A propósito de las obligaciones o cargas procesales que el demandante debe cumplir dentro del lapso de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda o de la reforma de la misma, esta Sala estima necesario y oportuno conciliarlas bajo el nuevo principio de la justicia gratuita contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la doctrina que ha considerado que no ha lugar la perención por la gratuidad de los procedimientos.

Ciertamente el legislador patrio en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, recomienda a los jurisdicentes de instancias procurar acoger la doctrina de casación establecida en casos análogos para defender la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia. Sin embargo, nada se ha dicho sobre la obligación contemplada en el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial, ya que –al parecer- no ha sido sometido a la consideración de esta Suprema Jurisdicción en ningún recurso de casación, que pudiera permitir pronunciarse sobre la perención breve de la instancia por incumplimiento de las obligaciones (cargas) que impone la Ley al demandante para el logro de la citación en el lapso de 30 días contados a partir de la fecha de admisión de la demanda o de su reforma, para dilucidar –contrariamente a lo que ha venido afirmado la casación- esto es, que si es procedente la perención de la instancia en todos aquellos procedimientos informados por el principio de la gratuidad, ya que las obligaciones a que se refiere el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, ordinal 1º destinadas al logro de la citación, NO SON SOLAMENTE DE ORDEN ECONÓMICO.

El precitado artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial señala:

Cuando haya de cumplirse un acto o evacuarse alguna diligencia fuera de la población en que tenga asiento el Tribunal, Registro Mercantil y Notarías Públicas la parte promovente o interesada proporcionará a los funcionarios y auxiliares de justicia que intervengan en ellos, los vehículos necesarios y apropiados para su traslado, y proveerá los gastos de manutención y hospedaje que ocasione. Igualmente se proporcionará vehículo, cuando el acto o diligencia se efectúe en la misma población en que resida el Tribunal, Registros Mercantiles y Notarías Públicas en lugares que disten más de quinientos (500) metros de su recinto.

El Consejo de la Judicatura y el Ministerio de Justicia, respectivamente fijarán, periódicamente, mediante resolución el monto de los gastos de manutención y de hospedaje que habrán de pagar los interesados

.

En ese sentido, es imperante profundizar sobre razonamientos valederos tanto para la emergencia arancelaria como para la actual concepción de la gratuidad en la justicia, con mayor fundamento para esta última:

Las obligaciones a que se contrae el ordinal primero del artículo 267 aludido, son de dos órdenes; pero, ambas destinadas a lograr la citación del demandado.

En primer lugar, la que correspondía al pago de los conceptos en la elaboración de los recaudos de citación o compulsa del libelo, libramiento de boleta de citación y, las atinentes al pago del funcionario judicial Alguacil para la práctica de sus diligencias encaminadas a la obtención del acto de comunicación procesal de citación y que estaban previstas en el artículo 17, aparte I, numeral 1 y 2, y aparte II, numeral 1, respectivamente de la Ley de Arancel Judicial, que se materializaba mediante la liquidación de las respectivas planillas de los extintos derechos de arancel judicial normas que en atención al contenido y alcance de la disposición derogatoria única de la Constitución de 1999, perdieron vigencia por contrariar la garantía de la justicia gratuita que ella misma contempla en su artículo 26, por lo que dada su derogatoria no cuenta para los efectos de la perención breve; en segundo lugar, la urgente obligación lógica de suministrar por lo menos la dirección o lugar en el cual se encuentra la persona a citar, así como el transporte o traslado y gastos de manutención y hospedaje, cuando haya que cumplirse en lugares que disten más de quinientos metros de la sede del Tribunal, los cuales se cubren de diferente manera, pero, jamás mediante liquidación de recibos o planillas, pero que su incumplimiento a juicio de esta Sala generan efectos de perención.

Conforme al contenido del artículo 2 de la Ley Arancel Judicial, el arancel se constituía en un ingreso público que tenía por objeto coadyuvar en el logro de la mayor eficiencia del Poder Judicial, permitiendo que dicho tributo fuese proporcional y facilitara el acceso a la justicia de todos los sectores de la población; y como tal ingreso público, quedaba dentro de la clasificación que el legislador ha consignado en el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional como rentas ordinarias.

Empero, al lado de esta derogada obligación tributaria (ingreso público, según el art. 2 de la Ley de Arancel Judicial, que era percibido por los institutos bancarios con convenio con la hoy suprimida Oficina Nacional de Arancel Judicial), están las obligaciones PREVISTAS EN LA MISMA LEY DE ARANCEL JUDICIAL QUE NO CONSTITUYEN INGRESO PÚBLICO NI TRIBUTOS NI SON PERCIBIDAS POR LOS INSTITUTOS BANCARIOS en sus oficinas receptoras de fondos nacionales, es decir, obligaciones que no son aranceles judiciales y, por ende, dichas obligaciones que pueden ser o no dinerarias NO SON DESTINADAS A COADYUVAR EL LOGRO DE LA EFICIENCIA DEL PODER JUDICIAL NI A PERMITIR EL ACCESO A LA JUSTICIA (art. 2 de la Ley de Arancel Judicial) NI A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL (art. 42, ord. 4º de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional) las cuales mantienen plena vigencia.

Estas obligaciones son las contempladas en el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial, relativas al suministro de vehículo para el traslado de los funcionarios y auxiliares de justicia que intervengan en actos o en diligencias atinentes a asuntos que cursen ante Tribunales, Notarías o Registros, y que deban evacuarse fuera de sus respectivos recintos, incluyendo –además de los vehículos para la transportación o los gastos que ella ocasione- los gastos de manutención y hospedaje que ocasione la evacuación del acto o diligencia, siempre y cuando dicha actuación haya de practicarse en lugares que disten más de 500 metros del lugar o recinto del Tribunal, Notaría Pública o Registro.

Nadie osaría discutir ni poner en duda que el contenido del artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial, constituye una obligación que el demandante debe satisfacer cuando la citación del demandado haya de practicarse en un sitio que diste más de 500 metros del lugar o recinto donde el Tribunal tiene su sede, ni nadie podría afirmar que el contenido económico de esta obligación pueda ser calificado de arancel judicial o ingreso público tributario. En efecto, lo que se pague por transporte, hospedaje o manutención del funcionario judicial Alguacil (en caso de citación para la contestación de la demanda) no está destinado a coadyuvar al logro de la eficiencia del Poder Judicial ni para que todos tengan acceso a la justicia ni tampoco era pagado en las instituciones bancarias con las cuales la extinta Oficina Nacional de Arancel Judicial había celebrado convenios para la percepción de los tributos. Los pagos destinados a satisfacer las necesidades de transporte, manutención y hospedaje de los funcionarios o auxiliares que deban evacuar diligencias fuera de la sede el Tribunal, son del único y exclusivo interés del peticionante o demandante –según el caso- ya que se repite, no responde al concepto de ingreso público de carácter tributario, y cuyos montos ingresan al patrimonio del transportista, hotelero o proveedor de estos servicios. No ingresaban al patrimonio nacional que administraba la extinta Oficina Nacional de Arancel. De allí que, tales obligaciones a cargo del demandante para la obtención de la citación, como se indicó, tienen plena vigencia en todos los procedimientos que hoy están exentos de la obligación tributaria (ingreso público) que estaba prevista en la Ley de Arancel Judicial, en razón de la justicia gratuita garantizada por el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Dentro de las normas presupuestarias del extinto Consejo de la Judicatura no existían partidas destinadas (ni hoy existen en el Presupuesto del Poder Judicial) para satisfacer estos gastos en que necesariamente habrían de incurrir los funcionarios o auxiliares de justicia, cuando hayan de practicar diligencias fuera de la sede el Tribunal, Registro o Notaria, ni existe norma alguna que imponga a estos funcionarios a soportar en su patrimonio tales gastos, habida cuenta que tales diligencias, como se indicó, son del único y exclusivo interés de los peticionantes o demandantes, salvo aquellos que son inherentes al funcionamiento del tribunal, para lo cual si existe una partida poco significante, que se le otorga a los alguaciles para transporte de esas diligencias.

Entonces, siendo claro que se trata de obligaciones impuestas por la ley (Ley de Arancel Judicial), tal como lo exige el ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, no queda duda alguna de que al encontrarse el sitio o lugar donde haya de practicarse la citación a más de 500 metros de la sede del Tribunal, el demandante deberá cumplir con tales cargas u obligaciones, independientemente de la gratuidad contemplada en la constitución, ya que ésta (la gratuidad) hace sólo referencia al arancel judicial o ingreso público tributario. El Estado está facultado para establecer exenciones o exoneraciones tributarias, pero no para obligar a los particulares (transportistas, hoteleros o prestadores de servicios de manutención, etc.) a soportar la gratuidad de los juicios. De manera, pues, que tales sumas de dinero para pagar transporte, hospedaje o manutención no responden a la definición de ingreso público ni de tributo a que se contrae el artículo 2 de la Ley de Arancel Judicial, ni al de renta ordinaria previsto en el ordinal 4º del artículo 42 de la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional ni al concepto doctrinario de tasa, lo que por vía de consecuencia, no vulnera la gratuidad de la justicia consagrada en el vigente texto Constitucional.

Las razones que avalan la afirmación anterior, radican en lo siguiente: Los pagos que se hagan por transporte, por manutención y por hospedaje se le hacen directamente al funcionario para ser invertidos en el servicio que personas particulares han de recibir o directamente lo hará el interesado, al transportista, al hotelero o restaurant o fonda proveedora de alimentos. No se liquidan planillas como ocurría con el arancel judicial y con toda otra renta, ni se pagan en oficinas receptoras de Fondos Nacionales. En este orden de ideas, y según sean proveídos los conceptos de transporte, manutención y hospedaje por el demandante, interesado en el cumplimiento de la diligencia al funcionario judicial (alguacil en el caso de citación para la contestación de la demanda), nos revelaría una relación de derecho privado entre el que suministra el transporte (el interesado) y el prestador de servicio de transporte, de manutención y de hospedaje, configurándose típico “acto de comercio”, objetivo definido en los ordinales 6 y 9 del artículo 2 del Código de Comercio. Mientras que la relación que existía entre el particular que pagaba o liquidaba el arancel judicial (entendido como ingreso público o tributo, tal como lo definía el artículo 2 de la Ley de Arancel Judicial), y el estado, daba paso a una relación de derecho público. De manera, pues, que existía una marcada y notoria diferencia en la naturaleza jurídica de ambas relaciones, pero que coincidían en que ambas estaban impuestas o previstas por la Ley para el logro de la citación, las cuales debían ser cumplidas dentro de los 30 días siguientes a la fecha de admisión de la demanda por la parte del demandante interesado, so pena de que operara la perención de la instancia o extinción del proceso. Con lo dicho no debe entenderse que la citación debe ser practicada dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda o de su reforma. NO. Por el contrario, lo que debe cumplirse dentro de ese lapso de 30 días, son las obligaciones previstas en la Ley destinadas a lograr la citación, importando poco que ésta se practique efectivamente después de esos 30 días.

No obstante, dado en principio constitucional actual respecto a la gratuidad de la justicia y de la naturaleza que había entre las obligaciones (previstas en la ley para el logro de la citación cuando ésta haya de practicarse en un sitio que diste más de 500 metros de la sede el Tribunal), se robustece la tesis planteada argumentando que los ingresos públicos o tributos se satisfacían dinerariamente, vale decir, pagando con dinero el monto de la obligación tributaria, no siendo posible pagarla en especie o de otra forma, entre tanto que la obligación que aun subsiste de transportación de los funcionarios o auxiliares de justicia que impone el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial, puede satisfacerse poniendo a disposición del funcionario o auxiliar de justicia los vehículos necesarios para la transportación, satisfaciéndose de esta manera la obligación legal, mediante una forma diferente a la del dinero, lo cual deviene jurídicamente imposible en materia tributaria o de ingreso público.

Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado el criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se aplicará para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca ésta. Así se establece.

Estos nuevos argumentos doctrinarios como ya se indicó, no son aplicables al caso en estudio, pero sí para aquellos que se admitan a partir de la publicación de esta sentencia. De este modo bajo criterio imperante para el momento, la denuncia analizada debe ser declarada procedente. Así se decide…”

También en decisión del 20-12-2006, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, determinó:

…que en atención al principio de la justicia gratuita contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las obligaciones arancelarias previstas en la Ley de Arancel Judicial perdieron su vigencia; sin embargo, por cuanto la obligación prevista en el artículo 12 eiusdem no constituye ingreso público ni tributo, mantiene su aplicación y en tal sentido, el accionante, a fin de cumplir con las obligaciones a que se refieren los ordinales 1°) y 2°) del artículo 267, precedentemente transcrito, debe dentro del lapso de 30 días siguientes a la admisión de la demanda o de su reforma, poner a la orden del alguacil mediante diligencia los medios y recursos necesarios para gestionar la citación del accionado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal, siendo, a su vez, obligación del preindicado funcionario dejar constancia en el expediente de tal cumplimiento…

Asimismo, en fallo N° 154 del 27-03-2007, la misma Sala señaló lo que siguiente:

…De conformidad con el precedente jurisprudencial trascrito, constituye una obligación legal para lograr la citación, diligenciar en el expediente dentro de los treinta (30) días siguientes a la admisión de la demanda, para poner a la orden los medios, recursos, la ayuda, etc., necesarios para lograr la citación del demandado, siendo esto una muestra de interés del actor, en la continuación del juicio, siempre que el emplazamiento y/o la citación del demandado, deba practicarse en un lugar que se encuentre a una distancia mayor a 500 metros de la sede del tribunal. Asimismo, surge otra obligación impuesta al alguacil, funcionario del tribunal, quién debe dejar constancia en el expediente, que el actor cumplió o no con tal obligación y, por lo tanto, debe especificar qué se puso a la orden del tribunal, de manera concreta y precisa…

(Resaltado nuestro)

Ahora bien, en la sentencia objeto de apelación, el juez de instancia declaró la perención de la instancia por cuanto “…Debe determinarse en el presente pronunciamiento que desde el día 28 de mayo de 2007, fecha en la que es admitida la demanda hasta el 11 de julio de 2007, fecha en la que se consignan los emolumentos necesarios para la citación del demandado, transcurrió en exceso los treinta días que tiene la actora para impulsar la citación de los demandados, situación que encuadra en el ordinal 1° del artículo 267 de nuestra norma adjetiva procesal, antes transcrita y que en consecuencia produce como efecto inmediato la perención de la instancia …”

En tal sentido tenemos que el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil , en su ordinal 1° establece lo siguiente:

…Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del juez después de vista la causa, no producirá la perención.

También se extingue la instancia:

1° Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado…

.

De lo antes referido podemos concluir que las obligaciones que corresponde a la parte actora para evitar la perención breve, de acuerdo a la doctrina de la Sala de Casación, se refieren a la realización de los trámites respectivos para la citación, vale decir, la consignación de los fotostatos necesarios para la elaboración de la compulsa; suministrar al Alguacil tanto los emolumentos del traslado, si el demandado se haya a más de quinientos (500) metros de distancia del recinto del Tribunal, así como la dirección o lugar donde se encuentra el demandado que se ha de citar.

Adoptando el criterio sostenido por el Alto Tribunal y de conformidad con el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que consagra el principio a una justicia gratuita, se concluye que las obligaciones arancelarias impuestas por la Ley de Arancel Judicial perdieron su validez en razón del aludido principio constitucional, quedando con plena vigencia las obligaciones contenidas en el artículo 12 de la referida ley el cual dispone:

Cuando haya de cumplirse un acto o evacuarse alguna diligencia fuera de la población en que tenga asiento el Tribunal, Registro Mercantil y Notarías Públicas la parte promovente o interesada proporcionará a los funcionarios y auxiliares de justicia que intervengan en ellos, los vehículos necesarios y apropiados para su traslado, y proveerá los gastos de manutención y hospedaje que ocasione. Igualmente se proporcionará vehículo, cuando el acto o diligencia se efectúe en la misma población en que resida el Tribunal, Registros Mercantiles y Notarías Públicas en lugares que disten más de quinientos (500) metros de su recinto.

El Consejo de la Judicatura y el Ministerio de Justicia, respectivamente fijarán, periódicamente, mediante resolución el monto de los gastos de manutención y de hospedaje que habrán de pagar los interesados

.

Así, las obligaciones de la parte demandante a los efectos de generar la citación del contrario, son precisamente: la facilitación de vehículo para el traslado del alguacil, los gastos de manutención y el hospedaje; lo que se traduce en la obligación de proporcionar al alguacil los emolumentos necesarios para la práctica de la citación de la parte demandada.

De modo pues que, el accionante tiene la obligación de presentar diligencia dentro de los treinta (30) días continuos siguientes a la admisión de la demanda, en la cual ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación de la parte demandada, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del tribunal; siendo obligación del alguacil dejar constancia en el expediente que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes para la consecución de la citación.

Siendo ello así, y acatando la jurisprudencia, este Superior concluye que el incumplimiento de la obligación prevista en el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial, es decir, no proporcionar al alguacil los medios y recursos necesarios para la práctica de la citación, acarreará la perención de la instancia.

Se reitera que en el sub iudice, le es aplicable la interpretación jurisprudencial precedentemente citada, ya que desde el 28-05-2007, fecha de la admisión de la demanda, hasta el 11-07-2007 oportunidad en que fueron consignados los emolumentos para la citación de los demandados, habiendo transcurrido, suficientemente, más de treinta (30) días continuos, sin que el apoderado actor le hubiese dado el impulso procesal respectivo y obligatorio al presente expediente a los fines de lograr la citación de la parte demandada, todo conforme a lo doctrina jurisprudencial antes señalada. Ello es así, ya que si bien, diligenció consignando los fotostatos debía en esa misma oportunidad, consignar los citados emolumentos, por cuanto es una carga que le corresponde, siendo que los mismos fueron consignados cuando ya habían transcurrido en exceso los treinta (30) días señalados.

De ahí, que no habiendo cumplido la parte actora copulativamente todas las obligaciones que impone la Ley en el lapso de treinta (30) días continuos para la verificación de la citación del demandado, en acatamiento de la jurisprudencia parcialmente citada y la Ley Adjetiva, resulta forzoso para esta Superioridad declarar la perención breve de la instancia, debiendo confirmarse el fallo apelado. Así se decide.

DECISION

Por lo antes expresado este JUZGADO SUPERIOR NOVENO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, ACTUANDO COMO TRIBUNAL DE ALZADA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, declara: PRIMERO: CON LUGAR LA PERENCION DE LA INSTANCIA. SEGUNDO: SIN LUGAR LA APELACIÓN interpuesta por los abogados J.M.S. Y F.C.O., apoderados de la parte actora y demandada, respectivamente, contra la decisión dictada por el Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil, Mercantil y del T.d.e.C.J. del 14-07-2008.

Queda así CONFIRMADA la decisión apelada, sin la imposición de las costas del recurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.

Regístrese, publíquese, diarícese, déjese copia certificada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, Firmada y Sellada en la Sala de despacho del Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Palacio de Justicia. En Caracas, a los Veintidós (22) días del mes de Junio de 2009. AÑOS 199° de la Independencia y 150° de la Federación.

EL JUEZ,

C.E.D.A..

LA SECRETARIA,

N.B.J..

CEDA/nbj

Exp. N° 8254

En esta misma fecha, siendo las 03:20 p.m., se publicó la anterior decisión, previo anuncio de Ley.

LA SECRETARIA,