Decisión nº 173-07 de Corte de Apelaciones 5 de Caracas, de 5 de Octubre de 2007

Promovemos para que sean incorporado para su lectura y valoración la copia del acta levantada en el Tribunal de Mendriso-Sur, Suiza, en la cual la pretendida representante de la República, la abogado E.B.d.L., hace valer las copias de la acusación de la Dra. C.M.S. GÓMEZ(Constante de 21 Folios).

Promovemos para que sean incorporado para su lectura y valoración copias certificadas de los siguientes documentos:

1. Escrito de fecha 06 de octubre de 2006, mediante el cual la profesional del derecho C.V., solicita al Tribunal Copia Certificada de la Acusación presentada en contra de la ciudadana C.M.S.G..

2. Poder consignado por la ciudadana C.V., conjuntamente con el escrito del punto nro. 1, mediante el cual pretende acreditar su facultad para hacer solicitudes en la causa 1183.

3. Auto de fecha 06 de octubre de 2006, mediante el cual el Tribunal Vigésimo Quinto de Control ACORDÓ expedir Copias Certificadas de la Acusación presentada en contra de la ciudadana C.M.S., a solicitud de la abogada C.V..

4. Escrito interpuesto por la abogada C.V. en fecha 23 de Octubre de 2006, solicitando nuevamente le sean certificadas las Copias de la Acusación presentada en contra de la ciudadana C.M.S..

5. Escrito presentado por esta Defensa, en fecha 30 de Octubre de 2006, mediante el cual se solicita al Tribunal Agraviante niegue la entrega de Copias Certificadas a la ciudadana C.V., e igualmente declare la NULIDAD ABSOLUTA del Auto de fecha 06 de Octubre de 2006 y se ordené a la ciudadana C.V., la devolución las copias (simple o certificada) al Tribunal 25° de Control, peticiones a las cuales NO HEMOS OBTENIDO RESPUESTA.

6. Auto de fecha 30 de Marzo de 2006, dictado por el Tribunal Vigésimo Quinto de Control, el cual NEGÓ el acceso a terceros a las actuaciones de la causa 1183, el cual reposa en dicho tribunal, que es el mismo expediente que contiene la Acusación en contra de la ciudadana C.M.S.G., acto conclusivo que fue otorgado en copias certificadas a la abogada C.V., quien no detenta ningún carácter de parte en ese proceso.

Con la finalidad de que sea verificada la inexistencia de pronunciamiento solicitamos sea requerido el expediente original al Tribunal Vigésimo Quinto de Control, con un plazo de breve para que el Juez Agraviante no subsane su omisión en perjuicio de la ciudadana C.M.S.G..

Promovemos para que sean incorporado para su lectura y valoración la comunicación del abogado MATTEO QUADRANTI, en el cual señala que las copias fueron utilizadas en el Tribunal de Mendriso-Sur, Suiza, por la pretendida representante de la República, la abogado E.B.d.L., intentando hace valer las copias de la acusación del Ministerio Público contra la Dra. C.M.S.G..

7. PETITORIO

1. - Con fundamento en todo lo antes expuesto, solicito que la presente acción de amparo interpuesta conforme a lo establecido en el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en los artículos 1 y 4 de la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales, acción de a.c. que formalizamos en tuición los derechos fundamentales a una juicio justo con el respeto debido al proceso, derecho a un tramite procesal sin dilaciones indebidas, a obtener oportuna respuesta, a la igualdad de armas, a un juez imparcial y cimentado en la ética, así como natural y el derecho a la presunción de inocencia, consagrados en los artículos 2, 22, 23, 25, 26, 49, 51 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el principio de la legalidad de la función pública instituido en el artículo 137 eiusdem y de la usurpación de funciones previsto en el artículo 138 eiusdem, porque ningún juez tiene la facultad de retardar indebidamente un proceso, revocar su propia decisión o extender la Jurisdicción en algún Tribunal Extranjero, igualmente se denuncia la violación de los artículos 7º, aparte 5º y 8º de la Convención Americana de los Derechos Humanos (Pacto de San J.d.C.R.) (Ley Aprobatoria publicada en Gaceta Oficial N° 31.256 de fecha 14-06-1977) y los artículos 9º, aparte 3º y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, instrumentos internacionales, estos últimos, que tienen rango constitucional en Venezuela de conformidad con lo establecido en los artículos 22 y 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sea admitido, sustanciado, admitidas las pruebas, sea declarada CON LUGAR la presente acción de amparo y se ordene al juez agraviante repare las violaciones constitucionales causada a nuestra defendida, tanto en la acción de otorgar copias del expediente a un tercero, como en la inacción por no resolver su error inexcusable, cuando permitió que un Juez extranjero pueda tomar alguna decisión sobre el mérito de la acusación de nuestra defendida y el supuesto pase a juicio anticipado (sin audiencia preliminar) y en consecuencia se restablezca la situación Jurídica Infringida ordenando a la ciudadana C.V., proceda de inmediato a devolver las copias (simple o certificada) al Tribunal 25° de Control, y sea enviado un oficio al Tribunal de Primera Instancia de la ciudad de Mendriccio Sur-Suiza, informando de la sentencia que se dicte en este amparo.

2. - Solicito que con la admisión de la presente acción de A.C., sean decretadas MEDIDAS CAUTELARES INNOMINADAS consistentes, en la suspensión de los efectos del auto inconstitucional dictado por EL AGRAVIANTE, en fecha 06 de octubre de 2006, expediente 02-1183, así como la suspensión del proceso principal en virtud de la necesidad de verificar la independencia, imparcialidad e idoneidad del Juez Agraviante, en virtud de la vulneración sistemática de los derechos de C.M.S.G., y de conformidad con lo previsto en el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil…".

En fecha 27/24/2007 los abogados D.T.G. Y B.R.S., en su carácter de Defensores de la ciudadana C.M.S.G., consignaron escrito ante esta Sala en el que entre anexaban los medios de pruebas ofrecidos en el escrito de solicitud de A.C. (Folios 19 al 62) los cuales son:

…1.- Escrito de fecha 06 de octubre de 2006, mediante el cual la profesional del derecho C.V., solicita al Tribunal Copia Certificada de la Acusación presentada en contra de la ciudadana C.M.S.G..

2.- Poder consignado por la ciudadana C.V., conjuntamente con el escrito del punto nro. 1, mediante el cual pretende acreditar su facultad para hacer solicitudes en la causa 1183.

3.- Auto de fecha 06 de octubre de 2006, mediante el cual el Tribunal Vigésimo Quinto de Control ACORDÓ expedir Copias Certificadas de la Acusación presentada en contra de la ciudadana C.M.S., a solicitud de la abogada C.V..

4.-Escrito interpuesto por la abogada C.V. en fecha 23 de Octubre de 2006, solicitando nuevamente le sean certificadas las Copias de la Acusación presentada en contra de la ciudadana C.M.S..

5.- Escrito presentado por esta Defensa, en fecha 30 de Octubre de 2006, mediante el cual se solicita al Tribunal Agraviante niegue la entrega de Copias Certificadas a la ciudadana C.V., e igualmente declare la NULIDAD ABSOLUTA del Auto de fecha 06 de Octubre de 2006 y se ordené a la ciudadana C.V., la devolución las copias (simple o certificada) al Tribunal 25° de Control.

6.- Auto de fecha 30 de Marzo de 2006, dictado por el Tribunal Vigésimo Quinto de Control, el cual NEGÓ el acceso a terceros a las actuaciones de la causa 1183, el cual reposa en dicho tribunal, que es el mismo expediente que contiene la Acusación en contra de la ciudadana C.M.S.G., acto conclusivo que fue otorgado en copias certificadas a la abogada C.V., quien no detenta ningún carácter de parte en ese proceso.

7.- Copia del acta levantada en el Tribunal de Mendriso-Sur, Suiza, en la cual la pretendida representante de la República, la abogado E.B.d.L., hace valer las copias de la acusación de la Dra. C.M.S. GÓMEZ(Constante de 21 Folios).

8.- Comunicación del abogado MATTEO QUADRANTI, en el cual señala que las copias fueron utilizadas en el Tribunal de Mendriso-Sur, Suiza, por la pretendida representante de la República, la abogado E.B.d.L., intentando hace valer las copias de la acusación del Ministerio Público contra la Dra. C.M.S.G..

Nuevamente solicitamos en esta oportunidad, que sea admitido, sustanciado, admitidas las pruebas, y sea declarada CON LUGAR la acción de amparo interpuesta por esta Defensa, en contra del Tribunal 25º de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas…

.

En fecha 08/05/2007 esta Sala dictó decisión, en la que se señaló textualmente lo siguiente (folios 64 al 72):

“…Por recibida la presente causa contentiva de la Acción de A.C. interpuesta por los Doctores J.I.H., D.T.G. y B.R.S., abogados en ejercicio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 58.612, 58.696 y 117.240, respectivamente, quienes actúan en su carácter de Defensores de la ciudadana C.M.S.G., venezolana, abogada, casada, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-2.935.735, imputada en la causa Número1183, que cursa en el Tribunal Vigésimo Quinto de Primera Instancia en lo Penal en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a cargo del Doctor M.G.R., Juez de dicho Tribunal, a quien señala como Agraviante, señalando en el encabezamiento del escrito textualmente lo siguiente:

… tribunal que de forma arbitraria, extralimitándose de sus funciones, abusando de su autoridad e ilegalmente consintió, permitió y dio cualidad de parte a un tercero en la causa, menoscabando los derechos de nuestra defendida al debido proceso, a la cosa juzgada, a la presunción de inocencia, dando un trato desigual y discriminatoria a C.M.S.G., además que ha revocado de facto su decisión de fecha 30 de Marzo de 2006; a lo que hay que sumar el hecho de que ha omitido deliberadamente resolver la petición de nulidad absoluta realizada por la defensa, de fecha 30 de Octubre de 2006, configurándose un retardo procesal exagerado y grosero lo que perfecciona la denegación absoluta de justicia, atribuible solo a la ineficiencia e inactividad del Juzgado 25° de Control, vulnerando de manera flagrante los artículos 1, 2, 22, 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación con los artículos 6 y 177, ambos del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud de lo cual solicitamos en apoyo a las contundentes razones de hecho y de derecho amparo y tuición constitucional….

. (Negrillas y letras grandes de la Sala)

Luego en el Capítulo II del escrito al expresar acerca del Interés actual, legítimo y directo observan que:

Nuestra representada ha sido y se mantiene privada por el ciudadano M.G.R., de su derecho a la defensa, al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva, a obtener oportuna respuesta, así como a conseguir una solución a sus peticiones, ninguna de las cuales ha sido resuelta por el tribunal, hasta el día de hoy, igualmente el agraviante ha dado un trato desigual y discriminatorio a nuestra representada. Hemos pedido al tribunal que se pronuncie de acuerdo al artículo 177 del Código Orgánico Procesal Penal lo que no ha realizado, hasta la presente fecha….

Revisada el texto integro de dicho amparo, así como los documentos consignados ante esta Sala dentro de la oportunidad prevista en el procedimiento especial relativo a esta materia, a los efectos de admitir o no dicha acción, constata que dicha solicitud de amparo es oscura, pues en su texto se verifican señalamientos a otras personas que han actuado y a las que se les señala como agraviantes por esas actuaciones realizadas en la causa llevada en dicho Tribunal, pero que no está claro en el contenido de dicho escrito, tal como se verifica en algunos extractos del escrito en cuestión en los que se señala textualmente lo siguiente:

“… No obstante lo anterior, la abogada C.V., actuando con un poder que no la faculta para representar a la República en este caso, solicitó en fecha 06 de Octubre de 2006, a las 11:00 am, ante el Tribunal Vigésimo Quinto de Primera Instancia, Copias Certificadas de la Acusación presentada en contra de nuestra defendida ciudadana C.M.S.G., petición que realizó en su supuesto carácter de Apoderada Judicial de la República Bolivariana de Venezuela.

Sin embargo dicho Poder no puede ser usado en un juicio penal y menos en Venezuela, es decir, solo como lo señala el poder consignado, para representar los intereses de la República Bolivariana de Venezuela ante el Centro Internacional de Diferencias Relativas a Inversiones con sede en Washington, Estado Unidos de Norteamérica, en todo lo relativo a la Solicitud de Arbitraje presentada por la Sociedad I & I Beheer B.V….

El mismo día y con una rapidez inusual, el Tribunal Vigésimo Quinto de Primera Instancia en Función de Control, acordó por Auto de fecha 06 de octubre de 2006, la expedición de copias certificadas, solicitadas por la ciudadana C.V., otorgándole ilegalmente la cualidad de parte en el proceso como representante de la República Bolivariana de Venezuela.

La procuraduría no puede representar a la República en los Procesos Penales, por tanto la actuación de la Abogada Vargas es una c.U.D.F. del Ministerio Público, en este proceso penal. Llama poderosamente la atención que el Ministerio Público no ha realizado oposición alguna a ésta actuación ilegitima.

Es el caso que, el día 12 de octubre de 2006, en el Tribunal de Primera Instancia en la Ciudad de Mendrisio-Sur, Suiza, se presentó la Abogada E.B.d.L., y consignó “en nombre de la República Bolivariana de Venezuela” la copia de la acusación contra la Dra. C.M.S.G., con la finalidad de violar flagrantemente la presunción de inocencia de nuestra representada, no obstante le fue requerida la copia certificada.….” (Negrillas y letras grandes de la Sala)

Se agrega que:

…Posteriormente, en fecha 23 de Octubre del 2006, nuevamente la abogada C.V., alegando su carácter de Apoderada Judicial de la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela, usurpando la autoridad del Ministerio Público, …

Las Copias Certificadas de la Acusación, que el Tribunal agraviante, acordó otorgar a la ciudadana C.V., en fecha 06 de octubre de 2006, fueron consignadas ante un órgano jurisdiccional extranjero, que sigue proceso judicial en contra de la República Bolivariana de Venezuela, en la cual la ciudadana C.S. no es parte.

Esta actuación de los abogados, configuró una agresión directa a la reputación y honor de nuestra defendida, constituyéndose en una evidente violación al Principio de Presunción de Inocencia que ampara a todos los ciudadanos, la cual fue causada por la actuación permisiva del Juez agraviante, esto convierte al juez en responsable directo del el uso indebido de las copias ilegítimamente expedidas.

Es grave que la República por órgano de los supuestos representantes haya afirmado en audiencia ante el Tribunal de Mendriccio Sur- Suiza que nuestra defendida fue pasada a juicio, lo cual es falso visto que hasta la fecha no se ha realizado la audiencia preliminar. …

(Negrillas y letras grandes de la Sala)

Y más adelante se señala que:

… La actuación del Tribunal agraviante, constituye la violación del Debido Proceso, que a su vez abarca el derecho a la Defensa, y el de Presunción de Inocencia.

La trasgresión al Debido Proceso, se patentiza cuando el Tribunal al dictar un Auto (06/10/2006) que acordó expedir copias certificadas a un tercero que actúa USURPANDO LA AUTORIDAD del Ministerio Público, aunado al hecho de que inobservó y desconoció en forma flagrante el Auto (30/03/2006) dictado con anterioridad por ese mismo despacho.

Menoscabo al Derecho a la Defensa de la ciudadana C.S., porque el Tribunal a permitir la actuación de personas ajenas al proceso sin ninguna justificación legalmente correcta, nos crea un estado de incertidumbre al desconocer las facultades que estos terceros puedan tener en el proceso, las acciones que estos pudieran tomar en contra de nuestra defendida, así como también resulta desconcertante, el hecho que una decisión que es ley para las partes, se haya revocado de facto sus efectos para favorecer a un tercero que actuó ilegalmente en causa sin poseer cualidad o simulando ésta, no existiendo en la ley, un recurso o medio idóneo para atacar ésta inconstitucionalidad que transgredió el proceso penal, lo que nos conduce a utilizar la acción de amparo como único recurso para hacer valer los derechos de nuestra defendida.

En este sentido, debemos aseverar que existe violación a la Presunción de Inocencia de la ciudadana C.M.S., por cuanto como lo afirmó la abogada Vargas, las copias serían utilizadas contra nuestra representada y así lo hicieron ante los Tribunales de Suiza. Siendo gravísimo que el juez prestará su concurso para que se lograra tal fin (violar la presunción de inocencia).

En suma, con base en las concluyentes razones de hecho y de derecho, anteriormente señaladas, solicitamos sea declarado con lugar el presente amparo, anulado el auto de fecha 06 de octubre de 2006, y ordenar al Juez agraviante resarcir la presunción de inocencia ante el Tribunal Extranjero (Mendriccio Sur- Suiza)….

…” (Negrillas y letras grandes de la Sala)

De igual forma se refiere que:

“… 1.- Realizamos oposición a la entrega de las copias certificadas al supuesto “representante de la procuraduría” solicitando al Tribunal Vigésimo Quinto de Control que negara la entrega de las mismas a la ciudadana C.V. (realizada en su petición del 23/10/2006), ya que es un tercero ajeno al proceso penal, y por tanto carece de facultad para actuar en él. …” (Negrillas y letras grandes de la Sala)

Por otra parte, señalan que:

… 3.- Violación del Juez Natural.

En fecha 06 de octubre de 2006, el supuesto “representante” de la República, en su solicitud de copias certificadas señaló que: “Dicha solicitud obedece a que la misma obedece a que la misma (sic) debe ser consignada en uno de los procesos internacionales…”

Igualmente en fecha 12 de octrubre de 2006, en el Tribunal de Primera Instancia de Mendriccio Sur- Suiza, la abogado Bigott, actuando como supuesto “representante” de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, expresó que: “… mientras que la Abogada C.S. fue imputada, en fase de juicio, por el delito de atentado de conspiración y daños para Venezuela”

Esté fue el uso que el Estado Venezolano le dio a las copias certificadas entregadas por el Juez Agraviante, a quien dice ser Representante de la República (Abg. Vargas).

En este sentido debemos Puntualizar dos hechos relevantes para el presente proceso constitucional:

• La representante de los intereses de la República de Venezuela afirmó en Suiza que la acusada C.M.S.G., fue pasada a Juicio, lo cual es falso.

El Juez Agraviante, autorizó con la entrega de las copias certificadas que se ventile la causa ante un Tribunal Extranjero (en SUIZA); es el que conocemos por ahora, es decir, que un Juez sin jurisdicción en esta causa penal, dicte un pronunciamiento que afecte a C.M.S.G., colocando al juez extranjero a considerar y decidir sobre una acusación que cursa ante un juez nacional….

(Negrillas y letras grandes de la Sala)

Finalmente observan que:

… Por tanto, cuando el Juez agraviante autorizó la expedición de la copias certificadas para que se ventile la acusación de C.M.S.G., ante otro Tribunal extranjero que conoce de un asunto mercantil está violando la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho al Juez natural, y con su complaciente actuación permitió que se conozca por un Tribunal extranjero, que de dar por cierta las afirmaciones de la abogado Bigott, concretaría una condena sin juicio para C.S.; por lo que solicitamos sea declarado con Lugar la presente acción de a.c. y deje sin efecto el auto de fecha 06 de marzo de 2006, y restablezca la situación Jurídica Infringida ordenando que la ciudadana C.V., devuelva las copias (simple o certificada) al Tribunal 25° de Control, y envié un oficio al Tribunal de Primera Instancia de la ciudad de Mendriccio Sur-Suiza, informando de la sentencia que se dicte en este amparo. …

(Negrillas y letras grandes de la Sala)

Ahora bien, esta Sala Cinco de la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal, actuando en Sede Constitucional comprueba que dicha solicitud de a.c. es oscura y ambigua, en tal sentido corresponde en derecho y conforme lo permite el artículo 19 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales, ordenar la notificación a los solicitantes del amparo para que dentro del lapso de cuarenta y ocho horas siguientes a la correspondiente notificación a través del Alguacil, quien consignara al expediente la correspondiente certificación de su entrega, para que informen a esta Sala lo siguiente:

Se Precise suficientemente la identificación del o de los presuntos agraviantes en atención a que en el escrito en cuestión se hace referencia a actuaciones emanadas de las ciudadanas C.V. y E.B., en su condición de apoderadas de la Procuraduría General de la República, en el expediente aludido y actuaciones fuera del país con el carácter de representantes de la República.

Señalen de manera detallada el derecho o garantía constitucional violados o amenazados de violación.

Precisen el acto concreto, decisión u omisión que viola o amenaza de violación un derecho o garantía constitucional y demás circunstancias.

En tal sentido se ACUERDA de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales, en relación con la Sentencia Nº 7, expediente Nº 00-0010, de fecha 01/02/00, ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, dictar AUTO SANEADOR para que los accionantes, precisen la información requerida dentro del lapso establecido ut supra, contado a partir del recibo de la notificación del presente auto, so pena de ser declarada inadmisible la presente acción de a.c. . Líbrese la correspondiente Boleta de Notificación. Y ASE SE DECLARA.-

DISPOSITIVA

En consecuencia y por todo lo antes expuesto esta Sala Cinco de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República de Venezuela y por Autoridad de la Ley, ACUERDA de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales, en relación con la Sentencia Nº 7, expediente Nº 00-0010, de fecha 01/02/00, ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, dictar AUTO SANEADOR para que los accionantes, precisen la información requerida dentro del lapso establecido ut supra, contado a partir del recibo de la notificación del presente auto, so pena de ser declarada inadmisible la presente acción de a.c. .

Líbrese la correspondiente Boleta de Notificación…”.

En fecha 11/05/07 fue consignado ante esta Sala escrito suscrito por la abogada B.R.S., en su carácter de Defensora de la ciudadana C.M.S.G., con motivo del auto saneador (folios 75 al 79) quien entre otras cosas señaló textualmente lo siguiente:

…I.- AUTO SANEADOR

En fecha 08 de mayo de 2007, este Tribunal Constitucional ordenó precisar en la demanda de amparo lo siguiente:

PRIMERO: PECISAR LOS AGRAVIANTES.

SEGUNDO: PRECISAR LOS DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES.

TERCERO: PRECISAR EL ACTO CONCRETO U OMISIÓN QUE VIOLA GARANTÍAS O DERCHOS CONSTITUCIONALES.

Aun cuando para los accionantes, la demanda de a.c. contra la omisión del agraviante, cumple a cabalidad y de manera diáfana con los requisitos que exige la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales, pasamos a cumplir con las exigencias del Tribunal Constitucional.

II.- CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO DE LA SALA No. 5

a.- PRECISAR LOS AGRAVIANTES:

1.-TRIBUNAL VIGÉSIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas en Función de Control, a cargo del ciudadano M.G.R..

2.- LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por las acciones directas de las apoderadas judiciales las abogadas E.B. y C.V..

3.- FISCAL SEXTA NACIONAL CON COMPETENCIA PLENA, Dra. Marialejandra Pérez, quien permitió que usurparan la autoridad del Ministerio Público.

b.- SEÑALAMIENTO DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS O AMENAZADOS

Aun cuando la Sala Constitucional ha señalado que el agraviante debe expresar con claridad los hechos, por cuanto el derecho independientemente de la mención del solicitante pertenece, al principio IURA NOVIT IURIA, cumplimos con la exigencia de la Sala:

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:

Artículo 2…

Artículo 21…

Artículo 25…

Artículo 26…

Artículo 49…

Artículo 51…

Artículo 257…

C.- PRECISAR EL ACTO CONCRETO U OMISIÓN QUE VIOLA GARANTÍAS O DERECHOS CONSTITUCIONALES.

• LA SOLICITUD DE COPIAS: La abogada C.V., actuando con un poder que no la faculta para representar a la República en este caso, solicitó en fecha 06 de Octubre de 2006, a las 11:00 am, ante el Tribunal Vigésimo quinto de Primera Instancia, Copias Certificadas de la Acusación presentada en contra de nuestra defendida ciudadana C.M.S.G., petición que realizó en su supuesto carácter de Apoderada Judicial de las República Bolivariana de Venezuela.

• EL AUTO QUE LA ACORDÓ: El mismo día y con una rapidez inusual, el Tribunal Vigésimo Quinto de Primera Instancia en Función de Control, acordó por Auto de fecha 06 de octubre de 2006, la expedición de copias certificadas solicitadas por la ciudadana C.V., otorgándole ilegalmente la cualidad de parte en el proceso como representante de la República Bolivariana de Venezuela.

• LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO: La procuraduría no puede representar a la República en los Procesos Penales, por tanto la actuación de la Abogado Vargas es una c.U.D.F. del Ministerio Público, en este proceso penal. Llama poderosamente la atención que el Ministerio Público no ha realizado oposición alguna a ésta actuación ilegítima.

• EL USO INDEBIO DE LAS COPIAS POR LA PROCURADURÍA: Es el caso que, el día 12 de octubre de 2006, en el Tribunal de Primera instancia en la Ciudad de Mendrisio-Sur, Suiza, se presentó la Abogada E.B.d.L., y consignó “en nombre de la República Bolivariana de Venezuela” la copia de la acusación contra la Dra. C.M.S.G., con la finalidad de violar flagrantemente la presunción de inocencia de nuestra representada, no obstante le fue requerida la copia certificada.

• LA ACTUACIÓN DE LA PROCURADURÍA: posteriormente, en fecha 23 de Octubre del 2006, nuevamente la abogada C.V., alegando su carácter de Apoderada Judicial de la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela, usurpando la autoridad del Ministerio Público, solicita copia certificada de la acusación presentada en contra de nuestra defendida, y que sea expedida con las formalidades de ley, pero esta vez, alegando en su diligencia que así se lo solicitó el tribunal de Mendriccio- Suiza (ésta petición no ha sido proveída por auto, sin embargo en Suiza fue consignada la copia certificada, traducida y apostillada).

• LA OMISIÓN DEL JUEZ Y DENEGACIÓND E JUSTICIA: En fecha 30 de Octubre de 2006, presentamos en nombre de nuestra representada un escrito haciendo oposición a la entrega de las copias certificadas porque los terceros no tienen cualidad para obtener las mismas, invocamos la sentencia del 30 de marzo de 2006, donde prohíbe el Tribunal que terceros vean el expediente y solicitamos la nulidad del auto de fecha 06 de octubre de 2006, por haber actuado con abuso de autoridad y contrariando derechos y garantías constitucionales, NO HEMOS TENIDO RESPUESTA.

III PETITORIO

1.- Con fundamento en todo lo antes expuesto, solicito que la presente acción interpuesta conforme a lo establecido en el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en los artículos 1 y 4 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales, acción de a.c. que formalizamos en tuición los derechos fundamentales a una (sic) juicio justo con el respeto debido al proceso, derecho a un trámite procesal sin dilaciones indebidas, a obtener oportuna respuesta, a la igualdad del arma, a un juez imparcial, cimentado en la ética, así como natural y el derecho a la presunción de inocencia, consagrado en los artículos 2, 22, 23, 25, 26, 49, 51 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el principio de la legalidad de la función pública instituido en el artículo 137 eiusdem y de la usurpación de funciones previsto en el artículo 138, porque ningún juez tiene la facultad de retardar indebidamente un proceso, revocar su propia decisión o extender la Jurisdicción en algún Tribunal Extranjero, igualmente se denuncia la violación de los artículos 7º, aparte 5º y 8º de la Convención Americana de los Derechos Humanos (Pacto de San J.d.C.R.) (Ley Aprobatoria publicada en Gaceta Oficial No. 31.256 de fecha 14-06-1977) y los artículos 9º, aparte 3º y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, instrumentos internacionales, estos últimos, que tienen rango constitucional en Venezuela de conformidad con lo establecido en los artículos 22 y 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se admitido, sustanciado, admitidas las pruebas, sea declarada CON LUGAR la presente acción de amparo y se ordene al juez agraviante repare las violaciones constitucionales causada a nuestra defendida, tanto en la acción de otorgar copias del expediente a un tercero, como en la inacción por no resolver su error inexcusable, cuando permitió que un Juez extranjero pueda tomar alguna decisión sobre el mérito de la acusación de nuestra defendida y el supuesto pase a juicio anticipado (sin audiencia preliminar) y en consecuencia se restablezca la situación Jurídica Infringida ordenando a la Procuraduría General de la República, proceda de inmediato a devolver las copias (simples o certificada) al Tribunal 25º de Control, y sea enviado un oficio al Tribunal de Primera Instancia de la ciudad de Mendriccio Sur-Suiza, informando de la sentencia que se dicte en este amparo.

2.- Solicito que con la admisión de la presente acción de A.C., sean decretadas MEDIDAS CAUTELARES INNOMINADAS consistente, en la suspensión de los efectos del auto inconstitucional dictado por EL AGRAVIANTE, en fecha 06 de octubre de 2006, expediente 02-1183, así como la suspensión del proceso principal en virtud de la necesidad de verificar la independencia, imparcialidad e idoneidad del juez Agraviante, en virtud de la vulneración sistemática de los derechos de C.M.S.G., y de conformidad con lo previsto en el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil…

.

En fecha 16 de Mayo de 2007, esta Sala declinó la competencia para conocer de la Acción de A.C., interpuesta por los Doctores J.I.H., D.T.G. y B.R.S., en su carácter de Defensores de la ciudadana C.M.S.G., por considerar que era competente la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en atención a que se refería en la acción a la Procuraduría General de la República, representada por las profesionales del derecho E.B. y C.V., así a actuaciones del Juzgado Vigésimo Quinto de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal y del Ministerio. Todo de conformidad con lo previsto en los artículos 7 y 8 de la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales, en relación con el artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y la Sentencia No. 1 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, expediente 00-002 de fecha 20/01/2000, con Ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera.

En fecha 01 de Agosto de 2007, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con Ponencia del Magistrado JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO, dictó decisión mediante la cual señaló que no aceptaba la declinatoria de competencia que le hiciera esta Sala Cinco de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, para conocer de la acción de amparo interpuesta por los abogados J.I.H., D.T.G. y B.R.S., en su carácter de defensores de la ciudadana C.M.S.G., por estimar que los actos señalados no pueden ser imputados ni a la Procuraduría General de la República, como órgano del Poder Ejecutivo Nacional, ni a su titular, la Procuradora General de la República; por el contrario, se trata de actuaciones realizadas ante el Juzgado Vigésimo Quinto de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en el curso del proceso penal seguido contra la hoy accionante, por quienes invocaron ser sus apoderadas judiciales. Órgano jurisdiccional éste que no sólo dio curso a las solicitudes en mención, sino que, además, omitió pronunciarse respecto de la oposición hecha por la defensa, respecto de la intervención de las referidas apoderadas en dicho proceso. Ello así, por vía de amparo, lo que se objetó fue la actuación del señalado juzgado de control. Y por tanto acordó devolver la presente causa a la referida Sala de Apelaciones, a fin de que se pronuncie sobre la admisibilidad de la acción de amparo en referencia, ordenando la remisión del expediente a esta Sala en fecha 08 de agosto de 2007, siendo recibida el jueves 20 de septiembre de 2007.

En fecha jueves 26 de septiembre los Abogados D.T.G. y B.R.S. solicitaron a ésta Sala admita la presente acción de amparo, sustancie, admita las pruebas, sea declarada con lugar y la suspensión del proceso principal.

En fecha lunes 01 de octubre de 2007, esta Sala dictó los siguientes pronunciamientos:

…PRIMERO: ADMITE A TRAMITE, la Acción de A.C., interpuesta por los Profesionales del Derecho J.I.H., D.T.G. y B.R.S., en su carácter de Defensores de la ciudadana C.M.S.G., en contra del Doctor M.G.R., en su carácter de Juez Vigésimo Quinto de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, en los términos señalados por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la decisión antes aludida, todo de conformidad con lo establecido en la Sentencia vinculante dictada en fecha 01/02/2000, por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y en acatamiento a lo decidido en fecha primero de agosto del año en curso por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

SEGUNDO: NIEGA POR IMPROCEDENTE la solicitud presentada por los abogados D.T.G. Y B.R.S., en su carácter de autos, relacionado con la admisión, sustanciación, admisión de pruebas y declaratoria con lugar de la acción de amparo interpuesta, en atención a que la admisión de pruebas y la declaratoria con o sin lugar del amparo interpuesto procede una vez que se realiza la audiencia constitucional y oída las partes se dicta el pronunciamiento, que no ha lugar hasta tanto se notifiquen a las partes una vez admitida la acción de amparo como se acuerda el día de hoy, todo de conformidad con la sentencia N° 7, de carácter vinculante dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

TERCERO: NIEGA POR IMPROCEDENTE la suspensión del proceso principal, por infundada la solicitud presentada por los abogados D.T.G. Y B.R.S., en su carácter de autos. …

Líbrense las correspondientes Boletas de Notificación a la Parte Accionante y al Doctor M.G.R., en su carácter de Juez Vigésimo Quinto de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, a quien se le remitirá copia certificada de la Acción de Amparo. Líbrese oficio al Fiscal Superior del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, a fin de que designe a un Fiscal para que intervenga en la presente acción de amparo. Una vez que conste en autos que las Partes han sido debidamente notificadas, se procederá a fijar y celebrar la Audiencia Constitucional dentro de las noventa y seis (96) horas siguientes. CÚMPLASE.

Las partes fueron notificadas en fecha 01/10/2007, siendo consignadas en fecha 02/10/2007, como consta en diligencia efectuada por el ciudadano C.T., Alguacil adscrito a esta Sala, las cuales fueron efectivas en fecha 02/10/2007, la de los ciudadanos J.I.H., D.T.G. y B.R.S. y en fecha 02/10/2007, la del ciudadano M.G.R..

En fecha 02 de octubre de 2007, los abogados D.T. y B.R.S., consignan en Secretaría escrito dirigido a esta Sala, anexando copia simple de la decisión dictada en data 28/09/2007, por el Juzgado Vigésimo Quinto de Primera Instancia en Función de Control de este Circuito Judicial Penal, en la que textualmente señalan lo siguiente:

…En fecha 28 de septiembre de 2007, el Tribunal Vigésimo Quinto de Primera Instancia en Función de Control de este mismo Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, dictó decisión mediante la cual ANULÓ el auto de fecha 06 de Octubre de 2006, que acordaba copias certificadas de la Acusación en contra de la ciudadana C.M.S..

La reciente decisión del Tribunal Vigésimo Quinto de Control, denunciado en este p.d.A.C., como Agraviante de los derechos de nuestra defendida, ha resuelto las peticiones interpuestas en fecha 30 de Octubre de 2006, mediante la cual nos oponíamos a la entrega de las copias certificadas a la abogada C.V., y solicitábamos la nulidad del auto del 06 de Octubre de 2006, que acordaba la entrega de dichas copias. … Producto de la decisión de fecha 28 de septiembre de 2007, ha cesado la lesión a los derechos y garantías de la ciudadana C.M.S., por el Tribunal Vigésimo Quinto de Control, es por que ésta Defensa actuando conforme a los principios deontológicos de la profesión de abogados y en ejercicio de los derecho y garantías de nuestra representada, DESISTIMOS DE LA ACCIÓN INTERPUESTA, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales. …

En fecha 04/10/2007 compareció ante ésta Sala, la ciudadana Fayad M.L.F., en su carácter de Fiscal Titular N° 68 del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, quien fue comisionada por el Fiscal Superior del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 02 de octubre de 2007, mediante oficio N° FS-AMC-009-11881-2007, quien expuso: “...Vista la designación que se me hiciera de manera formal por la Fiscalía Superior del Área Metrop9olitana (sic) de Caracas, para conocer respecto de la Acción de A.C. interpuesta en el asunto distinguido con el N° SA-5-2007-2122, y ante el escrito que fuere consignado en esta Sala en fecha 02 de octubre del corriente año por los abogados D.T. y B.R. relacionada con el desistimiento de la acción por estos interpuesta, requiero muy respetuosamente de esta Sala se pronuncie en relación al citado escrito, de igual forma que de la decisión que en relación al tema se emita me sea formalmente informada a través de notificación dirigida a la sede la Fiscalía 68° ubicada en el piso 4, del edificio del Ministerio Público esquina Manduca a Ferrenquin Parroquia Candelaria. Finalmente requiero me sean expedidas copias simples del escrito de desestimación de acción de amparo que fuera antes referido. Es todo….”

En fecha 04 de octubre de 2007, el ciudadano M.G.R., en su carácter de Juez Vigésimo Quinto de Primera Instancia en Función de Control de este Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, presentó informe, consignando copia certificada de la decisión dictada por dicho Despacho Judicial en fecha 28/09/2007, mediante el cual entre otras cosas expuso lo siguiente:

…Como garante que siempre ha sido de la N.C., este Tribunal, en honor a esa corresponsabilidad existente entre los órganos del Estado y la sociedad civil, que señala el citado artículo 326 constitucional, y los valores de solidaridad del artículo 2 ejusdem, actuó como órgano del Poder Judicial, en el auto de fecha 06/10/06, y a solicitud de otro Ente Gubernamental, como lo fue la Procuraduría General de la Republica, expidió las copias certificadas, acto este del que hoy se solicita la nulidad por parte de los defensores de la ciudadana C.S.G.. Sin embargo, este acto de mero trámite procesal no tuvo otra intención o pretensión que la del respaldo a ese otro Ente del Estado, que no es otro que la Procuraduría General de la República, el órgano asesor que defiende judicial y extra judicialmente los intereses patrimoniales de la República; pero nunca tuvo como objeto el de violentar Derecho Constitucional alguno a las partes intervinientes en el presente expediente, tal y como argumenta el accionante, y considera este Juzgador que nunca hubo trasgresión alguna de los artículos 1°, 2°, 26° 49° (sic) y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ni los artículos 5 y 177 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que no se ha dado ningún contradictorio a esos derechos constitucionales.

Asimismo, en fecha 28 de Septiembre de 2007, este Tribunal dictó auto mediante el cual decretó la nulidad del auto de fecha 06/10/06 relativo a la expedición de las copias certificadas antes mencionadas. Por tal motivo, doy cumplimiento a los informes de conformidad con el artículo 23 de la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales. En tal sentido, le remito copia certificada del auto citado de fecha 28/09/07 constante de ocho (8) folios útiles. Y ASI SE DECLARA.-

PETITORIO

Por los fundamentos de hecho y de derecho antes expuestos, solicito se declare INADMISIBLE la Acción de A.C. intentada por los ciudadanos J.I., D.T. y B.R. en su carácter de Defensores de la ciudadana C.S.G., contra el auto dictado por este Tribunal en fecha 06/10/07 por ser extemporánea de conformidad con el artículo 6 de la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales y sus ordinales 2° y parágrafo primero del ordinal 4°, por ser improcedente en cuanto a derecho y no estar ajustada a la ley. …

Ahora bien, observa esta Sala que en fecha 02 de octubre de 2007, los abogados D.T. y B.R.S., con el carácter de autos, solicitaron el desistimiento de la Acción de Amparo interpuesta en contra del Juzgado Vigésimo Quinto de Primera Instancia en Función de Control de este Circuito Judicial Penal, por haber cesado la lesión a los derechos y garantías de la ciudadana C.M.S.G., con motivo de la decisión dictada en fecha 28/09/2007, por el referido Juzgado, mediante la cual acordó declarar la nulidad absoluta del auto de fecha 06/10/2006, que acordaba las copias certificadas de la acusación en contra de la referida ciudadana, resolviendo así las peticiones interpuestas en fecha 30/10/2006, en la que se oponían a la entrega de dichas copias a la Abogada C.V. y solicitaban la nulidad del auto en cuestión y se declarara la responsabilidad del Juez agraviante en el retardo procesal.

Por su parte el Ministerio Público, solicitó a esta Sala se pronunciara en relación al citado escrito y se le informara de lo decidido.

El Juez señalado como agraviante remitió informe fechado 04/10/2007 y recibido en fecha 05/10/2007, señaló que había actuado al acordar las copias en fecha 06/10/2006, a solicitud de la Procuraduría General de la República estimando un trámite procesal que nunca tuvo como objeto el violentar derecho constitucional alguno a las partes intervinientes en dicho proceso, estimando no se había violado ningún derecho constitucional, igualmente informa que en fecha 28/09/2007, dictó auto mediante el cual declaró la nulidad del auto cuestionado, solicitando la inadmisibilidad de la acción por ser extemporánea conforme al artículo 6 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales y sus ordinales 2° y parágrafo 1 del ordinal 4°.

Así las cosas, revisado el contenido del escrito contentivo de la acción de amparo, el desistimiento del mismo y el informe presentado por el Juez, estima la Sala conveniente transcribir el contenido del artículo 25 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales, el cual señala textualmente lo siguiente:

Artículo 25.- Quedan excluidas del procedimiento constitucional del amparo todas las formas de arreglo entre las partes, sin perjuicio de que el agraviado pueda, en cualquier estado y grado de la causa, desistir de la acción interpuesta, salvo que se trate de un derecho de eminente orden público o que pueda afectar las buenas costumbres.

El desistimiento malicioso o el abandono del trámite por el agraviado será sancionado por el Juez de la causa o por el Superior, según el caso, con multa de Dos Mil Bolívares (Bs. 2.000,oo) a Cinco Mil Bolívares (Bs. 5.000,oo)

.

Del mismo modo considera esta Sala pertinente referirse a lo señalado en la Sentencia Nº 2003 de fecha 23/10/2001, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual señaló:

Atendiendo al contenido de la disposición transcrita, surge evidente que el desistimiento es el único mecanismo de auto composición procesal previsto ex lege para dar fin a los procesos de amparo, opera como único medio de terminación anormal del proceso, legalmente admitido, cuya homologación por parte del Juez Constitucional es viable, siempre y cuando la violación denunciada no lesione el orden público ni las buenas costumbres o afecte intereses de terceros

.

En reiterada jurisprudencia, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha definido el desistimiento como un acto jurídico que consiste: “…en el abandono o renuncia positiva y precisa que hace el actor o interesado, de manera directa, ya de la acción que ha intentado, ya del procedimiento incoado para reclamar judicialmente algún derecho, o de un acto aislado de la causa, en fin, de algún recurso que hubiese interpuesto…” (Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia N° 1.123 de fecha 03/06/2005).

De la revisión del escrito contentivo de la Acción de Amparo interpuesta y los escritos dirigidos al Tribunal de Control, consignado por el Accionante, se constata que efectivamente representa a la ciudadana por quien interpone el Amparo, por ser defensores de la misma, por tanto tienen facultad para desistir de la acción interpuesta en su nombre, en tal condición.

Igualmente observa la Sala, que la denuncia de violación a los derechos constitucionales aludidos por los accionantes, no son de eminente orden público, así como tampoco entraña una posible afectación a las buenas costumbres, ya que se tramitan por la vía de la jurisdicción ordinaria, que como expresa fue decidido por el Tribunal señalado como agraviante y por lo que cesaron las causas alegadas como violadas, debiendo destacar que no constata la Sala que en este caso el Juez señalado como agraviante haya actuado de mala fe, pues tal como lo refiere en la decisión por la que se desiste de la acción, tanto la solicitud de los accionantes como otra realizada por una apoderada judicial de la Procuraduría General de la República en defensa de los derechos del Estado Venezolano, no habían sido resueltas en su oportunidad, percatándose de ello luego de revisadas las actas procesales que conformaban el voluminoso expediente relacionado con el proceso seguido a la ciudadana C.S.G., destacando que ninguna de esas solicitudes habían sido resueltas en su oportunidad: “…dada la multiplicidad de escritos que en distintas fechas y por diferentes motivos han hecho las partes…”. Por otra parte observa la Sala que la acción no puede considerarse extemporánea, pues la solicitud presentada por los accionantes del amparo ante el Tribunal de Control para que se anulara el auto de fecha 06/10/2007, se hizo en fecha 30/10/2007 y el pronunciamiento se hizo en fecha 28/09/2007, razón por la cual no es posible considerar la inadmisibilidad aludida por el Juez en su informe, pero sí es posible homologar el desistimiento de la Acción de Amparo, por las razones antes dichas al no tratarse de denuncia de derechos de eminente orden público o que pueda afectar las buenas costumbres.

En consecuencia considera esta Sala que lo procedente y ajustado a derecho es proceder a la homologación del desistimiento, de conformidad con el artículo 25 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales. ASÍ SE DECLARA.

DISPOSITIVA

Por todos los razonamientos antes expuestos, es por lo que esta Sala Cinco de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, HOMOLOGA el desistimiento de la acción de amparo interpuesta por los Abogados J.I.H., D.T.G. y B.R.S., en su carácter de Defensores de la ciudadana C.M.S.G., en contra del Tribunal Vigésimo Quinto de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a cargo del ciudadano M.G.R., señalándose como Derechos conculcados los artículos 2, 21, 25, 26, 49, 51 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al no tratarse de denuncia de derechos de eminente orden público o que pueda afectar las buenas costumbres, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales.

Publíquese, regístrese y remítase copia certificada de la presente Decisión al Tribunal Vigésimo Quinto de Primera Instancia en Función de Control de este Circuito Judicial Penal a los fines de su conocimiento y demás fines, igualmente remítase copia certificada a la Fiscalía N° 68 del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas y notifíquese a los accionantes del amparo.

EL JUEZ PRESIDENTE,

DR. J.O.G.

LA JUEZ

DRA. C.C.R.

PONENTE

LA JUEZ,

DRA. CARMEN MIREYA TELLECHEA

LA SECRETARIA,

ABG. R.C.

En esta misma fecha se registró y publicó la anterior decisión.

LA SECRETARIA,

ABG. R.C.

JOG/CCR /CMT/RC/Yaneth.-

CAUSA N° 2007-2122.-