Decisión nº PJ074200800000080 de Tribunal Cuarto Superior del Trabajo de Bolivar, de 16 de Septiembre de 2008

Debe este sentenciador resolver en primer término el alegato de la parte apelante sobre la prescripción del derecho de petición judicial, así como la alegación sobre la inexistencia de la relación de trabajo que invoca.

La demandada dividió el escrito de contestación de la demanda (folios 112-118 SPE) en ocho capítulos. El I lo intituló «Punto previo – De la prescripción de la acción»; el II «De la contestación de la demanda»; en los capítulo III, IV, V y VI expresó los hechos de la demanda que admitió, el rechazo genérico de la pretensión, el rechazo pormenorizado y el fundamento de dicho rechazo; el capítulo VII lo dedicó a plantear la falta de cualidad e interés de las partes; y el capítulo VIII lo dedicó a solicitar la declaratoria sin lugar de la pretensión. En el capítulo I el apoderado judicial de la empresa demandada expresa como punto previo:

Para el supuesto de que se demuestre y este Juzgado considere que la ciudadana I.Z.B., era trabajadora de Ancor Cosmetics, C.A., para el día 20 de julio de 2001, fecha en la cual la citada ciudadana dice haberse considerado despedida, opongo a la demandante la prescripción de la acción, cuestión que se deduce al contrastar la fecha en la cual dice la ciudadana Bastos haber cesado la relación de trabajo con la empres[a] Ancor Cosmetics, C:A: (sic), en fecha 20 de julio de 2001… y la oportunidad en la cual se verifica la citación del defensor judicial en fecha 13 de enero de 2003, tal como consta de consignación realizada por el Alguacil del Juzgado el día 15 de enero de 2003, habiendo transcurrido ya más de un (01) año y cinco (05) meses, luego del supuesto cese de la relación de trabajo.

En todo caso como quiera que el Juzgado Superior, en sentencia de fecha 22 de noviembre de 2005, ordeno (sic) la reposición por mi (sic) solicitada el 11 de febrero de 2003, cuando en nombre de la empresa me di tácitamente por citado, también entre esta última fecha y la oportunidad en la cual dice la ciudadana I.Z.B. que culminó su presunta relación de trabajo con mi representada, ha transcurrido en demasía el lapso de un año (un año y siete meses) para interponer la demanda y lograr la citación del demandado.

Finalmente, acordó el Juzgado Superior del Trabajo en la referida fecha 22 de noviembre de 2005, según consta del acta de la audiencia de apelación y en la publicación del fallo de la misma, en específico en el punto tercero de este último, lo siguiente: "… Se revoca en todas y cada una de sus partes la decisión dictada por el Juzgado de Transición de Primera Instancia del Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar de fecha 28 de abril de 2005 y se ordena la reposición de la causa al estado de admisión de la demanda, otorgándole a la demandada el término de la distancia, en el auto de admisión, sin necesidad de librar nueva notificación de la demandada la cual se encuentra a derecho." Tal circunstancia implica nulidad de las actuaciones relativas a la citación y notificación de mi representada, anteriores a la celebración de tal audiencia de apelación, para la cual habían transcurrido ya mas (sic) de cuatro (04) años, luego del supuesto cese de la relación de trabajo que expresamente niego.

En razón de las anteriores consideraciones, pido que previo a cualquier pronunciamiento del honorable Juzgado de Juicio que conozca de esta causa, se proceda a determinar y declarar la prescripción de la acción.

Constata este sentenciador, luego del análisis detenido del párrafo transcrito supra y de todo el escrito de contestación de la demanda, que la demandada estructuró sus alegatos y argumentos de respuesta y resistencia a las pretensiones de la actora arguyendo, como primer alegato, ser falso que para el 20 de julio de 2001 la demandante era trabajadora al servicio de la empresa accionada; como segundo alegato de respuesta planteó —para el caso que se considerara que existió relación de trabajo— la prescripción del derecho de pedir de la actora ante la jurisdicción; y como tercer y último alegato defensivo dio contestación de fondo a la demanda, admitiendo algunos hechos, negando el resto y planteando la falta de cualidad e interés de ambas partes por no ser de naturaleza laboral el vínculo entre la actora y la demandada sino de naturaleza mercantil.

En el caso C.U.S. contra Comercial de Aviación, C. A. (sentencia de 21 de mayo de 2008, asunto FP02-R-2008-00005), este sentenciador —resolviendo un caso similar de inadecuada técnica para plantear la excepción perentoria extintiva de prescripción, tesitura que obviamente acogió el a quo en este caso para decidir en primer grado— estableció el siguiente criterio (que hoy ratifica):

De doctrina del Supremo Tribunal es que, en materia laboral, la alegación de la prescripción como hecho extintivo debe hacerse, para que resulte propuesta de manera adecuada, planteando primero la contestación de fondo y luego, de manera subsidiaria, alegando la prescripción para la eventualidad que resulten probados los hechos constitutivos de la pretensión. Ese correcto modo de hacer los planteamientos defensivos, que nació en la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia, ha resonado con eco reiterativo desde 1971, habiéndolo asimilado sin ninguna reserva la Sala de Casación Social (caso J.A.V., sentencia de 18 de mayo de 2006), en la que dejó dicho:

En este mismo sentido, la Sala de Casación Civil se ha pronunciado sobre los términos de la contestación de la demanda en sentencia Nro. 306 de fecha 13 de noviembre de 2001 (caso: M.C. y otros contra Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela C. A. N. T. V.):

En este orden de ideas, este sentenciador trae a colación la sentencia dictada el 19 de octubre de 1994, por la Sala Civil de la Antigua Corte Suprema de Justicia, en la cual se lee:

… En sentencia de este Alto Tribunal de 4 de junio de 1968, (G. F. Nº 60, 2ª. Etapa, Pág. 400), se sentó doctrina en cuanto a los efectos que produce la oposición de la prescripción por el demandado, en los siguientes términos: 'La defensa de prescripción implica el reconocimiento del hecho que le sirve como causa al derecho pretendido'

Igualmente, en decisión del 2 de junio de 1971, (G. F. Nº 72, 2ª. Etapa, Pág. 458), al determinar los efectos que produce la proposición de excepciones perentorias, se dijo:

Omissis

La excepción presupone por regla general, que el reo admite el hecho alegado por el actor, pero le oponen otro hecho nuevo que impide, modifica o extingue los efectos jurídicos de la situación admitida. Por tanto, cuando el demandado opone la excepción del pago, está admitiendo la existencia de la obligación, pero la enerva alegando el hecho posterior de su pago.

De las doctrinas precedentemente transcritas, muchas veces ratificadas, lo cual aquí se hace una vez más, se sigue que esta Sala ha acogido el criterio de que la excepción perentoria implica un reconocimiento tácito de la pretensión, que se enerva con la proposición de un hecho nuevo que la modifica, extingue o impide sus efectos.

De ello también se sigue, que cuando el demandado propone, sin más una excepción perentoria, en virtud del reconocimiento de la pretensión el actor queda relevado de la carga de la prueba y corresponde el demandado acreditar el hecho modificativo, impeditivo o extintivo que enerva la pretensión.

Igualmente, dicen algunos tratadistas, desde el punto de vista práctico, no es aconsejable para los demandados la proposición de la mera excepción perentoria sin más y que la forma adecuada de hacer la contestación, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el encabezamiento del artículo 361 del Código de Procedimiento Civil y, en lo laboral, el acatamiento de este artículo y lo que dispone el artículo 68, de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, es proceder primero a la negativa de la pretensión en todo o en parte de la forma indicada en los textos legales referidos, y luego de ello, de manera subsidiaria, estos (sic) es, en el supuesto de que los hechos constitutivos de la pretensión resulten probados, proponer entonces la excepción perentoria del caso, con el alegato del hecho nuevo que la extingue, el que la modifica o el que impide que se produzca sus efectos.

En el caso en estudio, el examen del escrito de contestación de la demanda revela que la parte demandada, primero opuso la prescripción de la acción intentada y luego, subsidiariamente y para el caso de que fuera desestimada la prescripción, y negó pormenorizadamente los hechos narrados en el libelo.

Entiende esta Sala que con la oposición de la excepción perentoria extintiva de prescripción, la parte demandada reconoció los hechos en los cuales se funda la pretensión, y la negativa posterior de tales hechos, en forma subsidiaria, implica que no dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, ni tan siquiera al artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, porque en la contestación no hay claridad en cuanto a que (sic) hechos de la pretensión son negados y los (sic) cuales son admitidos. Ello es así, pues no se puede afirmar ni negar al mismo tiempo algo.

Distinto fuera, a los efectos de las denuncias en estudio, que la demandada hubiese negado pormenorizadamente y como lo exige el artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimiento del Trabajo los hechos libelados, y que, subsidiariamente, para el caso de resultar ciertos, opusiera la excepción perentoria de prescripción de la acción intentada (Subrayado de la Sala).

Con estos razonamientos de la Sala, y por haber opuesto la demandada la prescripción en la forma explicada, quedaron acreditados los hechos libelados y, por tanto, la casación que se solicita, por infracción de los artículos 12 del Código de Procedimiento Civil y 1.359 del Código Civil resulta inútil, toda vez que el resultado de la controversia no cambia al declararse esta casación, pues se repite, con la proposición de la excepción perentoria de prescripción en la manera indicada, y que fuera desechada por la recurrida, quedaron acreditados los hechos narrados en el libelo (negrillas de este sentenciador).

En el caso bajo decisión no procedió la parte demandada con apego a la técnica adecuada para promover la defensa perentoria de prescripción. Con el análisis detenido del escrito de contestación de la demanda pudo constatar este sentenciador que la accionada, al dar su respuesta a las pretensiones del actor, negó, en primer término y como primera defensa la existencia de la relación laboral; luego alegó la prescripción como segundo argumento defensivo; y finalmente, a renglón seguido de los alegatos en que fundamentó la excepción extintiva, dio contestación de fondo a la demanda. Con ese proceder contrario a la técnica procesal adecuada para alegar la prescripción, dejó la demandada reconocido el vínculo laboral alegado por la parte actora y acreditados los hechos alegados en el escrito de la demanda con respecto a dicho vínculo. Así se decide.

De otra parte, destaca este juzgador del escrito de contestación de la demanda que la parte accionada planteó sus defensas dando prioridad argumental a la negación de la relación de trabajo, para luego, después de proponer la prescripción extintiva solo para el caso que el a quo considerara la existencia de la relación negada (planteamiento no formulado de manera subsidiaria sino concurrente con las otras defensas), dar contestación de fondo a la demanda. En criterio de quien sentencia, la parte demandada incurrió en una contradicción defensiva, pues al mismo tiempo negó y afirmó la misma cosa, contrariando con ello principios lógicos. En efecto, si se niega la existencia de la relación de trabajo es porque, a criterio de quien es demandado, no existió nunca vínculo laboral entre las partes; por tanto, alegar luego la prescripción eventual de la relación negada si es que resultara probada, contraría aquel argumento y reconoce indirectamente la existencia del vínculo negado, lo cual resulta contradictorio, agravado aún más si se considera que se negó la relación laboral y renglones después se contestó la demanda negando los hechos invocados por el actor, lo que focaliza la actitud defensiva de la demandada en línea favorable al tácito reconocimiento de la relación de trabajo. Por esa vía argumental tan discrepante entiende este juzgador que la parte demandada dejó reconocida la relación laboral que se empeñó tenazmente en negar a lo largo de su escrito de respuesta a la pretensión. Así se resuelve.

De modo pues que, al plantear la demandada como medio defensivo la prescripción de la relación de trabajo —aun cuando lo haya planteado para el supuesto que se probara o el juzgador considerara que la demandante era trabajadora de la accionada para el 20 de julio de 2001—, debe concluir este sentenciador que reconoció los hechos en que se funda la pretensión de la actora, lo cual equivale a decir, como primer punto de lógica consecuencia, que reconoció la existencia de la relación de trabajo que negó, pues deviene imposible que pueda prescribir una acción o un derecho que no haya nacido de modo concreto con su génesis en hechos ciertos, pues como se dice, lo inexistente no prescribe. Por tanto, este juzgador da por existente y cierta la relación de trabajo invocada por la parte actora e improcedente el alegato de la demandada sobre la inexistencia de dicha relación. Así queda decidido.

Establecido como ha sido que sí existió la relación de trabajo invocada por la parte actora, bastando para dicho establecimiento la manera como planteó la parte accionada su defensa, corresponde resolver sobre el alegato de prescripción planteado por la misma parte.

Hacen los folios 13 y 27 de la PPE, sendas diligencias estampadas por la Alguacil del extinto Juzgado del Trabajo del Primer Circuito de esta Circunscripción Judicial, mediante las cuales expresó:

En la primera:

Consigno en este acto Boleta de Citación librada a tal efecto al Ciudadano: J.M.M., en su Carácter (sic) de Gerente de la Empresa: Ancor Cosmetics, C. A., a quien solicite (sic) en fecha Veintitres (sic) de Julio del año en curso, en la dirección: Av. Jesus (sic) Soto de esta Ciudad, en donde no lo encontré ni fue posible establecer su ubicación (énfasis agregado por este sentenciador).

En la segunda:

Informo al Tribunal, que en fecha Trece de Agosto del Dos mil Dos, acudi (sic) a la Av. Jesus (sic) Soto Edif. Basile, en donde deje (sic) fijado a la Puerta de la Empresa: Ancor Cosmetics. C. A, Cartel de Citación, librado a tal efecto al Ciudadano: J.M.M., en su Carácter (sic) de Gerente de la ya mencionada Empresa; de igual forma fijé en la Cartelera de este Tribunal copia del mencionado Cartel de Citación, todo de conformidad con lo establecido por el Artículo 50 de la Ley, (sic) Orgánica de Tribunales y Procedimiento del Trabajo (énfasis agregado).

Se dice en el escrito de la demanda:

Omissis

En fecha 15 de octubre de 1987 comencé a prestar mis servicios para la empresa ANCOR COSMETICS C.A., empresa que se dedica a la fabricación y distribución de cosméticos, desempeñando inicialmente el cargo de supervisora de cobranzas, posteriormente como Gerente de área (1992) y finalmente como Intendente (1995-2001) exclusivo de esa empresa, en diferentes ciudades del país, siendo Ciudad Bolívar la última ciudad, donde por más de siete (7) años, desempeñé mis funciones y establecí mi domicilio definitivo… (énfasis agregado).

Destaca de las transcripciones precedentes: i) que la parte actora afirmó en el escrito de la demanda que prestó servicios para la empresa demandada en diferentes ciudades del país, siendo esta ciudad la última de ellas; y ii) que la Alguacil del Tribunal que conoció inicialmente del asunto dio fe de haber intentado infructuosamente ubicar al representante legal de la demandada y de haber fijado cartel de citación en la puerta de la sede de la empresa ubicada en la Avenida J.S. de esta ciudad, Edificio Basile.

La afirmación de la demandante en cuanto a que desde 1995 se residenció y domicilió finalmente en esta ciudad está demostrado en autos con su declaración definitiva de rentas para el período enero-diciembre de 2000 (folio 71 PPE), en la cual está declarado bajo juramento que su residencia y domicilio fiscal eran, para el 27 de marzo de 2001 (según la validación terminal del Banco receptor), la Av. Rotaria de esta ciudad, Urbanización Vista Hermosa, Centro Comercial Walter, planta baja, local 3.

Y por lo que se refiere a las declaraciones de la Alguacil transcritas supra, siendo los Alguaciles de los Tribunales de la República funcionarios que d.f. pública de sus actuaciones cuando cumplen la atribución legal de comunicación procesal, concluye este sentenciador que en el caso concreto es incuestionablemente cierto que la Alguacil encargada de la citación de la empresa demandada, vigente para ese momento el viejo régimen procesal laboral, gestionó ciertamente la citación personal del representante legal de la empresa demandada en la Avenida J.S. de esta ciudad y que colocó el cartel de citación expedido como consecuencia de la imposibilidad material de citar personalmente a dicho representante, en la puerta de la empresa ubicada en el Edificio Basile de dicha Avenida.

Contra la presunción de certeza y autenticidad de esas declaraciones de la Alguacil no hizo uso la parte demandada de los medios puestos por la ley a su alcance para destruirlas: tacha de falsedad o anulación del acto. Más bien, en la primera oportunidad que su apoderado judicial actuó en el asunto con mandato expreso no planteó ninguna impugnación contra esas declaraciones de la Alguacil, pues en esa oportunidad solo planteó la solicitud de reposición del asunto al estado de nueva admisión de la demanda por no haberse concedido a la parte demandada el término de distancia que luego fue acogido como motivo anulatorio por este Juzgado cuando estuvo regido por el Juez Ramón Córdova Ascanio. Fuere por tacha de falsedad o fuere por nulidad del acto procesal, debió el apoderado de la demandada plantear su impugnación en la primera oportunidad en que actuó en el procedimiento. Al no haberlo hecho, precluyó para la demandada la oportunidad de hacerlo, conservando las declaraciones de la Alguacil todo el vigor de su certeza y autenticidad, sobre todo en lo afirmado por ella con respecto a que en el sitio donde colocó el cartel estaba ubicada la sede la empresa en esta ciudad. Así se resuelve.

Firmes en sus efectos tales declaraciones, concluye este juzgador que la prescripción extintiva que corrió contra el derecho de la actora quedó interrumpida por la colocación del cartel de citación en la puerta de la sede de la empresa, ubicada en el Edificio Basile de la Avenida J.S. de esta ciudad.

La ley de rito que regía para el tiempo en que se dio inicio a este asunto era la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo (G. O. Nº 26.116 de 19-11-1959), en cuyo artículo 50 se establecía:

Artículo 50.- El Alguacil encargado de practicar la citación, entregará dentro de tres días la orden de comparecencia expedida por el Tribunal en la forma determinada para cada caso, a la persona o personas demandadas, en la morada de ellas o en el lugar donde se las halle, si no las encontrare en aquélla, a menos que estén en el ejercicio de alguna función pública o en el templo y les exigirá recibo que se agregará el expediente, el cual, en todo caso, podrá suplirse con la declaración del Alguacil y de un testigo, por lo menos, que haya presenciado la entrega, conozca a la persona citada y determine el día, hora y lugar de la citación.

Si no pudiere practicarse personalmente la citación del demandado, en el termino fijado en el párrafo anterior, se procederá a fijar en la morada de éste y en las puestas del Tribunal, sendos carteles de emplazamiento para que el demandado ocurra a darse por citado en el término de tres días contados desde la fijación. Dichos carteles, que contendrán la advertencia de que si no compareciere el demandado se le nombrará defensor con quien se entenderá la citación, serán fijados por el Alguacil, en conformidad con las instrucciones del Secretario del Tribunal, dejándose constancia en el expediente de todas las actuaciones practicadas (énfasis agregado).

Bajo esa regulación ritual, la Alguacil colocó el cartel de citación en la puerta de la empresa en esta ciudad y otro igual en la cartelera del Tribunal, con lo cual quedó interrumpida la prescripción extintiva que corría contra el derecho de la demandante.

Alegó el apelante en la audiencia de apelación que los efectos interruptivos de esa actuación cesaron y quedaron extinguidos por la decisión de este Juzgado de 28 de febrero de 2007 (folios 26-33 SPE), mediante la cual se ordenó la reposición de la causa al estado de nueva admisión de la demanda, reposición que implicó —en su decir— la anulación de todo lo actuado, inclusive la actuación de la Alguacil en su gestión de comunicación procesal, criterio que no comparte este sentenciador por las siguientes razones:

1. Si bien es cierto que el juzgador de esta alzada ordenó la reposición de la causa, dispuso asimismo que no había necesidad de librar nueva notificación de la demandada, pues estaba a derecho. La interpretación válida de tal resolución debe ser que el sentenciador concretó su mandato sólo a la concesión del término de distancia a la parte demandada desde la admisión misma de la demanda, sin anular las notificaciones habidas para el procedimiento (comunicación por la Alguacil y presunción de notificación por la actuación directa del apoderado que hace los folios 137 y 138 PPE). Válidas como quedaron esas notificaciones, se mantuvo con todo su vigor el efecto interruptivo de la prescripción generado por la colocación del cartel en la puerta de la empresa en esta ciudad, como ha quedado dicho, debiendo destacar quien sentencia que la parte demandada ningún observación hizo con respecto a lo decidido por esta alzada.

   Además, la parte demandada nunca más fue notificada para el desarrollo del iter procedimental de este asunto, pues ordenada como fue la reposición del mismo en los términos planteados por la recurrente, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esta circunscripción y sede judiciales acató el mandato de la alzada y por auto de 18 de octubre de 2007 expresó:

   Vista la sentencia dictada por el Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, sede Ciudad Bolívar, en fecha 28-02-07, donde se ordenó la reposición de la causa al estado de admisión de la demanda, otorgándole a la demandada el término de la distancia, en el auto de admisión sin necesidad de librar nueva notificación de la demandada la cual se encuentra a derecho. Este Tribunal en fiel cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Superior Cuarto vista la anterior Demanda de Cobro de Prestaciones Sociales, este Juzgado Cuarto (4°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución lo admite cuanto ha lugar en derecho, de conformidad con el artículo 124 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. En consecuencia, se fija la oportunidad a fin de que se presenten la representación de la empresa ANCOR COSMETICS, C.A. y la ciudadana I.Z.B., por ante la Sala de Comparecencia de los Juzgados de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Estado Bolívar, Sede Ciudad Bolívar, a las 2:00 p.m. del DECIMO (10°) DIA HABIL siguiente, vencidos los SEIS (06) días que se otorgan como término de distancia, Asistidos de Abogado o Representado por medio de Apoderado Judicial Legalmente acreditado, los mismos comenzarán a transcurrir a partir de la fecha del presente auto exclusive, los cuales se computarán por días de despacho transcurridos en el Circuito Judicial Laboral del Estado Bolívar, Sede Ciudad Bolívar, a los fines de que tenga lugar la AUDIENCIA PRELIMINAR en el presente proceso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley Orgánica Procesal de Trabajo. Se le hace saber a las partes que deberán consignar sus escritos de pruebas y elementos probatorios, en la oportunidad del inicio de la Audiencia Preliminar, a los fines de procurar la mediación.

   Resulta así que no es cierta la alegación de la parte demandada sobre la anulación de los efectos interruptivos de la prescripción surgidos de la fijación del cartel de citación por la Alguacil del juzgado que originalmente conoció del asunto, siendo más bien lo verdadero que tal notificación quedó con plena eficacia como lo demuestra lo ordenado en el auto supra transcrito y el hecho mismo que nunca más fue notificada la empresa demandada para la atención del asunto que obraba en su contra, ejerciendo ella plenamente su defensa sin jamás alegar la falta de notificación, lo cual indica su allanamiento a lo decidido por la alzada cuando dispuso que no se procediera a nueva notificación por estar a derecho la parte demandada. Así se decide.

2. En todo caso, como correctamente lo alegó la parte actora en la audiencia oral y pública de esta instancia, es doctrina largamente reiterada del Tribunal Supremo de Justicia (desde cuando ostentaba la denominación de Corte Suprema de Justicia) que el cartel de citación librado y colocado en los términos como se preveía en el artículo 50 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo con respecto a las formas de notificación en los procesos laborales antes del nuevo y vigente régimen ritual laboral, era suficiente para tener por notificado al demandado de la pretensión procesal que obrara en su contra, suficiencia que extendió el M.T. a la interrupción de la prescripción extintiva y su eficacia aún en supuestos de reposición de la causa. Valga como expresión clara de esa doctrina lo dicho en la sentencia de la Sala de Casación Social de 7 de febrero de 2006 (caso L.A.V.J.):

   De esto se sigue que en el sistema de procedimiento civil, la extinción del proceso impide la eficacia de la demanda notificada al accionado, para interrumpir la prescripción, lo cual es perfectamente acorde con un proceso regido estrictamente por el principio dispositivo, donde la diligencia del litigante en el desarrollo del juicio, importa de manera irrestricta para defender sus intereses privados. Sin embargo, el nuevo sistema consagrado en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, desarrolla el principio fundamental consagrado en el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según el cual “el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia”, es decir, enuncia el carácter meramente instrumental de las normas que reglamentan el proceso, y que por lo tanto, deben interpretarse y aplicarse de forma que tiendan a la consecución del fin al que están subordinadas —por lo que no es lícito sacrificar la justicia en aras de preservar las formas no esenciales—.

   En virtud de este apego de la ley procesal del trabajo al principio fundamental expresado en la Constitución (artículo 257), y de la especial naturaleza irrenunciable de los derechos que se tutelan en el procedimiento laboral (artículo 89, numeral 2, constitucional y artículo 3 de la ley sustantiva del trabajo), el sistema procesal establecido en la nueva ley impone al juzgador orientar su actuación en un principio de equidad (artículo 2 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo), y a no perder de vista la irrenunciabilidad de los derechos y beneficios que la legislación social acuerda a los trabajadores (artículo 5 eiusdem), por lo que consagra algunas disposiciones que modifican el régimen ordinario que tienen ciertas instituciones procesales. Específicamente, puede observarse que en materia de perención, la regla consagrada en el Código Civil (artículo 1972), y en el Código de Procedimiento Civil (artículos 267 y siguientes), traen como consecuencia que la extinción de la instancia impide los efectos de la citación del accionado para interrumpir la prescripción, y por tanto, si el demandante quisiera reclamar su derecho en un proceso futuro, el tiempo transcurrido bajo la pendencia del juicio extinguido, debe computarse al tiempo de prescripción.

   Sin embargo, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en aras de preservar la irrenunciabilidad de los derechos laborales, ha consagrado un régimen distinto al de Derecho común, estableciendo en su artículo 203 que la perención no impide que se vuelva a proponer la demanda —al igual que ocurre en el proceso civil—, y que además, los lapsos de prescripción no corren durante la pendencia del proceso, excluyendo expresamente la consecuencia jurídica establecida en el artículo 1972 del Código Civil.

   En el caso de autos, la declaratoria de inadmisibilidad de la demanda incoada por el ciudadano accionante, en un juicio que se ha demorado más de cuatro (4) años, como consecuencia de un procedimiento anacrónico que desconocía la especial necesidad de tutela de los derechos sociales del trabajador, y de una administración de justicia cuya estructura no se ajustaba a las necesidades rea¬les de la sociedad en que pretendía funcionar, conllevaría a que, de conformidad con el régimen establecido para el proceso civil, una eventual proposición de la demanda estaría condenada a fracasar por efecto de la prescripción consumada, lo cual coloca a quien afirma tener derechos derivados de una relación de trabajo, en la situación de renunciar de hecho a sus derechos laborales cuando intente una acción cuyo ejercicio estaba suspendido sólo por un lapso de noventa (90) días, en virtud de la prohibición establecida en el artículo 266 del Código de Procedimiento Civil.

   Esta situación se presenta a la Sala como manifiestamente contraria a los principios rectores del proceso en nuestro nuevo sistema constitucional, en virtud del cual, éste se mantiene como instrumento —y por tanto, subordinado— al logro del fin último al que tiende todo orden jurídico, cual es la justicia material. En consecuencia, resulta forzoso realizar una interpretación lógico sistemática de las normas que regulan el procedimiento laboral, siguiendo como principio la equidad en el proceso —tal como lo impone el artículo 2 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo—, y salvando cualquier contradicción con el fundamento constitucional del mismo —como instrumento para la realización de la justicia, ex artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela—, y así establecer soluciones que tutelen la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador.

   En este sentido, se observa que la inadmisibilidad de la demanda extingue el proceso sin influir en la titularidad del derecho sustantivo reclamado, al igual que en los casos en que sólo se extingue la instancia —perención, desistimiento del procedimiento—, y dado que el nuevo sistema impide que se desconozca la eficacia de la citación judicial para interrumpir la prescripción, en los casos en que simplemente se extingue el proceso, una interpretación extensiva del artículo 203 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, permite aplicar por analogía los efectos jurídicos que ella consagra al caso de autos, y por lo tanto, el lapso de prescripción no podría correr durante la pendencia del proceso, y habría quedado válidamente interrumpida con la citación judicial verificada en el curso del mismo, preservándose así la posibilidad de intentar nuevamente la demanda y obtener la tutela judicial efectiva —garantizada en el artículo 26 constitucional— de los derechos irrenunciables que la legislación social acuerda al trabajador. Así se declara.

   De manera más concreta en referencia al alegato de prescripción en razón de una reposición —como en el caso concreto—, la Sala dijo:

   Para establecer la consumación del tiempo de prescripción, la recurrida se fundamenta en que el hecho de haberse acordado la reposición de la causa al estado de admisión de la demanda, para su adecuación al nuevo régimen procesal del trabajo, y de haberse ordenado la notificación de la demandada emplazándola según lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, dejó sin efecto todo lo actuado hasta ese momento, incluida la citación original de la demandada, con lo cual se anuló el efecto interruptivo de la misma respecto de la prescripción. Así, al computar nuevamente el tiempo de prescripción desde la finalización de la relación laboral y hasta el momento de la nueva notificación de la demandada, la recurrida encontró que había transcurrido más de un año y con base en ello declaró prescrita la acción.

   Ahora bien, es sin duda absolutamente incorrecta esa afirmación del sentenciador de la recurrida en el sentido de haberse anulado el efecto interruptivo de la citación original por el hecho de la reposición de la causa. Según lo dispuesto en el artículo 1.972 del Código Civil, la citación judicial sólo pierde ese efecto cuando el actor desiste de la demanda o deja extinguir la instancia; y cuando el demandado resulta absuelto; ninguno de cuyos supuestos se dio en el caso. Por tanto, si se toma en cuenta la interrupción de la prescripción producida por la citación original de la demandada no transcurrió, ciertamente, el año necesario para su consumación (Sent. de 22-11-2005, caso F.R.S.).

   Por consiguiente, no es procedente el alegato de la parte demandada en cuanto a que por efecto de la reposición que fue decretada en este asunto se extinguió el efecto interruptivo de la prescripción extintiva por la citación de la parte demandada que se efectivizó como consecuencia de la actuación de la Alguacil del extinto Juzgado de Primera Instancia del Trabajo del Primer Circuito de esta Circunscripción Judicial al colocar cartel de citación en la puerta de la empresa demandada. Contrariamente a ese alegato, la citación cumplida de esa manera mantuvo su eficacia interruptiva. Así queda resuelto.

   Ahora bien, establecido como ha quedado que en el caso concreto no hubo solución de continuidad en la relación de trabajo invocada por la demandante y que la presunta relación mercantil alegada por la parte demandada solo existió para ocultar la realidad del vínculo laboral, no cabe duda que dicho vínculo perduró hasta el 20 de julio de 2001, fecha en que la actora se consideró despedida, hecho este que no negó la accionada como de ocurrencia cierta cuando dio contestación a la demanda, razón por la que se da por demostrado e indubitado para los fines de este asunto.

   El escrito de la demanda fue presentado el 8 de mayo de 2002, es decir, 9 meses y 18 días después de haberse dado término a la relación de trabajo el 20 de julio de 2001, con lo que la parte actora presentó su pretensión ante la jurisdicción antes de vencer el año que siguió a la fecha de culminación de la relación.

   La empresa demandada fue citada —bajo el viejo rito laboral, como ya ha sido analizado— mediante la fijación de un cartel en la puerta de su sede en esta ciudad el 13 de agosto de 2002, notificación que nunca fue anulada —contrariamente a lo sostenido por la apelante— y siempre mantuvo toda su eficacia —según lo ya establecido por este juzgador. Siendo así, resulta incuestionable que la demandante presentó la demanda en tiempo hábil y suficiente para interrumpir el transcurso de la prescripción extintiva que comenzó a correr el 20 de julio de 2001, quedando efectivizada dicha interrupción con la fijación del cartel dentro de los dos meses siguientes al 20 de julio de 2002, fecha en que venció el año siguiente a la culminación de la relación laboral, todo en conformidad con lo establecido por los artículos 61 y 64.a de la Ley sustantiva del trabajo. De modo pues que no se consumó la prescripción alegada por la parte apelante. Así se decide.

   Por todo lo dicho debe este juzgador desestimar tanto la negación de la relación laboral planteada por la parte demandada, así como la defensa perentoria de prescripción extintiva planteada por ella; como consecuencia, debe declarar también la existencia de la relación de trabajo negada por la accionada, pues dicho vínculo quedó admitido como consecuencia de sus alegatos defensivos contradictorios —como se dijo antes— y por haber planteado dicha defensa con desapego de la técnica recomendada por la doctrina de la máxima instancia judicial de la República para alegar la prescripción. Así se establece.

Desestimados como han sido los alegatos de la recurrente sobre la inexistencia de la relación de trabajo y sobre la prescripción extintiva del derecho a pedir tutela judicial para el cobro de los beneficios y prestaciones laborales derivados de dicha relación de trabajo, pasa ahora este sentenciador a resolver el alegato de falta de cualidad e interés de las partes para sostener el presente juicio.

En el capítulo VII del escrito de contestación de la demanda explana la parte demandada los argumentos en los cuales sostiene su alegato sobre la falta de cualidad e interés de ambas partes para sostener el juicio. Empero, establecido como ha sido por este sentenciador que en el caso sub examine sí existió la relación de trabajo negada por la accionada, resulta innegable a todas luces que realmente sí tiene cualidad e interés la demandante para plantear su pretensión y sostener el juicio laboral que ocupa la presente decisión, así como también tiene cualidad e interés la empresa demandada para ser traída a causa y sostenerla, pues si la cualidad, en tesis universalmente aceptada, es la relación lógica que debe darse entre quien se afirme titular de un derecho sustantivo y con ese carácter acude a la jurisdicción en posición de actor; y la persona frente a quien se afirma acreedor y con ese mismo carácter lo trae a causa como demandado; en el asunto concreto, establecida la existencia de la relación laboral, es innegable que la demandante se afirma titular de un derecho subjetivo de naturaleza laboral (lo cual es suficiente para admitir su legitimatio ad causam) frente a la empresa demandada que señala como su patrono en la relación que dio origen a ese derecho tutelable judicialmente; y afirmada como tal ha ejercido su poder constitucional de acción para traer a juicio, ejerciendo el derecho potestativo de demandar ante la jurisdicción, a quien señala como su patrono durante la relación laboral que ya quedó establecida como cierta por este Tribunal. Por consiguiente, sí tiene cualidad la actora para estar en este juicio frente a la empresa demandada, quien también tiene cualidad para estar en él, con interés indiscutible de ambas partes para sostener el juicio. Así se decide.

Pasa ahora este sentenciador a resolver las denuncias formuladas por la parte recurrente sobre los pronunciamientos del a quo al declarar parcialmente con lugar la demanda.

La actora planteó en el escrito de la demanda:

1. Que comenzó a prestar servicios para la demandada el 15 de octubre de 1987, desempeñándose inicialmente como supervisora de cobranzas, luego como Gerente de área y finalmente como Intendente exclusivo de la empresa.

2. Que prestó servicios en diferentes ciudades del país, siendo esta ciudad la última, donde laboró por más de 7 años.

3. Que la relación de trabajo se mantuvo en el tiempo con perfecta normalidad y armonía, pero que a partir de 1990 la empresa le exigió —como lo exigió a todos los trabajadores que cumplían funciones de supervisión de ventas— el registro de una firma mercantil que debían identificar con la palabra «distribuidora» agregándole sus respectivos nombres, corriendo la sociedad con los gastos correspondientes a los registros.

4. Que el forzamiento para constituir dichas firmas personales persiguió crear la apariencia de una relación mercantil y así evitar el pago de los beneficios laborales que les correspondía a los encargados de venta.

5. Que en su caso constituyó la firma con la denominación DISTRIBUIDORA I.B..

6. Que a pesar de la contratación con apariencia de mercantil, sus funciones fueron siempre las mismas: recibir la mercancía que le enviaba la empresa desde su sede principal, almacenarla en locales cuyos gastos de arrendamiento y vigilancia cancelaba la empresa y distribuirla entre las vendedoras, quienes de¬bían firmar letras de cambio para asegurar el pago de la mercancía que recibían.

7. Que su último salario consistía en comisiones calculadas sobre el monto de las ventas que se producían en las áreas geográficas bajo su supervisión.

8. Que como representante de venta de la demandada distribuía la mercancía entre las vendedoras y pasaba una relación detallada de esa distribución a la empresa. Luego, en la medida que las vendedoras iban cancelando, el producto se depositaba en cuentas bancarias de la empresa. Sobre esos depósitos se calculaba el porcentaje que le correspondía como salario, el cual le era cancelado en mes inmediatamente posterior, por medio de cheques emitidos a su favor o de la firma personal DISTRIBUIDORA I.Z.B..

9. Que al iniciarse 2001, la empresa, sin ninguna clase de explicación, comenzó a retenerle sus salarios; que cuando reclamó el pago de sus comisiones, se le dijo que estaban siendo retenidas para garantizar el pago de la mercancía distribuida entre las vendedoras bajo su supervisión; que tal actitud la llevó a manifestar su molestia, pero la empresa continuó reteniéndole las comisiones, llegando al extremo —en su decir— de suspenderle el despacho de mercancía; que la empresa tomó el control directo de los distribuidores bajo su supervisión; que el 15 de junio de 2001 le informó a su jefa inmediata que de persistir la situación no continuaría prestando servicios para la empresa; que como no recibió respuesta, se consideró despedida y por ello procedió el día 20 de julio de 2001 a entregar bajo acta toda la mercancía que estaba bajo su custodia, así como la lista de todos los vendedores con deudas pendientes, identificación completa de ellos, direcciones de residencia y los efectos de comercio firmados por ellos en garantía de pago.

10. Que una vez dada por finalizada la relación de trabajo, reclamó el pago de sus prestaciones sociales y demás conceptos laborales, reclamo que fue respondido por la empresa indicándole que el vínculo jurídico existente entre ellos era de naturaleza mercantil, razón por la que nada le adeudaban por conceptos laborales.

11. Que, a los fines de lo establecido en el artículo 146 de la Ley Orgánica del Trabajo, durante el último año de servicio (enero a diciembre de 2000) percibió un ingreso global por comisiones de Bs. 21.493.103,00 (promedio mensual de Bs. 1.791.091,91 y diario de Bs. 59.703,06).

12. Que el salario para el cálculo de sus prestaciones es de Bs. 69.653,57, resultado de sumar el promedio diario de Bs. 59.703,06, más Bs. 4.975,25 (alícuota de vacaciones), más Bs. 4. 975,25 (alícuota de utilidades).

13. Que nunca disfrutó de vacaciones, pero le fueron canceladas sin disfrute las correspondientes a los períodos 1987-1988, 1988-1989 y 1992-1993.

14. Que tampoco le fue cancelado el bono vacacional.

15. Que las vacaciones nunca disfrutadas y el bono vacacional le deben ser cancelados con base en el último salario percibido según la doctrina sostenida por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia.

16. Que la empresa le adeuda los siguientes conceptos y montos: a) Bs. 6.268.821,30 por concepto de 90 días de preaviso, calculados con base en el salario de Bs. 69.653,57 diarios; b) Bs. 16.716.856,80 por concepto de 240 días de antigüedad acumulada desde junio de 1997 hasta junio de 2001, calculada a razón de Bs. 69.653,57 cada día; c) Bs. 853.842,84 por concepto de 12 días de antigüedad complementaria, calculada a razón de Bs. 69.653,57 diarios; d) Bs. 23.284.193,40 por concepto de 390 días de vacaciones no disfrutadas (15 días por cada año, más 1 día adicional a partir del segundo año hasta completar un total de 30 días), calculados a razón de Bs. 59.703,00 cada día; e) Bs. 6.806.142,00 por concepto de 114 días de bono vacacional dejado de cancelar desde 1992 hasta 2000 (7 días por año, más un día adicional después del primer año), calculados a razón de Bs. 59.703,00 cada día; f) Bs. 1.194.060,00 por concepto de 20 días de vacaciones fraccionadas correspondientes al período 2000-2001, calculados a razón de Bs. 59.703,00 diarios; g) Bs. 597.030,00 por concepto de bono vacacional fraccionado correspondiente al periodo 2000-2001; h) Bs. 10.448.035,50 por concepto de 150 días de antigüedad adicional según lo establecido en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, calculados a razón de Bs. 69.653,57 cada día; i) Bs. 895.545,00 por concepto de 15 días de utilidades correspondientes al año 2000, calculados a razón de Bs. 59.703,00 cada día; j) Bs. 373.143,75 por concepto de 6,25 días de utilidades fraccionadas correspondientes al año 2001, calculadas a razón de Bs. 59.703,00 cada día; k) Bs. 7.149.998,70 por concepto de 390 días de indemnización por antigüedad acumulada desde octubre de 1984 hasta junio de 1997, a razón de Bs. 18.333,33 cada día; l) Bs. 5.500.000,00 por concepto de 300 días por concepto de compensación por transferencia, calculada a salario promedio de Bs. 18.333,33 cada día; m) Bs. 10.746.540,00 por concepto de 165 días de utilidades dejadas de cancelar durante los años, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1996, 1997, 1998 1999 y 2000; n) Bs. 5.015.057,04 por concepto de intereses sobre prestaciones sociales generados durante los años comprendidos entre 1984 y 2000, calculados a una tasa promedio de 30%; ñ) Bs. 10.000.000,00 por concepto de comisiones generadas durante los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2001, no canceladas oportunamente; o) Bs. 1.800.000,00 por concepto de intereses generados por las comisiones retenidas, calculados al 18%. Todos esos conceptos suman la cantidad de Bs. 107.649.265,80.

    Al dar contestación a la demanda, la accionada admitió como cierto que mantuvo una relación laboral con la actora desde el 4 de enero de 1993 hasta el 17 de noviembre de 1994 y que las prestaciones sociales correspondientes a esa relación le fueron canceladas el 1 de diciembre de 1994. Rechazó genéricamente los hechos planteados en la demanda y de manera específica negó:

1. Que la actora prestó servicios personales para la empresa desde el 15 de octubre de 1987.

2. Que desempeñó los cargos de Supervisora de Cobranza, de Gerente de Área e Intendente, en forma sucesiva, durante los años 1992 y 2001.

3. Que la empresa exigió a la demandante el registro de una firma personal con la intención de dar apariencia de contrato mercantil a una supuesta relación laboral; negó igualmente que la empresa canceló los gastos de constitución de la firma DISTRIBUIDORA I.Z.B..

4. Que la empresa retuvo a la demandante algún tipo de salario o comisiones a partir del año 2001, pues ella no era trabajadora de la sociedad.

5. Que la empresa dio instrucciones a la actora sobre el manejo de la mercancía que ella libremente comercializaba.

6. Que la empresa pagó a la demandante salario o comisión alguna derivados de porcentajes por supuestos depósitos bancarios realizados por supuestas vendedoras en las cuentas de la compañía.

7. Que la accionante prestaba algún servicio personal para la empresa al día 20 de julio de 2001.

8. Que la actora hubiese sido diligente en el cumplimiento de trabajo alguno prestado como servicio personal para la demandada, ni que ella le hubiese otorgado reconocimiento por tal razón.

9. Que la empresa le suspendió el despacho de mercancía y que tomó el control de los supervisores que según la actora actuaban bajo su mando.

10. Que la empresa despidió directa o indirectamente a la demandante.

11. Que la ciudadana M.E.D. era jefe inmediato de la accionante.

12. Que la empresa deba pagar a la actora alguna cantidad por concepto de prestaciones sociales, pues —en su decir— el vínculo jurídico que realmente existió entre demandante y demandada fue de naturaleza eminentemente mercantil.

13. Que la demandante percibió comisiones mensuales como retribución por una presunta relación de trabajo; negó, asimismo, que se le cancelaron a la actora las cantidades reseñadas por ella en el escrito de la demanda como percibidas en los meses de enero a diciembre de 2000.

14. Que la accionante percibió un salario diario de Bs. 59.703,06, derivado de sumar supuestas comisiones mensuales y su división entre los doce meses del año.

15. Que la actora tuviera un salario diario para el cálculo de prestaciones sociales de Bs. 69.653,57, compuesto por Bs. 59.703,06; Bs.4.975,25 (alícuota de vacaciones); y Bs. 4.975,25 (alícuota de utilidades).

16. Que la empresa impidió a la actora disfrutar sus vacaciones o que le adeude monto alguno por ello, por bono vacacional o por utilidades.

17. Que la empresa le adeuda a la demandante Bs. 6.268.821,30 por concepto de 90 días de preaviso, calculados con base en el salario de Bs. 69.653,57 diarios; Bs. 16.716.856,80 por concepto de 240 días de antigüedad acumulada desde junio de 1997 hasta junio de 2001, calculada a razón de Bs. 69.653,57 cada día; Bs. 853.842,84 por concepto de 12 días antigüedad complementaria, calculados a razón de Bs. 69.653,57 diarios; Bs. 23.284.193,40 por concepto de 390 días de vacaciones no disfrutadas (15 días por cada año, más 1 día adicional a partir del segundo año hasta completar un total de treinta días), calculados a razón de Bs. 59.703,00 cada día; Bs. 6.806.142,00 por concepto de 114 días de bono vacacional dejado de cancelar desde 1992 hasta 2000 (7 días por año, más un día adicional después del primer año), calculados a razón de Bs. 59.703,00 cada día; Bs. 1.194.060,00 por concepto de 20 días de vacaciones fraccionadas correspondientes al período 2000-2001, calculados a razón de Bs. 59.703,00 diarios; Bs. 597.030,00 por concepto de bono vacacional fraccionado correspondiente al periodo 2000-2001; Bs. 10.448.035,50 por concepto de 150 días de antigüedad adicional según lo establecido en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, calculados a razón de Bs. 69.653,57 cada día; Bs. 895.545,00 por concepto de 15 días de utilidades correspondientes al año 2000, calculados a razón de Bs. 59.703,00 cada día; Bs. 373.143,75 por concepto de 6,25 días de utilidades fraccionadas correspondientes al año 2001, calculadas a razón de Bs. 59.703,00 cada día; Bs. 7.149.998,70 por concepto de 390 días de indemnización por antigüedad acumulada desde octubre de 1984 hasta junio de 1997, a razón de Bs. 18.333,33 cada día; Bs. 5.500.000,00 por concepto de 300 días por concepto de compensación por transferencia, calculado a salario promedio de Bs. 18.333,33 cada día; Bs. 10.746.540,00 por concepto de 165 días de utilidades dejadas de cancelar durante los años, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1996, 1997, 1998 1999 y 2000; Bs. 5.015.057,04 por concepto de intereses sobre prestaciones sociales generados durante los años comprendidos entre 1984 y 2000, calculados a una tasa promedio de 30%; Bs. 10.000.000,00 por concepto de comisiones generadas durante los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2001, no canceladas oportunamente; Bs. 1.800.000,00 por concepto de intereses generados por las comisiones retenidas, calculados al 18%.

18. Que la empresa le adeude la suma global de Bs. 107.649.265,80.

19. Que la relación que vinculó a la actora con la demandada fue de naturaleza laboral, pues la misma fue de índole meramente mercantil, regida por la normativa del Código de Comercio, para cuya reclamación se debe acudir a la sede mercantil de la jurisdicción.

20. Que la empresa despidió injustificadamente a la actora.

21. Que le adeude cantidad alguna por concepto de prestaciones sociales, vacaciones y utilidades.

22. Que existió relación de dependencia y subordinación laboral entre accionante y demandada.

    Contrastando las alegaciones contenidas en el escrito de la demanda con los argumentos vertidos en la contestación, queda incuestionablemente establecido que en el caso concreto hubo prestación de servicio, solo que la actora lo califica como laboral, al paso que la accionada lo cataloga de mercantil. En análisis anterior se dejó establecido que dada la forma como la parte demandada planteó sus defensas (negación de la relación de trabajo, prescripción y contestación de fondo, en ese orden) quedó reconocido el vínculo laboral; empero, resulta propicio dejar establecido en esta oportunidad, en refuerzo de aquella conclusión, que la relación mercantil invocada por la accionada fue un artilugio para falsificar la figura de un trabajador subordinado bajo la apariencia de un falso autónomo presentado como independiente. La demandada hizo descansar sostenida y tenazmente su defensa en que la actora no fue trabajadora a su servicio (salvo en el período inicial que reconoció expresamente), pero esa tesonera alegación quedó desvirtuada por la forma que manejó los mecanismos de defensa, según lo ya establecido anteriormente. Por tanto, la relación de trabajo ya fue establecida por el propio reconocimiento del patrono en los términos que antes fueron analizados. Sin embargo, debe este sentenciador precisar —insistiendo en ello— que nunca existió entre la actora y la demandada una relación mercantil, como esta última lo afirma.

    Hace los folios 103 al 105 SPE el contrato que sirve de apoyo a la negativa insistente de la demandada sobre la existencia de la relación de trabajo. Viene a capítulo decir, sobre esa base argumental tan socorrida —incluso por la misma accionada en otras causas que por notoriedad judicial forman parte del conocimiento de este Tribunal— que cada vez más se perfeccionan y sofistican los mecanismos utilizados por los patronos para desnaturalizar la figura del trabajador dependiente, a fin de hacerlo aparecer como trabajador autónomo e independiente, a pesar que trabajan todos los días para el receptor del servicio dependiente; que asisten a su trabajo a horas fijas y predeterminadas por el presunto beneficiario del servicio contratado bajo apariencia de otra cosa; cumplen horario habitual; perciben contraprestación mensual bajo distintas denominaciones (p. ej., honorarios profesionales y comisiones); se les paga el arrendamiento de la presunta sede de la modalidad empresarial simuladora; el servicio es continuo, no esporádico, ocasional o marginal; siempre hay un grado de subordinación y dependencia respecto al beneficiario del servicio; se labora en un marco o entorno coordinado por el contratante; se trabaja para un solo cliente; etc.

    Ahora bien, la presunción de laboralidad del servicio no puede ser tan fácilmente desvirtuada por la existencia de un contrato de naturaleza mercantil suscrito entre el empleador y el trabajador, aun en los casos en los que éste aparezca contratando como comerciante individual o como socio de una compañía en la que tenga destacada participación en la propiedad del capital social. El contrato realidad y su prevalencia sobre las formas impide que, en esos casos, la presunción de laboralidad ceda el imperio de la tuición jurídica. De allí que el juez debe escudriñar dónde está la verdad y constatar si no existe un velo representado por un negocio aparente que oculte el verdadero vínculo laboral existente. Esa ha sido la línea inquisidora recomendada por la Sala de Casación Social desde el caso F.R.R. (sentencia de 16 de marzo de 2000), hasta el acogimiento expreso del test de la laboralidad en el caso M. B. Orta (sentencia de 13 de agosto de 2002) recomendado por la Organización Internacional del Trabajo en la reunión de expertos convocada por el C.d.A. para el mes de mayo de 2000, entre cuyas consideraciones estuvo reconocer que los contratos mercantiles son usualmente utilizados para encubrir la relación de trabajo, sutilizándolos de tal manera que muchas veces por la relación negociada el trabajador desarrolla una actividad con sus propios elementos materiales y a su propio riesgo, pero en absoluta dependencia jurídica con respecto al contratante (patrono). En estos casos queda desdibujado el vínculo laboral por pérdida de nitidez de sus elementos característicos, creándose una situación ambigua que la doctrina ha dado en llamar zonas grises.

    La actora prestó sus servicios de manera personal para la demandada. Ya quedó establecido antes que por la manera que planteó sus defensas la empresa demandada reconoció la relación laboral. A mayor abundamiento de argumentos precisa este juzgador que la demandante, con esa prestación de servicios, quedó amparada por la presunción de laboralidad que regula el artículo 65 LOT. Correspondía a la demandada, para desvirtuar la presunción, demostrar que en el caso concreto no concurrían los elementos de la relación laboral: labor por cuenta ajena, dependencia o subordinación y remuneración. En lugar de aportar medios probatorios exitosos para esos fines, empeñó su actividad defensiva en negar la relación de trabajo invocando la existencia de un vínculo de naturaleza mercantil. A esto tendió básicamente su actividad probatoria y aportó para ello el contrato mercantil documentado en el instrumento que hace los folios 103 al 105 SPE, así como las copias de la inscripción de la actora como comerciante en el registro mercantil y de su RIF.

    Del contrato mercantil sobre el que la empresa demandada soportó el mayor peso de su defensa saca este sentenciador las siguientes conclusiones:

1. La actora se obligó a proporcionar bajo su exclusiva cuenta, costo y responsabilidad, un local comercial, galpón o construcción con condiciones indispensables para ser utilizado conforme al destino que en el contrato mismo está establecido (cláusula primera). Ese destino no era otro que almacenar exclusivamente los productos y mercancía de la demandada, no para el almacenamiento de productos adquiridos a otras empresas del ramo o para el almacenamiento de otros rubros comerciables distintos a los que constituyen el objeto mercantil de la demandada.

2. La accionada quedó obligada a mantener un inventario de la mercancía fabricada o importada por la accionada, hasta niveles y límites que fijarían las partes, en función de la capacidad y necesidad de la distribución de dicha mercancía a los clientes de ANCOR COSMETICS, C. A. en la zona (cláusula segunda). En otras palabras, la clientela comercial no pertenecía a la demandante sino a la demandada, lo cual se desprende de la circunstancia de no ser la demandante quien determinaba, libremente y a voluntad, los límites de mercancías en inventario —cualquiera fuere su origen de adquisición— sino que la demandada era la que fijaba el alcance de dicho inventario para satisfacer solo la demanda de los consumidores de los productos por ella producidos o distribuidos.

3. La accionante solo podía distribuir la mercancía entre los clientes de la demandada —y ello bajo su absoluta responsabilidad— cuando tales clientes tuvieren canceladas las deudas del mes anterior (cláusula tercera). Nótese que un comerciante realmente independiente y autónomo, por ser propio del comercio, diseña sus propias estrategias de comercialización y venta. En este caso no ocurría así, pues la actora asumía solo los riesgos de la distribución y la accionada percibía los beneficios económicos de las ventas negociadas por ella. Queda evidenciado, entonces, que: i) los "clientes" no eran de la actora sino de la demandada; ii) ANCOR COSMETICS, C. A., fijaba las condiciones para la distribución de la mercancía, cuando se supone que si la actora era una comerciante autónoma, ella ha debido poder vender y distribuir según sus propias estrategias; iii) la actora solo pactaba negocios con los compradores de los productos de ANCOR COSMETICS, C. A.; y no compraba dichos productos ella misma para la reventa como sería lo propio de una actividad mercantil especulativa; consecuentemente, quien vendía era la accionada, al paso que la accionante pactaba los negocios para ella sin ningún lucro comercial, lucro que correspondía a la empresa demandada; iv) la única razón por la que la accionada imponía como condición para la distribución de la mercancía entre los "clientes", el que hubieren cancelado las deudas adquiridas en el mes anterior, se encuentra en que la clientela no era de la actora sino de la demandada, siendo la demandante una vendedora al servicio de la empresa que tomaba pedidos y hacía firmar "facturas" para documentar las deudas de esa clientela —vía vendedores— a favor de la demandada.

4. De las cláusulas cuarta y sexta se desprende que la accionada entregaba a la actora mercancía para su "custodia". En otras palabras —y allí el absurdo: la empresa quiso aparentar que vendía mercancía a la demandante, pero ella no compraba sino que simplemente custodiaba bienes propiedad de aquélla, sirviendo solo como medio de traslado de los productos hacia los clientes. Además, se ve claramente que el llamado fondo de garantía constituido simulaba la antigüedad mensual de la trabajadora: se acumulaba mes a mes una cantidad que generaba intereses mensuales; la empresa debía informar trimestralmente a la actora sobre el monto del fondo y de los intereses devengados y acumulados, los cuales se podían retirar solo cuando el fondo hubiere alcanzado el valor de la mercancía almacenada por la trabajadora; con el monto de la antigüedad acumulada bajo la figura simulada del fondo de garantía, la actora garantizaba el pago de la mercancía que le entregaba la demandada; al final del contrato le sería entregado el monto acumulado del fondo, como ocurre con la antigüedad cuando termina la relación de trabajo.

5. El local comercial o depósito que debió contratar la demandante por su cuenta y riesgo se utilizaba solo —de manera exclusiva— para guardar bajo la custodia de la accionante la mercancía y productos propiedad de la demandada (cláusula novena).

6. El moblaje y útiles del depósito eran propiedad exclusiva de la demandada, no de la trabajadora; dichos bienes los podía retirar la propietaria cuando lo considerara necesario y conveniente, sin previo aviso (cláusula undécima). Es decir, la actora, paradójicamente, fue una comerciante autónoma que siempre corrió el riesgo de quedarse sin mobiliario, sin útiles y sin mercancía, sujeto ello a la sola voluntad de la contratante.

7. De la cláusula duodécima se desprende:

   7.1. Ningún derecho tenía la actora sobre la mercancía, cuya propiedad siempre conservaba la demandada hasta que era entregada a sus clientes. Esta realidad contradice el espíritu mismo de la comercialización de bienes por un comerciante autónomo quien, precisamente, compra para sí a los fines de la reventa especulativa.

   7.2. Tampoco tenía derecho alguno sobre la mercancía en depósito, solo era una distribuidora en representación de la demandada, quien era la propietaria de los bienes hasta el momento en que pasaban a manos de los "clientes"; de allí en adelante, si la venta no era de contado, la accionada pasaba a ser acreedora del "cliente" a través de la "vendedora", quien debía firmar una factura como medio probatorio de la deuda.

   7.3. Los "honorarios de servicios" (salario simulado) eran el único concepto al que tenía derecho la actora.

8. La actora no tenía libertad para poner precio a la mercancía, pues la demandada era la única que podía hacerlo y luego comunicarlo por escrito a la demandante (cláusula decimocuarta), con lo cual también se negó el espíritu especulativo del comercio que, como actividad, quiso en todo momento imputar a la demandante.

   De otra parte, la doctrina judicial reconoce que «el test de la laboralidad permite identificar la forma en que se determinó el trabajo; el tiempo y otras condiciones del mismo; la forma de efectuarse el pago por el servicio; el trabajo personal bajo supervisión y control disciplinario; el tipo de inversiones y el suministro de herramientas, materiales y maquinaria; la asunción de ganancias o pérdidas por la persona que ejecuta el trabajo o presta el servicio; la regularidad del trabajo; la exclusividad o no con que se realiza la prestación del servicio para la empresa demandada o para los usuarios; la naturaleza del pretendido patrono, así como aquellos propios de la pretensión de un servicio por cuenta ajena; la verosimilitud de un negocio jurídico; los antecedentes judiciales y extrajudiciales del patrono accionado; la precariedad económica de quien aparece como comerciante; la independencia, el desequilibrio en las prestaciones que dimanan del negocio, la facilidad del prestador del servicio frente a la conducta preponderante del beneficiario, la dominancia del supuesto empleador y la conducta evasiva o infraccionista del beneficiario del servicio durante el juicio».

   Observa quien sentencia que de todos esos elementos —que no han de concurrir todos, por supuesto, para obtener una conclusión—, se dan en el caso concreto varios de ellos. Así:

1. En cuanto a la forma de determinar el trabajo, la actora siempre puso a disposición de la demandada su esfuerzo personal (fuerza de trabajo) comprometiéndose a dar un resultado específico, solo que con el artilugio del contrato mercantil se buscó crear una apariencia de autonomía por parte de la prestadora del servicio de modo distinto, como consecuencia del velo creado por la supuesta negociación mercantil, a las características de laboralidad: prestación del servicio por cuenta ajena, dependencia y contraprestación salarial. En el caso sub examine la demandante puso a disposición de la demandada la formación de toda una clientela construida por sus aptitudes como especialista (incluso preparada por la misma empresa en la obtención de esas aptitudes) en el ramo de las ventas.

2. En cuando a la forma de efectuarse el pago era mediante el mecanismo de cancelar a la demandada el monto de las facturas aceptadas por los clientes (que no de la actora sino de la demandada, como ya se ha dicho), pagos que se depositaban en cuentas bancarias de la contratante, siendo sobre esos montos que se le cancelaba a la trabajadora el salario bajo la figura de honorarios profesionales (comisiones-salario), honorarios que eran cancelados directamente por ANCOR COSMETICS, C. A.

No siendo ya discutible que existió la relación laboral invocada por la actora, para este sentenciador la misma se inició, como lo sostiene la demandante, el 15 de octubre de 1987. Correspondía a la demandada desvirtuar ese hecho.

Es doctrina reiterada de la Sala de Casación Social que «la contestación de la demanda en materia laboral debe hacerse en forma clara y determinada, estableciendo cuáles de los hechos alegados por el actor se admiten y cuáles se rechazan, estando obligada la parte demandada a fundamentar el motivo del rechazo o de la admisión de los hechos» (Sent. de 15-2-2000, caso Jesús Enrique Henríquez Estrada; énfasis agregado por quien sentencia).

Dijo asimismo en esa oportunidad que en el procedimiento laboral tiene el demandado la carga de probar todos los hechos nuevos que en sus alegaciones utilice para fundamentar el rechazo de lo pretendido por el actor.

Por lo que se refiere a la inversión del onus probandi precisó que ocurrirá inversión, con eximente para el actor de probar sus alegatos cuando: i) en la contestación de la demanda el accionado admita la prestación de un servicio personal aun cuando no lo califique como relación laboral, ello como consecuencia del presunción iuris tantum establecida por el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo; y ii) el demandado no rechace la existencia de la relación laboral, caso este en que correrá a su cargo probar lo que se refiere a todos los restantes alegatos contenidos en el escrito de la demanda que tengan conexión con la relación laboral: salario del trabajador, tiempo de servicios, cancelación de vacaciones, utilidades, etc.

Allí mismo consideró la dinámica de la admisión fáctica de los hechos al precisar que «se tendrán por admitidos aquellos hechos alegados por la parte accionante en su libelo, que el respectivo demandado no niegue o rechace expresamente en su contestación, o cuando no haya fundamentado el motivo del rechazo, aunado al hecho de que tampoco haya aportado a los autos en la oportunidad legal, alguna prueba capaz de desvirtuar dichos alegatos del actor», razón por la que «la demandada tendrá la carga de desvirtuar en la fase probatoria, aquellos hechos sobre los cuales no hubiese realizado en la contestación el fundamentado rechazo, de lo contrario, el sentenciador deberá tenerlos como admitidos» (énfasis agregado).

En consonancia con lo regulado por los artículos 72 y 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la distribución de la carga de la prueba en materia laboral se fija —como ya se dijo— de acuerdo con la forma como el demandado dé contestación a la demanda.

Frente a los alegatos de la parte actora, la demandada plantea su estrategia defensiva negando la existencia de la relación de trabajo y afirmando que lo existente fue una relación mercantil. Ya se dijo que con este alegato la parte demandada asumió la carga de la prueba.

Haciendo el folio 72 PPE obra una constancia expedida por el Jefe de Crédito y Cobranzas de la demandada, fechada el 8 de noviembre de 1999, de la que obtiene este sentenciador que la empresa demandada recomendó a la actora como «gran trabajadora», a pesar que expidió la constancia para DISTRIBUIDORA I.Z.B. representada por la actora. Sea propicio a.l.q.s. desde el punto de vista mercantil, un negocio que se inscribe en el Registro de Comercio como firma personal, confundiéndose dicha expresión con la firma individual del comerciante que se anota en dicho Registro cuando no tiene asociado para dejar constar que se dedicará habitual y profesionalmente a la actividad comercial.

Por definición legal (artículo 10 del Código de Comercio) se reputa comerciante individual —caso concreto de la actora en los términos defensivos de la demandada— a quien teniendo capacidad para contratar hace del comercio su profesión habitual, criterio este exclusivamente real para atribuir la condición de comerciante a una persona natural, al cual es menester agregar —necesariamente para consonar con la moderna doctrina mercantil— el elemento lucro, que permite diferenciar aquellos sujetos que si bien realizan habitualmente actos de comercio (firma de letras de cambio, p. ej.) no son exactamente comerciantes, de aquellos que además de realizar tales actos lo hacen para «obtener una ganancia constante» (expresión de J.G., Curso de Derecho Mercantil, Editorial Temis, Bogotá, 1987, t. I, p. 287). Estos últimos son los únicos y verdaderamente comerciantes en los sentidos de profesionalidad (requisito inexcusable que se expresa por repetición de actos conforme a un plan, lucro como medio de vida y exteriorización de los actos dándose a conocer como comerciante con apertura de un establecimiento mercantil, envío de circulares, anuncios, inscripción en el registro mercantil, etc.) y habitualidad (al igual que en la profesionalidad, repetición de actos).

En el caso sub examine la actora se inscribió en el registro mercantil anunciando que se dedicaría al comercio a través de un establecimiento comercial que denominó DISTRIBUIDORA I.Z.B., con el cual negoció la demandada el contrato que le ha servido para sostener que el vínculo existente entre ambas partes fue meramente mercantil y no laboral.

A criterio de quien juzga es evidente que, a pesar de la apariencia de un negocio autónomo de naturaleza comercial —como ya ha sido analizado antes—, los elementos característicos de la profesionalidad no estuvieron presentes en el caso concreto, lo cual fue carga probatoria de la demandada no cumplida, omisión que permite concluir que la actora no actuó repetidamente conforme a un plan especulativo, ni abrió un establecimiento mercantil que la individualizara en el tráfico comercial, ni publicó anuncios que la hicieran conocer como comerciante en el mercado local; simplemente se inscribió en el registro mercantil con un negocio que tomó la demandada para simular la relación de trabajo bajo el falso autónomo, creando con ello una característica zona gris. Así se decide.

Por otro lado, cuando la demandada dio contestación a la demanda rechazó de manera pormenorizada cada uno de los alegatos de la actora, pero no expuso los motivos de cada rechazo, limitándose a insistir en que no existió la relación de trabajo invocada por la demandante, alegato defensivo este que fracasó como ya ha sido establecido por este sentenciador. Estando así incuestionado que la prestación del servicio fue de naturaleza laboral y no mercantil, no constando en la contestación de la demanda los motivos del rechazo de los hechos invocados por la actora, ni estando los mismos desvirtuados por los elementos del proceso, a tenor de lo establecido en el artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo este sentenciador da por admitidos y como ciertos todos los hechos y alegatos indicados en la demanda. Como consecuencia, deberá este juzgador declarar en el dispositivo de esta sentencia sin lugar la apelación de la parte actora. Así queda establecido.

Ahora bien, admitidos como están los hechos alegados por la parte actora en su escrito de demanda por haberse desechado el fundamento del rechazo (inexistencia de la relación de trabajo) y por no haber aportado la demandada durante su actividad probatoria ninguna prueba capaz de desvirtuar los hechos alegados por la actora, pasa este sentenciador a resolver la procedencia de cada uno de los pedimentos contenidos en el escrito de la demanda que —como ya se dijo— están tácticamente admitidos por la demandada. Así, pretende la actora que se le cancelen:

1. Noventa días de preaviso (preaviso sustitutivo previsto en el artículo 15.e LOT). Habiendo sido justificado el retiro de la demandante (equivalente al despido injustificado), procede este pedimento, el cual deberá cancelarse sobre la base del salario diario de Bs. 69.653,57. Total a pagar: Bs. 6.268.821,30, que convertido a bolívares fuertes monta a la suma de Bs. F 6.268,82. Así se decide.

2. Doscientos cuarenta días de antigüedad acumulada desde junio de 1997 hasta junio de 2001. Procede este pedimento, el cual deberá cancelarse a razón de cinco días por mes, sobre la base del salario devengado por la demandante en cada uno de los meses de ese período, incluyendo la cuota parte de lo percibido por concepto de utilidades. A estos efectos se ordenará una experticia complementaria del fallo para que un perito contable precise los días totales a cancelar y los respectivos montos, a cuyos efectos se ordena que la empresa demandada entregue al perito que se designe todos los recibos, datos, libros, depósitos bancarios y demás documentos que permitan precisar la antigüedad que se acuerda, así como la información que requiera el experto, advirtiendo este sentenciador que si no le fueren facilitados esos instrumentos e información, tomará el perito como base para el cálculo el salario diario de Bs. 69.653,57. Así se resuelve.

3. Doce días de antigüedad complementaria (obviamente artículo 108, parágrafo primero, LOT). Se niega este pedimento porque solo procede la antigüedad complementaria para cubrir «una eventual diferencia de la prestación de antigüedad a la que puede tener derecho el trabajador al finalizar la relación laboral, dependiendo del tiempo de servicio que tenga para ese momento». Como quiera que a la demandante le corresponden 240 días de antigüedad acumulada, ese acumulado de días excede con creces el máximo de 60 días a que se refiere la letra c) del parágrafo primero del artículo 108 LOT, no habiendo por tanto diferencia que cancelar. Así se resuelve.

4. Trescientos noventa días de vacaciones vencidas no disfrutadas. Procede este pedimento, pues la trabajadora nunca disfrutó de las vacaciones legales a las cuales tenía derecho y si bien en el curso de la relación de trabajo el patrono canceló algunas sin conceder el disfrute, debe ahora cancelarlas todas sobre la base del último salario devengado por la actora, es decir Bs. 59.703,00 diarios. Las vacaciones que corresponde cancelar son 15 días por cada año completo de servicio, más un día adicional a partir del vencimiento del segundo año hasta completar un total de 30 días. Total a cancelar: Bs. 23.284.170,00, que convertido a bolívares fuertes monta a la suma de Bs. F 23.284,17. Así queda decidido.

5. Ciento catorce días de bono vacacional dejado de cancelar desde 1992 hasta 2000, a razón de 7 días por año mas un día adicional después del primer año. Procede este pedimento, por lo que la demandada debe cancelar a la actora dicho bono vacacional a razón de Bs. 59.703,00 cada día. Total a cancelar: Bs. 6.806.142,00, que convertido a bolívares fuertes monta a la suma de Bs. F 6.806,14. Así queda establecido.

6. Veinte días de vacaciones fraccionadas correspondientes al período 2000-2001. Procede este pedimento, el cual deberá ser cancelado a razón de Bs. 59.703,00 diarios. Total a pagar: Bs. 1.194.060,00, que convertido a bolívares fuertes monta a la suma de Bs. F 1.194,06. Así queda resuelto.

7. Bono vacacional fraccionado correspondiente al periodo 2000-2001. Procede este pedimento, por lo que la demandada deberá cancelar a la accionante la cantidad de Bs. 597.030,00, que convertido a bolívares fuertes monta a la suma de Bs. F 597.03. Así se resuelve.

8. Ciento cincuenta días de indemnización adicional por antigüedad en los términos de lo establecido en el artículo 125 LOT. Dado que la demandante se retiró justificadamente (lo que equivale a un despido injustificado), procede este pedimento, por lo que la demandada deberá cancelar la indemnización a razón de Bs. 69.653,57 cada día. Total a cancelar: Bs. 10.448.035,50, que convertido a bolívares fuertes monta a la suma de Bs. F 10.448,03. Así queda resuelto.

9. Quince días de utilidades correspondientes al año 2000. Procede este pedimento, por lo que la demandada deberá cancelarlo a razón de Bs. 59.703,00 cada día. Total a pagar: Bs. 895.545,00, que expresados en bolívares fuertes monta a la suma de Bs. F 895,54. Así se decide.

10. Seis coma veinticinco días de utilidades fraccionadas correspondientes al año 2001. Procede este pedimento, por lo que la demandada deberá cancelar a la actora dichos días a razón de Bs. 59.703,00 cada día. Total a pagar: Bs. 373.143,75, que expresado en bolívares fuertes monta a la suma de Bs. F 373,14. Así queda establecido.

11. Trescientos noventa días de antigüedad acumulada desde octubre de 1984 hasta junio de 1997. Procede este pedimento, por lo que la demandada deberá cancelar a la accionante dicha antigüedad, para lo cual se ordenará que por experticia complementaria del fallo se establezca el monto de la cantidad a cancelar, a cuyos efectos se ordena que la empresa demandada entregue al perito que se designe todos los recibos, datos, libros, depósitos bancarios y demás documentos que permitan precisar la antigüedad que se acuerda, así como la información que requiera el experto, advirtiendo este sentenciador que si no le fueren facilitados esos instrumentos e información, tomará el perito como base para el cálculo el salario diario de Bs. 18.333,33. Así se decide.

12. Trescientos días por concepto de compensación por transferencia. Procede este pedimento, por lo que la demandada deberá cancelar a la actora dicha compensación, para lo cual se ordenará que por experticia complementaria del fallo se establezca el monto de la cantidad a cancelar, a cuyos efectos se ordena que la empresa demandada entregue al perito que se designe todos los recibos, datos, libros y demás documentos que permitan precisar el concepto que se acuerda, así como la información que requiera el experto, advirtiendo este sentenciador que si no le fueren facilitados esos instrumentos e información, tomará el perito como base para el cálculo el salario diario de Bs. 18.333,33. Así se establece.

13. Ciento sesenta y cinco días de utilidades dejados de cancelar los años 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000. Procede este pedimento, por lo que la demandada deberá cancelar a la actora dichas utilidades, para lo cual se ordenará que por experticia complementaria del fallo se establezca el monto de la cantidad a cancelar, a cuyos efectos se ordena que la empresa demandada entregue al perito que se designe todos los recibos, datos, libros y demás documentos que permitan precisar el concepto que se acuerda, así como la información que requiera el experto, advirtiendo este sentenciador que si no le fueren facilitados esos instrumentos e información, bastará que el perito deje constar dicha circunstancia, caso en el cual cancelará la suma de Bs. 10.746.540,00, pretendida por la actora en la demanda. Así queda establecido.

14. Intereses generados por la antigüedad acumulada entre 1984 y 2000, calculados a una tasa promedio de 30%. No procede el pedimento tal como está pretendido por la actora, pero sí corresponde el pago de intereses sobre la prestación de antigüedad desde el mes de julio de 1997, a la tasa mensual establecida para esos fines por el Banco Central de Venezuela. Consiguientemente, la demandada deberá cancelar a la actora dichos intereses, para lo cual se ordenará que por experticia complementaria del fallo se establezca el monto de la cantidad a cancelar, a cuyos efectos se ordena que la empresa demandada entregue al perito que se designe todos los recibos, datos, libros y demás documentos que permitan precisar el concepto que se acuerda, así como la información que requiera el experto, advirtiendo este sentenciador que si no le fueren facilitados esos instrumentos e información, tomará el perito como base para el cálculo el salario diario de Bs. 69.653,57. Así se establece.

15. La cantidad de Bs. 10.000.000,00 por concepto de comisiones generadas durante los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2001, así como la suma de Bs. 1.800.000,00 por concepto de intereses generados por dichas comisiones retenidas, calculados a la rata del 18%. No procede este pedimento porque la demandante no aportó medio probatorio alguno que permitiera generar convicción sobre la veracidad de su pretensión. Así queda establecido.

DISPOSITIVO

Por todos los razonamientos que preceden, este Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, sede Ciudad Bolívar, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara:

SIN LUGAR la apelación interpuesta por la parte demandada.

SIN LUGAR la prescripción alegada por ella.

SIN LUGAR el alegato de falta de cualidad e interés invocado por ella misma.

SE DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda y SE CONDENA a ANCOR COSMETICS, C. A., a cancelar a la demandante I.Z.B., ambas partes identificadas en el encabezamiento de esta sentencia, los siguientes conceptos y cantidades:

1. Seis mil doscientos sesenta y ocho bolívares fuertes con 82/100 (Bs. F 6.268,82) por concepto de noventa días de preaviso (preaviso sustitutivo previsto en el artículo 15.e LOT).

2. Los días de antigüedad acumulados desde junio de 1997 hasta junio de 2001, a razón de cinco días por mes, sobre la base del salario devengado por la demandante en cada uno de los meses de ese período, incluyendo la cuota parte de lo percibido por concepto de utilidades. Los días totales y el monto a cancelar se determinarán por la experticia complementaria del fallo más adelante ordenada.

3. Veintitrés mil doscientos ochenta y cuatro bolívares fuertes con 17/100 (Bs. F 23.284,17) por concepto de trescientos noventa días de vacaciones vencidas no disfrutadas.

4. Seis mil ochocientos seis bolívares fuertes con 14/100 (Bs. F 6.806,14) por concepto de ciento catorce días de bono vacacional dejado de cancelar desde 1992 hasta 2000, a razón de 7 días por año más un día adicional después del primer año.

5. Un mil ciento noventa y cuatro bolívares fuertes con seis céntimos (Bs. F 1.194,06) por concepto de veinte días de vacaciones fraccionadas correspondientes al período 2000-2001.

6. Quinientos noventa y siete bolívares fuertes con 03/100 (Bs. F 597,03) por concepto de bono vacacional fraccionado correspondiente al periodo 2000-2001.

7. Diez mil cuatrocientos cuarenta y ocho bolívares fuertes con 03/100 (Bs. F 10.448,03) por concepto de ciento cincuenta días de indemnización adicional por antigüedad en los términos de lo establecido en el artículo 125 LOT.

8. Ochocientos noventa y cinco bolívares fuertes con 54/100 (Bs. F 895,54) por concepto de quince días de utilidades correspondientes al año 2000.

9. Trescientos setenta y tres bolívares fuertes con 14/100 (Bs. F 373,14) por concepto de seis coma veinticinco días de utilidades fraccionadas correspondientes al año 2001.

10. Los días de antigüedad acumulados desde octubre de 1984 hasta junio de 1997. Los días totales y el monto a cancelar se determinarán por la experticia complementaria del fallo más adelante ordenada.

11. Trescientos días por concepto de compensación por transferencia, cuyo monto se establecerá por la experticia complementaria más adelante ordenada.

12. Ciento sesenta y cinco días de utilidades no canceladas en los años 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000. El monto a pagar se establecerá por la experticia complementaria del fallo más adelante ordenada.

13. Los intereses generados por la antigüedad acumulada entre julio de 1997 y el 20 de julio de 2001, calculados a la tasa mensual establecida para esos fines por el Banco Central de Venezuela. El monto a pagar se establecerá por la experticia complementaria del fallo más adelante ordenada.

QUEDA ASÍ MODIFICADA la decisión apelada.

En conformidad con lo previsto en el artículo 92 de la Constitución de la República, SE CONDENA el pago de los intereses de mora sobre las cantidades condenadas, causados a partir del 20 de julio de 2001, fecha en la que concluyó la relación de trabajo, hasta la fecha en que la sentencia definitiva quede firme. Los intereses que se condenan se determinarán mediante la experticia complementaria del fallo de seguidas ordenada.

SE ORDENA una experticia complementaria del fallo para calcular y establecer los siguientes montos:

1. Los intereses de mora sobre todas las cantidades condenadas a pagar por esta sentencia, causados desde el 20 de julio de 2001 hasta la fecha de realización de la experticia.

2. Los días de antigüedad acumulados desde junio de 1997 hasta junio de 2001, a razón de cinco días por mes, sobre la base del salario devengado por la demandante en cada uno de los meses de ese período, incluyendo la cuota parte de lo percibido por concepto de utilidades.

3. Los días de antigüedad acumulados desde octubre de 1984 hasta junio de 1997.

4. El monto de trescientos días de compensación por transferencia.

5. El monto de ciento sesenta y cinco días de utilidades no cancelados los años 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000.

6. Los intereses generados por la antigüedad acumulada entre julio de 1997 y el 20 de julio de 2001, calculados a la tasa mensual establecida para esos fines por el Banco Central de Venezuela.

Se establecen los siguientes parámetros para la experticia complementaria del fallo que se ordena: i) será realizada por un solo perito contable designado por el Tribunal a quien corresponda la ejecución de la sentencia, una vez revestida la misma del atributo de la ejecutoriedad; ii) los intereses moratorios serán calculados con base a la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela, según lo dispuesto en el artículo 108.c) de la Ley Orgánica del Trabajo; iii) tales intereses serán calculados sobre las cantidades condenadas desde la fecha de terminación de la relación de trabajo, hasta que la sentencia quede definitivamente firme; iv) para el cálculo de los intereses de mora no operará el sistema de capitalización de los mismos ni serán objeto de indexación; v) todos los otros conceptos deberán calcularse con apego a lo establecido en la parte motiva de esta sentencia y en este dispositivo; vi) se faculta al experto para solicitar a la empresa condenada cualquiera documentación que requiera a los fines de cumplir su misión; vii) si la empresa condenada no facilitare al perito los recaudos e informaciones que se le ordena suministrar, el perito tomará las cantidades de referencia que para cada concepto señaló el Tribunal en la parte motiva de esta sentencia; viii) el perito deberá considerar que la actora laboró efectivamente desde el día 15 de octubre de 1987 hasta el 20 de julio de 2001.

No se condena en costas a la parte apelante por no haberse confirmado íntegramente la sentencia recurrida.

Devuélvase el expediente al juzgado de origen.

Publíquese, regístrese y déjese copia certificada.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en Ciudad Bolívar, a los dieciséis días del mes de septiembre de dos mil ocho. Años: 198º de la Independencia y 149º de la Federación.

EL JUEZ SUPERIOR,

A.S.N.

LA SECRETARIA,

M.V.S.A.

En la misma fecha siendo las tres de la tarde, se publicó y registró la anterior decisión.

LA SECRETARIA,

M.V.S.A.